Epifanio Juárez Becerra

Expediente 572/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
572/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Epifanio Juárez Becerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó el amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo- puesto que se dictó resolución en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por la parte quejosa. Tomos de pruebas. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de los tomos de pruebas que la Sala responsable allegó a su informe de ley, se ordena su devolución.

  2. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 572/2020-II; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este juzgado el mismo día, **, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Se reclama de la Sala Regional del Centro III, la Resolución de fecha veintidós de septiembre de 2020, recaída a la queja por defecto y exceso en el cumplimiento del acto, interpuesta en el juicio de nulidad **, que resuelve en el sentido de declarar infundada. Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló como autoridad tercera interesada a la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 572/2020; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional En el propio auto de radicación, se reconoció el carácter de autoridad tercera interesada al director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, de quien se ordenó su emplazamiento a través de oficio El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dio inicio la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la resolución reclamada carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO: De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: ? La resolución interlocutoria de veintidós de septiembre de dos mil veinte, que declaró infundado el recurso de queja por exceso y defecto en el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio contencioso ** promovido por la parte quejosa. La autoridad señalada como responsable es: 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 1. Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El magistrado presidente de la sala responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama; en consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, se desprende: 1. El quejoso Epifanio Juárez Becerra demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio **** de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, atribuida al director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, la cual negó otorgar la concesión de aprovechamiento, respecto de la solicitud de uso agrícola 2. En proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable admitió a trámite la demanda y la registró con el progresivo ****, asimismo, ordenó emplazar a la autoridad demandada 3. Seguida la secuela procesal, el tres de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia, conforme a los puntos resolutivos siguientes: I.- La parte actora probó los extremos de su pretensión; en consecuencia; II. Se declara la nulidad de sic resolución impugnada, descrita en el resultando primero de este fallo, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando tercero del mismo. III. NOTIFÍQUESE La consideración toral de este fallo consistió en que el actor en el juicio subyacente, demostró la propiedad y posesión del predio denominado "EL CABU", de San José Iturbide, Guanajuato, donde se localiza el pozo materia del aprovechamiento de aguas nacionales, cuyo título de concesión solicitó y le fue negado en la resolución impugnada; además que también acreditó que la operación del pozo y la explotación de aguas nacionales ocurrió con anterioridad al doce de octubre de mil novecientos noventa y cinco. El efecto de la sentencia fue para lo siguiente: Por todo lo establecido en párrafo anteriores, lo procedentes es declarar la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en lo establecido en el artículo 51 fracción IV y 52 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, PARA EL EFECTO de que la AUTORIDAD DEMANDADA, en el término de CUATRO MESES, a partir de que el presente fallo quede firme, emita una nueva resolución fundada y motivada en la cual proceda otorgar al actor la concesión solicitada para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas para uso agrícola en el predio denominado ***, municipio de San José Iturbide, Guanajuato; en virtud que de conformidad con el artículo Cuarto del Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2002, para el otorgamiento de los títulos de concesión, será la Comisión Nacional del Agua quien determine el volumen anual en función de una lámina de riego de sesenta centímetros, y fijará el plazo de su vigencia en función de la zona donde se localice el aprovechamiento a regularizar, atendiendo a la disponibilidad del acuífero en que se encuentre el aprovechamiento respectivo ; 4. Por auto de cuatro de enero de dos mil diecinueve, se declaró que la sentencia quedó firme al no haberse interpuesto algún medio de defensa. 5. Por escrito presentado ante la Sala Regional, el tres de abril de dos mil diecinueve, el actor ahora quejoso promovió queja por incumplimiento de sentencia , la cual se admitió a trámite el cinco siguiente, ordenando requerir a la autoridad demandada rindiera su informe respectivo. 6. Con fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, se dictó resolución interlocutoria, conforme a los puntos resolutivos siguientes: I. Ha resultado fundada la queja interpuesta por la parte actora. II. Se requiere a la autoridad demandada, para que en el término de veinte días cumpla con el fallo emitido por esta Sala Regional, el tres de octubre de dos mil dieciocho. III. NOTIFÍQUESE 7. En cumplimiento a dicha resolución, la autoridad demandada emitió el oficio **, de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual negó otorgar la concesión de aprovechamiento al aquí quejoso Epifanio Juárez Becerra, bajo el argumento de que no existen volúmenes disponibles para otorgar concesiones adicionales a las ya existentes, toda vez que el acuífero, donde se encuentra el pozo a explotar, cuenta con disponibilidad negativa y resulta imperante para la autoridad demandada la conservación y protección de las reservas acuíferas en zona donde se encuentra el aprovechamiento a explotar. 8. Al considerar que con el oficio anterior no se daba cabal cumplimiento a la sentencia de nulidad, el diez de julio de dos mil diecinueve, el actor hoy quejoso interpuso recurso de queja por defecto y exceso en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, la cual se admitió a trámite en proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve. 9. Mediante resolución interlocutoria de uno de octubre de dos mil diecinueve, la sala del conocimiento declaró improcedente la queja interpuesta y previno a la parte actora para que dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación de esa resolución, instaurara un nuevo juicio en los términos precisados en la parte final de esa determinación. 