Erasmo Hernández Muñoz

Expediente 1807/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1807/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Erasmo Hernández Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por Héctor Francisco Monsalvo Ayala, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el seis de diciembre de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Asimismo, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Finalmente, se tiene conocimiento que las autoridades, se encuentran gozando de las vacaciones correspondientes al segundo periodo del año en curso y, no será posible entregar los oficios respectivos, por tanto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción para que una vez que estas reanuden labores, procedan a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante el periodo vacacional. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1807/2018-II, promovido por ERASMO HERNÁNDEZ MUÑOZ. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en esa fecha a este Juzgado por derecho propio compareció ERASMO HERNÁNDEZ MUÑOZ a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Congreso; Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso y Director Jurídico del Congreso, todos del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. El ocho de noviembre de dos mil dieciocho se registró con el expediente 1807/2019-II se radicó y, al advertir motivos de improcedencia, se desechó la demanda (fojas 22 a 27 del expediente principal). Inconforme con la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, que por turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, radicado con el número 418/2018, en sesión de veintiuno de enero de dos mil diecinueve se declaró incompetente por razón de la materia y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este Circuito en Turno (45 a 63 del expediente principal). Por auto de doce de febrero el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, en el recurso de queja 23/2019 determinó no aceptar la competencia planteada y ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que determinara que tribunal debía resolver el presente recurso (fojas 65 a 67). Por resolución de veintiséis de junio de dos mil diecinueve la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el competente para conocer del recurso de queja es el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito. En consecuencia, en sesión de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 45 a 63 del expediente principal), el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito declaró fundado el recurso de queja, por tanto, el diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 83 a 86 del expediente principal), se admitió la demanda promovida por ERASMO HERNÁNDEZ MUÑOZ, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó fecha para la audiencia constitucional que, luego de haber sido diferida se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radican las autoridades que emitieron los actos reclamados, así como el acto de aplicación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Bajo esa premisa, el quejoso reclama al Congreso del Estado: La inconstitucional del artículo 58 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos y Director Jurídico del Congreso de Morelos: El dictamen con proyecto de acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual niega la solicitud de pensión, en aplicación del artículo 58 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Congreso del Estado respecto del proceso legislativo del artículo 58 fracción I de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por otra parte, también es cierto el acto reclamado a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, consistentes en el dictamen de trece de abril de dos mil dieciocho, por medio de la cual se negó la pensión por jubilación al quejoso por no cumplir con el requisito mínimo de años de servicio, ello en aplicación del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, por ello, se materializó el precepto en la esfera jurídica del quejoso, lo que se corrobora con las constancias que en fotocopias certificadas remitió el Delegado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, relativas al expediente formado con motivo de la solicitud de pensión de ERASMO HERNÁNDEZ MUÑOZ, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, como quedó precisado en el segundo considerando del presente fallo, el acto reclamado se hace consistir en el dictamen con proyecto de acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual se negó la solicitud de pensión, en aplicación del artículo 58 fracción I de la Ley del Servicios Civil del Estado de Morelos, también señalado como acto reclamado. Así, a través de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha establecido que en los casos en que se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, esto es, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si, con relación a él no se actualiza una diversa causa de improcedencia. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y únicamente en caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; por lo que resulta incorrecto el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. El criterio anterior está contenido en la jurisprudencia localizable en la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Tesis 2a./J. 71/2000, visible en la página 235, del siguiente texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Con relación a lo anterior, de oficio, el suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al 5º fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, los cuales se trascriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De igual forma, se trascribe el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos: 58. La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: I. La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: a) Con 30 años de servicio 100%; b) Con 29 años de servicio 95%; c) Con 28 años de servicio 90%; d) Con 27 años de servicio 85%; e) Con 26 años de servicio 80%; f) Con 25 años de servicio 75%; g) Con 24 años de servicio 70%; h) Con 23 años de servicio 65%; i) Con 22 años de servicio 60%; j) Con 21 años de servicio 55%; y k) Con 20 años de servicio 50%. Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. II. Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden: a) Con 28 años de servicio 100%; b) Con 27 años de servicio 95%; c) Con 26 años de servicio 90%; d) Con 25 años de servicio 85%; e) Con 24 años de servicio 80%; f) Con 23 años de servicio 75%; g) Con 22 años de servicio 70%, h) Con 21 años de servicio 65%; i) Con 20 años de servicio 60%; j) Con 19 años de servicio 55%; y k) Con 18 años de servicio 50%. Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad.". Ahora, se precisa que en el amparo contra leyes existen diversos supuestos donde ubicar la aplicación de la norma combatida, a saber: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor. 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa). 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido, en los casos en que no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada. 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido), en este supuesto, la situación jurídica del quejoso es análoga, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por inobservancia del principio de igualdad, por lo que la pretensión principal del impetrante es la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, esto es, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos. Es este último supuesto en el que se ubica el quejoso pues basta referir que en el invocado dictamen con proyecto de acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, que se reclamó a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, en el que se negó el otorgamiento de la pensión por jubilación, al no contar con la antigüedad necesaria de servicio efectivo el quejoso, por lo que no encuadraba en lo previsto por el artículo 58, fracción I de la Ley del Servicio Civil, al no haber acreditado una antigüedad de veinte años para gozar de una pensión por jubilación del cincuenta por ciento de su último salario; actualiza una aplicación negativa de la norma combatida, esto es, del referido precepto legal, fracción I, a diferencia de lo regulado para las mujeres trabajadoras, a las que únicamente se le exigen dieciocho años de servicio. Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia del presente juicio respecto al dictamen de trece de abril de dos mil dieciocho, por el que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, determinó improcedente otorgar pensión por jubilación a ERASMO HERNÁNDEZ MUÑOZ, en términos del artículo 61, fracción XII, con relación al 5º fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. De dichos preceptos de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo debe ser instado por quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la jurisprudencia de la Novena Época; 1a. Sala; Semanario Judicial y su Gaceta; XXVII, Enero de 2008; Pág. 225; registro: 170 500, al interpretar el artículo 4 de la Ley de Amparo abrogada, que para la procedencia del juicio de garantías, el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. La jurisprudencia de mérito es del texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.". Atento a lo anterior, se estima que dicha interpretación es acorde al contenido del vigente artículo 5º fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en la medida que este dispone que debe ser promovido el juicio por quien acredite: "ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico"; de ahí que se estime que tal interpretación del artículo 4 de la abrogada ley, no se contrapone con el texto del numeral citado en primer término; por ende, resulta vigente el criterio jurisprudencial. Ahora bien, debe citarse como antecedentes del caso, que mediante escrito presentado ante el Congreso del Estado de Morelos el dos de mayo de dos mil diecisiete, ERASMO HERNÁNDEZ MUÑOZ, solicitó pensión por jubilación y el trece de abril de dos mil dieciocho, la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado negó la multicitada solicitud, sin embargo, se aprecia que, precisamente, al tener el carácter de comisión legislativa, se trata de un órgano interno que en el ámbito de su competencia, analizó la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación de ERASMO HERNÁNDEZ MUÑOZ y emitió un dictamen que somete a votación y se traduce en un punto de acuerdo; por tanto, dicha actuación no constituye una resolución que haya dirimido de forma definitiva la solicitud de pensión, como sí lo sería la que emita en definitiva el Congreso del Estado. En ese sentido, el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, prevé que las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. Se trascribe a continuación dicha disposición: "Artículo 53. Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno.". A su vez, entre la competencia que el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos otorga a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, se encuentra el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente para comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de ese derecho: "Artículo 67. La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, tendrá bajo su responsabilidad: I. El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho;.". En el mismo orden de ideas, el artículo 54, fracción I, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos, prevé que las comisiones legislativas deben conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a sesenta días naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a consideración del Pleno: "ARTÍCULO 54. Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: I. Conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a sesenta días naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a consideración del Pleno; (ADICIONADO, P.O. 3 DE ABRIL DE 2013) En iniciativas preferentes, a más tardar dentro de los cuarenta días naturales la iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno, por lo que la comisión o comisiones competentes deberán llevar a cabo el respectivo proceso de dictaminación dentro de dicho plazo, tomando las previsiones necesarias para remitir el dictamen a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en tiempo y forma, a efecto de que pueda ser listado en el orden del día de la sesión que corresponda o que al efecto se convoque, y cuidando en todo momento no rebasar el término establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.". De conformidad con las disposiciones invocadas, el acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, por el