Eréndira Martínez Ruiz y Otros.

Expediente 1023/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1023/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Eréndira Martínez Ruiz y Otros.
  • Eréndira Martínez Ruiz
  • Melany Nahomi Sierra Martínez
  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la medida cautelar solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar los tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán con sede en esta ciudad, se ordena su devolución en un tomo, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a siete de enero de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Se autoriza consulta vía internet. Agréguese el escrito de cuenta, signado por Santiago Orozco Valencia, representante especial de la menor M.N.S.M.; atento a su contenido, dígasele que en sentencia dictada el tres de diciembre del dos mil veintiuno, se le autorizó para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, con los usuarios que proporcionó para tal efecto. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro; quien actúa con Janette Pérez García, secretaria del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 1023/2021, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Así mismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de la partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto continuo, la secretaria da cuenta a la Juez: con un pedimento ministerial y un escrito, registrados con los folios 18787 y 18826. La Juez acuerda: Téngase por recibido el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Primero de Distrito, por medio del cual se le tiene formulando alegatos, los que se ordenan tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Así como el escrito signado por el licenciado Santiago Orozco Valencia, en su carácter de asesor jurídico federal, atento a su contenido, téngasele por aceptando en tiempo y forma el cargo de representante especial de la menor M.N.S.M. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de su parte, para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito. Se tiene como sus autorizados en términos amplios a Olivia Benítez Reyes y Alejandro León Cortés, toda vez que cuentan con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos Jurisdiccionales; mientras que los restantes Cipriano Rodrigo Sandoval Villanueva, Norma Guillén Tinoco, Laura Iliana Valladares Vega y Linda Estrella Zamudio Castillo, únicamente para oír y recibir notificación, por así haberlo solicitado expresamente el representante especial. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se les autoriza para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, quienes tienen como nombre de usuario SAN69 y JURISTA33, consecuentemente, comisiónese a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva. Téngase a la parte promovente proporcionando como número telefónico 01 44 33 22 69 60 extensión 1092, para el único efecto de establecer comunicación. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el representante especial, expídasele copia simple de las constancias a que alude, autorizando para que a su nombre y representación las reciban de manera indistinta cualquiera de los autorizados que refiere, previo recibo que se deje en autos. Por otro lado, se establece que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, reformado y adicionado por el diverso 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de las copias certificadas que solicita o para su reproducción electrónica, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Se hace saber al promovente que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos. Mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. En término de lo dispuesto por el artículo 124 de la multicitada ley, se le tiene formulando alegatos, los que se ordena relacionar y recibir en la audiencia constitucional. Con apoyo en los numerales 119 y 123 de esa ley, se tiene por ofrecidas prueba presuncional en su doble aspecto legal y humano e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno. Acto continuo, la secretaria hace constar que en los presentes autos obra: escrito de la demanda de amparo promovida por Eréndira Martínez Ruiz, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales M.N.S.M., auto que la admitió a trámite y se ordenó la notificación correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se hace constar que obra agregado la notificación al Agente del Ministerio Público, el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y el emplazamiento a juicio del tercero interesado Omar Sierra Ponce. Finalmente, se hace constar que dentro de los autos del incidente de suspensión que se originó con motivo del expediente en que se actúa, en la audiencia incidental de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 2176/2021 de fecha cinco de noviembre pasado, al que adjuntó copia autógrafa del proveído emitido en esa misma fecha, en el que, en cumplimiento a la suspensión provisional, acordó lo relativo a las medidas cautelares previstas en el numeral 260 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo. A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, por emplazado al tercero interesado y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe. Ahora bien, en relación con la certificación relacionada con el incidente de suspensión, la misma será tomada en consideración al momento de resolver. Abierto el periodo probatorio: La secretaria da cuenta con la documental que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda, y con la que la que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial, adjuntó a su informe justificado; asimismo, con la presuncional e instrumental de actuaciones que ofreció el representante especial. Acto seguido, la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las referidas pruebas. