Erasmo Álvarez Castañeda
Expediente 160/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2022
Partes del expediente
- Erasmo Álvarez Castañeda
- Erasmo Álvarez Castañeda y Otros.
- Rebeca Cortinas Aguirre
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Juan Andrés Alvarado López, en su carácter de apoderado legal de Erasmo Álvarez Castañeda, Rebeca Cortinas Aguirre, Dalia Hortencia Peña Cortinas y Juan Andrés Alvarado Cortinas, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el tres de febrero del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a la parte agraviada para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiese allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, tres de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de amparo signado por Juan Andrés Alvarado López, en su carácter de apoderado legal de Erasmo Álvarez Castañeda, Rebeca Cortinas Aguirre, Dalia Hortencia Peña Cortinas y Juan Andrés Alvarado Cortinas, a través del cual, comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y las autoridades que menciona. En consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 160/2022-III, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así las cosas, la parte quejosa señala como autoridades responsables, a las siguientes: Martín Almaraz Favela, presidente del Fondo de Aseguramiento Agrícola El Seguro Del Valle. Roberto Almaraz Favela, Gerente del Fondo de Aseguramiento Agrícola El Seguro del Valle. Rubén Darío Puga Juárez, accionista y apoderado legal de Agropecuaria La Capilla del Noreste, Sociedad Anónima de Capital Variable; y, Juan Pablo Garza Galindo, gerente de Agropecuaria La Capilla del Noreste, Sociedad Anónima de Capital Variable. Todos con residencia en Valle Hermoso, Tamaulipas. Asimismo, como actos reclamados: "La violación al derecho de petición del suscrito, ya que de manera pacífica y respetuosa, les he solicitado informes, a las autoridades responsables sobre las pólizas de seguros, con su hoja de sostén de labores del campo, el acta de siniestros o de recolección, así como copias certificadas de las indemnizaciones de los siniestros ocurridos en el ciclo agrícola 2020-2021, tanto del suscrito como de mis representados, así mismo se violenta en mi contra y representados el derecho a no ser molestado en nuestras propiedades, posesiones, es decir el Artículo 17 Constitucional, ya que la autoridad responsable se adjudicó de manera directa el total de la póliza del seguro contratado y peor aún sin siquiera permitiéndonos saber la cantidad que se nos entregó por el siniestro." (sic) Por su parte, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado refiere: "El suscrito contrate un seguro agrícola con la autoridad responsable, es el caso que mi sorgo y el de mis representados se vieron afectados y en consecuencia entro el fondo de aseguramiento, donde ellos pagaron los daños o perdidas en nuestra cosecha de sorgo, ellos de manera unilateral decidieron entregarla a AGROPECUARIA LA CAPILLA, S.A de C.V. es decir nos están molestando en nuestro patrimonio sin mediar antes la orden de un JUEZ, así mismo les solicitamos la información, tanto de lo referente al fondo de aseguramiento o de los contratos de AGROPECUARIA LA CAPILLA, S.A DE C.V. y tanto el fondo de aseguramiento y la Agropecuaria se niegan a entregar los documentos, argumentando que el Sr. RUBEN DARIO PUGA JUAREZ, se encuentra en Estados Unidos y el Gerente el Sr. Juan Pablo Garza Galindo, está impedido para entregar la información, es decir se niegan a entregar la información del dinero que por derecho tengo que recibir y de las cantidades que me deposito el Fondo de Aseguramiento y el Presidente del Fondo de Aseguramiento me dice que él no puede dármelo, que por que, no está autorizado, es decir aun y cuando el suscrito, así como mis representados somos los beneficiarios, de las pólizas de seguro, pagamos el mencionado seguro, nos trae a puras vueltas por la información peor que él es presidente de dicho fondo de aseguramiento." (sic) Así las cosas, de las anteriores transcripciones y del contenido integral del escrito de demanda, se desprende que el motivo de disentimiento de la parte quejosa es la omisión de las autoridades señaladas como responsables de brindarle la información solicitada respecto a las pólizas de seguros de los siniestros ocurridos en el ciclo agrícola 2020-2021; así mismo, reprocha el hecho de que dichas responsables pagaron los daños o pérdidas de su cosecha a Agropecuaria La Capilla, Sociedad Anónima de Capital Variable. