Eric Alexis Colín Araujo
Expediente 275/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Eric Alexis Colín Araujo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Director de lo Contencioso, adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaría de Salud y su Titular, mediante el cual solicita se le remita copia autorizada de la promoción presentada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el incidente de suspensión, así como del acuerdo que le recayó, a fin de realizar trámites administrativos; asimismo, señala domicilio y designa delegados y solicita que las constancias sean remitidas al correo electrónico que proporciona. En atención a su petición, remítanse copias de las constancias que solicita, las cuales le serán remitidas a través del correo electrónico que señala para tal efecto. Por otra parte, con fundamento en los artículos 9° y 28, fracción II de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio procesal de la autoridad responsable los señalados en la misiva de cuenta. **
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el diverso 8.1.2 apartado 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del referido Acuerdo, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se negó la suspensión definitiva, en términos del punto 8.1.2 apartado 3, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Notifíquese.
- Principal
ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 275/2023-IV-A; estando en audiencia pública Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria de Juzgado Ana Karen Userralde Hernández, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Abierta la audiencia, la Secretaria de Juzgado procede a realizar la relación de constancias que obran en el expediente electrónico, consistentes en la demanda de amparo; constancia de notificación a la representación social de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, que se incorporaron al expediente físico aquellas constancias que se consideraron de mayor trascedencia para su integración. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionados los autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, los cuales deberán ser considerados al resolver el presente juicio de amparo. PERIODO PROBATORIO Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y la Secretaria de Juzgado da cuenta con las pruebas de las partes: Parte quejosa: Documental pública consistente un recibo de una nota con la leyenda "Mis. La Tiendita". Documental pública consistente en copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor del quejoso. Asimismo, la Secretaria de Juzgado certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de cuenta, en razón de su propia y especial naturaleza; por tanto, al no existir alguna otra pendiente por desahogar, se cierra este periodo. PERIODO DE ALEGATOS Enseguida, se abre la fase de alegatos y la Secretaria de Juzgado hace constar que la representación social de la adscripción se abstuvo de presentar pedimiento, y las restantes partes no formularon alegatos. La Secretaria certifica y hace constar que el expediente electro´nico y fi´sico se encuentran debidamente integrados, sin promociones, ni constancias pendientes de vincular, prueba pendiente por ser desahogada, y no se encuentra plazo alguno por fenecer a cualquiera de las partes. CIERRE DE AUDIENCIA Acto continuo, se cierra el periodo de alegatos y, al no haber diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la audiencia en las etapas referidas, por lo que se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 275/2023-IV-A, promovido por ********************, por propio derecho; y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Fºederal, reclamando: "Actos reclamados Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de diciembre de 2022. Específicamente las disposiciones contendidas en los artículos 1º, 2º, fracción VI ter, 40, fracción IX, 40, fracción XII y 50 bis del Reglamento mencionado en el párrafo que antecede, mismas que se transcriben a continuación: (.) Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de enero de 2023, que se reclama en su totalidad. Autoridades responsables: 1. Titular del Poder Ejecutivo Federal (Presidente de la República) que emite el decreto hoy impugnado. 2. Secretaría de Salud perteneciente al Poder Ejecutivo Federal que elaboró la iniciativa y rubricó el decreto, y elaboró y emitió el acuerdo hoy impugnado. 