10. Inconforme con esa resolución el actor aquí quejoso promovió juicio de amparo indirecto, el cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional registrándose bajo el número 1097/2019, el que una vez substanciado, se resolvió mediante sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, concluyendo con el siguiente resolutivo: ÚNICO. La justicia federal ampara y protege a Epifanio Juárez Becerra, en contra del acto de la autoridad que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por lo expuesto y para los efectos indicados en el considerando último de esta sentencia. Los efectos para los que se concedió el amparo son los siguientes: i Deje insubsistente la resolución reclamada. ii En su lugar, dicte otra en la que, con libertad de jurisdicción, analice de manera congruente y exhaustiva los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo, consistentes en: 1. Que existe una sentencia de nulidad dictada por la sala del conocimiento, donde se determinó que la autoridad demandada debía pronunciar una resolución fundada y motivada en un plazo no mayor a cuatro meses a partir del dictado del referido fallo de nulidad, en la que otorgara la concesión solicitada; por tanto, que la autoridad demandada desatendió dicho fallo nulificatorio, al emitir el oficio *** de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, donde nuevamente niega la concesión. 2. Que la autoridad demandada basa su negativa a otorgar la concesión, en la indisponibilidad que tiene el acuífero Doctor Mora-San José Iturbide, donde se ubica el pozo a explotar. 3. Que el tema de la referida disponibilidad negativa acuífera, se prevé en sendos Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece y cuatro de enero de dos mil dieciocho. 4. Que en la resolución dictada en cumplimiento al fallo de nulidad, en la que se niega autorizar la concesión solicitada por la disponibilidad negativa, se basa en Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece y cuatro de enero de dos mil dieciocho, los cuales son posteriores a la fecha en que se ingresó la solicitud de concesión, por lo que se aplican de manera retroactiva en perjuicio del actor. 5. Que la autoridad demandada estaba obligada pronunciar una nueva resolución en un plazo no mayor a cuatro meses, a partir del fallo nulificatorio, con base en los alcances de dicha sentencia, específicamente, que la parte solicitante cumplió con los extremos del Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades agrícolas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil dos. 11. En cumplimiento a la sentencia de amparo, la Sala Regional, con fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia reclamada, y emitió una nueva en donde resolvió declarar infundada la queja por defecto interpuesta por el actor aquí quejoso. Tal decisión constituye el acto reclamado en forma destacada en este asunto. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación esgrimidos son infundados en un aspecto e inoperantes en el resto, como se expone a continuación. a En el primer concepto de violación el quejoso manifiesta que se viola en su perjuicio los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que la Sala Regional dejó de atender sobre la disponibilidad del acuífero en que se encuentra el aprovechamiento, que se debió haber analizado la disponibilidad que se tenía cuando ingresó su solicitud de concesión, esto es, el seis de octubre de dos mil, y no en la actualidad, como lo hizo la Comisión Nacional del Agua, al resolver la última negativa a su trámite, considerando los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación con fechas 20 de diciembre de 2013 y 4 de enero de 2018, porque eso es aplicar de manera retroactiva los decretos publicados sobre la disponibilidad. Agrega que la Sala responsable al dictar la resolución impugnada no consideró los argumentos que hizo valer en su escrito de queja y queja por defecto y exceso, sobre la disponibilidad del agua, así como el contenido de la propia sentencia dictada el tres de octubre de dos mil dieciocho, que dispone que tiene derecho a contar con una concesión, considerando una lámina de riego de 60 centímetros, lo que se traduce en 6 mil metros cúbicos por hectárea, tal y como lo estableció en el Decreto por el que se otorgan las facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de febrero de dos mil dos el que transcribe de los artículos primero al cuarto. Indica que los puntos precisados en dicho decreto se cubrieron desde el seis de agosto de dos mil, cuando presentó su solicitud de concesión, por lo que afirma que la determinación de la Sala Regional es contraria a derecho, porque se dejó de aplicar el contenido de la ley, así como su naturaleza jurídica, sin considerar que se tiene una sentencia en la que se declara procedente el otorgamiento de la concesión a su favor y se le debe dar un volumen de agua en función de una lámina de riego de 6 centímetros y fijar el plazo de la resolución; lo cual ni siquiera es considerado por la responsable, en la resolución reclamada. Argumenta además que al emitirse la sentencia se dejó de observar el contenido de los artículos 51 y 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que al resolver como infundada la queja se le deja en estado de indefensión; máxime que no se tomó en cuenta lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, que dispone que la autoridad del agua deberá contestar las solicitud dentro de un plazo que no exceda de sesenta días hábiles, desde su fecha de presentación, que en el caso lo fue el seis de octubre de dos mil. Dichos motivos de disenso son infundados en un aspecto e inoperantes en el resto. Es infundado el concepto de violación en la parte que refiere que la sala responsable no analizó los argumentos que hizo valer sobre la disponibilidad del agua, así como el contenido de la propia sentencia dictada el tres de octubre de dos mil dieciocho, que dispone que tiene derecho a contar con una concesión, considerando una lámina de riego de 60 centímetros, lo que se traduce en 6 mil metros cúbicos por hectárea, pues contrario a lo que afirma del contenido de la resolución impugnada, se aprecia que la autoridad precisó: "Ahora bien, el incumplimiento del que se duele la ahora quejosa, es porque la autoridad demandada, no ha dado debido cumplimiento a la sentencia de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, toda vez que al haberse declarado la nulidad para efectos de la resolución impugnada, la autoridad se encontraba obligada a otorgarle la concesión solicitada. Establecido lo anterior, esta Juzgadora advierte que el incumplimiento del que se duele la quejosa