Erendira Gabriela Avilés Rabanales y Otros.
Expediente 357/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/05/2022
Partes del expediente
- Erendira Gabriela Avilés Rabanales y Otros.
- Erendira Gabriela Avilés Rabanales
- Sergio Esteban de Jesús Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se si bien se sobreseyó fuera de audiencia, lo cierto que se concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa; empero, carece de relevancia documental. Luego, como en el presente asunto obran diversos documentos exhibidos por los promoventes como complemento de su escrito de demanda, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibidos que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlos.
- Principal
EN ATENCION AL AVISO DE TREINTA DE ABRIL ULTIMO SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ABRIL ACTUAL A LA PARTE QUEJOSA, DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintidós. ESCRITO. Agréguese el escrito signado por Eréndira Gabriela Avilés Rabanales y Sergio Esteban de Jesús Rodríguez, en su carácter de progenitores de la quejosa menor de iniciales G.E.D.J.A., por el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve del mes y año en curso, informa "bajo protesta de decir verdad" que el veintiséis de abril del año en curso, le fue aplicada a la menor citada la segunda dosis de vacuna contra el virus SARS COV2, por lo que ya cuenta con el esquema de vacunación completo. Atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento formulado y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la quejosa Eréndira Gabriela Avilés Rabanales y Sergio Esteban de Jesús Rodríguez, en representación de la menor quejosa de iniciales G.E.D.J.A., reclama en la presente instancia constitucional, del Secretario de Salud del Estado de México y otras autoridades, en esencia: La omisión de aplicar la vacuna contra el SARS-Cov-2 a la menor quejosa; y, La omisión de integrarla al grupo etario de niños de cinco a once años, en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov-2. Sobresee fuera de audiencia En atención a lo anterior, es importante destacar que la parte quejosa reclamó del Secretario de Salud del Estado de México y otras autoridades, esencialmente lo siguiente: La omisión de aplicar la vacuna contra el SARS-Cov-2 a la menor quejosa; y, La omisión de integrarla al grupo etario de niños de cinco a once años, en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov-2. Por cuestión de técnica, en primer lugar se analiza lo relativo a la omisión de aplicar la vacunar a la menor quejosa. Este juzgador considera que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARSCoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez, mediante proveído de veintidós de marzo del dos mil veintidós, este juzgador admitió la demanda de amparo, y se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, por que ordenó a las autoridades responsables que dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, llevara a cabo las acciones necesarias para que se aplicara en favor del menores de identidad reservada G.E.D.J.A., la vacuna Pfizer-BioNTech. Así fue que, al haber informado el Director General del Instituto de Salud del Estado de México en el diverso juicio de amparo 165/2022 I-B de la estadística de este Juzgado Federal, las fechas en que se vacunaría a los menores de edad; lo que se consideró como hecho notorio en el presente asunto; por lo que en proveído de veintidós de marzo del año en curso, se ordenó citar a la parte quejosa para que acudiera en datas veintitrés o veinticuatro de marzo del año en curso, a fin de que le fuera suministrada la primer dosis de vacunación solicitada para la menor en comento, y posteriormente, el treinta de marzo de este año, la parte quejosa informó que el veinticuatro del mismo mes y anualidad, le fue aplicada dicha vacuna. Posteriormente, mediante proveído de diecinueve de los cursantes, se ordenó citar a la menor quejosa para que les fuera aplicada la segunda dosis, situación que debía informar dentro de las veinticuatro horas siguientes. Así mediante escrito de cuenta la promovente señaló que el veintiséis de los cursantes, le fue aplicada a la menor la segunda dosis de la vacuna. En esas condiciones, se evidencia que le fue suministrada la vacuna en comento, cuya negativa constituía justamente el acto reclamado. Por ende, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Ahora bien, respecto el acto reclamado consistente en la omisión de integrar al grupo etario de niños de cinco a once años, en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov-2, cabe destacar que se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la interpretación del artículo invocado, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando quien lo promueve no tiene legitimación para ello, porque el acto reclamado no le ocasiona un agravio en su esfera jurídica. En efecto, la aludida causa de improcedencia se origina, en la medida que el acto reclamado no afecta de manera real los derechos del peticionario que pudiera justificar su interés para acudir al juicio de amparo. En ese sentido, cabe destacar que en la contradicción de tesis 111/2013, en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, por el Pleno del Alto Tribunal dilucidó, en lo que aquí interesa, que: - El párrafo primero de la fracción I del artículo 107 Constitucional, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. - Que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. - Que en consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado. - Que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. - Que mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; puesto que es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. Ejecutoria de la que emanó la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior se aprecia del siguiente criterio: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. ([TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág. 1736). Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Además, la Sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió el siguiente criterio: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ([TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 822.) Ahora bien, en el caso concreto los quejosos, esencialmente reclaman la omisión de integrar al grupo etario de niños de cinco a once años, en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov-2; sobre el cual carecen de interés legítimo, pues al obtener la vacuna se ve disminuido ese interés a simple, lo que de suyo implica que no irrogue un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución, pues como se expuso en las ejecutorias a que se ha hecho referencia, se advierte que el interés legítimo se traduce en un perjuicio cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, con independencia de que cuente o no con derechos subjetivos, lo que en el caso no acontece. En efecto, el hecho de que la quejosa como ciudadana del Estado Mexicano se encuentre preocupados porque la Política de Vacunación resulte violatoria de derechos humanos, no les otorga un interés legítimo, sino simple, toda vez que la menor que representa ya tienen la vacuna y por lo tanto no resiente afectación ante el plan de vacunación. Lo anterior, revela que el interés que ostentan los peticionarios en este asunto es un interés simple, derivado de su condición de ciudadanos del Estado Mexicano, es decir, tienen un interés igual al resto de la generalidad de los gobernados, pero no reúnen las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que los coloque en un punto diferenciado de la situación general y que los legitime para promover este juicio, como lo es no recibir el probiótico contra el virus SARS-Cov-2. En tales condiciones, la quejosa carecen de interés legítimo en tanto que su pretensión se basa en un mero interés simple, el cual corresponde a todo miembro del Estado Mexicano, ya que todo gobernado tiene interés en que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos, con apego a los principios constitucionales, pero no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo o jurídico que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Es aplicable al presente asunto, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 18, mayo de 2015, tomo I, página 448, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LAAFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL.- Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a l demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintidós. ESCRITO. Agréguese el escrito signado por Eréndira Gabriela Avilés Rabanales y Sergio Esteban de Jesús Rodríguez, en su carácter de progenitores de la quejosa menor de iniciales G.E.D.J.A., por el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve del mes y año en curso, informa "bajo protesta de decir verdad" que el veintiséis de abril del año en curso, le fue aplicada a la menor citada la segunda dosis de vacuna contra el virus SARS COV2, por lo que ya cuenta con el esquema de vacunación completo. Atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento formulado y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la quejosa Eréndira Gabriela Avilés Rabanales y Sergio Esteban de Jesús Rodríguez, en representación de la menor quejosa de iniciales G.E.D.J.A., reclama en la presente instancia constitucional, del Secretario de Salud del Estado de México y otras autoridades, en esencia: La omisión de aplicar la vacuna contra el SARS-Cov-2 a la menor quejosa; y, La omisión de integrarla al grupo etario de niños de cinco a once años, en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov-2. Sobresee fuera de audiencia En atención a lo anterior, es importante destacar que la parte quejosa reclamó del Secretario de Salud del Estado de México y otras autoridades, esencialmente lo siguiente: La omisión de aplicar la vacuna contra el SARS-Cov-2 a la menor quejosa; y, La omisión de integrarla al grupo etario de niños de cinco a once años, en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov-2. Por cuestión de técnica, en primer lugar se analiza lo relativo a la omisión de aplicar la vacunar a la menor quejosa. Este juzgador considera que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARSCoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez, mediante proveído de veintidós de marzo del dos mil veintidós, este juzgador admitió la demanda de amparo, y se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, por que ordenó a las autoridades responsables que dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, llevara a cabo las acciones necesarias para que se aplicara en favor del menores de identidad reservada G.E.D.J.A., la vacuna Pfizer-BioNTech. Así fue que, al haber informado el Director General del Instituto de Salud del Estado de México en el diverso juicio de amparo 165/2022 I-B de la estadística de este Juzgado Federal, las fechas en que se vacunaría a los menores de edad; lo que se consideró como hecho notorio en el presente asunto; por lo que en proveído de veintidós de marzo del año en curso, se ordenó citar a la parte quejosa para que acudiera en datas veintitrés o veinticuatro de marzo del año en curso, a fin de que le fuera suministrada la primer dosis de vacunación solicitada para la menor en comento, y posteriormente, el treinta de marzo de este año, la parte quejosa informó que el veinticuatro del mismo mes y anualidad, le fue aplicada dicha