Enriqueta Oloarte Aguilar
Expediente 8/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/03/2021
Partes del expediente
- Enriqueta Oloarte Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Quejosa cumple prevención. Se desecha demanda de amparo. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa ..., se le tiene dando cumplimiento total al requerimiento efectuado en proveídos del dieciocho y veintisiete de enero de dos mil veintiuno, pues bajo protesta de decir verdad informa el estado que guarda el juicio ejecutivo mercantil ..., precisa los actos que reclama y exhibe las copias necesarias de sus escritos aclaratorios. En consecuencia, con base en las manifestaciones de la quejosa en sus escritos aclaratorios, las constancias recabadas por este juzgado y las exhibidas por la impetrante, se procede a proveer lo relativo a la demanda de amparo. Así del análisis de la demanda y sus escritos aclaratorios se estima procedente desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En ese contexto, se precisa que la quejosa reclama esencialmente los siguientes actos: El auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019 del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, en el que se decretó en su contra una providencia precautoria de retención de bienes -embargo de inmuebles- y, como consecuencia, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. El auto del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto de la justiciable. El auto del quince de octubre de dos mil veinte, dictado en el exhorto 34/2020 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, el cual se tuvo por recibida la comunicación oficial y se ordenó diligenciarla. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada a la impetrante el veinte de noviembre de dos mil veinte. En ese contexto, respecto a dichos actos de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Sentado lo anterior, para una mejor comprensión del presente acuerdo conviene hacer una breve relatoría de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de lo narrado por la quejosa en su demanda de amparo, de las documentales que anexó a su escrito aclaratorio, y de la copia certificada del juicio mercantil de origen, que obra en el diverso juicio de amparo 5/2021-VIII del índice de este juzgado y que se tiene a la vista como un hecho notorio. Los antecedentes son del tenor siguiente: Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado, promovió providencia precautoria de retención de bienes o embargo en contra de Ciro Oloarte Aguilar, como deudor principal, y Enriqueta Oloarte Aguilar, como fiadora, respecto de dos inmuebles propiedad de ésta última (fojas 3 a 10 del tomo anexo). De la medida cautelar correspondió conocer al Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, quien por auto del veintiséis de septiembre siguiente la radicó con el número 597/2019, y requirió al promovente a fin de que exhibiera copia de los documentos adjuntos a su escrito inicial (fojas 11 y 12 ídem). Una vez cumplido el requerimiento, por auto del siete de octubre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la providencia, y dado que se estimó que se cumplían los requisitos legales se decretó la medida cautelar de embargo en contra de Ciro Oloarte Aguilar y Enriqueta Oloarte Aguilar, sobre dos inmuebles propiedad de la última de los nombrados, por lo que se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad a fin de que procediera a su inscripción y, finalmente, se requirió al promovente para que dentro del plazo de tres días presentara su demanda correspondiente, pues de lo contrario se revocaría la providencia (fojas 14 a 16 ídem). Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinte el actor presentó su demanda a fin de promover juicio ejecutivo mercantil en contra de las personas mencionadas en el párrafo anterior, reclamándoles el pago de una suerte principal de $2, 864,083.20 (dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochenta y tres pesos 20/100 m.n.) y otras prestaciones (fojas 88 a 100 ídem). En consecuencia, el veintiocho de enero posterior se admitió a trámite la demanda, por lo que ordenó realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a los demandados, y en virtud de que su domicilio se encontraba fuera la jurisdicción del Juez responsable, se giró el exhorto 357/2020 al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán (fojas 84 a 87 ídem). Por acuerdo del quince de octubre de dos mil veinte el aludido Juez radicó la comunicación oficial con el número 34/2020, y ordenó diligenciarla. En cumplimiento a lo anterior, el veinte de noviembre de dos mil veinte el Diligenciario adscrito al citado órgano desahogó la diligencia encomendada. Finalmente, el siete de diciembre del año pasado se tuvieron por recibidas las contestaciones de los demandados; sin embargo, se reservó su acuerdo hasta en tanto se devolverá el exhorto (foja 113 ídem), sin que se observe que a la fecha se haya dictado la sentencia definitiva. En cuanto a la providencia precautoria y auto de exeqüendo. Ahora, en cuanto a los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), consistentes en el auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019, en el que se decretó en contra de la quejosa una providencia precautoria de embargo de inmuebles -y como consecuencia su inscripción en el Registro Público de la Propiedad-, y el diverso acuerdo del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto de la justiciable, se estima que son susceptibles de de ser impugnados a través del recurso de apelación, de conformidad con los previsto en el artículo 1165 último párrafo, 1183, 1339, 1340, 1341, y 1345, fracción IV del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1165. (.) Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase. La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata." "Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." "Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; (.)