Epigmenio Bravo Soberano, Representante de N. B. G.
Expediente 1716/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 40 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1716/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 27/12/2022
Partes del expediente
- Epigmenio Bravo Soberano, Representante de N. B. G.
- EPIGMENIO BRAVO SOBERANO, REPRESENTANTE DE N. B. G. y Otros.
- N. B. G.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado auto. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En otro aspecto, procédase a la destrucción del sobre cerrado identificado como anexo 1, que se formó con la documentación que remitió el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla de la Secretaría de Bienestar, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dado que se tratan de copias simples. Integración y consulta del expediente electrónico. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes que, con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre del año en curso, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Se declara cumplida sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. En ese sentido, se precisa que mediante sentencia del nueve de febrero de dos mil veintidós, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VII. DECISIÓN (.) Por otra parte, respecto de los actos reclamados al Secretario de Salud, Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección General de Epidemiologia, todos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, dado lo fundado de los argumentos propuestos por la parte quejosa, lo procedente es otorgar la protección constitucional solicitada para el efecto de que: Que la autoridad responsable [Secretario de Salud del Gobierno Federal] gestione y ordene que le sea aplicado a la menor ******************** el esquema completo de vacunación contra la COVID19 de la marca Pfizer-BioNtec, en las fechas respectivas de acuerdo con el manual de aplicación de la vacuna o, de ser el caso, de cualquier otro biológico, siempre y cuando cuente en ese momento con autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para su aplicación al grupo etario al que pertenece la solicitante del amparo; en el entendido que el sitio designado deberá contar con todas las medidas sanitarias que sean necesarias para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2. B. Lo anterior, previo consentimiento informado sobre la existencia de algún riesgo colateral que eventualmente pudiera derivar de la aplicación de la vacuna, los cuales deberán ser informado por la autoridad sanitaria que corresponda; todo lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de quien promovió en favor de la menor la demanda de amparo. C. En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo, se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio." Ejecutoria Mediante proveído de once de mayo de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causó ejecutoria; asimismo, se requirió el cumplimiento al Secretario de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Cumplimiento. Después de diversas gestiones, el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla de la Secretaría de Bienestar, remitió copia de lo siguiente: Expediente de vacunación contra la COVID-19 a nombre de la menor ********************, del que se aprecia que: El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la primera dosis de la vacuna Pfizer, lote ********************. El dos de diciembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la segunda dosis de la vacuna Pfizer, lote ********************. Fallo cumplido. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector y se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisficieron los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la misma. Finalmente, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista con cumplimiento. El Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla de la Secretaría de Bienestar, por conducto de su representación, designa delegada, señala domicilio y manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector, y al efecto remite copia de la siguiente documental: FECHA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDADFECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL OFICIO POR EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMÓ EL CUMPLIMIENTO Expediente de vacunación contra la COVID-19 a nombre de la menor N.B.G., del que se aprecia que: El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la primera dosis de la vacuna Pfizer, lote FH8024. El dos de diciembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la segunda dosis de la vacuna Pfizer, lote FJ1618. 14/11/2022 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Finalmente, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como el oficio y anexo remitidos en cumplimiento al fallo protector de manera personal a las partes. Resguardo. Por otra parte, en términos del artículo 113, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que la autoridad responsable remite documentación que refiere contiene información de carácter reservada y confidencial. Por lo tanto, dado que al juez constitucional le corresponde evitar que la información confidencial se use de manera incorrecta, se disponen las siguientes medidas de seguridad: a) Que la información deberá permanecer en sobre cerrado identificado como anexo 1 bajo resguardado en este órgano jurisdiccional; b) Que la información que adjuntó a su informe la autoridad oficiante sólo podrá ser consultada por la parte quejosa, quien únicamente podrá usarla en su defensa y deberá mantener su contenido bajo estricta confidencialidad. c) Para tal efecto, la parte quejosa podrá consultar la información de que se trata en las instalaciones de este juzgado federal, sin que esto implique la posibilidad de transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio dicha información. Esta determinación encuentra sustento en el siguiente criterio que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014 a que antes se hizo referencia: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Finalmente, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegada a la persona que se menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que se indica. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Autoridad informa incomparecencia de menor para aplicación de vacuna. El Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, informa que la menor quejosa N.B.G. no fue presentada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós en el servicio de medicina preventiva del Hospital General "Dr. Eduardo Vázquez Navarro" de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, para la aplicación de la dosis correspondiente de la vacuna Pfizer-BioNTech, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, remite el memorándum DSPyVE/2340/2022 de veintiuno de octubre de dos mil veintidós. En ese orden, del estado procesal de los autos se advierte que a la presente fecha la parte quejosa no ha desahogado el requerimiento formulado en el proveído del cuatro de octubre del actual, pese a encontrarse notificada para tal efecto. Requerimiento a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días realice lo siguiente: A. Informe la imposibilidad que tuvo para presentar a su menor hija N.B.G., a fin de que fuera vacunado contra el virus SARS-CoV-2; o, B. En su caso, manifieste si a través de sus medios acudió a alguno de los diversos módulos de vacunación para inocular a la menor. Apercibimiento. Apercibida que, de no cumplir con lo solicitado en el término legal y sin causa justificada, se entenderá que no existe interés por la parte quejosa de que se cumplan los efectos de la sentencia de amparo; por tanto, este juzgado federal se pronunciara respecto de la imposibilidad de cumplir con el fallo protector. Solicita se requiera certificado de vacunación. Por otra parte, la autoridad responsable informa que no cuenta con el "certificado de vacunación", ni con las constancias relativas a la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech de la menor quejosa N.B.G., por lo que solicita se requiera a la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla de la Secretaría de Bienestar, a fin de que informe y acredite si a la menor quejosa se le aplicó la primera y/o segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV2. Se vincula a autoridad. En consecuencia, a fin de agilizar y lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula a la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla de la Secretaría de Bienestar, al cumplimiento de la sentencia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución." Pues no obstante que no figura como autoridad responsable en este juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en definir que, para dar cabal cumplimiento a una sentencia de amparo, se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables, tal como lo revelan los criterios jurisprudenciales siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Requerimiento. En las relatadas condiciones, requiérase a la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla de la Secretaría de Bienestar, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Informe si a la menor quejosa N.B.G. se le ha aplicado la primera y/o segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV2. 2. Remita copia certificada del "certificado de vacunación", del que se advierta la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech a la menor quejosa N.B.G. Para lo cual se ordena remitir copia simple de la información relacionada con la menor quejosa. Apercibido que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el plazo señalado, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, ya que tal requerimiento se formula en ejecución de la sentencia amparadora dictada en este juicio. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
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