Erasmo Díaz Montelongo
Expediente 431/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/06/2019
Partes del expediente
- Erasmo Díaz Montelongo
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 22014/2019, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 257/2019-IV (orden 299/2019-IV) del índice de este órgano de control constitucional; en consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito en el libro de gobierno respectivo, sin que haya necesidad de acusar recibo, en virtud de que el trámite del juicio en línea es visible para ambos órganos en el apartado de "Consulta de expedientes electrónicos relacionados". Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos el oficio 19241/2019 y anexos, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al que adjunta el cuaderno original del Juicio de amparo 933/2019 de su índice, promovido por Erasmo Díaz Montelongo, en virtud de que por auto de diez de mayo de dos mil diecinueve, ese juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo en mención y declinó competencia a favor de este tribunal; por tanto, regístrese el expediente en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este Tribunal Federal bajo el orden 431/2019-IV. Este juzgado hace suyos los razonamientos vertidos por el Juzgado de Distrito declinante, pues como bien lo consideró, la ejecución de los actos reclamados tendrá lugar dentro de la jurisdicción de este tribunal, ya que del escrito de demanda, se advierte que consiste en el requerimiento de la entrega de la parcela 34, ubicada en el ejido Lavaderos, municipio de San Fernando, Tamaulipas, con una superficie de 30-19-07.00 hectáreas, por lo que resulta evidente la competencia de este juzgado para conocer del asunto. En tales condiciones, al actualizarse la primera hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano judicial acepta la competencia para conocer de la demanda de trato; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por numeral 48 de la citada legislación, hágase lo anterior del conocimiento del juzgado oficiante para los efectos legales conducentes. Por otra parte, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Así las cosas, la parte quejosa señala como autoridad responsable, a la siguiente: 1. Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Asimismo, como acto reclamado: "1.- El incumplimiento a la sentencia de fecha 31 de mayo del año 2016, dictada en los autos del expediente 537/2016 2.- El incumplimiento a lo estipulado en los resolutivos de la sentencia en relación a lo que establece el punto resolutivo cuarto en relación a la entrega de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional) a mi favor. (sic) Igualmente, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, aseveró: " Que en fecha 06 de diciembre de 2008 Leonila Rivera Hernández demando al suscrito Erasmo Díaz Montelongo y Alejo Hernández Villanueva la nulidad del contrato celebrado por el suscrito y el tercero con interés Alejo Hernández Villanueva en relación a la parcela 34, ubicada en el ejido Lavaderos, Municipio de San Fernando, Tamaulipas de una superficie de 30-19-04.00 hectáreas, seguido el trámite legal del juicio agrario radicado con numero 537/ dictó sentencia en la cual en sus puntos resolutivos se condena al suscrito Erasmo Días Montelongo a entregar en favor de Leonila Rivera Hernández la parcela 34 y a Alejo Hernández Villanueva a entregar en favor de Erasmo Diaz Montelongo la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 0/100 Moneda nacional), con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia referida se emite acuerdo de fecha 24 de septiembre del año 2018 en el que se ordena en el punto cuarto se requiera al suscrito la entrega voluntaria de la parcela, en el punto noveno se ordena instruya al suscrito se abstenga de perturbar la posesión de la parcela o del bien ejecutado, por las diversas violaciones cometidas en la ejecución de la sentencia en contra del suscrito, solicito la protección y amparo de la justicia federal." (sic) También, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el quejoso aduce tener sembrada de sorgo la parcela, y que su posesión es la única garantía para recibir el pago de cien mil pesos a que fuera condenado Alejo Hernández Villanueva. Lo anterior, actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones IV y V del numeral 107 del citado cuerpo normativo. El artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, regula la procedencia del juicio de amparo cuando se reclaman actos provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea i) dentro de juicio, ii) en ejecución de sentencia o iii) después de concluido. Tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, es impugnable, por regla general, la última resolución, esto es, (i) aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, (ii) la que ordena el archivo definitivo del expediente o (iii), en caso de procedimientos de remate, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y bienes rematados; puntos en que el legislador recogió las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuestas en la jurisprudencia cuyos rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora, del contexto de la demanda se tiene que si bien es cierto que