Erick Adrian Rosas Gamiño

Expediente 610/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
610/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Erick Adrian Rosas Gamiño
  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barron
  • Alejandro Diaz Madrid

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del oficio 8192 remitido por este juzgado federal. Asimismo, informa que se avocó a la competencia declinada, y la radicó bajo el juicio de amparo 908/2022 de su índice ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO En tal virtud, dado que no existe actuación pendiente por realizar, hágase las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. CUADERNO DE ANTECEDENTES DESTRUIBLE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 201, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del 1 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.1 inciso a)2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese como asunto concluido, con la indicación de que el mismo es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental al ser un cuaderno de antecedentes, en el que las actuaciones se encuentran vinculadas a un diverso procedimiento. Se ordena su destrucción una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, y en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo

  2. Principal

    Glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta, de los que se advierte que el juzgado homólogo devuelve diligenciado, el exhorto 329/2022, orden 553/2022 de nuestro índice. Por lo tanto, hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes [SISE], sin que sea necesario acusar de recibo en virtud de que el propio sistema lo genera.

  3. Principal

    Intégrese a los autos el oficio signado por la Jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que acompaña constancias del exhorto 616/2022 de su índice; mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 278/2022, orden 479/2022 de nuestro índice. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes [SISE]. Ahora bien, de la constancia de notificación personal que antecede, se desprende que el actuario judicial asentó la voluntad expresa del quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, de ratificar la demanda de amparo presentada vía juicio en línea; al mismo tiempo, dio fe de la integridad física y condiciones de confinamiento a las que se encuentra sujeto, indicando que se encuentra en óptimas condiciones; de lo que se toma conocimiento. ESTADO PROCESAL Ahora bien, toda vez que el directo agraviado ratificó la demanda de amparo, se trae a la vista la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que, declaró fundado el recurso de queja, revocó el auto recurrido, y ordenó la ratificación a fin de proveer si es factible admitir o no la demanda de amparo. Por lo que, visto los actos reclamados y las autoridades responsables indicadas en el escrito inicial, se considera que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo. A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir el precepto artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del numeral reproducido se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. En este caso, de la lectura integral de la demanda se desprende que los actos reclamados están relacionados con las condiciones de internamiento del quejoso, pues se refiere a una orden de traslado no ejecutada, las condiciones de salud, reubicación de dormitorios, entre otros, todas estas dentro del centro de reclusión, indicando que se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México. Así, se considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo, corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al relacionarse los actos reclamados con su internamiento en el centro carcelario, por lo cual tienen o deberán tener ejecución en ese sitio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.64/2019 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 71, octubre de 2019, tomo I, página 899, con registro digital 2020828, de rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: 'COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.', determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará". Asimismo, la jurisprudencia 1a./J.86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 254, con registro digital 2021191, de epígrafe y texto siguientes: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo". No es óbice a la anterior consideración, que dentro de la demanda de amparo se hayan señalado como autoridades responsables a todos los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, esto es, que en apariencia hay una causal de impedimento para que estos conozcan de la demanda en cuestión; empero, esa hipótesis de impedimento no se puede tener por probado a priori o de manera presuntiva. En efecto, la Primera Sala del alto tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 73/2003, en la cual versó en definir si conforme al artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, el solo señalamiento que se haga en la demanda de amparo, en el que se atribuya al juez de distrito el carácter de autoridad responsable, es suficiente para que éste se declare impedido, o es necesario para ello que se acredite que efectivamente emitió el acto reclamado. De la ejecutoria que dio origen al citado criterio se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la causa del citado impedimento, dispuso que no se actualiza con el solo señalamiento que se haga en la demanda de amparo, sino que es necesario que se acredite que efectivamente haya tenido el carácter de autoridad responsable; es decir, que hubiere dictado, pronunciado, publicado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar la ley o el acto reclamado, aspecto que debe estar acreditado para poder declarar fundado el impedimento. También indicó que, en caso contrario, de tener por actualizada la referida causal de impedimento con el solo señalamiento que se haga del carácter de autoridad responsable en la demanda de amparo, indebidamente permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo. Tales consideraciones sirvieron de base para la emisión de la jurisprudencia 1a./J. 59/2003, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, junio de 2004, página 122, con registro digital 181330, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO. PARA QUE OPERE LA CAUSA PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE EL JUEZ FEDERAL QUE MANIFIESTE ESTAR EN TAL SUPUESTO ACREDITE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. El referido precepto establece que no son recusables, entre otros, los Jueces de Distrito, pero que deberán manifestar estar impedidos cuando hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo. Ahora bien, como la finalidad de esta causa de impedimento consiste en apartar del conocimiento de un asunto a un funcionario judicial cuya imparcialidad se encuentra menoscabada, para que opere es necesario que esté debidamente acreditado