Eric Rafael Baquedano Mézquita y Otros.

Expediente 1404/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1404/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
29/10/2019

Partes del expediente

  • Eric Rafael Baquedano Mézquita y Otros.
  • Eric Rafael Baquedano Mézquita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y la certificación que antecede, de los que se desprende, que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por Carlos Simón Suárez Lire, apoderado de la parte quejosa en este asunto, mediante el cual cumple la prevención que se le hizo en proveído de nueve de los cursantes y señala cuales son las pruebas que le fueron desechadas en el juicio de origen, lo cual representa el acto reclamado en este asunto. Ahora bien, en atención al contenido de los escritos de demanda y aclaratorio se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. A criterio de quien esto resuelve, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo, que establecen: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita, se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto, por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir, los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto reclamado, no puede ser considerado como de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. En el caso, el acto reclamado se traduce en el auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desecharon las pruebas ofrecidas por la parte actora, aquí quejosa, en su demanda y ampliación, en el juicio laboral de origen 321/2018. Por tanto, resulta claro que dicha determinación, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de acto establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través de dicha resolución reclamada no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución reclamada, máxime que de no ser así la violación que alega puede hacerse valer en el amparo directo que en contra de la sentencia que se promueva, como lo señala el artículo 171 de la Ley de amparo, al constituirse una violación procesal a la prevista en la fracción III del artículo 172 de la citada Ley. En otras palabras, el efecto que produce el acto combatido, se actualizaría al dictarse el fallo, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo del acto reclamado, se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascienda al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En esa tesitura, es claro que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues dicho acto reclamado, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por lo que cuando la referida resolución, en la secuela de un juicio laboral únicamente afecta partes substanciales de ese procedimiento, ocasionando una violación a las leyes que lo rigen, la vía idónea para combatir tal violación lo es el amparo directo que se promueva contra del laudo dictado en aquél, pues a través de esa resolución que se emita en el juicio de origen previamente agotando los medios de defensa, se actualizara la citada violación procesal. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que entre las pruebas que aduce la parte quejosa que le fueron desechadas, se encuentran las inspecciones en documentos de los archivos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, Secretaría de la Juventud del Estado y del Consejo Estatal de Población, probanzas que pudieran considerarse excepción para la procedencia del amparo indirecto; sin embargo, dicha afectación no le causa agravió al aquí quejoso, pues no se trata de inspecciones relativas a sus documentos, sino a los de las dependencias antes mencionadas. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la tesis I.6º.C245 C, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial del Federación y su Gaceta en la página 1214, tomo XV, abril 2002, con número de registro 187323, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE, POR EXCEPCIÓN, CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL DIVERSO QUE ADMITE PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE, DE DOCUMENTOS QUE, AUNQUE SEAN EN COPIAS CERTIFICADAS, DEJARÍAN EN EVIDENCIA ASPECTOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LA QUEJOSA. Es cierto que el desechamiento de un recurso constituye una violación de tipo procesal conforme al artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo, y que también se ha equiparado como violación de la misma naturaleza la admisión de pruebas de la contraparte, de acuerdo con la fracción XI de dicho precepto; sin embargo, también se advierte que al desechar el recurso de revocación intentado contra el auto que admite pruebas a la actora y requiere a la reo para que las exhiba, aunque sean en copia certificada con el apercibimiento respectivo, puede ocasionarse una ejecución dentro del juicio que no podría ser reparada en la sentencia definitiva que se llegara a dictar en el contradictorio, aunque aquélla pudiera serle favorable a la impetrante, toda vez que siendo la quejosa una sociedad cooperativa, al exigírsele el inventario de bienes, los estados financieros de ejercicios fiscales, certificados de aportación que la actora hubiere cubierto a la demandada y el libro talonario del registro de certificados de aportación de los cooperativistas, significa una intromisión directa en los libros de contabilidad y en la administración de la empresa que sí puede resultar de imposible reparación, por lo que si el efecto que produce el desechamiento del recurso a la reo es dejar firme el auto que admite a la contraria las pruebas que se relacionen con la contabilidad y administración de la amparista, se está en un caso de excepción a la regla general de que las violaciones procesales sólo sean materia de amparo directo, porque con la recepción de las citadas documentales se podría ocasionar a la quejosa un daño de imposible reparación al quedar en evidencia aspectos generales de su