el quejoso reclama el incumplimiento a la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio agrario 537/2008, por el cual la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, ordenó la ejecución forzosa de la sentencia emitida dentro del citado expediente, consistente en la entrega de la parcela número 34 Z-1 P-1/1, localizada en el ejido "Lavaderos", en la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, asimismo, el incumplimiento a lo estipulado en los resolutivos de la sentencia en relación a lo que establece el punto resolutivo cuarto sobre la entrega de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional) a favor del aquí quejoso; también es cierto que su causa de pedir está encaminada en contra del requerimiento para que entregue esa parcela, misma que dice tener sembrada de sorgo y que le realizó diversas mejoras. Del acto reclamado y de los antecedentes, se advierte también, que el quejoso es parte demandada en el juicio de origen, y que sólo se duele de la orden de ejecución de la sentencia definitiva contenida en el auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, pero ello en forma alguna constituye la última resolución, con la cual se pone de manifiesto que el acto reclamado es de los que se emiten en el período de ejecución de sentencia, en cuyo caso, únicamente procede el juicio de amparo biinstancial contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en donde se pueden reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que se estimen la hubieren dejado sin defensa; autos y diligencia reclamados, que no es factible considerarlos la última resolución dictada en el procedimiento, pues para ello se debe reconocer un cumplimiento total de lo sentenciado; empero, en el presente caso, como se indicó en los antecedentes de la demanda, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia, sin que haya culminado el procedimiento que concluye con la declaratoria que aprueba o reconoce el cumplimiento total del resolución. De ahí que se reitere, que lo reclamado por la parte quejosa no es la última resolución para acudir en amparo indirecto, ya que por última resolución debe entenderse la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o en su caso, la declaración de imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En consecuencia, es evidente la improcedencia de la demanda de garantías que nos ocupa, atento a que, la única hipótesis en la que procede el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, sin atender el estado procesal del juicio, es aquella en la que se promoviera el juicio de garantías como tercero extraño a juicio, en términos del precepto 107, fracción VI de la Ley de Amparo; hipótesis legal que en la especie no se da; ya que como se obtiene de la demanda de garantías y de las manifestaciones vertidas en la misma, el quejoso es parte dentro del juicio agrario 537/2008, del índice del Tribunal Unitario Agrario señalado como responsable, por lo que, de ninguna manera constituye como se dijo con anterioridad, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Apoya a los anteriores razonamientos por analogía, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/253, en la página mil trescientos treinta y uno, del Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo". Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, exige para que sea procedente el juicio de amparo, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y, lo correcto es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por Erasmo Díaz Montelongo; por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 de la Ley de la Materia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Toda vez que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones, el domicilio ubicado en calle Veinte y Ocampo, número 402, en Ciudad Victoria, Tamaulipas y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al Gilberto Gutiérrez Sánchez, quien se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; téngase como autorizado al profesionista que refiere, mas no así el domicilio, por encontrarse fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, dado que el domicilio de la parte quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, para que en auxilio de las labores de este tribunal comisione a quien corresponda con el propósito de que se constituya en el citado lugar y notifique personalmente el presente acuerdo a la peticionaria del amparo Erasmo Díaz Montelongo. De igual manera, la requiera para que en el término de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, las subsecuentes que revistan el carácter de personales, se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Erasmo Díaz Montelongo. Notifíquese personalmente a la parte agraviada mediante exhorto. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes
- Epifanio Salinas Galván603/2019
- Epifanio Santiago Gómez1924/2014
- Epigmenio Ruiz Aguilar1933/2014
- Epitacia Hernández Benito1211/2015
- Erandi Márquez González231/2017
- Erasmo Álvarez Castañeda160/2022
- Erasmo Luna Torres1493/2021
- Erendira Citlalick Diaz López89/2021
- Erendira Citlalick Diaz López290/2021
- Eréndira Citlalick Díaz López1213/2021
- Erendira Citlalick Diaz López90/2021
- Eréndira Citlalick Díaz López236/2021