." De los preceptos legales transcritos se desprende que no son apelables las resoluciones que se dicten en los juicios mercantiles y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 (seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 m.n.). Asimismo, serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente si la sentencia definitiva es apelable en términos de la cuantía precisada, si causan un gravamen que no puede repararse en definitiva o si así lo dispone expresamente el Código de Comercio. De igual forma, se dice que en contra de la resolución que recaiga a las providencias precautorias procede la apelación, siempre y cuando la cuantía del asunto lo permita. Finalmente, se establece la resolución que niegue el auto de ejecución en un juicio ejecutivo mercantil será apelable en ambos efectos, y el que la conceda únicamente será en efecto devolutivo. Bajo ese panorama, de la copia certificada del juicio mercantil de origen se aprecia que la cuantía de la suerte principal que se reclama es de $2, 864,083.20 (dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochenta y tres pesos 20/100 m.n.), por lo que es evidente que en contra de la sentencia que se llegue a dictar en ese procedimiento procederá el recurso de apelación. En consecuencia, se estima que en contra del auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, en el que se decretó en contra de la quejosa una providencia precautoria de embargo de inmuebles procede la apelación, ya que así lo disponen expresamente los artículos 1183 y 1345, fracción IV del Código de Comercio; además, procede ese mismo medio de impugnación en contra del acuerdo del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto de la justiciable, pues así lo estipula el artículo 1165 último párrafo, de la citada legislación. Asimismo, la procedencia del recurso de apelación contra los aludidos actos reclamados se patentiza si se pondera que, como ya se mencionó, por la cuantía de la suerte principal que se reclama en el juicio de origen la sentencia definitiva será apelable. Por todo lo expuesto, es evidente que en contra de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) es procedente la apelación. No se soslaya que en cuanto a la resolución que decretó la providencia precautoria de embargo, para exigir que se deba agotar el recurso de apelación es necesario que la parte quejosa tenga conocimiento completo de las razones y los fundamentos por los cuales el Juez responsable consideró procedente otorgar la medida cautelar. Sin embargo, en el presente caso se estima que la quejosa sí tuvo pleno conocimiento de la medida precautoria decretada en auto del siete de octubre de dos mil diecinueve antes de que promoviera el presente juicio de amparo, ya que ella misma en su escrito aclaratorio de demanda presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el inciso b) precisó que cuando se le emplazó al juicio mercantil de origen se le entregó copia del acuerdo reclamado de la providencia. Lo anterior se corrobora si se pondera que la justiciable al referido escrito aclaratorio anexó las copias con las que se le corrió traslado al momento de emplazarla al juicio natural, y de ellas efectivamente se aprecia que se encuentra el auto del siete de octubre de dos mil diecinueve. Por tanto, es evidente que la quejosa tuvo conocimiento íntegro del contenido del acuerdo por el que se decretó la providencia precautoria de embargo en su contra, por lo que estuvo en aptitud de combatirla a través del recurso de apelación. De igual forma cabe destacar que la causa de improcedencia estudiada alcanza al acto consistente en la inscripción en el Registro Público de la providencia precautoria, en virtud de que no se le reclamaron vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del decretamiento de la medida cautelar. En cuanto al auto del quince de octubre de dos mil veinte que ordenó diligenciar el exhorto. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado en el inciso c), consistente en el proveído del quince de octubre de dos mil veinte, dictado en el exhorto 34/2020 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, el cual se tuvo por recibida la comunicación oficial remitida por el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que se realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la quejosa, y ordenó su diligenciación, se estima que es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, de conformidad con los previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, que establece: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." De conformidad con el numeral antes invocado, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Asimismo, cabe recordar que en términos del artículo 1339 y 1341 del Código de Comercio solo son apelables los autos si causan un gravamen que no puede repararse en definitiva o si así lo dispone expresamente la ley. Bajo ese panorama, se considera que el acuerdo reclamado del quince octubre de dos mil veinte no es apelable, ya que no se observa disposición alguna en la legislación mercantil que disponga que en contra del auto que ordena diligenciar un exhorto proceda ese medio de impugnación, aunado a que tampoco se vislumbra que provoque un gravamen que no pueda repararse en definitiva. Sin que pase inadvertido que como se precisó en párrafos precedentes la apelación sí procede en contra del auto de exeqüendo; sin embargo, se reitera que en el proveído del quince octubre de dos mil veinte no se emitió una determinación de esa naturaleza, sino que únicamente se ordenó diligenciar el exhorto para desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la quejosa, es decir, es una simple determinación de trámite, pero propiamente no se dictó el auto de exeqüendo, pues eso sucedió en el acuerdo del veintiocho de enero del citado año. Por todo lo anterior, es evidente que en contra del auto detallado en el inciso c) es procedente el recurso