3. El Director del Diario Oficial de la Federación, la autorización y publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto y el Acuerdo que constituyen los actos reclamados". Actos que estimó vulneran sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, 5º, 6º, 14, 16, 17, 28, 72, 73, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por cuestión de turno correspondió del conocimiento del asunto a este órgano jurisdiccional, que por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, lo radicó con el número 275/2023-IV-A, se admitió, solicitando los informes de ley, por lo que después de los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclaman disposiciones de observancia general en materia administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Del (1) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; del (2) Secretario de Salud; y del (3) Director del Diario Oficial de la Federación: El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, en especi´fico, los arti´culos 1º, 2º, fracciones VI Bis y VI Ter, 40, fracciones IX y XII, y 50 bis; publicado el diecise´is de diciembre de dos mil veintido´s, en el Diario Oficial de la Federacio´n, en el ámbito de sus atribuciones. Del (2) Secretario de Salud y del (3) Director del Diario Oficial de la Federación se reclama: El Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y caracteri´sticas con las que debera´ contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercializacio´n en los puntos de venta, publicado el trece de enero de dos mil veintitre´s, en el Diario Oficial de la Federacio´n. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del (1) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pues al rendir su informe justificado por conducto de la Subdirectora de Recursos Administrativos adscrita a la Oficina del Abogado General de la Secretari´a de Salud, así como del (3) Director del Diario Oficial de la Federación, asi´ lo reconocieron expresamente. Por su parte el (2) Secretario de Salud fue omiso en rendir su informe justificado, pese a estar debidamente notificado para ello; sin embargo, se tienen por ciertos los actos reclamados al tratarse de la emisión de normas generales las cuales se encuentran publicadas para su difusión. Aunado a lo anterior, debe recordarse que tratándose de actos de naturaleza legislativa, éstos se acreditan plenamente con la publicación de la disposición de observancia general controvertida, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2º; por lo que no es necesario probar su existencia, pues basta que estén publicados en el medio de difusión oficial local o federal al que correspondan, para que la autoridad esté obligada a analizarlos, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. En consecuencia, el tener o no como ciertas las conductas combatidas no depende únicamente de lo manifestado en los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, pues es al Juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, que expresa: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". También es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el Juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Apoya esta consideración la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del mes de Agosto de 1994, foja 87, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior tiene sustento en la Tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, del mes de Febrero de 1995, foja 353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Respecto de los actos reclamados atribuidos del (1) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; del (2) Secretario de Salud; y del (3) Director del Diario Oficial de la Federación consistente en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, en especi´fico, los arti´culos 1º, 2º, fracciones VI Bis y VI Ter, 40, fracciones IX y XII, y 50 bis; publicado el diecise´is de diciembre de dos mil veintido´s, en el Diario Oficial de la Federacio´n y el Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y caracteri´sticas con las que debera´ contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercializacio´n en los puntos de venta, publicado el trece de enero de dos mil veintitre´s, en el Diario Oficial de la Federacio´n, en el ámbito de sus atribuciones, se estima que se actualiza la causa de improcedencia que invocaron al rendir sus informes justificados, prevista en el artículo 61, fraccio´n XII, de la Ley de Amparo, debido a que las disposiciones juri´dicas reclamadas no afectan el intere´s juri´dico de la parte quejosa. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Del primero de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses juri´dicos o legi´timos del quejoso, en los te´rminos establecidos en el artículo 5º, fraccio´n I, de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicacio´n posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, conforme con lo dispuesto en el arti´culo 5°, fraccio´n I, de la Ley de Amparo, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un intere´s legi´timo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisio´n reclamados violan los derechos previstos en el diverso numeral 1º de la ley de la materia y con ello se produzca una afectacio´n real y actual a su esfera juri´dica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situacio´n frente al orden juri´dico. En ese orden de ideas, la accio´n constitucional de amparo compete a aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un intere´s legi´timo individual o colectivo, siempre que se alegue que la norma, acto u omisio´n reclamados violan los derechos previstos en el