Eric Octavio Lievano Ramos
Expediente 656/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/07/2022
Partes del expediente
- Eric Octavio Lievano Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto; del estado de autos se advierte que en proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, se realizó un análisis de competencia en el cual se acordó remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez. Al efecto; se acuerda: En virtud de lo anterior, se deja sin efecto alguno la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que está fijada para las diez horas con quince minutos del catorce de julio de la presente anualidad. Se reserva proveer hasta en tanto, el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargado del Despacho, por encontrarse de vacaciones el Secretario en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio de autorización CCJ/ST/2719/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de veinte de junio de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERÍODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
VISTO; I. El oficio de cuenta suscrito electrónicamente y con evidencia criptográfica del secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 116/2022, orden 234/2022, del índice de este Juzgado, que se envió para emplazar como tercera interesada a la empresa "Multilimp y Asociados", sociedad anónima de capital variable, por la razón que ahí expone. II. El estado de autos, de los cuales se advierte que en proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Eric Octavio Liévano Ramos, señalando como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el juicio laboral J/O/92/2019, atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en Tonalá. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y dese de baja en el libro de gobierno el exhorto en comento. Respecto al punto II, se provee lo siguiente: I. ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden, en términos de los artículos 107, fracción VII constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, la consecuencia jurídica del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En tercer lugar, del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Luego, del análisis integral realizado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el expediente del juicio laboral J/O/92/2019, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas. Cabe mencionar que en el capítulo de hechos, la parte quejosa manifiesta que derivado de un despido injustificado del que fue objeto, promovió demanda laboral la cual fue radicada con el número de expediente J/O/92/2019; en el cual, el dieciocho de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, y se turnaron los autos para la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalándose las diez horas de siete de marzo de dos mil veintidós para su celebración. En la fecha antes mencionada, se llevó a cabo la referida audiencia en la que la responsable se reservó de proveer respecto de la admisión o no de las pruebas ofertadas por las partes, previo estudio y análisis que se realicen de todas y cada una de ellas, sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto, lo que se reclama transgrede los principios de impartición de justicia pronta y expedita, acceso efectivo a la justicia, legalidad, fundamentación, motivación y seguridad jurídica, que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se advierte que, si bien, de acuerdo con su naturaleza, el acto reclamado es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, la omisión atribuida a la responsable, genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, es evidente que el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, esto es, en Tonalá, Chiapas, lugar en donde reside la autoridad responsable. Por ende, la competencia debe fincarse en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Similar criterio adoptó el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 14/2022, en el que, en lo que interesa, estableció: "...A efecto de dilucidar la naturaleza y efectos del acto reclamado, debe tenerse presente que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de celebrar la audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de acumulación dentro del expediente laboral J/O/67/2020, dijo que la autoridad responsable no cumplía con lo establecido en el numeral 17 constitucional, porque tanto os representantes de los trabajadores como de los patrones no firmaban las actuaciones por estar en desacuerdo, lo que impedía la celebración de la audiencia y se impedía la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos que fija la ley. Con base en lo anterior, se destaca que la omisión de celebrar la audiencia que menciona el quejoso, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, no puede afirmarse que la omisión atribuida a la responsable es una decisión meramente declarativa que no tiene ningún efecto o que no conlleve a consecuencia alguna. Por el contrario, con ello se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos que si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, que por el momento y en atención a los elementos con que se cuentan en el presente conflicto, la autoridad responsable tiene su residencia en Tonalá, Chiapas. Por ende, como ya se expuso, la competencia debe fincarse a favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; por lo que, en consecuencia, deberán remitirse los autos del expediente relativo a dicho órgano para su conocimiento..." II. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara de plano su legal incompetencia para seguir conociendo de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, que ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal condigno, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: VISTO; I. El oficio de cuenta suscrito electrónicamente y con evidencia criptográfica del secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 116/2022, orden 234/2022, del índice de este Juzgado, que se envió para emplazar como tercera interesada a la empresa "Multilimp y Asociados", sociedad anónima de capital variable, por la razón que ahí expone. II. El estado de autos, de los cuales se advierte que en proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Eric Octavio Liévano Ramos, señalando como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el juicio laboral J/O/92/2019, atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en Tonalá. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y dese de baja en el libro de gobierno el exhorto en comento. Respecto al punto II, se provee lo siguiente: I. ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden, en términos de los artículos 107, fracción VII constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, la consecuencia jurídica del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En tercer lugar, del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Luego, del análisis integral realizado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el expediente del juicio laboral J/O/92/2019, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas. Cabe mencionar que en el capítulo de hechos, la parte quejosa manifiesta que derivado de un despido injustificado del que fue objeto, promovió demanda laboral la cual fue radicada con el número de expediente J/O/92/2019; en el cual, el dieciocho de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, y se turnaron los autos para la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalándose las diez horas de siete de marzo de dos mil veintidós para su celebración. En la fecha antes mencionada, se llevó a cabo la referida audiencia en la que la responsable se reservó de proveer respecto de la admisión o no de las pruebas ofertadas por las partes, previo estudio y análisis que se realicen de todas y cada una de ellas, sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto, lo que se reclama transgrede los principios de impartición de justicia pronta y expedita, acceso efectivo a la justicia, legalidad, fundamentación, motivación y seguridad jurídica, que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se advierte que, si bien, de acuerdo con su naturaleza, el acto reclamado es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, la omisión atribuida a la responsable, genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, es evidente que el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, esto es, en Tonalá, Chiapas, lugar en donde reside la autoridad responsable. Por ende, la competencia debe fincarse en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Similar criterio adoptó el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 14/2022, en el que, en lo que interesa, estableció: "...A efecto de dilucidar la naturaleza y efectos del acto reclamado, debe tenerse presente que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de celebrar la audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de acumulación dentro del expediente laboral J/O/67/2020, dijo que la autoridad responsable no cumplía con lo establecido en el numeral 17 constitucional, porque tanto os representantes de los trabajadores como de los patrones no firmaban las actuaciones por estar en desacuerdo, lo que impedía la celebración de la audiencia y se impedía la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos que fija la ley. Con base en lo anterior, se destaca que la omisión de celebrar la audiencia que menciona el quejoso, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, no puede afirmarse que la omisión atribuida a la responsable es una decisión meramente declarativa que no tiene ningún efecto o que no conlleve a consecuencia alguna. Por el contrario, con ello se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos que si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, que por el momento y en atención a los elementos con que se cuentan en el presente conflicto, la autoridad responsable tiene su residencia en Tonalá, Chiapas. Por ende, como ya se expuso, la competencia debe fincarse a favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; por lo que, en consecuencia, deberán remitirse los autos del expediente relativo a dicho órgano para su conocimiento..." II. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara de plano su legal incompetencia para seguir conociendo de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, que ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal condigno, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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