Erick Antonio Moscoso Ferral

Expediente 691/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
691/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Erick Antonio Moscoso Ferral

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el cual comunica que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Erick Antonio Moscoso Ferral, en contra del auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por desechada su demanda de amparo, mismo que quedó registrado bajo el número de recurso de queja 203/2023; de lo que este juzgado toma nota para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la diligencia de notificación que antecede, se advierte que la parte quejosa Erick Antonio Moscoso Ferral, interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por desechada su demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 80, 97, fracción l, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, una vez notificado que sea el presente acuerdo, remítase este asunto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para los efectos de la sustanciación del citado recurso. Solicitándole de la manera más atenta se sirva acusar el recibo correspondiente. Asimismo, con sustento en el artículo 101 de la ley de la materia, infórmese a la Superioridad que es cierto el acto reclamado, toda vez que este Juzgado el treinta de mayo de dos mil veintitrés, dictó el proveído reclamado en los autos del juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, dicho acuerdo fue dictado en estricto apego a derecho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y fórmese cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y las copias certificadas del juicio de amparo número 504/2023 de su índice, promovido por Erick Antonio Moscoso Ferral. En atención al contenido del citado oficio, y en cumplimiento a lo ordenado en resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el asunto antes indicado, del que se advierte, se ordena la separación de autos respecto de uno de los actos reclamados en la demanda que le dio origen. En tal virtud, con base en la jurisprudencia 77/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS", se forma el presente expediente y se radica bajo el número 691/2023-V-B. La Litis en este asunto consistirá en resolver respecto de la omisión de llevar a cabo el cumplimiento a lo ordenado en la controversia 1297/2022 que promovió ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas. DESECHAMIENTO Ahora bien, atendiendo a lo reclamado por el quejoso que nos ocupa, se estima que dicho acto no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en relación al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...) Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Al respecto, debe decirse que conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios complementarios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior. Así lo sostuvo en la tesis en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página nueve, que establece: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En suma, del análisis exhaustivo de la demanda evidencia que la parte quejosa reclama al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, Director General, Comandante Superior Penitenciario y Encargado de la Seguridad y Custodia y Titular del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, la omisión de dar cumplimiento a la controversia 1297/2022. Ahora bien, los dispositivos 124 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: Artículo 124. Sustanciación. En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Artículo 129. Ejecución de la resolución. La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. De la lectura íntegra de dichas disposiciones se advierten dos etapas relacionadas con el cumplimiento a las determinaciones emitidas por la autoridad jurisdiccional en materia de controversias en ejecución. En un primer momento, esto es, al admitir la controversia la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes, para lo cual requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva (art. 124). En un segundo momento, dicha normatividad estatuye que en ejecución de la resolución definitiva emitida en la controversia, ésta se ejecutará una vez que quede firme; que transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Asimismo, prevé que cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Inclusiva, el dispositivo 129 transcrito indica que cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. De igual forma, se establece que si la autoridad informa que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Que cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Y finalmente, se establece que cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. Ahora bien, las medidas de apremio que autoriza dicha legislación se encuentran previstas en los dispositivos 25, fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, las cuales refieren: Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: .IX. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones;. Artículo 104. Imposición de medios de apremio. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: .II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas. El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable. En vista de las invocadas disposiciones, este juzgado estima que tratándose de escenarios como el descrito, en que se reclame la omisión del juez de ejecución para hacer cumplir sus determinaciones emitidas en las controversias constitucionales, ya sea en su trámite o en el cumplimiento de la resolución que las resuelva, cuenta con medios de apremio conducentes y directos para vencer la contumacia de la autoridad penitenciaria correspondiente Empero, queda a cargo del procesado o reo promovente de dichas controversias, solicitar el requerimiento de su cumplimiento y la aplicación de los medios de apremio aludidos, pues así se advierte del artículo 124 y 129 párrafo segundo, transcritos, que facultan al accionante de la controversia a peticionar al juez de ejecución la aplicación de la medida coercitiva. De modo que, el quejoso cuenta con la facultad de pedir a la autoridad jurisdiccional la aplicación de los medios de apremio para vencer la contumacia de la autoridad penitenciaria al no dar cumplimiento a sus determinaciones; luego, el acto así reclamado no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados por el impulso procesal que corresponde a las partes, en el caso, al promovente del amparo. De lo anterior, se evidencia que el acto que se analiza reclamado a la autoridad carcelaria antes señalada, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues está supeditado a que el quejoso solicite la ejecución forzosa de la resolución del juez en dicha controversia, lo cual hasta el momento no constituye, por sí solo, la vulneración a ninguno de sus derechos sustantivos. Por su alcance interpretativo, es aplicable la tesis XVII.2o.12 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, registro digital: 2022076, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 935, que dice: MEDIDAS DE APREMIO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA LEGAL, DEBE MEDIAR APERCIBIMIENTO, POR REGLA GENERAL. En conclusión, el acto reclamado no causa un perjuicio a la parte quejosa que sea de imposible reparación; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, resulta procedente desechar la demanda de amparo, por resultar notoriamente improcedente. Además de lo anterior, en observancia al criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja penal 296/2022 de ese índice, por lo que hace a las potestades carcelarias se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que, el referido acto reclamado por la parte quejosa, no puede ser considerado un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional. Lo anterior se estima de esa manera, pues el precepto 121, fracción IV1 de la multicitada ley de ejecución penal, reconoce a la autoridad penitenciaria, Director del Centro o quién lo represente, como "parte" procesal de la controversia judicial tramitada ante el Juez de Ejecución. Además, como fue analizado en los párrafos que anteceden, en sus numerales 124, 127, 128 y 1292 , se 1 Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I. La persona privada de la libertad; II. El defensor público o privado; III. El Ministerio Público; IV. La Autoridad Penitenciaria, el Director del Centro o quién los represente; V. El promovente de la acción o recurso, y VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. 2 Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. prevé un procedimiento específico para dar ejecución a la determinación emitida dentro de una controversia judicial, donde incluso, puede llegarse a su forzoso acatamiento, a través de los medios de apremio que procedan e incluso, a través del requerimiento del superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. En ese orden de consideraciones, si el Juez de Ejecución requiere a la autoridad y/o autoridades penitenciarias, para que den cumplimiento al fallo que se emitió en determinada controversia judicial -favorable a la persona privada de su libertad-, y éstas son omisas o no lo hicieren dentro del plazo concedido, ésta acción no puede reclamarse a través del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción l y 5°, fracción II, en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, toda vez que se reitera, en la controversia judicial que se establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad penitenciaria funge como "parte". Por lo que, tal omisión proviene de una autoridad que no tiene imperio sobre el quejoso, pues mantiene con él una relación de coordinación, pero de supra a subordinación con el Juez de Ejecución, siendo que para efectos del amparo, sólo será autoridad responsable, aquel Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Artículo 127. Resolución. El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Artículo 128. Efectos generales. Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. Artículo 129. Ejecución de la resolución. La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente a los particulares y no de coordinación ante éstos, pues únicamente desde la primera posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado artículo 5°, fracción ll de la ley de la materia. Sin que esta juzgadora inadvierta la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2011888, Décima Época, materia Común, Administrativa, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 829, de rubro: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Sin embargo, es de precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la solicitud de sustitución de la jurisprudencia 9/2015, expresamente señaló: "(.) En primer término, del análisis en específico del contenido de la propia jurisprudencia, en relación con las consideraciones que sustenta la contradicción de tesis 297/2011 que le dio origen, esta Sala no advierte que alguna de ellas (jurisprudencia o ejecutoria) transmitan la idea de que lo ahí sostenido sea aplicable, de manera generalizada, a cualquier juicio de amparo y, que por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario. Ello, pues tal como quedó fijado el punto de contradicción en la ejecutoria respectiva, se podrá apreciar con meridiana claridad, que la intención de esta Segunda Sala al precisar la interrogante a despejar consistente en "dilucidar si el auto inicial de trámite de la demanda de amparo era la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo", no fue establecer, de manera generalizada, que en dicha actuación los jueces están impedidos para dicha determinar que un acto proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración, como pretende sustentarlo el Pleno solicitante. (.)" Como puede apreciarse, el Máximo Tribunal del País estableció que, no es verídico que, de manera generalizada, en el auto inicial los jueces se encuentren impedidos para determinar que un acto proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración; lo que significa que la excepción a la regla de que cuando no se requiere hacer un análisis profundo para determinar la improcedencia del juicio de amparo, lo legal es desechar la demanda. De esa manera, lo anterior se adecúa al caso concreto, pues como se vio anteriormente, el acto que reclama la parte quejosa, no se origina en un plano de supra a subordinación (entre las responsables y el inconforme), sino de coordinación entre las propias dependencias y el quejoso, con motivo de la prestación de un servicio de defensa legal, lo que hace improcedente el juicio de amparo promovido. Lo anterior no significa que se esté restringiendo la acción de amparo; más bien, al igual que cualquier juicio, constituye la insatisfacción de un presupuesto procesal que debe cumplirse previo a una decisión de fondo. Al respecto, se invoca la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 22, septiembre de 2015, tomo l, página 690, que de rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO" Por tanto, con fundamento en lo contemplado en el artículo 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XXlll, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo, respecto a las autoridades penitenciarias señaladas como responsables, por resultar notoriamente improcedente. Cobra aplicación, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. NOTIFICACIÓN A DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL Lo anterior, hágase del conocimiento al licenciado Humberto Salmerón Nájera, quien mediante oficio CIS/709/2023, fue designado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Chiapas, como defensor del quejoso Erick Antonio Moscoso Ferral, para que en el ámbito de sus atribuciones manifieste lo que a sus intereses legales convenga. DOMICILIO PARA NOTIFICAR AL QUEJOSO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad, se ordena al actuario de la adscripción, le realice personalmente, en el lugar de su reclusión, la notificación de este acuerdo y las que específicamente se señalen en el trámite de este asunto. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C3 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que 3 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia.

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