arti´culo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectacio´n real y actual a su esfera juri´dica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situacio´n frente al orden juri´dico. Por ende, la afectacio´n a un derecho legi´timamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el o´rgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho fundamental que se aduce violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violacio´n, cuando el acto reclamado sea de cara´cter positivo; y cuando sea de cara´cter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. De ese modo, si el acto o ley reclamada, no se refiere a los derechos contenidos en la esfera juri´dica de la parte quejosa, ni queda en relieve que afecten de algu´n modo su situacio´n frente al orden juri´dico, e´ste carece de posibilidad juri´dica para impugnarlos vi´a amparo contra leyes y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio, en te´rminos de las normas citadas. Por otra parte, cabe sen~alar que trata´ndose de leyes, el intere´s legi´timo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse u´nicamente con la expedicio´n y presumible aplicacio´n respectiva de tales leyes, pues el arti´culo 107, fraccio´n I, de la Ley de Amparo, establece las bases de la procedencia del juicio constitucional cuando se impugnan normas de cara´cter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas o de individualizacio´n incondicionada), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuacio´n equiparable que concrete la aplicacio´n al particular de la disposicio´n juri´dica combatida (heteroaplicativas o de individualizacio´n condicionada). Asi´, todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general: con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicacio´n. En el primer caso, se reitera, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedicio´n le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectacio´n a su esfera juri´dica, sin necesidad de algu´n acto ulterior de autoridad, para que este´ en aptitud de ejercer la accio´n constitucional dentro del plazo de treinta di´as contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el arti´culo 17, fraccio´n I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realizacio´n de un acto de aplicacio´n que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualizacio´n de la hipo´tesis normativa, y entonces, el te´rmino con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo sera´ de quince di´as, segu´n la regla establecida en el primer pa´rrafo del arti´culo en cita. Para la impugnacio´n de las normas generales mediante el juicio de amparo, es necesario acreditar que esas normas afectan la esfera juri´dica de quien solicita la proteccio´n de la Justicia Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectacio´n se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicacio´n, el cual puede provenir, generalmente, por la actuacio´n de una autoridad, de terceros que actu´an en su auxilio, pero tambie´n de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al promovente con lo dispuesto en los preceptos impugnados por actualizarse sus supuestos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 198200, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Sobre este u´ltimo punto, debe precisarse que cualquiera de los supuestos anteriores -acto de autoridad, del propio particular o de un tercero-, es susceptible de considerarse un acto de aplicacio´n de la norma que posibilita al gobernado a reclamarla mediante el juicio de amparo, siempre que se concreten efectivamente los supuestos de la norma, causa´ndole un perjuicio o menoscabo en su esfera juri´dica. Se afirma lo anterior, en tanto que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, considerar que no cualquier acto de aplicacio´n de una ley posibilita al interesado a promover el juicio constitucional, sino que es necesario que en tal acto de aplicacio´n se concrete efectivamente el supuesto de la norma, causa´ndole un perjuicio o menoscabo en su esfera juri´dica y que no basta que en el acto reclamado se cite como fundamento la ley reclamada, sino que es necesario que se materialicen los supuestos contenidos en la ley en su perjuicio. Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006963, Décima Época, Materias(s): Común, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 148, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con título y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. En el caso, la parte quejosa reclama el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, en especi´fico, los arti´culos 1º, 2º, fracciones VI Bis y VI Ter, 40, fracciones IX y XII, y 50 bis; y el Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y caracteri´sticas con las que debera´ contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercializacio´n en los puntos de venta, ambos ordenamientos en su cara´cter de autoaplicativas; disposiciones juri´dicas que establecen lo siguiente: DECRETO: "Arti´culo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboracio´n, fabricacio´n, importacio´n