Eric Alberto Soto Lagunas

Expediente 1016/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1016/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Eric Alberto Soto Lagunas

Actuaciones

  1. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1016/2021 promovido por Eric Alberto Soto Lagunas en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisará. ANTECEDENTES Señala la quejosa bajo formal protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ha sido omisa en emitir el auto de calificación de pruebas en el expediente laboral 328/2019. Por ello, considera que se viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Lo anterior, constituye el acto reclamado en esta instancia. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Eric Alberto Soto Lagunas presentó un escrito el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que en adelante se precisará. La quejosa señaló como derecho fundamental violado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno la admitió a trámite y la registró bajo el número 1016/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; ordenó el emplazamiento del tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que se hizo mediante oficio que se entregó en sus oficinas el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, según consta en autos; y otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. La audiencia constitucional se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto; este juzgado conoce de todas las materias por carecer de jurisdicción especial, el acto reclamado al tratarse de una omisión atribuida a una autoridad que reside dentro la de jurisdicción de este órgano jurisdiccional. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable por analogía el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme combate los actos siguientes: A la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje: La omisión de emitir el auto de calificación de pruebas en el expediente laboral 328/2019, de su índice y ordenar su desahogo. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto atribuido a la autoridad responsable, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado. Lo que se corrobora, con las constancias que anexó a su informe, las cuales tienen valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Al resultar ciertos los actos reclamados, se da pie al siguiente apartado. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales.". El suscrito advierte que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el auto de calificación de pruebas en el expediente 328/2019 por parte de la Junta responsable y proveer lo relativo a su desahogo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Tomando en consideración lo narrado en los antecedentes del apartado I de este fallo, del informe justificado y anexo rendido por la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y de las constancias que integran el expediente original del referido juicio laboral que remitió el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en alcance al citado informe, las cuales fueron valoradas en el apartado que antecede, se advierte que: El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, los representantes que integran la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, emitieron el auto de calificación de las pruebas ofrecidas por Eric Alberto Soto Lagunas, parte actora, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, parte demandada, en el expediente laboral 328/2019, de su índice, y proveyeron lo relativo al desahogo de las que consideraron procedentes. Auto que fue notificado el once de octubre de dos mil veintiuno, al apoderado legal del actor, aquí quejoso, Eric Alberto Soto Lagunas. De ahí que, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio. En consecuencia, resulta evidente que la omisión de emitir el acuerdo de calificación de pruebas, que el ahora quejoso atribuía a la autoridad responsable, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad emitió el proveído respecto a la calificación de las mismas, ordenó lo relativo a su desahogo y tal determinación la hizo del conocimiento de las partes. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la omisión reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, según se aprecia de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en tanto que el auto de calificación de pruebas se emitió el veintisiete de septiembre de este año, debe concluirse que el acto materia de la litis cesó en sus efectos. Máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que este juzgador pueda realizar el análisis de las subsecuentes omisiones y dilaciones a las que el quejoso hace alusión en su escrito de alegatos; en primer término porque el estudio del acto reclamado debe delimitarse a la etapa procedimental en que se sitúa el expediente laboral; sin embargo, al actualizarse la causa de improcedencia que quedó de manifiesta, imposibilita a este órgano jurisdiccional el estudio de la inconstitucionalidad que plantea de fondo; máxime que no se advierte mayor dilación, pues la junta señaló fechas para el desahogo de las pruebas que van desde el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno hasta el veintidós de febrero de dos mil veintidós, de forma continua. Resulta aplicable el criterio contenido en la tesis 2a. CV/2013 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, que por rubro y texto lleva: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado relatado, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.". Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente las causales de improcedencia analizadas en los apartados que anteceden, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI del mismo ordenamiento. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eric Alberto Soto Lagunas, respecto del acto reclamado y autoridad responsable, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VII y VIII de este fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes; y téngase al quejoso ********************, por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes el oficio signado por la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de once de octubre de este año, remite los autos originales que conforman el sumario laboral 328/2019. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la responsable, las constancias que remite para tal efecto; y con su contenido, dese vista a las partes. Para un mejor manejo de las constancias remitidas por la junta responsable, se ordena formar el tomo uno de pruebas por separado, mismo que estará a disposición de las partes para su consulta. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada en autos se difiere para las CATORCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; y téngase como pruebas de la oficiante, las documentales que remite para tal efecto; con lo anterior, dese vista a las partes. Por otro lado, téngasele manifestando su imposibilidad de proporcionar un correo electrónico, para que se le realicen las notificaciones por la vía electrónica. Ahora bien, toda vez que en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, es obligación del juez de distrito recabar las pruebas necesarias para la resolución de un asunto, requiérase a la autoridad responsable oficiante para que, dentro del plazo de tres días, siguiente a la legal notificación de este proveído, remita copia certificada de todo lo actuado en el expediente laboral J.32/0328/2019 de su índice, con apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se hará efectiva la multa con que se le conminó en auto de veinte de septiembre pasado, por el que se le requirió su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

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