Erendira Mendoza Oribio

Expediente 571/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
571/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Erendira Mendoza Oribio

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial se aprecia que el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como de la citada constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar, ni constancias que devolver; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el articulo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, uno de julio de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial se advierte que no se listó ni publicó el acuerdo dictado el treinta de junio del año en curso en el presente juicio de amparo; por tanto, se ordena publicar el citado proveído en esta fecha. Notifíquese.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, remitido vía electrónica por la apoderada de la parte quejosa, a través del cual, en cumplimiento a la prevención que se hizo en proveído de veintidós de junio pasado, exhibe digitalizado el acuerdo reclamado de veintisiete de mayo pasado, dictado en el juicio ordinario familiar sobre divorcio sin expresión de causa -, así como digitalización del escrito al que recayó el citado auto, respecto de los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad, son copias íntegras e inalteradas de los documentos impresos; por tanto se tiene por cumplido el requerimiento ahí formulado. Ahora bien, el acto reclamado consiste en el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno en el que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, en el que tomó tres determinaciones: La primera, en relación con la insistencia de la parte aquí quejosa, relativa a que se decretara la guarda y custodia provisional que solicitó en su escrito de demanda, determinó que debía estarse a lo acordado en diverso auto de doce de mayo del mismo año, pues era menester que se diera la vista al demandado sobre tal medida ordenada en dicho proveído, con la finalidad de resolver al respecto. La segunda, relativa a que no es el momento procesal para girar los exhortos y cartas rogatorias a fin de conocer los ingresos y capacidad económica del demandado, pues la admisión y preparación de las pruebas será materia de la audiencia preliminar. Y en tercer lugar, determinó que no había lugar a ordenar que la Actuaria se constituya nuevamente en el domicilio del demandado porque de la razón actuarial se obtiene que éste se encuentra fuera de México, y por ende no están dadas las condiciones legales para llevar a cabo el emplazamiento en los términos solicitados Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo?61, fracción XXIII,?en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los que establecen lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. En el caso concreto, este Juzgador?Federal?considera?que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo?61, fracción XXIII,?en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de?la Ley de Amparo, que prevén:?? ?? "Artículo 61.?El juicio de amparo es improcedente:?? (.)?? ?XXIII.?En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley".?? ?? "Artículo 107.?El amparo indirecto procede:?? (.)?? V.?Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que?afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)".?? ?? De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto?sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos?que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.?? ?? Luego, conforme a los artículos transcritos,?un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos?intraprocesales?que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus consecuencias pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo.?? Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la?posibilidad legal que la?parte?agraviada obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable.?? Acorde?con el artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al establecerse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino fue taxativo al indicar el significado de tal cuestión jurídica.?? Cabe señalar que de la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos?actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación?cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse?incluso?obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como?la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera.??? Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos?para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegarán??a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas.?? La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos?"que afecten materialmente derechos"?lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos?"derechos"?afectados materialmente revistan la categoría de derechos?"sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el?cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.?? Conforme a lo hasta aquí expuesto,?el acto?que se pretende reclamar?en esta instancia constitucional,?por su naturaleza,?no es de imposible irreparabilidad, ya que constituye una actuación que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano?es parte.?? Lo anterior es así, pues como ya se precisó, el acto reclamado consiste en el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno en el que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, en el que tomó tres determinaciones: La primera, en relación con la insistencia de la parte aquí quejosa, relativa a que se decretara la guarda y custodia provisional que solicitó en su escrito de demanda, determinó que debía estarse a lo acordado en diverso auto de doce de mayo del mismo año, pues era menester que se diera la vista al demandado sobre tal medida ordenada en dicho proveído, con la finalidad de resolver al respecto. La segunda, relativa a que no es el momento procesal para girar los exhortos y cartas rogatorias a fin de conocer los ingresos y capacidad económica del demandado, pues la admisión y preparación de las pruebas será materia de la audiencia preliminar. Y en tercer lugar, determinó que no había lugar a ordenar que la Actuaria se constituya nuevamente en el domicilio del demandado porque de la razón actuarial se obtiene que éste se encuentra fuera de México, y por ende no están dadas las condiciones legales para llevar a cabo el emplazamiento en los términos solicitados. En relación con la primer determinación contenida en el auto reclamado relativa a que es necesario que se realice la notificación para dar la vista al demandado previo a decretar la guardia y custodia provisional que solicita la accionante aquí quejosa, vista que ya fue ordenada en auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, no es una resolución que impacte derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que no constituye una negativa tajante de la responsable para decretar dicha medida y el hecho de que sea menester esperar a que fácticamente se otorgue la vista que ya fue ordenada a la parte demandada simplemente trastoca cuestiones adjetivas o procesales, pero de ninguna manera impide que la progenitora de la menor continúe desplegando los derechos y deberes correlativos a la guardia y custodia que como madre detenta respecto de su menor hija. Lo anterior, sin que pase desapercibido que en el auto reclamado se le indica a la promovente que deberá estarse a lo acordado en el anterior auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en cuyo caso, es ese auto el que le generaría no fue impugnado en la vía legal conducente, sino que la accionante insistió en su petición y con motivo de esto fue que se dictó el auto que ahora se pretende reclamar, en el cual, como ya se dijo, se reiteró la determinación anterior por lo que incluso es viable concluir que en ese apartado