y prohibiciones en toda forma de publicidad, promocio´n y patrocinio de los mismos, asi´ como la regulacio´n para la proteccio´n contra la exposicio´n al humo de tabaco y sus emisiones. Este Reglamento es de aplicacio´n obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden pu´blico e intere´s social." "Arti´culo 2. Adema´s de las definiciones establecidas en el arti´culo 6 de la Ley, para los efectos de este Reglamento, se entendera´ por: [...] VI Bis. EXHIBICIO´N DIRECTA, es la colocacio´n de los productos de tabaco a trave´s de estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, al interior de los establecimientos y puntos de venta, que permitan al consumidor observar directamente dichos productos y, en su caso, tomarlos directamente, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una accio´n comercial de publicidad y promocio´n, en te´rminos del arti´culo 6, fraccio´n XXII, de la Ley; VI Ter. EXHIBICIO´N INDIRECTA, es la colocacio´n o almacenamiento de los productos de tabaco en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observar indirectamente dichos productos, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una accio´n comercial de publicidad y promocio´n, en te´rminos del arti´culo 6, fraccio´n XXII, de la Ley;" "Arti´culo 40. Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promocio´n y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a trave´s de cualquier medio de comunicacio´n y difusio´n en te´rminos del arti´culo 23 de la Ley, por lo que quedan comprendidas, en otras acciones, las siguientes: [...] IX. La exhibicio´n directa o indirecta de los productos de tabaco en te´rminos de las fracciones VI Bis y VI Ter del arti´culo 2 del presente Reglamento; [...] XII. La exhibicio´n directa o indirecta de productos de tabaco en te´rminos de las fracciones VI Bis y VI Ter del arti´culo 2 del presente Reglamento en espacios de concurrencia colectiva, instituciones educativas pu´blicas y privadas, asi´ como la mera colocacio´n de productos de tabaco o elementos de la marca que los identifiquen en dichos espacios para fomentar directa o indirectamente su venta, consumo y suministro; [...]" "Arti´culo 50 Bis. En los puntos de venta y dema´s lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibicio´n directa o indirecta de dichos productos en te´rminos del arti´culo 2, fracciones VI Bis y VI Ter, de este Reglamento, lo cual es conforme al arti´culo 23 de la Ley. Para la comercializacio´n de los productos de tabaco debera´ realizarse a trave´s de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas. Dicha lista de comercializacio´n debera´ cumplir con los requisitos y caracteri´sticas que establezca la Secretari´a mediante disposiciones generales que al efecto emita, y debera´ publicarse en el Diario Oficial de la Federacio´n." ACUERDO: "ARTI´CULO PRIMERO. Se dan a conocer los requisitos y caracteri´sticas con las que debera´ contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercializacio´n en los puntos de venta." "ARTI´CULO SEGUNDO. Esta lista textual y escrita debera´ ser impresa en una o varias hojas de papel bond con fondo blanco taman~o carta, en orientacio´n horizontal, contar con una dimensio´n total de veintisiete punto nueve (27.9) centi´metros de largo por veintiuno punto cincuenta y nueve (21.59) centi´metros de ancho, debera´ ser estampada en formato de altas y bajas, tipografi´a Arial taman~o 12, en color negro sin interlineado, alineacio´n a la izquierda, sobre fondo blanco, sin logotipos, sellos, colores, ima´genes o cualquier elemento o contenido visual que emule a alguna identidad comercial o los elementos de las marcas de los productos del tabaco." "ARTI´CULO TERCERO. La distribucio´n de los elementos caracteri´sticos que contenga esta lista textual y escrita con la descripcio´n y los precios de los productos de tabaco, debera´ presentarse en dos columnas en una extensio´n ma´xima de 60 li´neas por hoja, tal y como se muestra en el Anexo del presente Acuerdo." El arti´culo primero del mencionado reglamento establece que dicho cuerpo normativo tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboracio´n, fabricacio´n, importacio´n y prohibiciones en toda forma de publicidad, promocio´n y patrocinio de los mismos, asi´ como la regulacio´n para la proteccio´n contra la exposicio´n al humo de tabaco y sus emisiones, el cual es de aplicacio´n obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden pu´blico e intere´s social. En el numeral 40, fracciones IX y XII, se preve´ que queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promocio´n y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a trave´s de cualquier medio de comunicacio´n y difusio´n en te´rminos del arti´culo 23 de la Ley General para el Control del Tabaco, por lo que quedan comprendidas, en otras acciones, las siguientes: La exhibicio´n directa o indirecta de los productos de tabaco en te´rminos de las fracciones VI Bis y VI Ter del arti´culo 2º del Reglamento. La exhibicio´n directa o indirecta de productos de tabaco en