Eric Suarez Rodriguez

Expediente 614/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
614/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • Eric Suarez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el oficio de cuenta suscito por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, quien a su vez remite el diverso suscrito por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, anexa copia del proveído de veintisiete de mayo del presente año. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Tocante a la constancia adjunta al informe, con apoyo en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, consistente en copia certificada del proveído de veintisiete de mayo del presente año, dictado en el juicio laboral 42/2015, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica. Ahora bien, del análisis que en este acto se realiza a la documental que anexa la autoridad responsable, aunado al estudio de los datos que se desprenden del presente juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa, así como examinar la constitucionalidad de los actos que aparezcan probados, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, se estima que se actualiza de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso particular, el impetrante de amparo reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: La omisión de acordar los escritos de uno de diciembre de dos mil diecisiete, diversos de treinta de agosto y veintinueve de octubre, ambos de dos mil dieciocho, por medio de los cuales solicitó se fijara fecha y hora para el desahogo de las inspecciones oculares ofrecidas por la parte actora y demandada en el juicio laboral 42/2015. Por su parte, con la constancia que remitió el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, anexa a su informe justificado, se advierte que mediante auto de veintisiete de mayo del presente año, dictado en el juicio laboral 42/2015, señaló las diez horas del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, para el desahogo de la diligencia de inspección ocular, ofrecida por la parte actora y las once horas de esa misma data para la ofertada por la demandada. Constancias las anteriores, que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, párrafo segundo, tienen pleno valor probatorio, resultando aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así, del examen de la documental exhibida por la autoridad responsable, pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente juicio ha dejado de surtir sus efectos, en mérito de que la omisión que reclamaba fue subsanada, toda vez que la autoridad responsable mediante auto de veintisiete de mayo del presente año, dictado en el juicio de origen, señaló las diez horas del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, para el desahogo de la diligencia de inspección ocular, ofrecida por la parte actora y las once horas de esa misma data para la ofertada por la demandada. Por ende, resulta inconcuso que el acto reclamado en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que estipula el artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del seis de junio de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por +++, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 614/2019-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo. AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO De la demanda de garantías se advierte que se reclama: La omisión de acordar los escritos de uno de diciembre de dos mil diecisiete, diversos de treinta de agosto y veintinueve de octubre, ambos de dos mil dieciocho, por medio de los cuales solicitó se fijara fecha y hora para el desahogo de las inspecciones oculares ofrecidas por la parte actora y demandada en el juicio laboral 42/2015. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin aperturarse incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dése la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115, de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del seis de junio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117, de la ley normativa del juicio de garantías, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguiente al en que reciba el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibida que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se le impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1, de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias de las que deriva el acto reclamado, apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, se conmina a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO INTERESADO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados a++, quienes tienen su domicilio en ++, en esta ciudad, mismos que deberán ser emplazados con una copia simple de la demanda, por conducto del actuario judicial adscrito. PRUEBAS Del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa no ofertó medio de prueba alguno. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, por así solicitarlo la parte quejosa. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte tercero interesada: REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por +++, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 614/2019-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo. AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO De la demanda de garantías se advierte que se reclama: La omisión de acordar los escritos de uno de diciembre de dos mil diecisiete, diversos de treinta de agosto y veintinueve de octubre, ambos de dos mil dieciocho, por medio de los cuales solicitó se fijara fecha y hora para el desahogo de las inspecciones oculares ofrecidas por la parte actora y demandada en el juicio laboral 42/2015. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin aperturarse incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dése la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115, de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del seis de junio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117, de la ley normativa del juicio de garantías, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguiente al en que reciba el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibida que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se le impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1, de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias de las que deriva el acto reclamado, apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, se conmina a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO INTERESADO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados a++, quienes tienen su domicilio en ++, en esta ciudad, mismos que deberán ser emplazados con una copia simple de la demanda, por conducto del actuario judicial adscrito. PRUEBAS Del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa no ofertó medio de prueba alguno. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, por así solicitarlo la parte quejosa. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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