Erick Alejandro Luna Gaytan

Expediente 780/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
780/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Erick Alejandro Luna Gaytan

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve Eric Alejandro Luna Gaytán, contra actos del Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con tres copias y un anexo que acompaña, que estima violatorios de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución General de la República; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 780/2020-VI. Atento al contenido de la demanda, se procede a su estudio, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6° de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. Ahora, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, la citada Sala indicó que deberá acreditarse que: 1) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; 2) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, 3) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación indicó que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Ahora bien, cabe destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación emitida el treinta de septiembre de dos mil veinte, en el procedimiento administrativo de responsabilidad 105/2020, mediante la cual la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, resuelve que el recurso de queja por una parte resulta ser de índole jurisdiccional y por otra notoriamente improcedente. Sobre el particular, es oportuno precisar que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante un procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público, por lo que la facultad de los particulares para formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, no implica la facultad para exigir de la autoridad determinada actuación respecto de sus pretensiones. En ese contexto, se estima que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, ya que no le causa un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, razón por la cual, no es impugnable en amparo indirecto. En efecto, pues la parte quejosa carece de interés jurídico y legítimo para acudir al juicio de amparo, porque la resolución que se emitió en el procedimiento administrativo de responsabilidad de que se trata, no repercute en su esfera jurídica, pues no le generaría un beneficio personal; es decir, su situación se traduce en el interés simple que tiene todo gobernado en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo. Ello es así, virtud a que la resolución que se emitió en el procedimiento administrativo de responsabilidad de que se trata, no generará un derecho o potestad a favor del promovente del amparo, esto es, de ninguna manera obtendría un beneficio directo y menos aún la revocación del acto de donde deriva la queja que hizo valer; pues se trata de actos de control administrativo, que no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público que se trate. De ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, y por ende, no tiene interés jurídico para promover amparo contra la resolución que se dictó en dicha queja. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, al surtirse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en el proemio de la demanda; asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Agustín Edgardo Reyes Martínez, quien cuenta con su cédula profesional 4835513, registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos del aludido numeral a César Rodrigo Vargas Martínez, toda vez que no cuenta con su cédula registrada en el sistema de referencia. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Téngase recibido el oficio remitido por el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado mediante proveído de veintiuno de octubre del año en curso, y para tal efecto, señala como perito en materia de topografía, agrimensura y planimetría a José Joel Luna; en consecuencia, túrnense los autos al Actuario judicial adscrito a fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa la Procuraduría General de la República en el Estado, ubicada en calle República de Polonia 370, Lomas de Satélite, código postal 78380, San Luis Potosí, para que, con fundamento en el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiera al citado perito para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación que se haga del presente proveído, y manifieste ante este juzgado si acepta o no el cargo conferido; asimismo, informe si se encuentra en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 51 de la citada Ley de Amparo, en caso de aceptación y protesta en el mismo acto; y, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 148 del citado código adjetivo, una vez aceptado el cargo se le haga saber que cuenta con el término de diez días para que emita su dictamen al tenor del cuestionario que al efecto se le entregue. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado, el referido perito deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese; hágase personalmente al perito José Joel Luna.

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