que tiene aquel carácter, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, en atención al principio de que la carga de la prueba es para quien afirma, el juzgador que se manifieste impedido, debe contar con los elementos de convicción necesarios que prueben su afirmación, los que proporcionará al órgano jurisdiccional que deba calificarlo, para que esté en posibilidad de resolver". En ese orden de ideas, si en la especie, solo existe el señalamiento genérico de tener como responsable a todos los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es evidente que ello no es suficiente para considerar que se actualiza el impedimento de mérito, sino que es necesario que los titulares de esos órganos manifiesten la existencia del impedimento, o que se acredite plenamente que emitieron el acto reclamado, circunstancias que no acontecen en la especie. En ese contexto, es claro que no hay manifestación de impedimento de parte de los juzgadores porque no se les ha puesto a su consideración el asunto, además no hay evidencia de que ellos sean los responsables de los actos de internación reclamados, máxime que no está dentro de sus facultades la realización de ese tipo de actos según se desprende del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley de Amparo. Por ende, se insiste, si bien obra el señalamiento de múltiples autoridades judiciales como responsables, entre ellas, este juzgador y los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el momento, no es dable establecer su incompetencia legal para conocer del juicio constitucional, que se refiere a actos relacionados con el internamiento del quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón en un centro carcelario de esa demarcación. De ahí que, ante el reclamo de actos que inciden o guardan relación con el internamiento de la parte quejosa en la penitenciaría de la Ciudad de México, por lo cual tienen o habrán de tener ejecución en ese sitio; corresponde el conocimiento del juicio de amparo indirecto al Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por ser quien tiene competencia territorial en esa demarcación y ser el órgano jurisdiccional en guardia. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis 1a. LXXIX/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 70, septiembre de 2019, tomo I, página 115, con registro digital 2020659, de epígrafe y contenido siguientes: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente. De ahí que resulte necesario establecer las siguientes directrices para casos análogos: a) la circunstancia aludida no conlleva que de manera inmediata el Tribunal Colegiado de Circuito decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; b) el tribunal de amparo, a través de su presidente, está obligado al momento de proveer sobre la demanda, a realizar un análisis integral de ésta, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; c) si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto; y, d) si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más Magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b)". Similares consideraciones adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, al resolver el conflicto competencial 4/2022, de diez de marzo del año en curso, en el cual resolvió que la circunstancia de que un juez de distrito haya sido señalado como autoridad responsable no conlleva de manera inmediata que deba declinarse la competencia en favor de otro órgano de impartición de justicia federal. De igual forma, se sostuvo, que si el órgano jurisdiccional que resulte competente no intervino en la emisión del acto reclamado, de la misma manera no tiene impedimento legal para que conozca de la litis constitucional y resuelva lo que en derecho proceda, debido a que no puede considerársele como autoridad responsable, a pesar de que así lo haya señalado la parte quejosa en su demanda de amparo. Ello, indicó el tribunal colegiado de referencia, se sustenta sobre la base, que no puede quedar al arbitrio del justiciable la elección del Juzgado Federal que debe de conocer de su asunto en casos como el presente, en que no existe una base objetiva y real que permita establecer que el acto reclamado emana de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Por ende, la decisión que adopta este juzgado de distrito es acorde a dicho criterio por actualizarse las mismas hipótesis que se tomaron en cuenta por el tribunal colegiado de previa cita, aunado a que los actos que se reclaman son de la misma naturaleza que los que fueron planteados en la presente demanda, incluso el representante común de los quejosos, de igual forma tiene el carácter de quejoso en los asuntos que dieron origen al conflicto competencial aludido. SOLICITUD SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS No pasa inadvertido recordar que en el presente asunto el único quejoso reclama, entre otros, actos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, se considera innecesario proveer en relación con su suspensión, pues es un hecho notorio que en este juzgado se tramitaron los juicios de amparo 492/2022, 646/2022 y 829/2022, promovidos por los diversos agraviados en los que incluye el impetrante de este asunto, respecto de los mismos actos que señalan en el escrito de cuenta. Ahora, del análisis de los referidos juicios, se advierte que por autos de nueve de mayo y nueve de junio, ambos de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, se concedió la suspensión de plano en relación con los actos combatidos; por tanto, al haber paralizado su ejecución, se considera innecesario proveer nuevamente en relación con dicho tema. Máxime que es un hecho notorio, que el quejoso ha promovido múltiples juicios de amparo en toda la república mexicana, en contra de los mismos actos y autoridades señaladas como responsables. Sirve de apoyo lo anterior, por analogía, lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo que señala que cuando esté probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado y misma autoridad responsable, se declarará sin materia el incidente de suspensión. EXHORTO PARA NOTIFICAR AL QUEJOSO Aunando a lo anterior, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro penitenciario de la Ciudad de México (Santa Marta Acatitla), con fundamento en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, Amparo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído al quejoso 1Carlos Alberto Angelino Barrón. Para la celeridad del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita que en caso de ser necesario, se realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Se solicita a la autoridad exhortada devuelva a la brevedad posible vía SISE, únicamente sus actuaciones en la comunicación oficial de mérito, a fin de tener el presente asunto debidamente integrado. ANOTACIONES Y CAPTURA EN EL SISE Adicionalmente, se instruye hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno respectivos que se llevan en este Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE].