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por el representante especial, y se hace constar que ninguna de las demás partes hizo manifestaciones en esta vía. Al efecto, la Juez, acuerda: Téngase por formulados los alegatos realizados por la Representante Social y por perdido el derecho de las demás partes de formular alegatos y, se levanta la presente acta para constancia legal, se procede a dictar la resolución siguiente:SENTENCIAVISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1023/2021, promovido por Eréndira Martínez Ruiz, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales M.N.S.M. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, Eréndira Martínez Ruiz, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales M.N.S.M., presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, tuvo por recibida la demanda, registrándola con el número 1023/2021 y se admitió a trámite la demanda de amparo y se ordenó el emplazamiento de las autoridades responsables. En proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo rendido el informe justificado de la autoridad responsable, por admitidas y desahogadas las pruebas documentales que acompañó a su informe el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Por otra parte, el tercero interesado Omar Sierra Ponce fue emplazado a juicio, tal como se desprende de la diligencia actuarial de diez de noviembre de dos mil veintiuno. En esta fecha, fue recibido el pedimento formulado por la Fiscal Federal de la adscripción, y compareciendo al juicio al representante especial de la menor. Previo los trámites de ley, en acta levantada en esta fecha, tres de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: El auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ordinario oral familiar 664/2021, en que se admitió a trámite el divorcio sin expresión de causa promovido por Omar Sierra Ponce frente a Eréndira Martínez Ruiz, sin que el juez de origen dictara alguna medida cautelar de conformidad con el artículo 260 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado consistente en legajo de copias certificadas del juicio ordinario oral familiar 664/2021, el cual tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de éste último ordenamiento. Es previo añadir que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en párrafos que anteceden se tuvo como cierto el acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del juicio de origen. De las constancias remitidas por la responsable, consistentes en testimonio del juicio ordinario oral familiar 664/2021, se advierte: 1.- El veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el aquí tercero interesado Omar Sierra Ponce promovió juicio ordinario oral familiar con la finalidad de obtener la disolución del vínculo matrimonial que lo une con la quejosa Eréndira Martínez Ruiz, mismo que por razón de turno correspondió al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, registrándose bajo el número 664/2021, admitiéndose el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, previo el cumplimiento a la prevención formulada el treinta y uno de agosto anterior. En el auto en que se admitió la demanda, se dictó en los siguientes términos: "Morelia Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el escrito de cuenta que presenta Omar Sierra Ponce, como lo solicita, se le tiene cumpliendo con la prevención realizada por auto de fecha treinta y uno de agosto del año en curso, en los términos que indica. En vista de lo anterior, se procede a dar nueva cuenta con el escrito inicial, lo que se realiza en los siguientes términos: Admisión. Dando cuenta con la promoción presentada a este órgano jurisdiccional, junto con los documentos anexos, por Omar Sierra Ponce, quien gestiona por su propio, como lo solicita, téngasele promoviendo, en la vía ordinaria oral familiar, demanda sobre divorcio sin expresión de causa en contra de Eréndira Martínez Ruíz, quien tiene su domicilio en la calle Artículo 3° tercero, número sesenta y cuatro, colonia Clara Córdoba, de esta ciudad. Demanda que por encontrarse ajustada conforme a derecho, se admite en trámite. Se manda formar y registrar el expediente respectivo en el libro de gobierno que se lleva en este tribunal. Emplazamiento. Se ordena a la actuaria adscrita se constituya en legal y debida forma en el domicilio de la accionada para que con las copias de la demanda, de la propuesta de convenio y de los documentos anexos, la emplace, a fin de que en el plazo de nueve días la conteste por escrito ante este juzgado, manifestando en su caso su conformidad con el convenio o bien, exhibiendo la contrapropuesta, anexando los documentos en que la sustente y además en su caso, ofrezca las pruebas pertinentes; debiendo apercibirlo que en caso de no hacerlo, precluirá su derecho para hacerlo con posterioridad y se le tendrá por contestada la misma en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. Asimismo, requiérasele para que señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad o bien por medio de correo electrónico, previo el registro del mismo en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Poder Judicial del Estado, en el entendido que de no hacerlo, las mismas le correrán mediante la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado. Requerimiento de asuntos conexos. Asimismo, en términos del artículo 983 del Código Familiar, se ordena requerir a la parte actora mediante notificación personal y en lo que toca a la parte demandada se le requiere al momento del emplazamiento, para que manifieste bajo protesta de decir verdad, si existen otras controversias conexas al presente juicio, en el entendido que de haberlas, se le otorgará un plazo improrrogable de tres días para que exhiban la prueba documental que las acredite, a fin de determinar si estás tienen trascendencia con lo que va a resolverse en el juicio, debiendo ordenarse su acumulación al más antiguo, a efecto de que sean resueltos en una sola sentencia. Ofrecimiento de Pruebas. Por otro lado, se tiene al accionante ofertando los siguientes medios de prueba: 1. Documentales públicas y privadas, consistente en los documentos que refiere. 