Eric Alberto Soto Lagunas
Expediente 662/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eric Alberto Soto Lagunas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 662/2020, promovido por ****, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintisiete de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito, Erick Alberto Soto Lagunas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Oaxaca. IV.- ACTO RECLAMADO. "De la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje reclamo ORDENAR EL DESAHOGO DE LAS AUDIENCIAS Y PRUEBAS DENTRO DEL PRESENTE JUICIO HASTA DICTAR EL LAUDO CORRESPONDIENTE." SEGUNDO. Derechos Humanos Vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, y señaló como derechos fundamentales violados los contemplados en los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TERCERO. Tramitación del juicio. En proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo quedando registrada con el número de expediente 662/2020, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esa tesitura, con base en lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado lo hace consistir en lo siguiente: La inactividad procesal, relativa a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral ***. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVII.2º. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, Núm. 76, Abril de 1994, Octava Época, del que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a nombre y representación del citado órgano laboral, al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente el acto que se le reclama que se le reclama, sin embargo, agregó que no contiene las violaciones que refiere el quejoso, en virtud de que el controvertido de origen fue pronunciado en auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, de ahí, la inexistencia del acto reclamado, como enseguida se verá: En ese contexto, se tiene que es indispensable que a la fecha de presentación de la demanda, el acto o los actos reclamados tengan existencia jurídica; lo que no sucede en el caso, ya que, tanto del informe de ley, como de las constancias que remitió la Junta responsable, a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se evidencia que en la data de presentación del reclamo constitucional (veintiocho de octubre de dos mil veinte), no existía el acto dilatorio atribuible a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca, es decir, la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en los autos del juicio laboral ***, promovido por el aquí quejoso **. Del análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado lo constituye la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 328/2019, lo que refiere el quejoso, que no obstante haberse señalado para su desahogo el veintiuno de abril de dos mil veinte, esta no fue posible llevarse a cabo por la suspensión de labores con motivo de la pandemia al coronavirus causante de la enfermedad COVID-19, y que hasta el día de su presentación de la demanda de amparo no se le ha notificado la nueva data para el desahogo de la citada audiencia. Luego, si de las constancias remitidas por la Junta Federal responsable con su informe justificado, mediante oficio recibido el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se advierte que por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se certificó que, por virtud de los comunicados emitidos por el Secretario General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos, publicados en el boletín de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los días diecinueve de marzo, siete de abril, veintitrés de abril, veintiocho de mayo, ocho y nueve de junio todos de dos mil veinte, por los que hizo del conocimiento al personal jurídico, operativo, administrativo y de apoyo que labora en dicho órgano laboral, así como a usuarios, litigantes y público en general, que atendiendo a la situación que atraviesa nuestro país ante el brote del coronavirus Covid-19, y en cumplimiento al pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, así como las recomendaciones de la sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, es por lo cual se suspendieron las audiencias y diligencias programadas en el juicio laboral 328/2019 del veintitrés de marzo al quince de julio del año en curso. Y, se ordenó la reanudación de las actividades jurisdiccionales, y fijándose las once horas del nueve de abril de dos mil veintiuno para el desahogo de dicha diligencia, lo que se notificó a la parte actora el trece de noviembre siguiente (fojas 22 y 23); con ello se demuestra que, al momento de la presentación de la demanda (veintisiete de octubre), la omisión de fijar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones era inexistente. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptara parcialmente la existencia del acto que se le atribuyó, toda vez que únicamente reconoció que ante ella se tramita el juicio laboral 328/2019, circunstancia que no implica que sea cierto el acto reclamado, pues de las constancias que adjuntó a éste, se destaca la inexistencia del mismo. Bajo esas premisas, toda vez que el acto reclamado a la presentación del ocurso constitucional, no existe, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, [.]". Al caso se invoca, la tesis número IV.3º. 72K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 254 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII (enero de 1994), Octava Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen al juicio de garantías." Así como en el criterio aislado que sustentó la entonces Tercera Sala del máximo tribunal de la Nación, visible en la página 273, tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del literal: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En las relatadas condiciones, atento a los razonamientos vertidos en la presente sentencia, el suscrito juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los motivos de disenso planteados por la quejosa, derivado de la inexistencia de los actos reclamados. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia VI,1º.J/23 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII-XXIV (octubre-diciembre de 1989) Octava Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. NO causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75. 76, 119, 123 y 124, todos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : UNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra la autoridad, por los actos y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veinte. Glósese a los autos el ocurso del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo; visto su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulados sus alegatos, los cuales se tendrán por recibidos en la audiencia constitucional. Finalmente, en términos del diverso 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, según su ordinal 2º, en su oportunidad, expídasele copia de la sentencia correspondiente, previa toma de razón que se deje en autos. Notifíquese.
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