te´rminos de las fracciones VI Bis y VI Ter del arti´culo 2º del propio Reglamento en espacios de concurrencia colectiva, instituciones educativas pu´blicas y privadas, asi´ como la mera colocacio´n de productos de tabaco o elementos de la marca que los identifiquen en dichos espacios para fomentar directa o indirectamente su venta, consumo y suministro. Entendiendo por exhibicio´n directa, la colocacio´n de los productos de tabaco a trave´s de estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, al interior de los establecimientos y puntos de venta, que permitan al consumidor observar directamente dichos productos y, en su caso, tomarlos directamente, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una accio´n comercial de publicidad y promocio´n, en te´rminos del arti´culo 6º, fraccio´n XXII, de la Ley General para el Control del Tabaco. Por exhibicio´n indirecta, la colocacio´n o almacenamiento de los productos de tabaco en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observar indirectamente dichos productos, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una accio´n comercial de publicidad y promocio´n, en te´rminos del arti´culo 6º, fraccio´n XXII, de la Ley General para el Control del Tabaco. El numeral 50 bis preve´ que en los puntos de venta y dema´s lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibicio´n directa o indirecta de dichos productos en te´rminos del arti´culo 2º, fracciones VI Bis y VI Ter, del propio Reglamento. Por ello, para la comercializacio´n de los productos de tabaco debera´ realizarse a trave´s de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas. Asi´, el Acuerdo reclamado, en su arti´culo segundo, establece que a lista textual y escrita debera´ ser impresa en una o varias hojas de papel bond con fondo blanco taman~o carta, en orientacio´n horizontal, contar con una dimensio´n total de veintisiete punto nueve (27.9) centi´metros de largo por veintiuno punto cincuenta y nueve (21.59) centi´metros de ancho, debera´ ser estampada en formato de altas y bajas, tipografi´a Arial taman~o 12, en color negro sin interlineado, alineacio´n a la izquierda, sobre fondo blanco, sin logotipos, sellos, colores, ima´genes o cualquier elemento o contenido visual que emule a alguna identidad comercial o los elementos de las marcas de los productos del tabaco. Adema´s, que la distribucio´n de los elementos caracteri´sticos que contenga dicha lista textual y escrita con la descripcio´n y los precios de los productos de tabaco, debera´ presentarse en dos columnas en una extensio´n ma´xima de 60 li´neas por hoja, tal y como se muestra en el Anexo del mencionado Acuerdo. Como se anuncio´, se estima que la parte quejosa no acredito´ el intere´s juri´dico para reclamar las normas reproducidas. Esto es asi´, porque en su demanda de amparo manifesto´ -en esencia- que las considera inconstitucionales porque preve´n una prohibicio´n absoluta para exhibir productos del tabaco cuya comercializacio´n ejerce de manera constante y en estricto apego a lo previsto en los arti´culos 15, fraccio´n III, y 16, fracciones II y III, de la Ley General para el Control del Tabaco. En otras palabras, el promovente manifesto´ -bajo protesta de decir verdad- que cumple con todas las disposiciones normativas referentes a la comercializacio´n de productos del tabaco; por tanto, que depende de la exhibicio´n normal, reglada y con apego a derecho de los productos mencionados para su comercializacio´n, pues refiere tener la negociacio´n denominada "Mis. La Tiendita", en la que se dedica preponderantemente a la venta de productos de tabaco; sin embargo, para efectos del juicio de amparo no demuestra que cuenta con la licencia o permisos correspondientes para la comercializacio´n del tabaco y so´lo de esta manera se justificari´a el intere´s juri´dico. Sobre esa base, las disposiciones reclamadas establecen las prohibicio´n, en los puntos de venta y dema´s lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco (incluidos los espacios de concurrencia colectiva, instituciones educativas pu´blicas y privadas, asi´ como la mera colocacio´n de productos de tabaco o elementos de la marca que los identifiquen en dichos espacios para fomentar directa o indirectamente su venta, consumo y suministro), la exhibicio´n tanto directa como indirecta de dichos productos. Sin embargo, para demostrar su intere´s juri´dico, la parte quejosa debio´ demostrar plenamente, durante la sustanciacio´n del presente juicio, la afectacio´n que le produce la prohibicio´n contenida en las normas reclamadas; esto es, debio´ aportar algu´n medio de conviccio´n que demostrara la actividad que, segu´n manifesto´ en su demanda, ejerce y que desde su perspectiva se ve afectada por la emisio´n de las normas impugnadas, a saber, la comercializacio´n de los productos del tabaco. Explicado de otra forma, el promovente argumenta, esencialmente, que cumple con todas las disposiciones normativas referentes a la comercializacio´n de productos del tabaco; por tanto, que depende de la exhibicio´n normal, reglada y