contabilidad y administración, lo cual determina la procedencia del amparo indirecto en contra de un acto de autoridad de tal naturaleza." También en sentido contrario, la diversa tesis IV.2o.P.C.17 C sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial del Federación y su Gaceta en la página 806, tomo XII, julio 2000, con número de registro 191616, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORMES SOBRE DATOS CONTABLES. SU DESAHOGO DENTRO DE JUICIO ES DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. Si con la prueba documental en vía de informes se pretende obtener datos confidenciales del quejoso, relativos a cuentas bancarias y otros documentos propios de su contabilidad a fin de ponerse a la vista de terceros, entonces, debe estimarse que el desahogo de tal probanza, por sí misma, genera consecuencias irreparables desde el momento de su realización, afectando de manera directa e inmediata derechos sustantivos contenidos en la Carta Magna, pues aunque llegase a obtener sentencia favorable, ello no destruiría fácticamente las consecuencias materiales causadas por el acto de molestia en sus posesiones y papeles, a cuya privacidad tiene derecho. En el evento apuntado, se produce un similar sentido de afectación al que se ocasiona en el caso del desahogo de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte del quejoso, tratado en la jurisprudencia número 399 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Materia Común, página 268, cuyo rubro dice: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES, QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.", y en esa tesitura, es concluyente que se está en presencia de una violación producida dentro de juicio que, por ser de ejecución irreparable, es susceptible de combatirse en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que, como violación puramente procedimental, sea impugnable en amparo directo." En consecuencia, por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Simón Suárez Lire, apoderado y representante de Eric Rafael Baquedano Mezquita, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    I. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por Carlos Simón Suárez Lire, apoderado de la parte quejosa en este asunto, mediante el cual cumple la prevención que se le hizo en proveído de nueve de los cursantes y señala cuales son las pruebas que le fueron desechadas en el juicio de origen, lo cual representa el acto reclamado en este asunto. Ahora bien, en atención al contenido de los escritos de demanda y aclaratorio se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. A criterio de quien esto resuelve, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo, que establecen: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita, se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto, por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir, los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto reclamado, no puede ser considerado como de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. En el caso, el acto reclamado se traduce en el auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desecharon las pruebas ofrecidas por la parte actora, aquí quejosa, en su demanda y ampliación, en el juicio laboral de origen 321/2018. Por tanto, resulta claro que dicha determinación, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de acto establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través de dicha resolución reclamada no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución reclamada, máxime que de no ser así la violación que alega puede hacerse valer en el amparo directo que en contra de la sentencia que se promueva, como lo señala el artículo 171 de la Ley de amparo, al constituirse una violación procesal a la prevista en la fracción III del artículo 172 de la citada Ley. En otras palabras, el efecto que produce el acto combatido, se actualizaría al dictarse el fallo, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo del acto reclamado, se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascienda al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En esa tesitura, es claro que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues dicho acto reclamado, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por lo que cuando la referida resolución, en la secuela de un juicio laboral únicamente afecta partes substanciales de ese procedimiento, ocasionando una violación a las leyes que lo rigen, la vía idónea para combatir tal violación lo es el amparo directo que se promueva contra del laudo dictado en aquél, pues a través de esa resolución que se emita en el juicio de origen previamente agotando los medios de defensa, se actualizara la citada violación procesal. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que entre las pruebas que aduce la parte quejosa que le fueron desechadas, se encuentran las inspecciones en documentos de los archivos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, Secretaría de la Juventud del Estado y del Consejo Estatal de Población, probanzas que pudieran considerarse excepción para la procedencia del amparo indirecto; sin embargo, dicha afectación no le causa agravió al aquí quejoso, pues no se trata de inspecciones relativas a sus documentos, sino a los de las dependencias antes mencionadas. