Eric Garcia Roman

Expediente 522/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
522/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Eric Garcia Roman

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de julio de dos mil dieciocho. Como de la certificación de cuenta, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo promovida por - Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por los apoderados jurídicos del - carácter que acreditan con las constancias que anexaron a su demanda -poder general para pleitos y cobranzas- presentada contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; señalando como acto reclamado el siguiente: "...IV. Acto Recalamdo, El fallo de fecha 08, ocho de febrero del año 2018, dos mil dieciocho, emitido por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia, en materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que recayó a la excepción de Incompetencia por Declinatoria opuesta a las acciones ejercitadas en el Juicio Oral Mercantil expediente 747/2017, que sobre pago de pesos y otras promovió -, frente a nuestro mandante Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y otros, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán." Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "El amparo indirecto procede:. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el quejoso, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros -los que lesionan los derechos sustantivos del agraviado- los cuales se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, virtud a que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del impetrante de garantías. Por tanto, se estima que el auto que los impetrantes señalan como acto reclamado en el que la autoridad responsable declaró infundadas las excepciones de incompetencia así como las procesales por declinatoria que opusieron los mismos y determinó seguir conociendo del juicio oral mercantil que dio origen al presente asunto; no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que es una determinación que se hace dentro del proceso de origen y la misma no afecta derechos sustantivos, ya que esto depende del desenlace de dicho asunto -juicio oral mercantil 747/2017-, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; por ende, resulta indudable que el auto reclamado es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio al quejoso, en consecuencia, no irroga ningún perjuicio al quejoso. Es aplicable a la anterior conclusión la Jurisprudencia de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 992, Libro 10, Septiembre de dos mil catorce, Tomo II, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 55/2003, sostuvo que el juicio de amparo indirecto procede, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada debe reponerse el procedimiento, lo que trae como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, ese criterio fue pronunciado conforme al marco legal anterior al 3 de abril de 2013. Ahora bien, en observancia a la diversa jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", procede establecer que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal previó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que, sin ulterior recurso, desecha o desestima la excepción de falta de competencia, pues para la promoción de dicho juicio contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De acuerdo con lo anterior, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 55/2003, e improcedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que aquélla se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento.". Así como la tesis de jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Agosto dos mil catorce, Tomo III, Materia Común, página 1742, bajo el rubro y texto siguiente: "EXCEPCIÓN DE COMPETENCIA POR INHIBITORIA O DECLINATORIA. SI ES INFUNDADA O SE DESECHA, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO PORQUE NO TIENE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A UN DERECHO SUSTANTIVO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por el sentido claramente positivo en que está redactado el texto de que se trata, un análisis en sentido contrario permite establecer que si la resolución jurisdiccional niega la declaratoria de inhibición o no declina la competencia o el conocimiento de un asunto, el juicio será improcedente. Tal aspecto positivo de la resolución judicial es relevante, porque acorde con el supuesto de procedencia genérico contra actos en juicio, la afectación debe ser material, directa e inmediata a un derecho sustantivo, lo que implica que la hipótesis de procedencia respecto del fallo que resuelve una excepción de incompetencia y la declara fundada con la consecuencia de la inhibición o que proceda declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, es un caso de excepción. Este órgano colegiado no desconoce que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, el juicio constitucional en la vía indirecta procedía en forma excepcional contra resoluciones que desechaban o estimaban infundada la excepción de incompetencia conforme a la jurisprudencia plenaria que apreciaba que se trataba de un acto que afectaba a las partes en grado predominante o superior, no obstante que se tratara de una violación formal, adjetiva o procesal, pues de ser ésta fundada, se debería reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional. Así lo establecía la jurisprudencia P./J. 55/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XVIII, septiembre de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.". Sin embargo, en la actual redacción de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se recogió el concepto jurisprudencial de afectación en grado predominante o superior como un criterio para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta. Lo que sí ocurrió, por ejemplo, con la acepción jurisprudencial de los actos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, según se definió por dos veces en el artículo 107 del mencionado cuerpo legal, en sus fracciones III, inciso b) y V, respectivamente. No obsta a la anterior consideración, el hecho de que el artículo 170, fracción I, cuarto párrafo, de la nueva Ley de Amparo, señale que para determinar la procedencia de la acción constitucional contra normas generales por cuestiones surgidas dentro del juicio se atenderá a los efectos que producen, pues si entrañan una reparación posible por no afectar derechos sustantivos, si no se trata de una violación procesal predominante, sólo podrá hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la sentencia definitiva. Es así, porque la regulación específica de procedencia del amparo vía indirecta está en el invocado artículo 107, y se complementa con el citado artículo 170, que regula el amparo directo, en ese supuesto específico, que no puede ser base para desconocer el texto del artículo 107. Además del artículo 172, fracción X, de la propia ley, deriva que en los juicios tramitados ante los tribunales civiles, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se continúe el procedimiento después de haberse promovido una excepción de competencia. Lo que implica que la norma distingue el supuesto en que la cuestión de competencia es infundada o se desecha, casos en los cuales se continúa conociendo del asunto; contra el efecto contrario de cuando la excepción declinatoria o inhibitoria es fundada y provoca que se deje de conocer del asunto y que pueda conocer otro Juez o que se remita a otro fuero o jurisdicción." En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que el auto que constituye el acto reclamado, no es de aquéllas que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no es un acto de imposible reparación, ni definitivo para los efectos del amparo indirecto, virtud a que está supeditada a la sentencia que dicte la autoridad responsable, la cual sería en todo caso, la que cause el agravio en los derechos sustantivos de la parte quejosa, misma que pudiera ser impugnada a través del amparo directo. Y siendo esto así, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Hágase la devolución de las documentales a que aluden los promoventes previa copia certificada y acuse de recibo que de ello se deje en autos. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y por autorizadas para tal efecto a las personas que indican.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por los apoderados jurídicos del - carácter que acreditan con las constancias que anexaron a su demanda -poder general para pleitos y cobranzas- presentada contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; señalando como acto reclamado el siguiente: "...IV. Acto Recalamdo, El fallo de fecha 08, ocho de febrero del año 2018, dos mil dieciocho, emitido por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia, en materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que recayó a la excepción de Incompetencia por Declinatoria opuesta a las acciones ejercitadas en el Juicio Oral Mercantil expediente 747/2017, que sobre pago de pesos y otras promovió -, frente a nuestro mandante Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y otros, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán." Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "El amparo indirecto procede:. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el quejoso, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros -los que lesionan los derechos sustantivos del agraviado- los cuales se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, virtud a que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del impetrante de garantías. Por tanto, se estima que el auto que los impetrantes señalan como acto reclamado en el que la autoridad responsable declaró infundadas las excepciones de incompetencia así como las procesales por declinatoria que opusieron los mismos y determinó seguir conociendo del juicio oral mercantil que dio origen al presente asunto; no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que es una determinación que se hace dentro del proceso de origen y la misma no afecta derechos sustantivos, ya que esto depende del desenlace de dicho asunto -juicio oral mercantil 747/2017-, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; por ende, resulta indudable que el auto reclamado es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio al quejoso, en consecuencia, no irroga ningún perjuicio al quejoso. Es aplicable a la anterior conclusión la Jurisprudencia de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 992, Libro 10, Septiembre de dos mil catorce, Tomo II, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 55/2003, sostuvo que el juicio de amparo indirecto procede, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada debe reponerse el procedimiento, lo que trae como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, ese criterio fue pronunciado conforme al marco legal anterior al 3 de abril de 2013. Ahora bien, en observancia a la diversa jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", procede establecer que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal previó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que, sin ulterior recurso, desecha o desestima la excepción de falta de competencia, pues para la promoción de dicho juicio contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De acuerdo con lo anterior, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 55/2003, e improcedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que aquélla se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento.". Así como la tesis de jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Agosto dos mil catorce, Tomo III, Materia Común, página 1742, bajo el rubro y texto siguiente: "EXCEPCIÓN DE COMPETENCIA POR INHIBITORIA O DECLINATORIA. SI ES INFUNDADA O SE DESECHA, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO PORQUE NO TIENE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A UN DERECHO SUSTANTIVO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por el sentido claramente positivo en que está redactado el texto de que se trata, un análisis en sentido contrario permite establecer que si la resolución jurisdiccional niega la declaratoria de inhibición o no declina la competencia o el conocimiento de un asunto, el juicio será improcedente. Tal aspecto positivo de la resolución judicial es relevante, porque acorde con el supuesto de procedencia genérico contra actos en juicio, la afectación debe ser material, directa e inmediata a un derecho sustantivo, lo que implica que la hipótesis de procedencia respecto del fallo que resuelve una excepción de incompetencia y la declara fundada con la consecuencia de la inhibición o que proceda declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, es un caso de excepción. Este órgano colegiado no desconoce que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, el juicio constitucional en la vía indirecta procedía en forma excepcional contra resoluciones que desechaban o estimaban infundada la excepción de incompetencia conforme a la jurisprudencia plenaria que apreciaba que se trataba de un acto que afectaba a las partes en grado predominante o superior, no obstante que se tratara de una violación formal, adjetiva o procesal, pues de ser ésta fundada, se debería reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional. Así lo establecía la jurisprudencia P./J. 55/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XVIII, septiembre de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.". Sin embargo, en la actual redacción de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se recogió el concepto jurisprudencial de afectación en grado predominante o superior como un criterio para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta. Lo que sí ocurrió, por ejemplo, con la acepción jurisprudencial de los actos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, según se definió por dos veces en el artículo 107 del mencionado cuerpo legal, en sus fracciones III, inciso b) y V, respectivamente. No obsta a la anterior consideración, el hecho de que el artículo 170, fracción I, cuarto párrafo, de la nueva Ley de Amparo, señale que para determinar la procedencia de la acción constitucional contra normas generales por cuestiones surgidas dentro del juicio se atenderá a los efectos que producen, pues si entrañan una reparación posible por no afectar derechos sustantivos, si no se trata de una violación procesal predominante, sólo podrá hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la sentencia definitiva. Es así, porque la regulación específica de procedencia del amparo vía indirecta está en el invocado artículo 107, y se complementa con el citado artículo 170, que regula el amparo directo, en ese supuesto específico, que no puede ser base para desconocer el texto del artículo 107. Además del artículo 172, fracción X, de la propia ley, deriva que en los juicios tramitados ante los tribunales civiles, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se continúe el procedimiento después de haberse promovido una excepción de competencia. Lo que implica que la norma distingue el supuesto en que la cuestión de competencia es infundada o se desecha, casos en los cuales se continúa conociendo del asunto; contra el efecto contrario de cuando la excepción declinatoria o inhibitoria es fundada y provoca que se deje de conocer del asunto y que pueda conocer otro Juez o que se remita a otro fuero o jurisdicción." En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que el auto que constituye el acto reclamado, no es de aquéllas que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no es un acto de imposible reparación, ni definitivo para los efectos del amparo indirecto, virtud a que está supeditada a la sentencia que dicte la autoridad responsable, la cual sería en todo caso, la que cause el agravio en los derechos sustantivos de la parte quejosa, misma que pudiera ser impugnada a través del amparo directo. Y siendo esto así, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Hágase la devolución de las documentales a que aluden los promoventes previa copia certificada y acuse de recibo que de ello se deje en autos. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y por autorizadas para tal efecto a las personas que indican. Notifíquese.

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