2. Presuncional legal y humana. Probanzas con las que se dará cuenta en el momento procesal correspondiente de conformidad con el numeral 985 del código familiar. Intervención del Ministerio Público y Tutor Especial. Por otra parte, de conformidad al numeral 346 del ordenamiento legal invocado, este juzgado designa como tutora especial de la menor de edad M.N.S.M., a la licenciada Arlette Calderón Farreyra, adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del Sistema DIF Michoacán, a quien se le manda hacer saber el cargo conferido, mediante notificación personal para que dentro del término de 3 tres días manifieste lo que a su representación legal convenga. Ahora bien, con fundamento en el artículo 770 del código familiar, se ordena dar intervención en este asunto al agente del ministerio público de la adscripción, para que dentro del plazo de 3 tres días manifieste lo que a su representación corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA TUTORA Y FISCAL. (.)" Siendo este el acto aquí reclamada. Posteriormente, en seis de octubre de dos mil veintiuno, se emplazó a juicio a la demandada, por lo que, mediante escrito presentado el veintidós de octubre siguiente, pretendió contestar la demanda, el cual fue acordado en proveído de veintisiete de octubre siguiente, en sentido negativo y, con relación a la medida cautelares el juez de origen acordó: "Medidas cautelares Respecto de las medidas cautelares que solicita la demandada Eréndira Martínez Ruíz, dígasele que previamente a resolver en cuanto al fondo las mismas, y tomando en consideración que ésta indica que existe un joven presuntamente discapacitado, este tribunal de conformidad al artículo 17 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, señala las nueve horas con diez minutos del diez de noviembre del año en curso, para que se lleve a cabo la celebración de una audiencia de conciliación entre las partes; en el entendido de que a dicha diligencia deberán comparecer las partes personalmente, sin mandatarios, abogados patronos o asesores, a quienes se les ordena notificar personalmente, NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AMBAS PARTES. En el entendido que de no comparecer alguna de las partes, este juzgado resolverá lo conducente a la pertinencia y admisión de las mismas. (.)" Luego, es un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que en autos del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, adjunto al informe previo que rindió la responsable a través del oficio 2176/2021 de fecha cinco de noviembre pasado, obra copia autógrafa del proveído emitido en esa misma fecha, en el que, en cumplimiento a la suspensión provisional, acordó lo relativo conforme al numeral 260 del Código Familiar local, en los siguientes términos: "I. Separar a los cónyuges, considerando para tal efecto, las circunstancias personales de cada uno. En primer lugar, tenemos que, de acuerdo a lo que hasta estos momentos se advierte de autos, el domicilio que se constituyó como conyugal, fue el ubicado en la calle Colombia, número ochenta y ocho, además, se advierte que ambas partes se encuentran cohabitando en domicilios diferentes, por tanto, se formaliza dicha separación de cónyuges, para los efectos legales a que haya lugar. Por su parte, previo acordar lo que en derecho corresponda respecto a la permanencia o posesión exclusiva a favor de la persona a quien se le solicita el divorcio sin expresión de causa, en relación al domicilio que sirvió como conyugal, mismo que de acuerdo a lo expuesto por los contendientes no es habitado por los mismos desde hace tres años aproximadamente, dígasele que deberá acreditar la necesidad y urgencia de dicha medida, máxime que, hasta estos momentos, la propiedad del bien en cuestión a favor de alguno de los contendientes ni en su caso, que el inmueble efectivamente se encuentre desocupado, no se encuentra acreditado en autos; lo anterior, de conformidad al numeral 847 de la ley local familiar. II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas. Este juzgador decreta como pensión alimenticia, a favor de la niña M.N.S.M., quien goza de la presunción de necesitar alimentos por parte de su progenitor de nombre Omar Sierra Ponce de conformidad al artículo 452 del código familiar, se fijan alimentos provisionales a favor de los niños, en términos del artículo 464, fracción I, de la legislación invocada, en concordancia a los artículos 26 apartado B párrafos penúltimo y último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, fracción I, II, III, la cantidad de equivalente al 25% veinticinco por ciento del total de las percepciones que obtiene el deudor alimentista con motivo de su trabajo, a partir del veintidós de octubre pasado, hasta en tanto se resuelva en definitiva esta controversia; lo anterior se decreta de esta manera, ya que, se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 