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la tesis I.6º.C245 C, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial del Federación y su Gaceta en la página 1214, tomo XV, abril 2002, con número de registro 187323, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE, POR EXCEPCIÓN, CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL DIVERSO QUE ADMITE PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE, DE DOCUMENTOS QUE, AUNQUE SEAN EN COPIAS CERTIFICADAS, DEJARÍAN EN EVIDENCIA ASPECTOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LA QUEJOSA. Es cierto que el desechamiento de un recurso constituye una violación de tipo procesal conforme al artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo, y que también se ha equiparado como violación de la misma naturaleza la admisión de pruebas de la contraparte, de acuerdo con la fracción XI de dicho precepto; sin embargo, también se advierte que al desechar el recurso de revocación intentado contra el auto que admite pruebas a la actora y requiere a la reo para que las exhiba, aunque sean en copia certificada con el apercibimiento respectivo, puede ocasionarse una ejecución dentro del juicio que no podría ser reparada en la sentencia definitiva que se llegara a dictar en el contradictorio, aunque aquélla pudiera serle favorable a la impetrante, toda vez que siendo la quejosa una sociedad cooperativa, al exigírsele el inventario de bienes, los estados financieros de ejercicios fiscales, certificados de aportación que la actora hubiere cubierto a la demandada y el libro talonario del registro de certificados de aportación de los cooperativistas, significa una intromisión directa en los libros de contabilidad y en la administración de la empresa que sí puede resultar de imposible reparación, por lo que si el efecto que produce el desechamiento del recurso a la reo es dejar firme el auto que admite a la contraria las pruebas que se relacionen con la contabilidad y administración de la amparista, se está en un caso de excepción a la regla general de que las violaciones procesales sólo sean materia de amparo directo, porque con la recepción de las citadas documentales se podría ocasionar a la quejosa un daño de imposible reparación al quedar en evidencia aspectos generales de su contabilidad y administración, lo cual determina la procedencia del amparo indirecto en contra de un acto de autoridad de tal naturaleza." También en sentido contrario, la diversa tesis IV.2o.P.C.17 C sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial del Federación y su Gaceta en la página 806, tomo XII, julio 2000, con número de registro 191616, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORMES SOBRE DATOS CONTABLES. SU DESAHOGO DENTRO DE JUICIO ES DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. Si con la prueba documental en vía de informes se pretende obtener datos confidenciales del quejoso, relativos a cuentas bancarias y otros documentos propios de su contabilidad a fin de ponerse a la vista de terceros, entonces, debe estimarse que el desahogo de tal probanza, por sí misma, genera consecuencias irreparables desde el momento de su realización, afectando de manera directa e inmediata derechos sustantivos contenidos en la Carta Magna, pues aunque llegase a obtener sentencia favorable, ello no destruiría fácticamente las consecuencias materiales causadas por el acto de molestia en sus posesiones y papeles, a cuya privacidad tiene derecho. En el evento apuntado, se produce un similar sentido de afectación al que se ocasiona en el caso del desahogo de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte del quejoso, tratado en la jurisprudencia número 399 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Materia Común, página 268, cuyo rubro dice: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES, QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.", y en esa tesitura, es concluyente que se está en presencia de una violación producida dentro de juicio que, por ser de ejecución irreparable, es susceptible de combatirse en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que, como violación puramente procedimental, sea impugnable en amparo directo." En consecuencia, por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Simón Suárez Lire, apoderado y representante de Eric Rafael Baquedano Mezquita, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Simón Suárez, quien se ostenta apoderado y representante de Eric Rafael Baquedano Mezquita, en contra de los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, la cual fue exhibida con seis copias y un anexo. Se reconoce la personalidad que ostenta el ocursante, en términos de la copia con firmas autógrafas y sellos originales de la audiencia de veinticinco de junio del año en curso, que anexó a su demanda. En consecuencia, se ordena formar el expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1404/2019-I. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, en especial del capítulo de acto reclamado se advierte que la parte quejosa señala como tal, el auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, por el que la autoridad señalada como responsable desechó las pruebas ofrecidas por la parte actora en el juicio laboral de origen en su escrito inicial de demanda y su ampliación, sin especificar qué tipo de probanzas le fueron desechadas; además que tampoco se advierte de los antecedentes del acto reclamado, cuál es la naturaleza de las pruebas aludidas. En tales consideraciones y a efecto de acordar lo relativo a la presente demanda de amparo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracciones IV y 114, fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, precise de manera clara: Cuál es la naturaleza de las pruebas que aduce le fueron desechadas en el juicio laboral de origen y que manifiesta que se relacionaron en los escritos de demanda y de su ampliación, del juicio laboral 321/2018. Con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, se estima aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: Número P.J 36/2001, publicada en el folio 79, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Apercíbase a la parte quejosa en el sentido que de no subsanar la prevención señalada dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a las personas que señala en su escrito de demanda. Por último, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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