Epigmenio Mendoza Rentería
Expediente 613/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 613/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Epigmenio Mendoza Rentería
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de uno de agosto del año en curso, causó firmeza el auto por el cual se desechó la demanda de amparo intentada. Asimismo, en esa providencia se valoró este asunto como destruible en el plazo de seis meses contado a partir de ese auto, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; empero, al corresponder a un auto que desechó la demanda de amparo, debe precisarse que su destino es destruible dentro del plazo de tres años (contado a partir de que se ordenó su archivo), puesto que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, esto como lo señala el diverso número 20, fracción II, del aludido acuerdo general. Háganse las anotaciones de estilo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diecinueve de julio del año en curso, en la que este juzgado federal desechó la demanda de amparo intentada, sin que hayan hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En cumplimiento al artículo 19, fracción I, inciso b) del aludido acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es destruible dentro del plazo de seis meses -contado a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se trata de una incompetencia-; entretanto, resguárdese en el "Archivo de Trámite" de este juzgado.
- Principal
Recepción de la demanda. Se tiene por recibida la demanda a nombre de ********************, en contra de actos de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, que consideró violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); regístrese con el número 613/2023-7. Integración de expediente. En términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye al secretario de Juzgado adscrito que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Precisión preliminar. En principio, es necesario establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a combatir lo que, preliminarmente, se hace consistir en: Autoridad responsable: Acto reclamado: Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad. La omisión de dar respuesta a la solicitud de transmisión de derechos, así como su notificación, presentada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, registrada con el número de expediente ********************. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la persona que funge como juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, del análisis integral del escrito inicial de demanda con sus anexos, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de determinaciones judiciales, emerge que la parte quejosa reclama lo siguiente: "La omisión de la autoridad responsable (Director Local Guanajuato) de la Comisión Nacional del Agua, de emitir y notificar la resolución correspondiente que sería respuesta a mi solicitud de transmisión de derechos, ingresada el 19 de enero del 2023 y a la cual se les asignó el número de expediente ********************." En ese sentido, esta juzgadora considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 1° y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el 113 de la misma legislación, procede desechar de plano la demanda por las siguientes consideraciones: El artículo 8 constitucional dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Para que se dé cabal cumplimiento al derecho fundamental previsto por el numeral 8 de nuestra Carta Magna, es necesario que a toda petición que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo en breve término al peticionario. Para que dé cabal cumplimiento a dicho derecho fundamental, es necesario que la respuesta sea congruente con la solicitud. Lo anterior es así, puesto que en el derecho fundamental de petición reconocido en el precepto que cita, conformado no por uno si no varios derechos que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa a saber: De dar respuesta por escrito a la petición del gobernado en breve termino. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado; y, De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, en el domicilio que el gobernado señaló para tal efecto. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." Así como la diversa, jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigesimoprimer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Sobre ese tenor, resulta oportuno señalar los artículos 22 y 24 de la Ley de Aguas Nacionales, en lo conducente, disponen: "ARTÍCULO 22. "La Autoridad del Agua" deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. [.]" "ARTÍCULO 24. [.] "La Autoridad del Agua" está obligada a notificar personalmente a los promoventes la resolución sobre las solicitudes respectivas referidas en el presente Capítulo, conforme al plazo establecido en el Artículo 22 de la presente Ley y al procedimiento establecido en el Artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables." Numerales de los que se desprende que la autoridad del agua deberá dar contestación a las solicitudes relacionadas con las concesiones de explotación de aguas subterráneas, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles (contado a partir de que el expediente respectivo esté debidamente integrado) y notificar su respuesta dentro de ese mismo término. Por su parte, el diverso numeral 35 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, dispone que se considerará integrado el expediente si después de veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la "La Comisión" no requiere a los interesados para que subsanen las deficiencias que existieren. Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad del agua cuenta con un plazo de sesenta días hábiles para dar respuesta a la solicitud que le sea planteada y además notificarla a la parte interesada; empero, este término comenzará a correr veinte días hábiles siguientes a la presentación de la petición. Asimismo, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se trae a cuenta como hecho notorio que en el cuaderno administrativo de varios 01/2023 de este juzgado federal, el dieciocho de abril del año en curso se tuvo por recibido el oficio remitido por el titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, por el cual informó la imposibilidad que tenía dicha dependencia para laborar, debido al ataque cibernético de que fue objeto y, el diecinueve siguiente, con fundamento en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, se suspendieron, únicamente por el lapso que durara la imposibilidad informada, los términos legales en los juicios que se tramitaron en este órgano jurisdiccional, para la autoridad local del agua -a partir del trece de abril de dos mil veintitrés- hasta en tanto reanudara sus labores con normalidad. Por otra parte, también resulta un hecho notorio en términos del aludido numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que el doce de junio del presente año, se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO por el que se prorroga por cuarta ocasión el diverso por el que se suspenden los términos y plazos de los procedimientos que lleve a cabo la Comisión Nacional del Agua, por existir causas de fuerza mayor originadas por el incidente de seguridad informática ocurrido el 13 de abril de 2023". En dicho acuerdo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó que la suspensión de plazos y términos en cuestión se prorrogaría hasta el día veintitrés de junio de dos mil veintitrés, fecha en la que concluyó la suspensión los términos y plazos de los procedimientos que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua. Sentado ello, en el caso, del escrito de demanda se desprenden como antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, que: El diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la parte quejosa presentó, ante la autoridad responsable una solicitud de transmisión de derechos, la cual quedó registrada bajo el número de expediente ********************; sin que a la fecha haya dado respuesta. La demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés. De lo narrado, se concluye que el ocurso constitucional se presentó cuando habían transcurrido 49 días hábiles de los sesenta con que cuenta la responsable para ello, contados a partir de que se encontraba integrado el expediente para que la autoridad estuviese en condiciones de emitir su respuesta y notificarla a la parte quejosa. En ese sentido, se precisa que el cómputo indicado se realizó conforme a lo siguiente: Fecha de presentación de la petición: 19 de enero de 2023. Inicio de plazo: 20 de enero de 2023. Fecha en que por ministerio de ley, se consideró integrado el expediente respectivo: 17 de febrero de 2023. Fecha en que comenzó a correr el plazo de sesenta días para dar respuesta a su solicitud y notificarla personalmente: 20 de febrero de 2023. Días transcurridos a antes de la presentación de la demanda de amparo (18 de julio de 2023): 49 Cómputos en los que no se consideraron los días siguientes: 21, 22, 28 y 29 de enero; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de febrero; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de marzo; 1, 2, 8 y 9 de abril; 24 y 25 de junio; y, 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de julio, todos del año en curso, por ser sábados y domingos de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Del 13 de abril al 27 de junio de la presente anualidad, ante la suspensión de labores de la autoridad señalada como responsable, como se señaló en líneas precedentes. 6 de febrero; 20 y 21 de marzo; y, 5, 6 y 7 de abril del año que trascurre. En esas condiciones, resulta evidente que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del lapso indicado para dar respuesta a la ahora solicitante de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.68 K, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, página 390, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, octava época, cuyo rubro y texto es: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Se invoca, por contenido substancial, el criterio de la Décima Época, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1861 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Tesis: VI.1o.A.21 A (10a.), registro 2000772, que indica: "DERECHO HUMANO DE PETICIÓN RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER EN SU PRIMER PÁRRAFO EL TÉRMINO DE TRES MESES PARA QUE LAS AUTORIDADES FISCALES DEN RESPUESTA A LAS INSTANCIAS O PETICIONES QUE LES FORMULEN LOS CONTRIBUYENTES, Y ESTABLECER COMO CONSECUENCIA DEL SILENCIO DE LA AUTORIDAD LA FIGURA DE LA NEGATIVA FICTA, NO VULNERA LA CITADA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL. De los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXIX/2011(9a.) y P. LXVII/2011(9a.), de rubros: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", se desprende, en lo conducente, que a fin de adecuar el control de convencionalidad ex officio al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país, debe procederse en primer orden a realizar una interpretación conforme de la norma que se señala violatoria de derechos humanos, teniendo además en consideración lo establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental. Por tanto, al efectuar el control de constitucionalidad a fin de