462 del aludido Código Familiar, ya que se anexa la certificación del acta natal de la niña del que se desprende que su progenitor lo es Sierra Ponce, lo anterior, tomando en cuenta que el propio obligado alimentista hace alusión a que labora el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, de lo que permite inferir, aun de manera indiciaria, que el actor cuenta con un trabajo fijo del cual obtiene ingresos suficientes para la fijación de esta medida cautelar; por tanto, se ordena enviar atento oficio a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, para que se sirva realizar el descuento correspondiente de cualquiera de las siguientes formas: 1. Entregando directamente la pensión a la demandada, deducción que deberá aplicarse en la misma periodicidad en la que obtenga su salario; o bien la deposite en la cuenta que señale la señora Eréndira Martínez Ruíz; 2. La consigne en este Tribunal mediante cheque, para estar en condiciones de entregarla la acreedora alimentaria; 3. Lo consigne mediante depósito por conducto del Banco Nacional de México, a través del Sistema de Depósito y Pagos del Poder Judicial (SIDEPA), es decir, por la suma referida en líneas anteriores; 4. En caso de renuncia por parte del deudor alimentario en su fuente de trabajo, deberá hacérsele la retención de su liquidación, para que sea entregada la suma que en su momento se determine a favor de la acreedora alimentista a fin de no dejarla desprotegida, virtud a la obligación que tiene el Estado de preservar cuestiones de orden público. Quedando a disposición de la parte interesada dicho medio de comunicación procesal a efecto de que lo haga llegar a su destino. a. Alimentos provisionales solicitados para la señora Eréndira Martínez Ruíz. Dígasele que previo acordar lo que en derecho corresponda, deberá acreditar la necesidad y urgencia de la misma, de conformidad al numeral 847 de la ley local familiar, tomando en consideración que, no se encuentra en los supuestos normativos del numeral 452 del ordenamiento en cita. (.) IIII. Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad. Como lo solicita la parte a quien se le solicita el presente divorcio sin expresión de causa la señora Eréndira Martínez Ruíz, se le decreta a su favor la guarda y custodia provisional de su hija M.N.S.M., tomando en consideración que, de acuerdo a la interpretación integra de este asunto, se colige que actualmente se encuentra bajo su cuidado y protección, manifestaciones que se deben de tomar en cuenta para esta decisión judicial, ya que, se presume la buena fe con la que se conducen las partes dentro de los procesos familiar; además, por el momento, no existe algún indicio que evidencie que la niña inmiscuida corra riesgo al lado de su progenitora; medida cautelar que se decreta durante el trámite del presente asunto, hasta en tanto se resuelva en definitiva, o en su caso, si las circunstancias particulares por medio de las cuales se decretó esta medida cautelar han cambiado. IV. La forma en que el cónyuge que no tenga la guarda y custodia deberá convivir con sus hijos menores de edad o con discapacidad. En atención a las facultades de los numerales 932 y 1006 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en el que el juez tiene la potestad legal de decretar en todo tiempo medios probatorios a fin de llegar al conocimiento de la verdad sobre los puntos litigios de un caso en concreto, y además el derecho de la menor involucrada de ser escuchada, así como actuar dentro de los procedimientos jurisdiccionales, se señalan las 9:30 nueve horas con treinta minutos del día diecinueve de noviembre del año en curso, a fin de que tenga verificativo una audiencia donde se escuchará a la menor hija de los contendientes M.N.S.M., recabando su opinión al respecto, directamente si su edad y condiciones lo permiten, o bien, por conducto de su tutora especial nombrada, dando fe en su caso, de su presentación y condiciones generales a fin de garantizar la expresión libre de dicha adolescente; en el entendido que dicha audiencia, será video grabada, y desarrollada en el Centro de Convivencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. (.)" QUINTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio, esta Juzgadora advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ordinario oral familiar 664/2021, en que se admitió a trámite el juicio de divorcio sin expresión de causa promovido por Omar Sierra Ponce frente a Eréndira Martínez Ruiz. Determinación que no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de un juicio. Esto es así atendiendo a que tanto la presentación de la demanda y el auto de admisión, son actos dentro de procedimiento los cuales únicamente tienen como finalidad el dar inicio a este, ello es así, atendiendo a lo que señalan los artículos 968, 969 y 972 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, los que a la letra dicen: "Artículo 968. Los efectos de la presentación de la demanda son señalar el principio de la instancia e interrumpir la prescripción si no lo está por otros medios. Artículo 969. Los efectos del emplazamiento son: I. Prevenir el juicio a favor del juez que lo ordene; II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó, siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación al demandado, porque este cambie de domicilio o por otro motivo legal; y, III. Obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó, salvo siempre el derecho de provocar la incompetencia. Artículo 972. Al analizar la demanda el juez revisará oficiosamente la vía propuesta, admitiéndola en la que legalmente corresponda, ordenando