Eric Santiago Solorio Cisneros

Expediente 771/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
771/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Eric Santiago Solorio Cisneros

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el catorce de julio del año en curso, en que se desechó la demanda en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 771/2022. De conformidad con el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda promovida por Eric Santiago Solorio Cisneros, por propio derecho, contra actos de la Síndico Municipal de Huandacareo, Michoacán, por lo que, como cuestión inicial, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en: "1.- El inferirme actos de molestia en mi persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sin que exista un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 2.- Pretender privarme de mis posesiones propiedades y derechos, sin emplazarme a Juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 3.- Pretender privarme de la propiedad y posesión que tengo sobre la casa marcada con el número 36 de la calle 5 de mayo en la tenencia de Capacho, perteneciente al municipio de Huandacareo Michoacán. La que he tenido en posesión en forma pacífica, publica y continua, según lo acreditare oportunamente con las declaraciones de personas dignas de fe." En ese sentido, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II de la Ley de Amparo, preceptos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad que fue señalada como responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En otras palabras, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares. Ahora bien, toda vez que en el caso concreto se reclama de la Síndico Municipal de Huandacareo, Michoacán, los actos de molestia realizados a efecto de ser privado de la propiedad y posesión que refiere tener el quejoso respecto de la casa marcada con el número 36 de la calle 5 de mayo en la tenencia de Capacho, perteneciente al municipio de Huandacareo Michoacán, para lo cual, señaló en los antecedentes bajo protesta de decir verdad: "(.) me fue dejado un citatorio por parte de la sindicatura del ayuntamiento de Huandacareo, Michoacán, esto en mi domicilio particular el ubicado en la calle 5 de mayo número 36 en la tenencia de Capacho, perteneciente al municipio de Huandacareo, Michoacán, en el que se me informaba que debería comparecer el día 29 veintinueve de junio del presente año, en dichas oficinas para tratar un asunto relacionado con la propiedad en la que actualmente vivo. Una vez estando en dichas oficinas fui atendido por la síndico Estela Abrego Ruiz, diciéndome que tenía que firmar un convenio con el señor Enoc Herrera Chávez, en el que yo aceptaba salirme de la casa en la cual vivo, según con el dicho que a ella, ya se le había acreditado la propiedad en favor de Enoc Herrera Chávez a lo que el de la voz le dije que la persona que en ese momento estaba presente en la oficina de la sindico no era quien se decía ser, sino que era Rafael Herrera Chávez, porque Enoc Herrera Chávez, ya tenía meses en los Estados Unidos y allá se encontraba trabajando, a lo que ambos me contestaron, tanto la síndico como la otra persona, que si no firmaba en ese momento el convenio que ya tenía redactado me iban a ir muy mal y también a mi familia, como el de la voz y mi esposa de nombre María Carmen Nabo Lázaro y en otras ocasiones hemos recibido amenazas, no tuve otra opción más que firmar el convenio que me dieron y ni siquiera me permitieron leerlo. Una vez firmado iría me dijo la sindico que solo tenían un mes para salirme de la casa, de lo contrario iría ella misma a sacarme y desocupar mi vivienda (.)" De la anterior transcripción se advierte que la función realizada por la síndico únicamente fue dar fe de la comparecencia realizada por Enoc Herrera Chávez y por el quejoso Eric Santiago Solorio Cisneros, en la que a este último se le hizo saber que tenía un plazo de un mes a partir de esa fecha para que desaloje la casa, de lo contrario el primero de los citados procederá judicialmente para su desalojo. Lo cual queda evidenciado con la propia acta de comparecencia de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, que exhibió el quejoso como prueba documental, como se advierte de la siguiente transcripción: "COMPARECENCIA EN HUANDACAREO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 09:32 NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2022, DOS MIL VEINTIDÓS, ANTE EL SUSCRITO LAE. ESTELA ABREGO RUIZ, SÍNDICO MUNICIPAL DE HUANDACAREO, comparecen las ciudades ENOC HERRERA CHÁVEZ quien por sus generales dijo ser mexicano, estar casado, mayor de edad, originario y vecino de la tenencia de Capacho, perteneciente a este Municipio de Huandacareo, Michoacán, con domicilio en calle 5 de mayo, número 40, localidad de Capacho, de este municipio de Huandacareo, Michoacán, y ERIK SANTIAGO SOLORIO CISNEROS, quien por sus generales dijo ser mexicano, vivir en unión libre, mayor de edad, originario y vecino de la tenencia de Capacho, perteneciente a este Municipio de Huandacareo, Michoacán, con domicilio en calle 5 de mayo, número 40, localidad de Capacho, de este municipio de Huandacareo, Michoacán; a quienes se les hace saber que la falsedad en declaraciones e informes dados a la autoridad, son severamente castigados por la Ley, hasta con pena privativa de la libertad, y bien impuestos de ello, protesta conducirse con la verdad y EXPONEN: Que comparecen ante esta oficina de Sindicatura Municipal para manifestar que desde hace siete años aproximadamente el ciudadano ERIK SANTIAGO SOLORIO CISNEROS llegó de Estados Unidos y se instaló en el domicilio anteriormente señalado con el permiso de la tía del compareciente, la señora ELENA CHÁVEZ CISNEROS, préstamo que se hizo de buena fe ya que no se pidió pago de renta, únicamente se haría responsable del pago de los servicios; aproximadamente hace 2 años que le solicitaron la vivienda a ERIK SANTIAGO SOLORIO CISNEROS pero no accedió a retirarse diciendo que es acreedor de la propiedad. El día de hoy se dan cita a las oficinas de sindicatura ya que no ha procedido con el desalojo, en el cual ENOC HERRERA CHÁVEZ presenta documentación que lo acredita a él y a sus hermanos como dueños de la propiedad, la cual respalda la ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA, VOLUMEN XXXVI, DEL NOTARIO PÚBLICO NO. 91, LIC. CARLOS LUIS GÓMEZ CALDERÓN, con