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente al actualizarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I y 5°, fracción II, interpretados a contario sensu, todos de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no constituyen a emitidos por autoridad. Ahora bien, los numerales citados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del texto del último de los preceptos transcritos se advierten dos supuestos a saber: a) Con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto; y, b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Asimismo, es necesario tener en consideración lo dispuesto por la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, que dispone en la fracción IV del artículo 2, que el Fondo de Aseguramiento, en singular o plural, son las sociedades constituidas como Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, en los términos de esta Ley y de lo previsto en el artículo 13 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Por su parte, el artículo 3 de la citada legislación dispone: "Artículo 3o. Los Fondos de Aseguramiento son las sociedades constituidas en los términos de esta Ley y tendrán por objeto ofrecer protección mutualista y solidaria a sus socios a través de operaciones activas de seguros y coaseguros. Las coberturas que se ofrezcan se circunscribirán a lo siguiente: I. En las operaciones de daños, al ramo agrícola y de animales y a aquellos ramos que específicamente registre ante la Secretaría para el aseguramiento de los bienes conexos a la actividad agropecuaria, rural y patrimonial; II. En operaciones de vida, a coberturas con sumas aseguradas limitadas para atender esquemas de saldo deudor y de vida para familias campesinas, y III. En las operaciones de accidentes y enfermedades de sus socios, el ramo de accidentes personales. Para el caso de las operaciones de vida, las coberturas deberán practicarse por Fondos de Aseguramiento exclusivamente constituidos para este efecto. En el otorgamiento de coberturas para el ámbito rural, se incluyen todas las Líneas de Operación que ofrezcan protección a la población rural, en sus bienes y personas y en sus actividades productivas, comerciales, de servicios o de otro tipo, en los términos de este artículo." De la disposición legal transcrita se desprende que los fondos de aseguramiento son las sociedades constituidas en los términos de la Ley y tienen por objeto ofrecer protección mutualista y solidaria a sus socios a través de operaciones activas de seguros y coaseguros. De ello se puede afirmar que se actualiza la causa de improcedencia antes precisada, en virtud que de los antecedentes del acto reclamado reseñados en el escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa tiene contratado un seguro agrícola y que se vio afectada por siniestros ocurridos en el ciclo 2020-2021; sin embargo, el pago se entregó a una diversa organización y las autoridades que señaló como responsables se niegan a entregarle información respecto de las cantidades entregadas. En ese contexto, los actos reclamados ya precisados derivan de una relación contractual realizada en un plano de igualdad y no de supra subordinación, en tanto que se encuentran encaminados precisamente a controvertir las razones y los montos entregados con motivo de los siniestros acaecidos en el ciclo agrícola de referencia, de manera que no están investidos de las facultades de imperio, pues la parte impetrante del amparo se encuentra en un plano de igualdad por tratarse de prestaciones originadas con motivo de la contratación del seguro agrícola. Además, el artículo 47, inciso e), de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, establece que los organismos integradores deberán impulsar mecanismos voluntarios de solución de controversias entre los Fondos de Aseguramiento y sus socios, lo que denota que la relación jurídica que une a dichos fondos con sus beneficiarios no es en carácter de autoridad sino como ente asegurador. Así, dado que el reclamo se encuentra íntimamente ligado con las funciones del Fondo de Aseguramiento Agrícola, los sujetos relacionados deben acudir, en su caso, a los tribunales ordinarios para dirimir sus controversias. En ese orden de ideas, en la especie se está ante una relación que se encuentra en un plano de igualdad y de coordinación ya que el pago de daños que indica el inconforme son motivo de las pólizas de seguros cuestionadas, lo que actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Andrés Alvarado López, en su carácter de apoderado legal de Erasmo Álvarez Castañeda, Rebeca Cortinas Aguirre, Dalia Hortencia Peña Cortinas y Juan Andrés Alvarado Cortinas. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Sin que pase desapercibida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 929, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", respecto de la cual, la instancia ya aludida aclaró el alcance de la misma, según publicación hecha en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 31, junio 2016, Tomo II, página 829, para quedar en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". En ese sentido, es claro que la jurisprudencia en cita no resulta aplicable al presente caso. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Téngase a la parte agraviado señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo y como autorizados únicamente para dichos efectos a las personas que menciona en tanto que no se encuentran dadas de alta en el sistema computarizado para el registro único de profesionales delderecho ante los órganos jurisdiccionales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, secretario que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
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