con las copias de la misma y los documentos que se acompañan emplazar al demandado, a fin de que, en un plazo de nueve días, ocurra a producir su contestación por escrito, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos por el actor, confesándolos o negándolos, así como, en su caso, interponer excepciones." En este contexto, el auto que admite a trámite la demanda de divorcio sin expresión de causa no es un acto de imposible reparación, puesto que, con la sola admisión del juicio no se priva a la parte inconforme de algún derecho sustantivo, en la medida que no se está definiendo el asunto, y tampoco constituye un acto procesal que la afecte en grado predominante o superior, en razón de que, al darse entrada al juicio, y ordenar el emplazamiento a juicio a la demanda -aquí quejosa-, puede intervenir en el procedimiento, haciendo valer los argumentos que estime pertinentes, los cuales pueden verse favorecidos al dictarse la determinación que la resuelva y, en caso contrario, podrán repararse en el amparo directo que se promueva en su contra. De tal manera, que al no contener el auto reclamado la orden de afectar de forma directa e inmediata algún derecho sustantivo, se considera improcedente el amparo. No se soslaya el hecho de que la promovente acude al juicio de amparo, pues considera que le causa afectación la admisión del juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa, atendiendo a que la responsable desde inicio no fijó las medidas cautelares a que se refiere el artículo 260 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, el cual señalada: "Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: I. Separar a los cónyuges, considerando para tal efecto, las circunstancias personales de cada uno; II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; III. Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad; IV. La forma en que el cónyuge que no tenga la guarda y custodia deberá convivir con sus hijos menores de edad o con discapacidad; V. Las necesarias para que no se causen daño en su persona o en sus bienes; y, VI. Las demás que considere necesarias el juez. La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos legalmente previstos." Sin embargo, es de hacer notar que al haber sido emplazada al juicio y ser parte demandada, se encontraba en condiciones de acudir ante el Juez Familiar de origen a efecto de solicitar se pronunciara al respecto; lo que incluso así hizo al momento de contestar la demanda mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el cual, si bien no fue admitido por ser presentado de manera extemporánea, sin embargo, el Juez Familiar si se pronunció respecto a su petición, señalando que para resolver respecto de las mismas, fijó las nueve horas con diez minutos del diez de noviembre del año en curso, para que se llevara a cabo la celebración de una audiencia de conciliación entre las partes. Aunado a que, como se hizo notar en los antecedentes, es un hecho notorio que en cumplimiento a la suspensión provisional, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Familiar se pronunció sobre las medidas cautelares, reservando únicamente el pronunciamiento respecto de los alimentos provisionales solicitados por la aquí quejosa. Con lo que queda evidenciado que no existe una violación a derechos sustantivos respecto de la quejosa directa o de la menor que representa, que origine la procedencia del juicio de amparo. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, es evidente que lo procedente es SOBRESEER en el juicio respecto del acto reclamado antes precisado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Atento al sentido del presente fallo, resulta jurídicamente imposible estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contra el acto reclamado a la autoridad, pues frente al análisis del fondo del asunto se actualizó una improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada, y por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, esta juzgadora se encuentra impedida para analizar su fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Respalda esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubor y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Asimismo, no se soslaya que la Fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, éstos se atendieron al precisar la existencia de los actos reclamados. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eréndira Martínez Ruiz, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales M.N.S.M., por los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo y en términos del considerando quinto, del presente fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el considerando séptimo, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Janette Pérez García, con quien actúa y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Manifestaciones. Agréguese el escrito de cuenta, signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad; a través del cual, hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional, que la audiencia de conciliación decretada para el día diez de noviembre del presente año, no fue llevada a cabo, dada la incomparecencia de ambas partes. Asimismo, manifiesta que lo anterior lo informa, tomando en cuenta que al momento de concederse la suspensión definitiva, se hizo alusión que al no conocerse el resultado de dicha audiencia, es que resultó procedente el dictado de la suspensión definitiva. De todo lo cual, esta juzgadora toma conocimiento. Notifíquese; a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

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