  4. Principal

    Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, al que anexa testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 22/2022 de su índice, y copias certificadas del presente juicio de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Acúsese recibo a la superioridad del citado oficio y anexos que acompaña. Por cuanto el Tribunal de Alzada, al sustanciar el medio de impugnación interpuesto por el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, declaró fundado el recurso de queja, y revocó el proveído de catorce de noviembre de dos mil veintiuno (únicamente en lo que hace al quejoso inconforme, no así de los diversos ocursantes) a fin de emitir otro acuerdo, en el que por conducto de un fedatario público se requiera al quejoso para que ratifique o no la demanda de amparo presentada vía en línea; hecho lo anterior, se provea conforme a lo que en derecho proceda, en relación a si es factible admitir o no, ordenar su admisión en los términos legales correspondientes. Por consiguiente, tal y como lo ordena la superioridad, se provee. RATIFICACIÓN DE DEMANDA -EXHORTOAhora, toda vez que del contexto de la demanda que dio origen al presente asunto, se advierte que el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón se encuentra privado de su libertad, por lo que, deberá ser notificado de manera personal en el local del juzgado o en el establecimiento en que se halle interno; en ese sentido, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del impetrante del amparo, el lugar de su reclusión; esto es, "Penitenciaría CDMX", denominación que se utiliza coloquialmente en la Ciudad de México, para referirse al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con sede en la Ciudad de México. Por lo que, con fundamento en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, en turno, a través del Sistema Integral de Expedientes, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, les notifique el contenido de este acuerdo únicamente al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, y lo requiera para que en ese acto procesal, o dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifican o no la demanda de amparo; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el citado libelo. Asimismo, el funcionario encomendado deberá dar fe de la integridad física del quejoso y de las condiciones de su ?????????????? confinamiento, a fin de estar en aptitud de acordar lo procedente. Se solicita a la autoridad exhortada devuelva todo lo actuado en la comunicación oficial de mérito, únicamente vía electrónica, como lo dispone el numeral 110 del citado Acuerdo, a la brevedad posible, a fin de tener el presente asunto debidamente integrado. ANOTACIONES Y CAPTURA EN EL SISE Adicionalmente, se instruye hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno respectivos que se llevan en este Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE].

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