el acto reclamado es un acto derivado de otro que ya fue consentido. Por cuanto hace a la segunda determinación, relativa a que no es el momento procesal para girar los exhortos y cartas rogatorias a fin de conocer los ingresos y capacidad económica del demandado, pues la admisión y preparación de las pruebas será materia de la audiencia preliminar; ésta robustece el hecho de que el acto que se pretende reclamar no es de imposible reparación, toda vez que de los antecedentes narrados por la parte quejosa se desprende que la Jueza responsable ya decretó la pensión alimenticia provisional, por lo que el derecho a los alimentos no se ve afectado con dicha determinación, y si bien durante la secuela procedimental deberán allegarse y recabarse pruebas que denoten con certeza la capacidad económica del demandado a fin de que se provea sobre la pensión alimenticia definitiva, lo cierto es que postergar que se giren los exhortos y cartas rogatorias que la parte accionada solicitó para que se conozcan los ingresos y la capacidad económica del accionado, hasta la etapa conducente para ello, que en el caso según lo refirió la responsable es la audiencia preliminar, de ninguna manera lacera derechos sustantivos de la parte solicitante de amparo, sino que en todo caso le genera una molestia meramente procesal, que incluso quedaría subsanada una vez que se dicte sentencia definitiva en la que, de resultar procedente, se establezca una pensión alimenticia definitiva con base en las pruebas que se admitan y desahoguen durante el procedimiento. Finalmente, la calificación de que el acto reclamado no es de imposible reparación, también permea a la tercer determinación que adoptó la juez responsable en el auto que se pretende combatir, relativa a que no ha lugar a ordenar que la Actuaria se constituya nuevamente en el domicilio del demandado porque de la razón actuarial se obtiene que éste se encuentra fuera de México, y por ende no están dadas las condiciones legales para llevar a cabo el emplazamiento en los términos solicitados; ello en virtud de que tal determinación no implica una omisión, dilación o negativa que impida o obstaculice el emplazamiento de la parte accionada, tomando en consideración que la parte actora tiene expedito el derecho para hacer del conocimiento el domicilio del demandado, incluso si éste se encuentra en el extranjero, o bien, en caso de desconocerlo, puede solicitar al juez responsable que lo indague por las vías conducentes; de ahí que no se advierta afectación alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa, como lo son la vida, la libertad, la integridad física, la salud, la propiedad, la posesión, y/o el patrimonio por dar algunos ejemplos. Por tanto,?el acto que se pretende reclamar no constituye uno cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasiona consecuencias de carácter adjetivo?que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo.?? Esto es, dicha determinación no cumple con el requisito de?procedibilidad?de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a?contrario sensu, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, y ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, y 112 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente de manera electrónica.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por ********************, apoderada de ******************** y ésta en representación de su hija menor de edad de iniciales ********************, carácter que acredita según constancia secretarial en términos de los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo; regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número?II-571/2021-1, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:??? ?? "Artículo?114.?El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con?precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:??? I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;?? II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;?? III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;?? IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y?? V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]"?? ? Atento a lo establecido en dicho precepto y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional con fundamento en los numerales 11, 108, fracción I y IV, 112 y 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibidos de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, cumpla con lo siguiente: 1. Tomando en consideración que es parte en el juicio ordinario familiar y en ejercicio de la acción de divorcio sin expresión de causa ********************, transcriba en su totalidad el acuerdo que pretende reclamar de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno dictado en dicho juicio, o bien, exhiba copia simple o certificada del mismo, toda vez que en el apartado de hechos o abstenciones de su demanda la parte quejosa solicita tenerlo por reproducido como si a la letra se insertare, y si bien en el apartado de conceptos de violación hace alusión a segmentos del mismo, no se advierte la ilación y, por ende, el contenido total de dicho acuerdo. 2. Asimismo, deberá exhibir copia del escrito que presentó dicha parte y al que recayó el citado auto de veintisiete de mayo del año en curso, o bien, deberá transcribir la totalidad del ocurso que motivó el dictado del proveído que pretende reclamar. En la inteligencia que de no cumplir con la prevención formulada, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada su demanda de garantías. En el entendido de que la prevención precisada en párrafos precedentes, podrá desahogarse por la apoderada de la parte quejosa, o bien, por ésta misma, debiendo exhibir tantas copias sean necesarias de su escrito aclaratorio, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Apercibida que de no cumplir con la prevención realizada en el término concedido, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA su demanda, en términos del mencionado numeral 114 del ordenamiento legal invocado. Se hace del conocimiento de las partes, que en?caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de??????? internet del Portal de Servicios? en Línea del Poder Judicial de la Federación?http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea?a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.?? En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Asimismo, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta a la parte promovente con el nombre de usuario - en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por ese medio se le practiquen las notificaciones del presente asunto. Por otra parte, no ha lugar a tener por señalado el domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, toda vez que señaló expresamente el nombre de usuario antes señalado para recibir notificaciones de manera electrónica. De igual manera, tampoco ha lugar a tener por señalada la cuenta de correo electrónico precisada en el cuenta secretarial para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no provee ese medio para realizar las notificaciones; sin embargo, se tiene como dato de contacto, a través del cual, en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector el quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por oponiéndose a la publicación datos personales; por lo tanto en caso de resultar procedente la publicación de las resoluciones emitidas en este expediente se suprimirán los datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; lo anterior con independencia de que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; por lo tanto, al existir oposición expresa de la parte quejosa, publíquense las resoluciones que se emitan en este asunto, en los términos ya precisados Notifíquese personalmente de manera electrónica.??????

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