Eric Rafael Baquedano Mézquita y Otros.

Expediente 74/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
74/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2019

Partes del expediente

  • Eric Rafael Baquedano Mézquita
  • Eric Rafael Baquedano Mézquita y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a ocho de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en razón de la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintidós de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Eric Rafael Baquedano Mezquita, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, demanda presentada con siete copias y sin anexos. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto del acto que se impugna por esta vía constitucional consistente en el acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en autos del juicio administrativo 531/2018, en el que se declaró incompetente para conocer del juicio administrativo interpuesto por el quejoso en contra del Gobierno del Estado de Yucatán, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) todos del Estado de Yucatán, y remite los autos al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, este aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, y (.)" Este supuesto, ha sido interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, se encuentra condicionada a que estos sean definitivos; lo que significa, que el amparo solo debe promoverse una vez que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia, la acepta. Lo anterior, explicó el alto tribunal, porque es en ese momento (aceptación de la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia) cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencia del acto reclamado, pues puede darse el caso de no aceptación de la competencia, lo que originara un conflicto que deberá ser previamente dilucidado. Estos razonamientos se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J. 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." La cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Como se expuso, el acto reclamado en este juicio de amparo, consiste en el acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en autos del juicio administrativo 531/2018, en el que se declaró incompetente para conocer del juicio administrativo interpuesto por el quejoso en contra del Gobierno del Estado de Yucatán, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) todos del Estado de Yucatán, y remite los autos al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. Por tanto, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte la respuesta relativa a la competencia declinada por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, por lo que es evidente que se actualiza la invocada causa de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado no es definitivo, pues no se trata de la aceptación de competencia del órgano que el Tribunal resolvió debe conocer del juicio de origen. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Eric Rafael Baquedano Mezquita, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción VIII, este aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo. Ténganse como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en los términos restringidos a los que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala en la misma; lo anterior, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo. Con relación a la solicitud de que se les reconozca el carácter de apoderados y representantes legales a los citados autorizados, no se accede a la misma, en virtud de que no acompañó documento alguno que acredite tal carácter, ni existe en autos constancia alguna que permita tener por comprobado que tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable. Asimismo, por lo que respecta a la petición del uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos; hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." Como lo manifiesta la parte quejosa en su escrito de demanda, se tiene a la misma por anuente y de acuerdo en que se publique sin supresión de datos, incluyendo los personales, la sentencia y resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe. Hago constar: Que el presente juicio de amparo quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número 74/2019-II. Conste. Edith

  3. Principal

    II. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Eric Rafael Baquedano Mezquita, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, demanda presentada con siete copias y sin anexos. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto del acto que se impugna por esta vía constitucional consistente en el acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en autos del juicio administrativo 531/2018, en el que se declaró incompetente para conocer del juicio administrativo interpuesto por el quejoso en contra del Gobierno del Estado de Yucatán, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) todos del Estado de Yucatán, y remite los autos al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, este aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, y (.)" Este supuesto, ha sido interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, se encuentra condicionada a que estos sean definitivos; lo que significa, que el amparo solo debe promoverse una vez que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia, la acepta. Lo anterior, explicó el alto tribunal, porque es en ese momento (aceptación de la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia) cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencia del acto reclamado, pues puede darse el caso de no aceptación de la competencia, lo que originara un conflicto que deberá ser previamente dilucidado. Estos razonamientos se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J. 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." La cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Como se expuso, el acto reclamado en este juicio de amparo, consiste en el acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en autos del juicio administrativo 531/2018, en el que se declaró incompetente para conocer del juicio administrativo interpuesto por el quejoso en contra del Gobierno del Estado de Yucatán, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) todos del Estado de Yucatán, y remite los autos al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. Por tanto, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte la respuesta relativa a la competencia declinada por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, por lo que es evidente que se actualiza la invocada causa de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado no es definitivo, pues no se trata de la aceptación de competencia del órgano que el Tribunal resolvió debe conocer del juicio de origen. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Eric Rafael Baquedano Mezquita, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción VIII, este aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo. Ténganse como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en los términos restringidos a los que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala en la misma; lo anterior, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo. Con relación a la solicitud de que se les reconozca el carácter de apoderados y representantes legales a los citados autorizados, no se accede a la misma, en virtud de que no acompañó documento alguno que acredite tal carácter, ni existe en autos constancia alguna que permita tener por comprobado que tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable. Asimismo, por lo que respecta a la petición del uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos; hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." Como lo manifiesta la parte quejosa en su escrito de demanda, se tiene a la misma por anuente y de acuerdo en que se publique sin supresión de datos, incluyendo los personales, la sentencia y resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe. Hago constar: Que el presente juicio de amparo quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número 74/2019-II. Conste. Edith

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