resulta una gestión y un procedimiento independiente, ya que si bien, de la sentencia de tres de octubre de dos mil dieciocho, se desprende que se declaró la nulidad para efectos de que la autoridad demandada emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la cual otorgara al ahora quejoso la concesión solicitada para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas para uso agrícola, determinando el volumen anual en función de una lámina de riego de sesenta centímetros y fijara el plazo de su aprovechamiento, no menos cierto es, que la autoridad, para la Concesión precitada, también estaba obligada a considerar la disponibilidad del acuífero en que se encuentre el aprovechamiento. En este orden de ideas, la autoridad demandada al momento de emitir la resolución objeto de la presente queja, informa que actualmente no existen volúmenes disponibles para otorgar concesiones adicionales a las ya existentes, toda vez que dicho acuífero se encuentra con disponibilidad negativa y al ser imperante la conservación y protección de las reservas acuíferas de la mencionada zona, es que la autoridad justifica la negativa para la explotación de agua en esa zona. En este sentido, esta Juzgadora considera infundados los argumentos de la hoy quejosa, pues la autoridad es clara en precisar el impedimento que tiene para realizar la Concesión solicitada por la demandante, al determinar la indisponibilidad del acuífero. Para llegar a la conclusión anterior, es necesario señalar, que si bien mediante sentencia definitiva de fecha 3 de octubre de 2018, esta sala reconoció el derecho que le asiste a recibir la Concesión solicitada, al precisar al reverso de la foja 190 de autos lo siguiente: Por todo lo establecido en párrafos anteriores, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en lo establecido en el artículo 51 fracción IV y 52 fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, PARA EL EFECTO de que la AUTORIDAD DEMANDADA, en el término de CUATRO MESES, a partir de que el presente fallo quede firme, emita una nueva resolución fundada y motivada en la cual proceda otorgar al actor la concesión solicitada para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas para uso agrícola en el predio denominado **, municipio de San José Iturbide, Guanajuato; en virtud que de conformidad con el artículo Cuarto del Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2002, para el otorgamiento de los títulos de concesión, será la Comisión Nacional del Agua quien determine el volumen anual en función de una lámina de riego de sesenta centímetros, y fijará el plazo de su vigencia en función de la zona donde se localice el aprovechamiento a regularizar, atendiendo a la disponibilidad del acuífero en que se encuentre el aprovechamiento respectivo. De la anterior cita, se desprende el derecho que le asiste al demandante a la Concesión solicitada para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas para uso agrícola en el predio denominado **, municipio de San José Iturbide, Guanajuato, no obstante, esta sala precisó que para efectos de la Concesión antes mencionada, la autoridad debía determinar el volumen anual en función de una lámina de riego de sesenta centímetros, y fijar el plazo de su vigencia en función de la zona donde se localice el aprovechamiento a regularizar, atendiendo a la disponibilidad del acuífero en que se encuentre el aprovechamiento respectivo. En este sentido, si bien esta Sala reconoció el derecho del demandante a obtener la Concesión solicitada esta debía otorgarse en su favor, siempre y cuando existan las condiciones necesarias para su otorgamiento, como lo es la disponibilidad del acuífero; sin embargo, este último de los elementos mencionados no se cumple, por lo tanto, la Concesión solicitada por el actor no puede concederse, en atención a la indisponibilidad del acuífero. No es obstáculo a lo antes precisado, que la parte actora haya manifestado la ilegalidad del acto combatido en la presente instancia, en donde esencialmente precisó Que existe una sentencia de nulidad dictada por la sala del conocimiento, donde se determinó que la autoridad demandada debía pronunciar una resolución fundada y motivada en un plazo no mayor a cuatro meses a partir del dictado del referido fallo de nulidad, en la que otorgara la concesión solicitada; por tanto que la autoridad demandada desatendió dicho fallo nulificatorio, al emitir el oficio **** de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, donde nuevamente niega la concesión., el cual se analiza en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito; en virtud de que si bien, se niega su derecho a Concesión solicitada, no menos cierto es que la autoridad atiende a los requisitos exigidos por esta Sala, precisando la imposibilidad para su otorgamiento en razón de la indisponibilidad del acuífero en que se encuentre el aprovechamiento respectivo. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XVII.2o.P.A.J/5 Décima Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 3400, del Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, que a la letra dice: SOLICITUD DE CONCESIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. EL HECHO DE QUE SE DECLARE IMPROCEDENTE CON BASE EN DISPOSICIONES EMITIDAS CON POSTERIORIDAD A SU PRESENTACIÓN, NO IMPLICA LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE ÉSTAS EN PERJUICIO DEL PARTICULAR La transcribe. En este orden de ideas, no debe pasar desapercibido que la concesión a la cual tiene derecho, debía otorgarse atendiendo siempre a la disponibilidad del acuífero en que se encuentre el aprovechamiento respectivo. Por tanto, resultan infundadas las manifestaciones de la quejosa, pues la autoridad precisó en la resolución objeto de la presente instancia, la cual obra a fojas 222 a 229 de autos y tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la cual se advierte, concretamente a foja 225 de autos, que desde la primera publicación del "Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que ya forman parte de las regiones hidrológicoadministrativas que se indican" realizada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre de 2013 y hasta la última publicación del 4 de enero de 2018, se precisó que el acuífero se encuentra sobreexplotado; por consiguiente la autoridad demandada, en atención a la disponibilidad del acuífero en que se encuentra el aprovechamiento, y conforme a lo resuelto por esta Juzgadora, niega de nueva cuenta la Concesión solicitada, pues el acuífero no tiene la disponibilidad necesaria para la precitada concesión; razón por la cual, resulta infundado el agravio analizado. Así tampoco le asiste la razón al quejoso, al precisar: Que la autoridad demandada basa su negativa a otorgar la concesión, en la indisponibilidad que tiene el acuífero Doctor Mora-San José Iturbide, donde se ubica el