Erick Armando Velázquez García

Expediente 1242/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1242/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/12/2021

Partes del expediente

  • Erick Armando Velázquez García

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Se remite al archivo como asunto debidamente concluido

  2. Principal

    L.- Toluca, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***********************, por medio de la cual desahoga prevención decretada en auto emitido por este juzgado federal el dos de diciembre de dos mil veintiuno, indicando que el acto reclamado es la inconstitucionalidad del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México publicado el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y seis y el decreto por el que se reformó el artículo 116 del citado estatuto aprobado el veintisiete de febrero de dos mil seis, en su carácter de norma auto aplicativa. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento formulado; asimismo, sin efectos el apercibimiento respectivo; y en consecuencia, se acuerda conforme a derecho. Es procedente desechar de plano, la demanda de amparo por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. Efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la inejercibilidad del juicio constitucional contra normas generales o actos consentidos. Para explicar el anterior aserto, es necesario tener en cuenta el contenido de la disposición invocada, Se afirma lo anterior, porque precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo, al operar una presunción legal en su contra; por considerarse trascendente esa conducta omisiva, ya que pese al daño que aquél acto pudiera haberle generado, lo aceptó sin oponer a tiempo algún medio de defensa en contra. Ahora, dicha interpretación de la citada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, se complementa con lo señalado en los artículos 17 y 18 del propio ordenamiento, que fijan los plazos o términos para la promoción de la demanda de amparo. Consecuentemente, cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo para ejercer la acción respectiva, previsto en la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. De esta forma, antes de señalar las circunstancias que en el caso actualizan la causa de improcedencia aludida, se debe atender a lo que dispone la legislación de amparo en cuanto a los plazos para la interposición de la demanda que da origen al juicio constitucional, para así estar en condiciones de concluir si en el caso éstos se respetaron. Es decir, el artículo 17 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, establece el término genérico en que ha de promoverse el juicio de amparo, y en las fracciones que se identifican de la I a la IV, del numeral en cita, se prevén los supuestos de excepción al término general, esto es, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición (fracción I); contra la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión (fracción II); contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); y por último, cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (fracción IV). Precisadas las características esenciales de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia, sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. En este caso, debe estarse a los artículos previamente citados 17, fracción I, y 18 de la Ley de Amparo, esto es, el plazo de treinta días, contados a partir del día en que entre en vigor la ley, al promoverse contra normas en su carácter de autoaplicativas; por lo que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente en que se verifique dicha condición. Bajo esa tesitura, la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México publicado el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y seis y el decreto por el que se reformó el artículo 116 del citado estatuto aprobado el veintisiete de febrero de dos mil seis, en su carácter de norma auto aplicativa, mismos que entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el órgano Oficial Informativo de la Universidad "Gaceta Universitaria" como se advierte de la página de internet: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig002.pdf y https://controlescolar. uaemex.mx/dce/Manuales/Legislacion_Universitaria/UAEM-DecretoDeTransicionDePlanesRigidosAFlexibles.pdf lo cual constituye un hecho notorio para la suscrita con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la demanda, fue presentada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Luego, de conformidad con los artículos 17, fracción I, y 18 de la Ley de Amparo, el plazo de treinta días para la promoción del juicio de amparo respecto del precepto que se reclama cuando se considera autoaplicativo, debe contarse a partir del día en que entra en vigor el mismo. Así, el plazo de treinta días para presentar la demanda de amparo, establecido en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, transcurrió respecto del primero del veintiocho de junio al ocho de agosto de mil novecientos noventa y seis y respecto del segundo del uno de marzo al once de abril de dos mil seis, sin contar los días inhábiles, por lo que dicho plazo transcurrió en exceso. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa presentó la demanda de amparo el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, tal como se observa del sello de recepción, por lo que es inconcuso que excedió el plazo de treinta días que prevé el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo para su presentación. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    L.- Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual, informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo..., requiérase al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que informe cada ocho días, los avances que realiza a efecto de lograr el cierre de instrucción y el dictado del laudo respectivo. ... Notifíquese como legalmente corresponda.

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