determinar si el artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio del derecho humano de petición, es necesario tomarse en cuenta que el artículo 8o. de la Constitución Federal, que reconoce este último, no prevé un plazo específico para que las autoridades den respuesta a las peticiones que les formulen los particulares, pues exclusivamente alude a que ello deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un breve término, y debe concluirse en primer orden que no existe sustento jurídico para determinar que la sola existencia de un plazo en particular en una norma secundaria, pueda considerarse por sí misma como violatoria del derecho humano en cuestión. De igual modo, del citado primer párrafo del artículo 37 del Código Tributario Federal, se advierte que dicha porción normativa no se limita a establecer el término de tres meses para que las autoridades fiscales den respuesta a las instancias o peticiones que les formulen los particulares, sino que además prevé una consecuencia jurídica para el supuesto consistente en que la autoridad no efectúe pronunciamiento alguno sobre la solicitud planteada, que es la configuración de la negativa ficta, lo que implica que el silencio de la autoridad fiscal ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido ininterrumpidamente durante el mencionado término de tres meses, genera la presunción legal de que resolvió en contra de los intereses del peticionario, circunstancia que da lugar al derecho procesal de interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita, o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva. Así, el término previsto en el primer párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al vincularse con la figura de la negativa ficta en caso de silencio de la autoridad, permite garantizar una definición al particular sobre la petición formulada, ya sea mediante una respuesta en forma expresa, o bien implícitamente, lo que se traduce además en brindarle certeza sobre la existencia de un límite temporal tras el cual estará en aptitud de hacer valer los medios de defensa procedentes en relación con el fondo de lo solicitado, pues con tal figura ficta se determina también la litis sobre la que, eventualmente, versará el medio de defensa que, de estimarlo conveniente, haga valer el particular. Consecuentemente, atendiendo a las dos consideraciones destacadas, y en ejercicio del control de constitucionalidad inicialmente referido, debe concluirse que con el contenido de la porción normativa de mérito no se genera afectación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. constitucional, y que el correspondiente problema jurídico se solventa con el examen efectuado con base en la interpretación conforme de aquélla." Es importante destacar que, si bien, la anterior determinación, bajo una diversa interpretación podría incorporar cuestiones de fondo; sin embargo, se invoca la causal relacionada con la falta de afectación, en concordancia con los principios que rigen el artículo 17 de la Constitución Federal, a fin de evitar trámites y retrasos innecesarios para el promovente, en tanto que a nada práctico conduciría verificar un juicio que concluiría con la misma determinación aquí asumida. Así, se acude a la interpretación que privilegia la posibilidad de que el peticionario inste de nuevo la protección federal una vez transcurrido el plazo. En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo. No se inadvierte que de admitirse al asunto, probablemente a la fecha en que se dictara la sentencia, ya habría transcurrido el aludido plazo; empero, resulta preciso enfatizar que el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo procede contra leyes, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el numeral 75 de la propia ley, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por tanto, para emitir la determinación se tomará en cuenta la fecha de presentación de la demanda y no la data en que se resuelve, por lo que en nada le beneficiaría el trámite de este asunto. Sirve de apoyo, la tesis I.3o.C.750 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe estimarse con relación a la fecha en que se presenta la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse necesariamente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la demanda de amparo, y cuando se reclama fundamentalmente en ésta la falta de emplazamiento al juicio natural y la falsedad del embargo practicado, si no obran tales diligencias, por haberse extraviado el expediente relativo, jurídica y formalmente no existen, puesto que ello acontecería cuando se encontraran los autos originales o se dictara la interlocutoria relativa que declarara repuestas esas actuaciones, lo que no había ocurrido al presentarse la demanda de amparo, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento del juicio de amparo prevista por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Domicilio y autorizado. Toda vez que la parte quejosa señaló expresamente como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones a la quejosa a través de la lista de este juzgado, en razón de que del capítulo IV, denominado: "Notificaciones", no se aprecia la existencia de los estrados. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la conforman, la tesis XXII.1o.22 K, sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, página 1067, intitulada: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Por otra parte, se tiene como autorizado en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que la persona autorizada cuente con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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