pozo a explotar., el cual es un agravio que se analiza en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en virtud de que, el acuífero precisado tiene una disponibilidad media anual en déficit, en cuanto a los millones de metros cúbicos anuales de explotación, por la cantidad de 23.358032, según la última de las actualizaciones mencionadas por la autoridad demandada en la resolución controvertida, la cual fue publicada el día 4 de enero de 2018, en atención a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que ya forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican, y de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, que a la letra dice: Artículo 22. El otorgamiento de una concesión o asignación se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y sus reglamentos y tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua, que se revisará al menos cada tres años, conforme a la programación hídrica; los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua; el reglamento de la cuenca hidrológica que se haya expedido, en su caso; la normatividad en materia de control de la extracción así como de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas; y la normatividad relativa a las zonas reglamentadas, vedas y reservas de aguas nacionales existentes en el acuífero, cuenca hidrológica, o región hidrológica de que se trate". Énfasis añadido En ese sentido, y de la lectura efectuada al artículo en cita, se desprende que el otorgamiento de la Concesión está supeditado a la disponibilidad media anual del agua, misma que debe ser revisada cada tres año, tal y como lo realizó la autoridad demandada para la emisión de la resolución objeto de la presente queja, concluyendo que el referido acuífero se encuentra sobreexplotado, por tanto, deviene infundado el agravio analizado, pues la autoridad funda y motiva adecuadamente su determinación, dando cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia definitiva de fecha 3 de octubre de 2018. En conclusión, la autoridad demandada acredita que el acuífero antes mencionado tiene una disponibilidad es de 0.000, tal y como lo precisa dicha autoridad en la resolución controvertida, concretamente a foja 227 de autos; por lo tanto, la concesión solicitada por el demandante no puede concretarse, pues si bien es cierto que esta Sala concedió la Concesión solicitada, no menos cierto es que para su otorgamiento, la autoridad debía verificar la disponibilidad del acuífero en que se encuentra el aprovechamiento, misma que resulta insuficiente para su otorgamiento. Así tampoco le asiste la razón al quejoso, al precisar: Que el tema de la referida disponibilidad negativa acuífera, se prevé en sendos Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece y cuatro de enero de dos mil dieciocho., el cual es un agravio que se analiza en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en razón de que si bien es cierto, dichos decretos fueron publicados con posterioridad a la fecha a la cual la demandante demostró contar con la posesión y propiedad del predio rústico denominado ****, es decir, con anterioridad al 12 de octubre de 1995; no menos cierto es que para la referida concesión debe atenderse a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1º de diciembre de 1992, vigente a partir del día siguiente al de su publicación, el cual establece que debe atenderse a una disponibilidad media del acuífero, misma que debe actualizarse cada tres años, lo cual se realiza mediante los decretos citados por el demandante, emitidos en atención a lo dispuesto por la referida Ley, por tanto, la autoridad emite la resolución en atención a lo dispuesto por un cuerpo normativo vigente durante la posesión y propiedad del predio antes denominado, y para ello utiliza la unidad media de disponibilidad actualizada, tal y como lo precisa la Ley de Aguas Nacionales y con el objeto de realizar el otorgamiento de una concesión conforme a lo dispuesto en el referido cuerpo normativo, por tanto, la Ley precitada permite a la autoridad enjuiciada utilizar el del Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que ya forman parte de las regiones hidrológicoadministrativas que se indican" publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre de 2013 y 4 de enero de 2018,sin que ello implique una aplicación retroactiva en su perjuicio, pues se trata de una revisión periódica trianual que la autoridad se encuentra obligada a realizar para el otorgamiento de una concesión, como es el presente caso, por tanto, la autoridad únicamente está dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales, al realizar la revisión, verificación y aplicación de los acuerdos precitados, previo al otorgamiento de una concesión, por tanto no le asiste la razón al quejoso. En ese mismo orden de ideas es que resulta infundado el agravio del quejoso, en donde esencialmente precisa: Que en la resolución dictada en cumplimiento al fallo de nulidad, en la que se niega autorizar la concesión solicitada por la disponibilidad negativa-, se basa en Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece y cuatro de enero de dos mil dieciocho, los cuales son posteriores a la fecha en que se ingresó la solicitud de concesión, por lo que se aplican de manera retroactiva en perjuicio de actor. el cual es un agravio que se analiza en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito, pues tal y como se precisó anteriormente, la autoridad únicamente está dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales, al realizar la revisión, verificación y aplicación de los acuerdos precitados, previo al otorgamiento de una concesión, por tanto, a consideración de esta Sala, no hay una aplicación retroactiva en perjuicio del actor, pues la autoridad está cumpliendo con su obligación de verificar la disponibilidad media anual del agua. Robustece a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XVII.2o.P.A. J/5 (10a.), Décima Época, mencionada previamente. Finalmente, resulta infundado el agravio que hoy hace valer, en donde esencialmente precisa Que la autoridad demandada estaba obligada a pronunciar una nueva resolución en un plazo no mayor a cuatro meses, a partir del fallo nulificatorio, con base en los alcances de dicha sentencia, específicamente, que la parte solicitante cumplió con los extremos del Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades agrícolas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil dos.; el cual es un agravio que se analiza en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en virtud de que, si bien, esta Sala consideró que el hoy quejoso cumplió con los requisitos para el otorgamiento de la Concesión, no menos cierto es que, al momento de emitir el fallo definitivo, de fecha 3 de octubre de 2018, esta Juzgadora reconoció el derecho que le asiste a recibir la Concesión