que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, dictaminó que era improcedente conceder a ERASMO HERNÁNDEZ MUÑOZ, pensión por Jubilación, a fin de convertirse en una resolución que en definitiva dirima el trámite de la solicitud de pensión, debe ser presentado al Pleno del Congreso del Estado de Morelos, para su aprobación. Ello es así, porque al tenor de las normas expuestas, se puede advertir que las Comisiones legislativas son órganos internos del Congreso del Estado de Morelos que contribuyen a que éste cumpla con sus atribuciones previstas en la Constitución Local y las leyes respectivas, para lo cual analizan los asuntos de su competencia y los instruyen hasta ponerlos en estado de resolución, elaborando un dictamen que pueda someterse a votación; y, en caso de aprobación por el Pleno del Órgano Legislativo Estatal, lo que se traducirá en un punto de acuerdo. Con base en lo anterior, se concluye que el dictamen es uno de los actos que conforman el procedimiento correspondiente y no constituye una resolución definitiva que en sí misma haya puesto fin a la solicitud de pensión hecha por el peticionario de amparo, como sí lo es la aprobación o no que realiza el Pleno en atención a lo que la Comisión respectiva le presente, para convertirla en punto de acuerdo. Por tanto, al combatir a través del presente juicio de amparo la referida determinación de la Comisión legislativa del Copngreso del Estado de Morelos, actualiza la causa de improcedencia del juicio por lo que debe sobreseerse de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en tanto que lo aquí reclamado no constituye un acto definitivo de lo que se obtiene que se está en presencia del reclamo de un acto que no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica de ERASMO HERNÁNDEZ MUÑOZ. Lo anterior es así habida cuenta que lo dictaminado por la Comisión responsable no dirime en definitiva el planteamiento formulado por el quejoso en torno a la pensión que solicitó y, por ende, lo resuelto por dicha instancia no constituye un acto de autoridad con las características que al respecto disponen los ordinales 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, puesto que no afecta de manera real y actual el derecho ejercido por el impetrante del amparo, en la medida que no podría catalogarse como una resolución definitiva. Por identidad de razón jurídica, es aplicable la jurisprudencia P./J. 88/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 919 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, correspondiente a la Novena Época, registro 180675, del rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y NO RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN A UN ASUNTO.". Lo anterior se corrobora con lo resuelto en el juicio de amparo 1862/2018-III, promovido por el propio quejoso ERASMO HERNÁNDEZ MUÑOZ radicado ante este juzgado, en el que se reclamó la expedición, promulgación y publicación de los artículos 24 fracción XV, 58 fracciones I y II, 59 y 56 segundo párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos así como el dictamen con proyecto de acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual se negó la solicitud de pensión, en aplicación de los referidos preceptos de la Ley del Servicios Civil del Estado de Morelos. En dicho juicio se dictó sentencia el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve en la que se determinó sobreseer respecto de la emisión del dictamen con proyecto de acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho y la aplicación de los artículos 24 fracción XV, 59, y 56 segundo párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; en cambio y negar el amparo por cuanto al artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como el acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho. Contra dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, donde se radicó el recurso de revisión bajo el número 93/2019 y, en sesión de catorce de noviembre de dos mil dieciocho se confirmó la sentencia recurrida. De dicho antecedente se corrobora que el referido dictamen inicial de trece de abril de dos mil dieciocho no se constituía en definitivo, sino hasta que fue autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, en contra del cual incluso el quejoso ya promovió amparo. Dicho juicio se envió como asunto concluido al archivo el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Información que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la jurisprudencia P./J.16/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).", por encontrarse en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación con el 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, respecto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, de quien se reclama el dictamen de trece de abril de dos mil dieciocho, por el que se niega el otorgamiento de la pensión por jubilación; por ende, se sobresee en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgado federal determinó en párrafos anteriores, la actualización de una causal de improcedencia del juicio respecto al acto concreto de aplicación, como lo es el dictamen de trece de abril de dos mil dieciocho; por ello, en estricta aplicación de la jurisprudencia P./J. 88/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, y debido a la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente debe hacerse extensivo el sobreseimiento en el juicio respecto a los actos reclamados a la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Morelos y al Director Jurídico del Congreso, consistentes en la expedición del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en términos de artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causal invocada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con la fracción V de artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ERASMO HERNÁNDEZ MUÑOZ, respecto de los actos y a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy seis de diciembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron, asistido de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo las DIEZ HORAS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe. *NMTG*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado y, con los mismos y con las constancias que se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan; asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

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