fecha de 17 de mayo de 2018. Después de haberme mostrado las pruebas donde se acredita la propiedad, el ENOC HERRERA CHÁVEZ leda un plazo de un mes a partir de esta fecha para que desaloje la casa habitación al ERIK SANTIAGO SOLORIO CISNEROS de lo contrario procederá judicialmente para su desalojo." Esto es, de la referida acta de comparecencia se advierte que la función realizada por la síndico se limitó a dar fe de los hechos que fueron narrados ante ella, sin realizar ningún apercibimiento de desalojo al quejoso, pues únicamente hizo constar que el propietario del inmueble condicionó al quejoso a su entrega dentro de un mes, bajo apercibimiento que de no hacerlo procederá judicialmente en su contra; lo que hace evidente que la función realizada por la síndico, en el caso concreto no tiene la calidad de actos de autoridad para efectos del amparo. Aunado, es de hacer notar, dentro de las facultades que tiene la síndico municipal no se encuentran las de realizar actos de desalojo, como se advierte del artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual a la letra señala: "Artículo 67. Son facultades y obligaciones la Síndica o el Síndico Municipal: I. Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos; II. Coordinar la Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal del Ayuntamiento y vigilar la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos; III. Revisar y en su caso, suscribir los estados de origen y aplicación de fondos y los estados financieros municipales; IV. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento y presentar un informe anual de actividades durante la segunda quincena del mes de julio de cada año, a excepción del último año de gestión, que será la primera quincena del mes de julio; V. Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que señala la Ley y con los planes y programas establecidos; VI. Proponer la formulación, expedición, reforma, derogación y abrogación de los reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas; VII. Participar en las ceremonias cívicas que realice el Ayuntamiento; VIII. Representar legalmente al municipio, en los litigios en que éste sea parte y delegar dicha representación, previo acuerdo del Ayuntamiento; IX. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos y condiciones que determine la Ley de la materia; X. Emitir en el ámbito de su competencia las órdenes de protección de emergencia, preventivas, de naturaleza civil, penal o familiar, debidamente fundadas y motivadas, ejecutándolas con el auxilio de la fuerza pública municipal; XI. Representar o designar representante del Ayuntamiento en el Subsistema Regional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género que le corresponda; XII. Supervisar que el Ayuntamiento cuente con sus ordenamientos jurídicos publicados y actualizados; XIII. Nombrar al titular de la Dirección Jurídica, con la anuencia de la Presidenta o Presidente Municipal, área de la cual será responsable la Síndica o el Síndico; XIV. Nombrar al titular del Centro de Mediación, con la anuencia de la Presidenta o Presidente Municipal, área de la cual será responsable la Síndica o el Síndico; XV. Vigilar que los funcionarios municipales presenten oportunamente la declaración de su situación patrimonial al tomar posesión de su cargo, anualmente y al terminar su ejercicio; XVI. Procurar que en los juicios en trámite de carácter laboral se llegue a un arreglo conciliatorio, donde deberán participar todas las partes involucradas, establecerse un valor fijo, así como las formas en que se extinguirá dicha obligación, informando al Ayuntamiento del mismo; XVII. Comparecer por si o a través de representante a las audiencias de conciliación y a las audiencias de los juicios en trámite, bajo pena de responsabilidad en caso de inasistencia a las mismas; y, XVIII. Las demás que le señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes que de estas emanen, esta Ley, sus reglamentos y otras disposiciones del orden municipal." Luego entonces, tomando en consideración las notas distintivas de los actos de autoridad establecidas, en este caso la síndico municipal no puede ser considerada autoridad responsable. Se estima de esa manera en razón de que derivan de actos entre particulares -entre el que dice ser propietario del inmueble y el requerimiento que formula al que lo tiene en posesión para que le realice la entrega, bajo apercibimiento que iniciará el procedimiento judicial correspondiente-, por lo que no existe una relación de supra a subordinación. En ese tenor, aun cuando no se desestima que la conducta desplegada por la autoridad pueda causar un menoscabo sobre los derechos del aquí inconforme, el juicio de amparo no es el medio para reclamar la restitución de tales derechos, pues dicha afectación no proviene de un órgano del estado que actúe con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, así como tampoco de un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en la Ley de Amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esto es, no obstante la efectividad horizontal de los derechos humanos, no debe confundirse con la garantía que tutela derechos fundamentales, pues se insiste, el sólo hecho de que en una relación entre particulares pueda verse menoscabado un derecho fundamental de alguna de las partes, no le da en automático la calidad de autoridades responsables a los trasgresores a que se refiere la Ley de Amparo; y por tanto, tampoco hace procedente esta vía de control constitucional. En todo caso, el aquí quejoso tiene expedito su derecho y puede acudir ante la autoridad competente y promover el juicio respectivo, a fin de que reclame la desposesión de que pretende ser objeto, sin que se la haya respetado su derecho de audiencia. No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia. En consecuencia, conforme a lo expuesto, al cobrar actualidad de forma notoria e indudable la causa de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda de amparo, por lo que respecta a los actos destacados en líneas precedentes al no poderse reputar éstos como actos de autoridad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Liborio Espinoza Hernández, Silvia lcela García Delgado, Carlos Fernández Fabián y Esteban Cruz Peñaloza, por así haberlo solicitado expresamente. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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