solicitada, al precisar al reverso de la foja 190 de autos, lo siguiente: "Por lo establecido en párrafos anteriores, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en lo establecido en el artículo 51 fracción IV y 52 fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, PARA EL EFECTO de que la AUTORIDAD DEMANDADA, en el término de CUATRO MESES, a partir de que el presente fallo quede firme, emita una nueva resolución fundada y motivada en la cual proceda otorgar al actor la concesión solicitada para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas para uso agrícola en el predio denominado ***, municipio de San José Iturbide, Guanajuato; en virtud que de conformidad con el artículo Cuarto del Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2002, para el otorgamiento de los títulos de concesión, será la Comisión Nacional del Agua quien determine el volumen anual en función de una lámina de riego de sesenta centímetros, y fijará el plazo de su vigencia en función de la zona donde se localice el aprovechamiento a regularizar, atendiendo a la disponibilidad del acuífero en que se encuentre el aprovechamiento respectivo. De la anterior cita, se desprende el derecho que le asiste al demandante a la Concesión solicitada para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas para uso agrícola en el predio denominado *** municipio de San José Iturbide, Guanajuato, no obstante, esta sala precisó que para efectos de la Concesión antes mencionada, la autoridad debía atender a la disponibilidad del acuífero en que se encuentre el aprovechamiento respectivo, misma que es insuficiente para el otorgamiento de la Concesión solicitada; por lo tanto, el agravio en estudio, resulta infundado, pues la autoridad está dando cumplimiento a lo resuelto por esta Sala, al considerar la disponibilidad del acuífero, tal y como lo regula el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales y en atención a lo resuelto en el fallo definitivo emitido en el presente juicio. De la transcripción que antecede, contrario a lo expresado por el quejoso, no se advierte que la sala responsable haya omitido analizar ni valorar lo expresado en la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil dieciocho. Tampoco se desprende que haya dejado de atender los argumentos que hizo valer sobre la disponibilidad del agua, así como el contenido de la propia sentencia dictada el tres de octubre de dos mil dieciocho, que dispone que tiene derecho a contar con una concesión, considerando una lámina de riego de 60 centímetros, lo que se traduce en 6 mil metros cúbicos por hectárea, de manera que resulta inexacto que no atendiera nuevamente tales argumentos, respecto de los cuales se dio puntual respuesta, solo que fueron desestimados por la sala responsable para obtener la concesión de que se duele. De igual forma, se advierte que también fue analizado el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, en la parte que señala que la autoridad del agua deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación; sin embargo, a pesar de que se reconoce ese derecho que tiene a que se le otorgue una concesión, tanto por la sentencia de tres de octubre de dos mil dieciocho, como por los preceptos que invoca, lo cierto es que todo ello quedó sujeto a la disponibilidad del acuífero. En ese sentido, se resolvió y se le explicó que la responsable acreditó la imposibilidad de expedir la concesión de que se duele, dándole contestación a todos los puntos de agravios expuestos en el recurso de queja, de ahí que sus argumentos resulten infundados. En el resto, como se adelantó el concepto de violación es inoperante, toda vez que el quejoso no controvierte los razonamiento que expresó la Sala responsable al analizar sus motivos de inconformidad, pues al respecto señaló que pesar de que existía dicha sentencia en el sentido de que la autoridad demandada otorgara al aquí quejoso la concesión para explotación, la autoridad demandada justificaba el impedimento que tenía para otorgarla, pues también se indicó en dicho fallo que la autoridad estaba obligada a considerar la disponibilidad del acuífero en que se encuentre el aprovechamiento, de tal manera que si ésta informó que actualmente no existen volúmenes disponibles para otorgar concesiones adicionales a las ya existentes, ya que dicho acuífero se encuentra con disponibilidad negativa y al ser imperante la conservación y protección de las reservas acuíferas de la mencionada zona, es que la autoridad justificó la negativa para la explotación de agua en esa zona. Consideraciones las anteriores que no se encuentran controvertidas por el quejoso, de tal manera que si los argumentos que expone no están dirigidos a descalificar y demostrar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el pronunciamiento combatido, deben calificarse de inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la integran la jurisprudencia 1a./J.19/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Octubre de 2012, Libro XIII, Tomo 2, página 731, de rubro y contenido siguiente: AGRAVIOS INOPERANTES SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando estas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo. b En el segundo concepto de violación, manifiesta la quejosa que se viola el artículo 14 constitucional, porque la Sala Regional del Centro III, dejó de observar el primer párrafo del mismo, cuando en la ejecutoria que cumplimenta resuelve: el cual se cumplimenta en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito; en virtud de que si bien se niega su derecho a la concesión solicitada, no menos cierto es que la autoridad atiende a los requisitos exigidos por esta sala, precisando la imposibilidad para su otorgamiento en razón de la indisponibilidad del acuífero; por lo tanto, la autoridad no está incumpliendo la sentencia emitida por esta Sala." Con lo cual afirma deja de armonizar los principios de exacta aplicación de la legislación vigente al momento de darse el hecho y de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, previsto en el artículo 14 constitucional, así como en el artículo 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los numerales 15.1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello con relación al derecho fundamental de toda persona a que ninguna ley se le dé efecto retroactivo en su perjuicios, así como que nadie pueda ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Además que la aplicación retroactiva de una ley sí procede, siempre y cuando se advierta que sus disposiciones son más benéficas para el particular. Agrega que el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Argumentos vertidos a manera de conceptos de violación que resultan inoperantes. Se afirma lo anterior porque el quejoso se limita a realizar meras afirmaciones dogmáticas pero sin controvertir las razones