con apego a derecho de los productos mencionados para su comercializacio´n. De ahi´, que si considera que las normas reclamadas causan una afectacio´n a su esfera juri´dica a partir de esa actividad econo´mica -y por su sola entrada en vigor-, es evidente que debi´a demostrar que ejerce la actividad comercial que refirio´. Empero, para demostrar su intere´s juri´dico so´lo exhibio´ las documentales consistentes en: Documental consistente un recibo de una nota con la leyenda "Mis. La Tiendita". Documental consistente en copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor del quejoso. Tales constancias valoradas en lo individual como en su conjunto, tienen valor probatorio pleno en te´rminos de lo dispuesto el arti´culo 203 en relación con el diverso 142, todos del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria a la Ley de Amparo, por disposicio´n de su numeral 2°, por no haber sido objetadas por las partes. Empero, resultan insuficientes para demotrar que realiza la comercialización de productos del tabaco, y que, por esa razo´n, las disposiciones de observancia general que reclama le provocan un perjuicio. Lo anterior es asi´, porque de la documental consistente un recibo de una nota con la leyenda "Mis. La Tiendita", únicamente se acredita un recibo sobre la venta de un producto de alguna negociación mercantil, sin que se desprenda si en esa operación comercial se otorgó una licencia para la venta de tabaco. En tanto que la documental consistente en copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor del quejoso, en todo caso solo acredita la identidad del peticionario del amparo. En efecto, por esa circunstancia no es posible adminicular dichas documentales con otro elemento probatorio distinto para justificar el hecho que se pretende demostrar, a saber, que comercializa los productos del tabaco en algu´n punto de venta y que, por tanto, las normas reclamadas le causan un perjuicio real y actual a su esfera juri´dica. Por tanto, si la parte quejosa no demostro´ ser propietario -o alguna calidad similar- de algu´n punto de venta o lugar en el que se comercialice, venda, distribuya, suministre o expenda productos de tabaco (incluidos los espacios de concurrencia colectiva, instituciones educativas pu´blicas y privadas, asi´ como la mera colocacio´n de productos de tabaco o elementos de la marca que los identifiquen en dichos espacios para fomentar directa o indirectamente su venta, consumo y suministro), es evidente que carece de intere´s juri´dico para instar el presente juicio de amparo en contra de las pluricitadas normas de observancia general. Sin que sea necesario analizar lo relativo al intere´s legi´timo, en tanto que no acudio´ a defender algu´n derecho difuso de cara´cter individual o colectivo; sino que esgrimio´ la afectacio´n directa en sus derechos de la libertad de comercio y libre desarrollo de la personalidad, en relacio´n con los mecanismos de prohibicio´n contenidos en las normas impugnadas que se refieren a las limitaciones de los puntos de venta de productos de tabaco en dichos lugares. Como una consideracio´n adicional, conviene sen~alar que para reclamar normas de aplicacio´n incondicionada no basta tener la seguridad de que su aplicacio´n resulta inminente, pues con relacio´n a la posibilidad de combatir en el amparo los actos de tal naturaleza, es inaplicable al juicio de amparo contra leyes, porque en este tipo de asuntos los actos no deben ser inminentes sino efectivos. Ello es asi´, se reitera, porque cuando se promueve amparo en contra de una norma de observancia general alegando que su sola expedicio´n causa perjuicio al quejoso, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama con motivo de su entrada en vigor) o bien que su aplicacio´n afecta sus intereses juri´dicos (cuando se impugna con motivo del primer acto de aplicacio´n); ya que no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se esta´ dentro de la hipo´tesis de la norma, puesto que aunque ello aconteciera, seri´a hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera juri´dica. Para lo cual se estima aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 206527, Octava Época, Materias(s): Común, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 267, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con título y contenido: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma. Asimismo, se invoca la jurisprudencia 3a./J. 9/94, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 206625, Octava Época, Materias(s): Común, Núm. 76, Abril de 1994, página 17, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con epígrafe y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. Y finalmente se invoca la tesis aislada 3a. LII/91, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 207025, Octava Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tomo VII, Marzo de 1991, página 50, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con título y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA UNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo. En