vacuna. Posteriormente, mediante proveído de diecinueve de los cursantes, se ordenó citar a la menor quejosa para que les fuera aplicada la segunda dosis, situación que debía informar dentro de las veinticuatro horas siguientes. Así mediante escrito de cuenta la promovente señaló que el veintiséis de los cursantes, le fue aplicada a la menor la segunda dosis de la vacuna. En esas condiciones, se evidencia que le fue suministrada la vacuna en comento, cuya negativa constituía justamente el acto reclamado. Por ende, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Ahora bien, respecto el acto reclamado consistente en la omisión de integrar al grupo etario de niños de cinco a once años, en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov-2, cabe destacar que se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la interpretación del artículo invocado, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando quien lo promueve no tiene legitimación para ello, porque el acto reclamado no le ocasiona un agravio en su esfera jurídica. En efecto, la aludida causa de improcedencia se origina, en la medida que el acto reclamado no afecta de manera real los derechos del peticionario que pudiera justificar su interés para acudir al juicio de amparo. En ese sentido, cabe destacar que en la contradicción de tesis 111/2013, en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, por el Pleno del Alto Tribunal dilucidó, en lo que aquí interesa, que: - El párrafo primero de la fracción I del artículo 107 Constitucional, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. - Que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. - Que en consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado. - Que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. - Que mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; puesto que es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. Ejecutoria de la que emanó la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior se aprecia del siguiente criterio: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. ([TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág. 1736). Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Además, la Sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió el siguiente criterio: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ([TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 822.) Ahora bien, en el caso concreto los quejosos, esencialmente reclaman la omisión de integrar al grupo etario de niños de cinco a once años, en la Política Nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov-2; sobre el cual carecen de interés legítimo, pues al obtener la vacuna se ve disminuido ese interés a simple, lo que de suyo implica que no irrogue un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución, pues como se expuso en las ejecutorias a que se ha hecho referencia, se advierte que el interés legítimo se traduce en un perjuicio cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, con independencia de que cuente o no con derechos subjetivos, lo que en el caso no acontece. En efecto, el hecho de que la quejosa como ciudadana del Estado Mexicano se encuentre preocupados porque la Política de Vacunación resulte violatoria de derechos humanos, no les otorga un interés legítimo, sino simple, toda vez que la menor que representa ya tienen la vacuna y por lo tanto no resiente afectación ante el plan de vacunación. Lo anterior, revela que el interés que ostentan los peticionarios en este asunto es un interés simple, derivado de su condición de ciudadanos del Estado Mexicano, es decir, tienen un interés igual al resto de la generalidad de los gobernados, pero no reúnen las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que los coloque en un punto diferenciado de la situación general y que los legitime para promover este juicio, como lo es no recibir el probiótico contra el virus SARS-Cov-2. En tales condiciones, la quejosa carecen de interés legítimo en tanto que su pretensión se basa en un mero interés simple, el cual corresponde a todo miembro del Estado Mexicano, ya que todo gobernado tiene interés en que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos, con apego a los principios constitucionales, pero no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo o jurídico que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Es aplicable al presente asunto, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 18, mayo de 2015, tomo I, página 448, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LAAFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL.- Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a l demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio por el cual el Secretario de Acuedos del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, remite el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe en representación de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. En ese orden, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como prueba las que refiere el oficiante; dada su naturaleza por admitidas y desahogadas, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Como lo dispone el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegado de la responsable a las personas que menciona. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el ordinal 28 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado por la citada autoridad. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2002 del Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal), el correo electrónico y número telefónico que proporciona la responsable, para efectos del sumario en que se actúa. que da fe.
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