por las cuales la sala responsable declaró infundado sus motivos de queja, pues al respecto se limita a transcribir parte de la resolución reclamada, y a expresar que la sala responsable dejó de armonizar los principios de exacta aplicación de la legislación vigente al momento de darse el hecho y de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, previsto en el artículo 14 constitucional, así como en el artículo 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los numerales 15.1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, pero sin indicar el motivo de agravio que le causa la resolución impugnada. De ahí que es necesario que el solicitante del amparo exponga de manera clara y sencilla, pero concreta y suficiente, los motivos particulares que acrediten las violaciones bien sean, procesales, formales o de fondo alegadas, pues los conceptos de violación deben ser la manifestación razonada contra los motivos y fundamentos del acto reclamado, donde deberá expresarse, con claridad, la causa de pedir y señalarse cuál es la lesión o agravio que se estima infringido por la autoridad responsable, así como los motivos que originaron dicho agravio, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de realizar su estudio, y al no hacerlo así deviene inoperante el motivo de disenso en estudio. Además, aun cuando se considerara -atendiendo a la causa de pedir, de que se duele de una aplicación retroactiva de disposiciones que no estaban vigentes al momento de presentar su solicitud de concesión, tales argumentos resultan inoperantes, en virtud que en la resolución reclamada se expuso, al dar contestación al motivo de inconformidad donde hace valer precisamente una aplicación retroactiva, lo siguiente: Así tampoco le asiste la razón al quejoso, al precisar: Que el tema de la referida disponibilidad negativa acuífera, se prevé en sendos Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece y cuatro de enero de dos mil dieciocho., el cual es un agravio que se analiza en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en razón de que si bien es cierto, dichos decretos fueron publicados con posterioridad a la fecha a la cual la demandante demostró contar con la posesión y propiedad del predio rústico denominado ****, es decir, con anterioridad al 12 de octubre de 1995; no menos cierto es que para la referida concesión debe atenderse a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1º de diciembre de 1992, vigente a partir del día siguiente al de su publicación, el cual establece que debe atenderse a una disponibilidad media del acuífero, misma que debe actualizarse cada tres años, lo cual se realiza mediante los decretos citados por el demandante, emitidos en atención a lo dispuesto por la referida Ley, por tanto, la autoridad emite la resolución en atención a lo dispuesto por un cuerpo normativo vigente durante la posesión y propiedad del predio antes denominado, y para ello utiliza la unidad media de disponibilidad actualizada, tal y como lo precisa la Ley de Aguas Nacionales y con el objeto de realizar el otorgamiento de una concesión conforme a lo dispuesto en el referido cuerpo normativo, por tanto, la Ley precitada permite a la autoridad enjuiciada utilizar el del Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que ya forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre de 2013 y 4 de enero de 2018,sin que ello implique una aplicación retroactiva en su perjuicio, pues se trata de una revisión periódica trianual que la autoridad se encuentra obligada a realizar para el otorgamiento de una concesión, como es el presente caso, por tanto, la autoridad únicamente está dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales, al realizar la revisión, verificación y aplicación de los acuerdos precitados, previo al otorgamiento de una concesión, por tanto no le asiste la razón al quejoso. En ese mismo orden de ideas es que resulta infundado el agravio del quejoso, en donde esencialmente precisa: Que en la resolución dictada en cumplimiento al fallo de nulidad, en la que se niega autorizar la concesión solicitada por la disponibilidad negativa, se basa en Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece y cuatro de enero de dos mil dieciocho, los cuales son posteriores a la fecha en que se ingresó la solicitud de concesión, por lo que se aplican de manera retroactiva en perjuicio de actor. el cual es un agravio que se analiza en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito, pues tal y como se precisó anteriormente, la autoridad únicamente está dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales, al realizar la revisión, verificación y aplicación de los acuerdos precitados, previo al otorgamiento de una concesión, por tanto, a consideración de esta Sala, no hay una aplicación retroactiva en perjuicio del actor, pues la autoridad está cumpliendo con su obligación de verificar la disponibilidad media anual del agua. Robustece a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XVII.2o.P.A. J/5 (10a.), Décima Época, mencionada previamente. Sin que el quejoso controvierta esas consideraciones expuestas en la resolución reclamada en torno a que no se dio ninguna aplicación retroactiva, en tanto que la autoridad demandada se concretó a aplicar lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales, las cuales sustentan el sentido del fallo, de ahí que sus conceptos de violación resultan inoperantes. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 81/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. c Señala la parte quejosa en el tercer concepto de violación, que se viola en su perjuicio el contenido del artículo 25.13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual la autoridad responsable se encuentra obligado a considerar atendiendo al principio de convencionalidad previsto en el artículo 1° constitucional, toda vez que la Sala debió haberse pronunciado sobre lo planteado en su demanda. De tal manera que si los artículos 14 y 17 constitucionales consagran los derechos de audiencia y acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, de 3 "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados parte se comprometen: a. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. A desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c. A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. César Antonio Hernández León donde se advierte que dichas disposiciones se encuentran en un plano de igualdad; en consecuencia, si como en el caso, la Convención Americana prevé el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, sí existe el compromiso de garantizar el cumplimiento a dichas normativas, por ende, la sala responsable debió pronunciarse analizando las constancias que obran en el expediente y resolver conforme a derecho proceda, protegiendo sus garantías individuales y no declarar infundada la queja, pues con ello lo deja en total estado de indefensión, pues después de transcurridos veinte años, de manera injusta se le somete a una resolución negativa por parte de la autoridad demandada, en la que aprovechando el transcurso de los años resuelve totalmente fuera de tiempo sin respetar los plazos y sobre todo aprovechando lo establecido en decretos posteriores a aquel en que se apoyó su solicitud inicial. Refiere que la Sala responsable al declarar la queja como infundada, respalda y apoya la resolución emitida por la autoridad demandada de manera arbitraria y lesiva, sin considerar su naturaleza, como autoridad encargada de ajustarse al control de la legalidad y sin observar los alcances de la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil dieciocho, en el que se ordena se le conceda el derecho a otorgarle una concesión, determinando un volumen anual en función de una lámina de riego de 60 centímetros y fijar el plazo de su aprovechamiento. Manifiesta además que conforme al artículo 1° constitucional, se debe favorecer la protección más amplia de los derechos fundamentales, lo que implica que todas las autoridades entre ellas la responsable deben ceñir su actuación a los derechos fundamentales establecidos en las leyes ordinarias, así como en aquellos instrumentos internacionales, por lo que en el caso a estudio se vulneran los tratados internaciones en materia de derechos humanos, de manera específica el artículo 5° del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos4 y el numeral 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Cita como apoyo de sus argumentos las jurisprudencias y tesis aisladas de rubros: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A REQUISITOS INNECESARIOS EXCESIVOS, CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN EJERCICIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN 4 Artículo 5 Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 2.- No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce en menor grado." 5 "Artículo 29. Normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a. Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados; c. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno, y d. Excluir o limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. CUANDO NO EXISTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO AL RESPECTO. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFICIO. DEBE ORIENTARSE A LA TUTELA DE LA PERSONAS JURÍDICAS, CUANDO SE PROTEJAN LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES O ACCIONISTA. JUICIO DE AMPARO. ES UN MEDIO PARA EL CONTROL DE LA LEGALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. PUEDE EJERCERSE RESPECTO DE CUALQUIER ACTUACIÓN U OMISIÓN DEL ESTADO: ACTOS Y HECHOS. PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUEL. PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. Los anteriores conceptos de violación son en una parte infundados e inoperantes en otra. En principio se destaca que son infundados los argumentos en los que se duele que existe vulneración al derecho fundamental de acceso a un recurso efectivo y a garantizar el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada en el contencioso de origen. A efecto de explicitar esa postura, resulta pertinente establecer las siguientes consideraciones. El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, establece lo siguiente: Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales De la transcripción preinserta se desprenden los derechos de acceso a la justicia y de efectiva tutela jurisdiccional, los cuales se integran por los siguientes principios: a) De justicia pronta, que es la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. b De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos los aspectos debatidos. c De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y d De justicia gratuita, que implica que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no deben percibir de las partes ninguna clase de remuneración o percepción económica, fijándose así la prohibición constitucional de las costas judiciales. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Además, el acceso efectivo a la justicia comprende tres etapas, a las que a su vez corresponden tres derechos, a saber: I una previa al juicio, cuyo correlativo derecho humano es el acceso efectivo a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una vertiente del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, III una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Derechos los anteriores que contrario a lo que sostiene la parte quejosa, no se ven afectados con la resolución que en esta vía controvierte, pues el actuar de la responsable al determinar que la autoridad demandada cumplió con la resolución de nulidad emitida el tres de octubre de dos mil dieciocho, de manera alguna le impide el acceso efectivo a la justicia, en su vertiente de garantizar el cumplimiento de la aludida sentencia de nulidad. Es así, porque en forma contraria a lo que sostiene el peticionario de la tutela federal, en la resolución reclamada se estableció, que si bien en la sentencia de nulidad emitida el tres de octubre de dos mil dieciocho, donde se estableció: lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en lo establecido en el artículo 51 fracción IV y 52 fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, PARA EL EFECTO de que la AUTORIDAD DEMANDADA, en el término de CUATRO MESES, a partir de que el presente fallo quede firme, emita una nueva resolución fundada y motivada en la cual proceda otorgar al actor la concesión solicitada para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas para uso agrícola en el predio denominado ***, municipio de San José Iturbide, Guanajuato; en virtud que de conformidad con el artículo Cuarto del Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2002, para el otorgamiento de los títulos de concesión, será la Comisión Nacional del Agua quien determine el volumen anual en función de una lámina de riego de sesenta centímetros, y fijará el plazo de su vigencia en función de la zona donde se localice el aprovechamiento a regularizar, atendiendo a la disponibilidad del acuífero en que se encuentre el aprovechamiento respectivo. También se expuso que la concesión solicitada para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas para uso agrícola en el predio denominado ****, municipio de San José Iturbide, Guanajuato, solicitada por el aquí quejoso, estaba sujeta a la disponibilidad del acuífero en que se encuentre el aprovechamiento respectivo. De manera que, en la propia sentencia de nulidad, cuyo incumplimiento se analizó en la resolución reclamada, la concesión que se ordenó expedir a la autoridad demandada, se limitó a la disponibilidad del acuífero, de ahí que, la autoridad responsable no se encontraba en condiciones de exigir que se expidiera una concesión que no cumplía con ese requisito de disponibilidad. Lo contrario, implicaría que la responsable desatendiera las formalidades judiciales estatuidas por el legislador para el trámite y resolución del asunto - queja- que le fue planteado, en claro detrimento de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, lo que desde luego resultaría jurídicamente inaceptable. En esas condiciones, no existe la vulneración al derecho fundamental de tutela judicial efectiva en su vertiente de garantizar los medios para ejecutar la sentencia de nulidad emitida el tres de octubre de dos mil dieciocho. Por lo que hace a los restantes motivos de inconformidad, se estima que son inoperantes. Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso se inconforme con su falta de aplicación como acontece en el caso, no obstante requiere del cumplimiento de una carga mínima, por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento. Presupuestos los anteriores que no se satisfacen en el concepto de violación que se analiza, pues el quejoso se limita a señalar que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio el principio pro persona, así como diversos tratados internacionales los cuáles citó. Argumentos que son insuficientes para proponer la causa de pedir, ello tomando en consideración que el principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen; siendo necesario que en los conceptos de violación se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, por ende, si el concepto de violación en estudio no cumplen con los parámetros mínimos para su eficacia, es inconcuso que deviene inoperante. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 613, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dice: PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento. También es aplicable, la tesis aislada IV 2 A 83 K 10a, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1697, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 10a. y 1a. CCCXXVII 2014 10a. y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 10a. y 2a.J. 123/2014 10a, por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que deba ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho. Al margen de lo anterior, cabe señalar que la invocación del principio pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 906, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a.J. 1072012 10a., publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sin que en el caso resulte necesario hacer pronunciamiento en torno a la aplicación o no, de las tesis que invoca en el concepto de violación que se analiza, porque con ellas pretende robustecer sus argumentos que han sido desestimados. d En el cuarto concepto de violación el quejoso manifiesta que se viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con los artículos 51 y 58, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la sala emite la sentencia sin considerar, su naturaleza, como órgano jurisdiccional encargado de aplicar control de legalidad. Señala que es de explorado derecho que la actividad de la autoridad debe ajustarse a la legalidad, para lo cual es necesario que lleve un control de esa legalidad, a fin de evitar arbitrariedades y se establezca el orden jurídico. Refiere que al margen de los agravios que expresó, no debe empeorarse la situación del impugnante, ni se puede suplir la deficiencia de la queja; también aduce que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un tribunal contencioso administrativo, garante de la legalidad en materia fiscal y administrativa y que en el presente caso, la sala responsable incumplió con ese deber; aunado a que la resolución reclamada es contraria a lo dispuesto por el artículo , primer y tercer párrafo y 58, fracción II de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que lo resuelto por esta no se funda en derecho. El anterior concepto de violación es inoperante. Se afirma lo anterior porque el quejoso se limita a realizar meras afirmaciones dogmáticas pero sin controvertir las razones por las cuales la sala responsable declaró infundado sus motivos de queja, pues al respecto se limita a señalar que la sala viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con los artículos 51 y 58, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; que emite una sentencia sin considerar, su naturaleza, como órgano jurisdiccional encargado de aplicar control de legalidad; que al margen de los agravios que expresó, no debe empeorarse la situación del impugnante; que la sala incumplió con su deber de control de legalidad; y que lo resuelto no se funda en derecho. De ahí que era necesario que el solicitante del amparo exponga de manera clara y sencilla, pero concreta y suficiente, los motivos particulares que acrediten las violaciones bien sean, procesales, formales o de fondo alegadas, pues los conceptos de violación deben ser la manifestación razonada contra los motivos y fundamentos del acto reclamado, donde deberá expresarse, con claridad, la causa de pedir y señalarse cuál es la lesión o agravio que se estima infringido por la autoridad responsable, así como los motivos que originaron dicho agravio, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de realizar su estudio, y al no hacerlo así deviene inoperante el motivo de disenso en estudio. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 81/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Conclusión En mérito de lo anterior, ante lo infundado e inoperantes de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ****, en contra del acto de la autoridad responsable que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución.

  3. Principal

    Reanudación de los plazos. En atención a lo dispuesto por la circular SECNO/13/2021 y el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo de dos mil veintiuno. Consecuentemente, se fijan las trece horas con veinte minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente asunto.

  4. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por el presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Administrativa en esta ciudad y la secretaria de su adscripción, el cual se publicó mediante lista de veintiséis de noviembre siguiente, lo que evidencia que aún no trascurre el plazo de ocho días que la ley les otorga para tal efecto. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional programada en esta fecha, y se fijan para su celebración las quince horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis V.2o.P.A.4 K, legible en la página 1620, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, libro 4, marzo de 2014, décima época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE."

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