las relatadas condiciones, al reclamarse normas generales en su cara´cter de autoaplicativas y no acreditarse que la parte quejosa se ubique en el supuesto que establece, es que opera la causa de improcedencia prevista en el arti´culo 61, fraccio´n XII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados del (1) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; del (2) Secretario de Salud; y del (3) Director del Diario Oficial de la Federación: Sirve de apoyo la jurisprudencia I.15o.A. J/12, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital: 162657, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2071, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con título y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGITIMA A PROMOVER EL JUICIO. En el escenario del juicio de amparo contra leyes pueden presentarse diversos supuestos en los que es posible ubicarse en la hipótesis de afectación de una norma de carácter general, a precisar: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma autoaplicativa); 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa); 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido; y 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido). En el primer caso, basta que el quejoso se encuentre ubicado en la situación regulada por la disposición para que se genere el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación. En cambio, en el tercer supuesto no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tácita. Finalmente, en cuanto a la aplicación negativa de una norma reclamada, la situación jurídica del quejoso es análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por discriminación jurídica, siendo entonces la pretensión principal del solicitante del amparo la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, es decir, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a garantías constitucionales, principalmente, por generalidad, igualdad o equidad tributaria en términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República. Cabe precisar, que el sobreseimiento decretado en el presente juicio respecto de los actos reclamados materia del presente considerando, por no haberse acreditado encontrarse en el supuesto normativo, de ninguna manera impide a la parte quejosa para en posterior oportunidad, acudir al juicio de amparo a efecto de impugnar los preceptos que tilda de inconstitucionales, pero esto, cuando se apliquen en su perjuicio. Para lo cual se estima aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 193720, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tomo X, Julio de 1999, página 104, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con título y texto: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio. En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible juri´dicamente estudiar los conceptos de violacio´n formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento te´cnico para examinar el fondo del asunto. Se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 239006, Séptima Época, Materias(s): Común, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con título y contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. En razo´n de la actualizacio´n de la causa de improcedencia analizada por este juzgado de Distrito, resulta innecesario pronunciarse sobre las diversas hechas valer por las responsables, pues el abordar su estudio resultari´a irrelevante, dado que el sentido del fallo no cambiari´a. Se invoca la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 195744, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Por lo expuesto y fundado en los artículos 61, 74, 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, respecto de las autoridades y los actos reclamados precisados en el considerando segundo, en los términos establecidos del último de la presente resolución. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado Intégrese el oficio signado por la Subdirectora de Recursos Administrativos adscrita a la Oficina de Abogados General de la Secretaria de Salud, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual, rinde su informe justificado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Delegados y domicilio Con fundamento en los ordinales 9° y 28, fracción I, de la ley de la materia se tienen como delegados y domicilio procesal de la autoridad responsable los señalados en la misiva de cuenta. Pruebas De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante la instrumental pública de actuaciones, así como la información que refiere puede ser consultada en las páginas electrónicas que cita en su ocurso de cuenta; las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con registro digital: 186243, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, visible en la página 1306, de rubro y texto siguiente: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo". Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria María Eréndira Pérez Pérez, que da fe.
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