Eric Alejandro Araujo Santoyo
Expediente 932/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Eric Alejandro Araujo Santoyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tramitaría únicamente por la autoridad ordenadora. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y se da trámite teniendo como autoridad responsable a la señalada como Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial. Ahora bien examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria su improcedencia por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse. El artículo 113 de la ley de la materia señala lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al aludido precepto se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito, es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En la especie, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]" Previamente, es pertinente dejar establecido que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad generó sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados, lo que de suyo implica que el fallo protector pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del mismo. Luego, del texto del precepto legal reproducido se deduce que para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado, en otras palabras, que exista una situación jurídica que definitivamente impida la ejecución que dio motivo al amparo por tornar inexistente el objeto o la materia del mismo. En el caso de estudio, la parte quejosa acudió a la presente instancia con el objeto de combatir la determinación de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa RI/SLP/CP-429/2018, en la que la autoridad responsable lo citó a comparecer a la audiencia de Revocación de la Suspensión Condicional del Proceso, la cual se llevaría a cabo a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, con el apercibimiento que de no comparecer se tendría por falta de interés de su parte y continuarían el proceso respectivo. Ahora bien, a la fecha de este auto es inconcuso que el auto que se reclama ya no puede surtir sus efectos legales o materiales ya que la audiencia en sí ya transcurrió. Así pues, se concluye que ocurrió una modificación en el entorno que existía respecto al acto reclamado, a virtud de que ya transcurrió la audiencia que el quejoso combate e inclusive en caso de no haberse llevado a cabo el citatorio del que se duele el aquí quejoso ya no podría surtir sus efectos, ya que en su caso la autoridad responsable tendría que generar uno nuevo; lo que implica que existe imposibilidad para analizar el fondo del presente asunto, en virtud de que de una posible concesión del juicio de amparo, sería imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se estima violado, esto es, la citación realizada para que asistiera a dicha audiencia, toda vez que como se desprende del propio citatorio, contrario a lo expuesto por el quejoso dicha citación no tenía apercibimiento privativo de la libertad y de ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia invocada. Por ende, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda constitucional de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACION QUE EN LO CONDUCENTE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tramitaría únicamente por la autoridad ordenadora. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y se da trámite teniendo como autoridad responsable a la señalada como Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial. Ahora bien examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria su improcedencia por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse. El artículo 113 de la ley de la materia señala lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al aludido precepto se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito, es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En la especie, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]" Previamente, es pertinente dejar establecido que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad generó sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados, lo que de suyo implica que el fallo protector pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del mismo. Luego, del texto del precepto legal reproducido se deduce que para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado, en otras palabras, que exista una situación jurídica que definitivamente impida la ejecución que dio motivo al amparo por tornar inexistente el objeto o la materia del mismo. En el caso de estudio, la parte quejosa acudió a la presente instancia con el objeto de combatir la determinación de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa RI/SLP/CP-429/2018, en la que la autoridad responsable lo citó a comparecer a la audiencia de Revocación de la Suspensión Condicional del Proceso, la cual se llevaría a cabo a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, con el apercibimiento que de no comparecer se tendría por falta de interés de su parte y continuarían el proceso respectivo. Ahora bien, a la fecha de este auto es inconcuso que el auto que se reclama ya no puede surtir sus efectos legales o materiales ya que la audiencia en sí ya transcurrió. Así pues, se concluye que ocurrió una modificación en el entorno que existía respecto al acto reclamado, a virtud de que ya transcurrió la audiencia que el quejoso combate e inclusive en caso de no haberse llevado a cabo el citatorio del que se duele el aquí quejoso ya no podría surtir sus efectos, ya que en su caso la autoridad responsable tendría que generar uno nuevo; lo que implica que existe imposibilidad para analizar el fondo del presente asunto, en virtud de que de una posible concesión del juicio de amparo, sería imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se estima violado, esto es, la citación realizada para que asistiera a dicha audiencia, toda vez que como se desprende del propio citatorio, contrario a lo expuesto por el quejoso dicha citación no tenía apercibimiento privativo de la libertad y de ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia invocada. Por ende, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda constitucional de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado en copia simple por la parte quejosa, debido a que carece de la firma autógrafa de dicha parte procesal. Ello, en virtud de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la promoción, toda vez que la voluntad de la parte de ejercitar un derecho, se manifiesta mediante la firma y si no lo pudiere hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; o bien, en el caso de la demanda presentada vía electrónica, debe demostrarse que fue enviada con la firma electrónica de quien resiente el agravio personal y directo y en el caso, resulta evidente que no es factible colmar ese requisito, con un escrito en el que se encuentra plasmada una firma en copia simple. Es aplicable por analogía, la Jurisprudencia 156, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 128 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dispone: "DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO.- Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". En consecuencia, subsisten el requerimiento y apercibimiento contenidos en auto de veintiuno de septiembre del año en curso. En la inteligencia de que se deberá acatar dicha prevención, dentro del término de cinco días inicialmente otorgado, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso de cuenta y se reanudará al siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Notifíquese personalmente.
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