Erasto Ocampo Alvarez

Expediente 1291/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1291/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • Erasto Ocampo Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, al advertirse que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la determinación dictada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1291/2018-I-B, promovido por ERASTO OCAMPO ÁLVAREZ, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el catorce de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día en este juzgado, ERASTO OCAMPO ÁLVAREZ, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (fojas 3 a 18). SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, se desechó parcialmente y se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y parte tercera interesada, así precisada en el acuerdo respectivo. (fojas 19 a 22) Los terceros interesados fueron emplazados el veinte de agosto de dos mil dieciocho. (fojas 36 a 38) Seguida la secuela del juicio tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. (foja 39). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. ? La omisión del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de ejecutar el laudo dictado en el expediente burocrático 01/270/10. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, consistente en la inejecución del laudo de quince de marzo de dos mil trece, dictado en el expediente laboral 01/270/10. Lo anterior se considera así, no obstante que al rendir su informe justificado la responsable haya aceptado la existencia del acto reclamado (fojas 31 a 34), pues de las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en copia certificada del expediente laboral 01/270/10 a partir del laudo, se evidencia lo contrario, tal y como se expondrá con posterioridad. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Para apreciar lo anterior, debe señalarse que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Así, se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Ahora bien, es preciso citar que lo que el quejoso reclama al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, es la inejecución del laudo emitido el quince de marzo de dos mil trece, en el expediente laboral 01/270/10; en el entendido que combate dicha omisión de forma genérica, pues no señaló en especificó acto u omisión en concreto; ya que se limitó a referir genéricamente la inejecución de dicha determinación. En ese sentido, de las constancias que obran en el presente juicio de garantías, se advierte lo siguiente: 1. El quince de marzo de dos mil trece, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dictó laudo dentro del expediente burocrático 01/270/10, en el que condenó a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, al pago de diversas prestaciones. 2. Acuerdo de seis de noviembre de dos mil trece, mediante el cual el Tribunal apertura incidente de liquidación y señala las once horas del seis de diciembre de dos mil trece, para el efecto de cuantificar en cantidad liquida el monto de las prestaciones económicas a que fue condenada la parte demandada. 3. Diligencia de seis de diciembre de dos mil trece, mediante la cual se resuelve el incidente de liquidación y decreta la cantidad de $409,102.17 (cuatrocientos nueve mil ciento dos pesos 17/100 moneda nacional) como cantidad liquida a favor del actor. 4. En dieciocho de diciembre de dos mil catorce, se decreta auto de requerimiento de pago por la cantidad antes precisada y se comisiona al actuario de su adscripción con el objeto de que acompañado de la parte actora se constituyan en el domicilio de la demandada y le requiera de pago, proceda a embargar bienes suficientes propiedad de la demandada susceptibles de embargo y que garanticen el crédito laboral. 5. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, ante la falta de cumplimiento del laudo por parte de la parte demandada, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, decreto auto de requerimiento de pago a favor del actor, por la cantidad de $617,096.97 (seiscientos diecisiete mil noventa y seis pesos 97/100 moneda nacional). 6. Diligencia de catorce de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se requiere de pago a la parte demandada, sin que ésta lo realice por no contar con la cantidad monetaria antes precisada. 7. Proveído de cinco de julio de dos ml dieciséis, por el que de nueva cuenta dicta auto de requerimiento de pago en contra de la demandada por la falta de cumplimiento del laudo dictado en el juicio natural, por la cantidad $660,829.21 (seiscientos sesenta mil ochocientos veintinueve pesos 21/100 moneda nacional). 8. Resolución de seis de septiembre de dos mil dieciséis, en la que ante el incumplimiento voluntario de la demandada, en su único punto resolutivo se decreta por unanimidad de votos, la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, esto es, una multa hasta quince salarios mínimos vigentes al Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, de conformidad en lo dispuesto en la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y requiere el cumplimiento de laudo de mérito. 9. Acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en el que deja a disposición de la parte actora los autos del expediente burocrático, para el efecto de que dentro del término de tres días ejercite lo que a su derecho convenga, relativo a las gestiones necesarias para obtener el crédito laboral a su favor. 10. Diligencia de catorce de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se requiere de pago a la parte demandada, apercibiéndola que en caso de existir negativa se hará efectiva la aplicación del artículo 124, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil, es decir se decretará la destitución al Tesorero y Presidente Municipal, ambos del municipio de Zacatepec, Morelos, con resultados negativos. 11. Resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por la que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, determina por unanimidad de votos declarar procedente la destitución del cargo de Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento del pago de laudo dictado en el expediente burocrático 01/270/10 y se requiere se cumpla del mismo. 12. Resolución de la misma fecha, por la que por unanimidad de votos se decreta aplicar una multa hasta de quince salarios mínimos vigentes al Presidente del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, de conformidad en lo dispuesto en la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y requiere el cumplimiento de laudo de referencia y se apercibe con la destitución a que alude la fracción II de dicho ordinal. 13. Acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, por el que se tiene a la Directora General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, informando la asignación de número de crédito a la multa impuesta a la Tesorera Municipal de Zacatepec, Morelos. 14. Acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, por el que se tiene a la Directora General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, informando la asignación de número de crédito a la multa impuesta a la Tesorera Municipal de Zacatepec, Morelos, equivalente a quince salarios mínimos vigentes en el Estado de Morelos. 15. Proveído de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el que se certifica que la parte demandada no ha dado voluntariamente cumplimiento al laudo de quince de marzo de dos mil trece e interlocutoria de seis de diciembre del mismo año, y se dicta auto de requerimiento de pago a favor del actor, por la cantidad e $745,893.75 (setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y tres pesos 75/100 moneda nacional), con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá de conformidad en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 16. Auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, por el que se tiene a la Directora General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, informando la asignación de número de crédito a la multa impuesta al Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos. 17. Diligencia de seis de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se hace constar la imposibilidad de requerir el pago del laudo de mérito al Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, toda vez que el mismo no se encontró en la hora y día señalados para tal efecto. 18. Acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se ordena dar vista a los integrantes que conforman el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que se encuentren en condiciones de resolver lo conducente, con el acuerdo de diecinueve de mayo del mismo año, en el que se apercibió al Presidente del Ayuntamiento demandado, que en caso se de incumplimiento al laudo de mérito, se procedería de conformidad en lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 19. Interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el que en su único punto resolutivo por unanimidad de votos se declara procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de diecinueve de mayo del mismo año y se decreta la destitución del cargo de Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos. 20. Acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciocho, por el que se requiere a los integrantes del cabildo municipal de Zacatepec, Morelos, a efecto de que informen el estatus que guarda la sanción impuesta, consistente en destitución de Francisco Salinas Sánchez del cargo de Presidente de dicho municipio. 21. Acta de seis de marzo del presente año, por la que el Actuario del Tribunal responsable hace constar la notificación de los respectivos oficios relativos al acuerdo de uno de marzo precisado en el párrafo que antecede. 22. Auto de tres de agosto del año en curso, en el que se ordena dar vista al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con el acuerdo de uno de marzo del mismo año, así como con los oficios dirigidos a los integrantes del cabildo del ayuntamiento demandado, respecto de la medida de apremio decretada en contra de los mismos, toda vez que no cumplieron dentro del término concedido con lo ordenado en aludido proveído. En las apuntadas circunstancias, se colige que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ha dictado acuerdos dentro del juicio laboral de origen, decretando y haciendo efectivos apercibimientos tendentes a la ejecución o cumplimiento del laudo definitivo; asimismo, ha acordado en relación a las manifestaciones del actor, respecto al dictado de medidas inherentes a la ejecución del laudo, de tal manera que el último emitido por dicha autoridad fue el de tres de agosto de dos mil dieciocho, sin que de las constancias que obran agregadas en el expediente de origen se advierta diversa promoción de la parte actora que de impulso a la ejecución del laudo, y ante tal panorama, es evidente que la autoridad responsable ha actuado para lograr la ejecución del laudo burocrático, independientemente de que a la fecha aún no se haya podido ejecutar. Ahora bien, en el caso en particular se advierte que el quejoso no reclama en el presente juicio de amparo un acto u omisión en concreto a la autoridad responsable, sino que de manera genérica reclama la inejecución del laudo emitido en el expediente de origen, lo que se puede traducir en la falta u omisión de ejecutar el laudo burocrático emitido en el expediente 01/270/10, y que torna improcedente el juicio de amparo. Debe recordarse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que regula la ejecución de los laudos, y de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de conformidad con su artículo 11, dispone lo siguiente: "Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." En ese contexto, debe decirse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, de lo que se colige que el impulso de la ejecución no corresponde al presidente ejecutor sino a la parte actora, pues como se advierte es necesaria su intervención en la ejecución del laudo. Es aplicable la tesis de la Décima Época, de registro 2002144, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, página 1860, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." También sustenta lo anterior la Jurisprudencia de número de registro: 2010031, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia Laboral, página: 845, del siguiente rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional." En razón de lo antes expuesto, no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que, de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, a la ejecución de un laudo, de conformidad con lo previsto por el artículo 151 de la Ley Burocrática Federal, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo dispone su artículo 11, pues como ya se dijo, ese impulso precisamente corresponde al ejecutante y no al presidente ejecutor, dada la necesaria intervención del actor, por lo tanto, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada la omisión genérica de ejecutar el laudo que se atribuye al Tribunal responsable. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional. En ese contexto, se concluye que como en el caso se reclama de forma genérica, la inejecución del laudo por parte de la autoridad responsable, el presente juicio es improcedente, en términos la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de Amparo, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición e impulso del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Es aplicable la tesis de la Décima Época, de número de registró 2010025, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, página: 844, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Finalmente, da sustento a lo anterior por analogía la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2000011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página: 2771, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En esas condiciones, al actualizarse la causal prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo se debe de sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por ERASTO OCAMPO ÁLVAREZ, respecto del acto y por la autoridad identificada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe hasta hoy veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1291/2018-I-B, promovido por ERASTO OCAMPO ÁLVAREZ, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el catorce de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día en este juzgado, ERASTO OCAMPO ÁLVAREZ, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (fojas 3 a 18). SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciocho, se desechó parcialmente y se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y parte tercera interesada, así precisada en el acuerdo respectivo. (fojas 19 a 22) Los terceros interesados fueron emplazados el veinte de agosto de dos mil dieciocho. (fojas 36 a 38) Seguida la secuela del juicio tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. (foja 39). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. ? La omisión del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de ejecutar el laudo dictado en el expediente burocrático 01/270/10. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, consistente en la inejecución del laudo de quince de marzo de dos mil trece, dictado en el expediente laboral 01/270/10. Lo anterior se considera así, no obstante que al rendir su informe justificado la responsable haya aceptado la existencia del acto reclamado (fojas 31 a 34), pues de las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en copia certificada del expediente laboral 01/270/10 a partir del laudo, se evidencia lo contrario, tal y como se expondrá con posterioridad. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Para apreciar lo anterior, debe señalarse que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Así, se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Ahora bien, es preciso citar que lo que el quejoso reclama al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, es la inejecución del laudo emitido el quince de marzo de dos mil trece, en el expediente laboral 01/270/10; en el entendido que combate dicha omisión de forma genérica, pues no señaló en especificó acto u omisión en concreto; ya que se limitó a referir genéricamente la inejecución de dicha determinación. En ese sentido, de las constancias que obran en el presente juicio de garantías, se advierte lo siguiente: 1. El quince de marzo de dos mil trece, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dictó laudo dentro del expediente burocrático 01/270/10, en el que condenó a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, al pago de diversas prestaciones. 2. Acuerdo de seis de noviembre de dos mil trece, mediante el cual el Tribunal apertura incidente de liquidación y señala las once horas del seis de diciembre de dos mil trece, para el efecto de cuantificar en cantidad liquida el monto de las prestaciones económicas a que fue condenada la parte demandada. 3. Diligencia de seis de diciembre de dos mil trece, mediante la cual se resuelve el incidente de liquidación y decreta la cantidad de $409,102.17 (cuatrocientos nueve mil ciento dos pesos 17/100 moneda nacional) como cantidad liquida a favor del actor. 4. En dieciocho de diciembre de dos mil catorce, se decreta auto de requerimiento de pago por la cantidad antes precisada y se comisiona al actuario de su adscripción con el objeto de que acompañado de la parte actora se constituyan en el domicilio de la demandada y le requiera de pago, proceda a embargar bienes suficientes propiedad de la demandada susceptibles de embargo y que garanticen el crédito laboral. 5. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, ante la falta de cumplimiento del laudo por parte de la parte demandada, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, decreto auto de requerimiento de pago a favor del actor, por la cantidad de $617,096.97 (seiscientos diecisiete mil noventa y seis pesos 97/100 moneda nacional). 6. Diligencia de catorce de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se requiere de pago a la parte demandada, sin que ésta lo realice por no contar con la cantidad monetaria antes precisada. 7. Proveído de cinco de julio de dos ml dieciséis, por el que de nueva cuenta dicta auto de requerimiento de pago en contra de la demandada por la falta de cumplimiento del laudo dictado en el juicio natural, por la cantidad $660,829.21 (seiscientos sesenta mil ochocientos veintinueve pesos 21/100 moneda nacional). 8. Resolución de seis de septiembre de dos mil dieciséis, en la que ante el incumplimiento voluntario de la demandada, en su único punto resolutivo se decreta por unanimidad de votos, la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, esto es, una multa hasta quince salarios mínimos vigentes al Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, de conformidad en lo dispuesto en la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y requiere el cumplimiento de laudo de mérito. 9. Acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en el que deja a disposición de la parte actora los autos del expediente burocrático, para el efecto de que dentro del término de tres días ejercite lo que a su derecho convenga, relativo a las gestiones necesarias para obtener el crédito laboral a su favor. 10. Diligencia de catorce de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se requiere de pago a la parte demandada, apercibiéndola que en caso de existir negativa se hará efectiva la aplicación del artículo 124, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil, es decir se decretará la destitución al Tesorero y Presidente Municipal, ambos del municipio de Zacatepec, Morelos, con resultados negativos. 11. Resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por la que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, determina por unanimidad de votos declarar procedente la destitución del cargo de Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento del pago de laudo dictado en el expediente burocrático 01/270/10 y se requiere se cumpla del mismo. 12. Resolución de la misma fecha, por la que por unanimidad de votos se decreta aplicar una multa hasta de quince salarios mínimos vigentes al Presidente del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, de conformidad en lo dispuesto en la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y requiere el cumplimiento de laudo de referencia y se apercibe con la destitución a que alude la fracción II de dicho ordinal. 13. Acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, por el que se tiene a la Directora General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, informando la asignación de número de crédito a la multa impuesta a la Tesorera Municipal de Zacatepec, Morelos. 14. Acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, por el que se tiene a la Directora General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, informando la asignación de número de crédito a la multa impuesta a la Tesorera Municipal de Zacatepec, Morelos, equivalente a quince salarios mínimos vigentes en el Estado de Morelos. 15. Proveído de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el que se certifica que la parte demandada no ha dado voluntariamente cumplimiento al laudo de quince de marzo de dos mil trece e interlocutoria de seis de diciembre del mismo año, y se dicta auto de requerimiento de pago a favor del actor, por la cantidad e $745,893.75 (setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y tres pesos 75/100 moneda nacional), con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá de conformidad en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 16. Auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, por el que se tiene a la Directora General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, informando la asignación de número de crédito a la multa impuesta al Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos. 17. Diligencia de seis de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se hace constar la imposibilidad de requerir el pago del laudo de mérito al Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, toda vez que el mismo no se encontró en la hora y día señalados para tal efecto. 18. Acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se ordena dar vista a los integrantes que conforman el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que se encuentren en condiciones de resolver lo conducente, con el acuerdo de diecinueve de mayo del mismo año, en el que se apercibió al Presidente del Ayuntamiento demandado, que en caso se de incumplimiento al laudo de mérito, se procedería de conformidad en lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 19. Interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el que en su único punto resolutivo por unanimidad de votos se declara procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de diecinueve de mayo del mismo año y se decreta la destitución del cargo de Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos. 20. Acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciocho, por el que se requiere a los integrantes del cabildo municipal de Zacatepec, Morelos, a efecto de que informen el estatus que guarda la sanción impuesta, consistente en destitución de Francisco Salinas Sánchez del cargo de Presidente de dicho municipio. 21. Acta de seis de marzo del presente año, por la que el Actuario del Tribunal responsable hace constar la notificación de los respectivos oficios relativos al acuerdo de uno de marzo precisado en el párrafo que antecede. 22. Auto de tres de agosto del año en curso, en el que se ordena dar vista al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con el acuerdo de uno de marzo del mismo año, así como con los oficios dirigidos a los integrantes del cabildo del ayuntamiento demandado, respecto de la medida de apremio decretada en contra de los mismos, toda vez que no cumplieron dentro del término concedido con lo ordenado en aludido proveído. En las apuntadas circunstancias, se colige que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ha dictado acuerdos dentro del juicio laboral de origen, decretando y haciendo efectivos apercibimientos tendentes a la ejecución o cumplimiento del laudo definitivo; asimismo, ha acordado en relación a las manifestaciones del actor, respecto al dictado de medidas inherentes a la ejecución del laudo, de tal manera que el último emitido por dicha autoridad fue el de tres de agosto de dos mil dieciocho, sin que de las constancias que obran agregadas en el expediente de origen se advierta diversa promoción de la parte actora que de impulso a la ejecución del laudo, y ante tal panorama, es evidente que la autoridad responsable ha actuado para lograr la ejecución del laudo burocrático, independientemente de que a la fecha aún no se haya podido ejecutar. Ahora bien, en el caso en particular se advierte que el quejoso no reclama en el presente juicio de amparo un acto u omisión en concreto a la autoridad responsable, sino que de manera genérica reclama la inejecución del laudo emitido en el expediente de origen, lo que se puede traducir en la falta u omisión de ejecutar el laudo burocrático emitido en el expediente 01/270/10, y que torna improcedente el juicio de amparo. Debe recordarse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que regula la ejecución de los laudos, y de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de conformidad con su artículo 11, dispone lo siguiente: "Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." En ese contexto, debe decirse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, de lo que se colige que el impulso de la ejecución no corresponde al presidente ejecutor sino a la parte actora, pues como se advierte es necesaria su intervención en la ejecución del laudo. Es aplicable la tesis de la Décima Época, de registro 2002144, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, página 1860, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." También sustenta lo anterior la Jurisprudencia de número de registro: 2010031, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia Laboral, página: 845, del siguiente rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional." En razón de lo antes expuesto, no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que, de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, a la ejecución de un laudo, de conformidad con lo previsto por el artículo 151 de la Ley Burocrática Federal, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo dispone su artículo 11, pues como ya se dijo, ese impulso precisamente corresponde al ejecutante y no al presidente ejecutor, dada la necesaria intervención del actor, por lo tanto, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada la omisión genérica de ejecutar el laudo que se atribuye al Tribunal responsable. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional. En ese contexto, se concluye que como en el caso se reclama de forma genérica, la inejecución del laudo por parte de la autoridad responsable, el presente juicio es improcedente, en términos la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de Amparo, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición e impulso del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Es aplicable la tesis de la Décima Época, de número de registró 2010025, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, página: 844, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Finalmente, da sustento a lo anterior por analogía la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2000011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página: 2771, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En esas condiciones, al actualizarse la causal prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo se debe de sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por ERASTO OCAMPO ÁLVAREZ, respecto del acto y por la autoridad identificada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe hasta hoy veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca Morelos, quince de agosto de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda presentado por Erasto Ocampo Álvarez por su propio derecho contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, Presidente, Tesorero e integrantes del cabildo todos del Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos Pleno del Congreso del Estado de Morelos y/o Integrantes del Poder Legislativo del Estado de Morelos y al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; fórmese el expediente 1291/2018-I y al respecto se provee lo siguiente: Desechamiento parcial. Del análisis integral de la demanda de que se trata, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables entre otras al Pleno del Congreso del Estado de Morelos y/o Integrantes del Poder Legislativo del Estado de Morelos y al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha parcialmente la demanda de amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades, Pleno del Congreso del Estado de Morelos y/o Integrantes del Poder Legislativo del Estado de Morelos y al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, toda vez que se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia en virtud de como el propio quejoso lo expresó, estos no están obligados al cumplimiento de manera directa del laudo cuya omisión acatar reclama sino de su participación la hace desprender de que son los encargados de suministrar recursos para el pago de la condena. Razón por la cual, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; no tienen el carácter de autoridades responsables en virtud de que en este caso; no dictaron, ordenaron, ejecutaron o trataron de ejecutar el acto reclamado. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda de amparo promovida por Erasto Ocampo Álvarez, por su propio derecho, únicamente contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Determinación sobre el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. Solicitud de informe a la autoridad responsable. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrán que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a las autoridades responsables que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fijación de fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON UN MINUTO DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del ministerio público federal. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. Obligación de las partes. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Obligaciones de las autoridades responsables. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cuauhtemoczin número 18, interior 05, de la colonia centro de Cuernavaca, Morelos; asimismo se tiene como autorizados con las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas propuestos. Determinación sobre la parte tercera interesada. Ahora bien, antes de proveer sobre los terceros interesados, por cuanto al Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, Presidente, Tesorero e integrantes del cabildo todos del Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, quienes fueron señalados como autoridades responsables en la demanda de amparo conforme al artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerlos con ese carácter de responsables, en virtud de que estas son parte demandada dentro del juicio laboral de origen y por ello obligados al incumplimiento del laudo, de ahí que en este juicio tendrán el carácter de terceros interesados, máxime que en el particular la omisión que reclama al tribunal laboral respectivo, como rector del procedimiento. De esta manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, asiste el carácter de tercero interesado en la presente contienda constitucional a. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Tesorero Municipal de Zacatepec Morelos. Partes demandadas en el juicio natural. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, mediante oficio emplácese a los terceros interesados; corriéndoles traslado con copia simple del escrito inicial de demanda para que si a sus intereses conviene comparezca a juicio, haciéndole de su conocimiento que se señalaron las once horas con un minuto del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia constitucional. Publicación de datos personales. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. Notificación del auto admisorio. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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