de revocación. Respecto a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Finalmente, en cuanto la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del veinte de noviembre de dos mil veinte que se le practicó a al quejosa en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019, se estima que la justiciable estuvo en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 1055, fracción IV, 1349 y 1404 del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: (.) IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto;" "Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. "Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente." El artículo 1055 transcrito, establece que los juicios mercantiles así como los demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase se rigen bajo diversas reglas, de las que destaca la relativa a que las actuaciones judiciales resultan anulables si no colman los requisitos legales establecidos. En efecto, los incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, los cuales se tramitan bajo dos supuestos, el primero, relativo a los incidentes de tramitación verbal en las diligencias judiciales, el segundo, relativo a las incidencias de tramitación escrita; lo cual resulta aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles según lo prevé el numeral 1357 de la legislación mercantil. En ese orden, el Código de Comercio prevé supuestos específicos en que las actuaciones judiciales serán nulas, por lo que aun cuando instituye los incidentes de manera genérica, es en vía incidental que debe intentarse la nulidad de las actuaciones o notificaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en la ley. En ese contexto, la parte quejosa -como parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil- debió de promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del veinte de noviembre de dos mil veinte efectuada en el juicio origen, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su nulificación; empero, al no haberlo agotado de manera previa a la promoción del juicio de amparo, inobservan el principio de definitividad que lo rige. Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Lo anterior, ya que la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, dado que es la parte demanda en el juicio mercantil de origen, aunado a que no se ha dictado sentencia definitiva en el procedimiento, lo que impide que pudiera tener la calidad de tercera extraña por equiparación. Asimismo, tampoco se aprecia que los actos reclamados hayan sido verificados en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, derivan de un juicio ejecutivo mercantil, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. Para concluir, no sobra decir que tanto la providencia precautoria de embargo al igual que el auto de exeqüendo son actos considerados de imposible reparación, por lo que en su contra proceder el juicio de amparo indirecto; sin embargo, aun en los actos que tienen ese carácter es indispensable agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio constitucional, tal como se precisó en la jurisprudencia transcrita línea arriba que es de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia estudiada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Enriqueta Oloarte Aguilar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Quejosa cumple prevención. Se desecha demanda de amparo. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa ..., se le tiene dando cumplimiento total al requerimiento efectuado en proveídos del dieciocho y veintisiete de enero de dos mil veintiuno, pues bajo protesta de decir verdad informa el estado que guarda el juicio ejecutivo mercantil ..., precisa los actos que reclama y exhibe las copias necesarias de sus escritos aclaratorios. En consecuencia, con base en las manifestaciones de la quejosa en sus escritos aclaratorios, las constancias recabadas por este juzgado y las exhibidas por la impetrante, se procede a proveer lo relativo a la demanda de amparo. Así del análisis de la demanda y sus escritos aclaratorios se estima procedente desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En ese contexto, se precisa que la quejosa reclama esencialmente los siguientes actos: El auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019 del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, en el que se decretó en su contra una providencia precautoria de retención de bienes -embargo de inmuebles- y, como consecuencia, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. El auto del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto de la justiciable. El auto del quince de octubre de dos mil veinte, dictado en el exhorto 34/2020 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, el cual se tuvo por recibida la comunicación oficial y se ordenó diligenciarla. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada a la impetrante el veinte de noviembre de dos mil veinte. En ese contexto, respecto a dichos actos de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Sentado lo anterior, para una mejor comprensión del presente acuerdo conviene hacer una breve relatoría de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de lo narrado por la quejosa en su demanda de amparo, de las documentales que anexó a su escrito aclaratorio, y de la copia certificada del juicio mercantil de origen, que obra en el diverso juicio de amparo 5/2021-VIII del índice de este juzgado y que se tiene a la vista como un hecho notorio. Los antecedentes son del tenor siguiente: Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado, promovió providencia precautoria de retención de bienes o embargo en contra de Ciro Oloarte Aguilar, como deudor principal, y Enriqueta Oloarte Aguilar, como fiadora, respecto de dos inmuebles propiedad de ésta última (fojas 3 a 10 del tomo anexo). De la medida cautelar correspondió conocer al Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, quien por auto del veintiséis de septiembre siguiente la radicó con el número 597/2019, y requirió al promovente a fin de que exhibiera copia de los documentos adjuntos a su escrito inicial (fojas 11 y 12 ídem). Una vez cumplido el requerimiento, por auto del siete de octubre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la providencia, y dado que se estimó que se cumplían los requisitos legales se decretó la medida cautelar de embargo en contra de Ciro Oloarte Aguilar y Enriqueta Oloarte Aguilar, sobre dos inmuebles propiedad de la última de los nombrados, por lo que se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad a fin de que procediera a su inscripción y, finalmente, se requirió al promovente para que dentro del plazo de tres días presentara su demanda correspondiente, pues de lo contrario se revocaría la providencia (fojas 14 a 16 ídem). Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinte el actor presentó su demanda a fin de promover juicio ejecutivo mercantil en contra de las personas mencionadas en el párrafo anterior, reclamándoles el pago de una suerte principal de $2, 864,083.20 (dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochenta y tres pesos 20/100 m.n.) y otras prestaciones (fojas 88 a 100 ídem). En consecuencia, el veintiocho de enero posterior se admitió a trámite la demanda, por lo que ordenó realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a los demandados, y en virtud de que su domicilio se encontraba fuera la jurisdicción del Juez responsable, se giró el exhorto 357/2020 al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán (fojas 84 a 87 ídem). Por acuerdo del quince de octubre de dos mil veinte el aludido Juez radicó la comunicación oficial con el número 34/2020, y ordenó diligenciarla. En cumplimiento a lo anterior, el veinte de noviembre de dos mil veinte el Diligenciario adscrito al citado órgano desahogó la diligencia encomendada. Finalmente, el siete de diciembre del año pasado se tuvieron por recibidas las contestaciones de los demandados; sin embargo, se reservó su acuerdo hasta en tanto se devolverá el exhorto (foja 113 ídem), sin que se observe que a la fecha se haya dictado la sentencia definitiva. En cuanto a la providencia precautoria y auto de exeqüendo. Ahora, en cuanto a los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), consistentes en el auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019, en el que se decretó en contra de la quejosa una providencia precautoria de embargo de inmuebles -y como consecuencia su inscripción en el Registro Público de la Propiedad-, y el diverso acuerdo del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto de la justiciable, se estima que son susceptibles de de ser impugnados a través del recurso de apelación, de conformidad con los previsto en el artículo 1165 último párrafo, 1183, 1339, 1340, 1341, y 1345, fracción IV del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1165. (.) Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase. La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata." "Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." "Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; (.)." De los preceptos legales transcritos se desprende que no son apelables las resoluciones que se dicten en los juicios mercantiles y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 (seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 m.n.). Asimismo, serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente si la sentencia definitiva es apelable en términos de la cuantía precisada, si causan un gravamen que no puede repararse en definitiva o si así lo dispone expresamente el Código de Comercio. De igual forma, se dice que en contra de la resolución que recaiga a las providencias precautorias procede la apelación, siempre y cuando la cuantía del asunto lo permita. Finalmente, se establece la resolución que niegue el auto de ejecución en un juicio ejecutivo mercantil será apelable en ambos efectos, y el que la conceda únicamente será en efecto devolutivo. Bajo ese panorama, de la copia certificada del juicio mercantil de origen se aprecia que la cuantía de la suerte principal que se reclama es de $2, 864,083.20 (dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochenta y tres pesos 20/100 m.n.), por lo que es evidente que en contra de la sentencia que se llegue a dictar en ese procedimiento procederá el recurso de apelación. En consecuencia, se estima que en contra del auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, en el que se decretó en contra de la quejosa una providencia precautoria de embargo de inmuebles procede la apelación, ya que así lo disponen expresamente los artículos 1183 y 1345, fracción IV del Código de Comercio; además, procede ese mismo medio de impugnación en contra del acuerdo del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto de la justiciable, pues así lo estipula el artículo 1165 último párrafo, de la citada legislación. Asimismo, la procedencia del recurso de apelación contra los aludidos actos reclamados se patentiza si se pondera que, como ya se mencionó, por la cuantía de la suerte principal que se reclama en el juicio de origen la sentencia definitiva será apelable. Por todo lo expuesto, es evidente que en contra de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) es procedente la apelación. No se soslaya que en cuanto a la resolución que decretó la providencia precautoria de embargo, para exigir que se deba agotar el recurso de apelación es necesario que la parte quejosa tenga conocimiento completo de las razones y los fundamentos por los cuales el Juez responsable consideró procedente otorgar la medida cautelar. Sin embargo, en el presente caso se estima que la quejosa sí tuvo pleno conocimiento de la medida precautoria decretada en auto del siete de octubre de dos mil diecinueve antes de que promoviera el presente juicio de amparo, ya que ella misma en su escrito aclaratorio de demanda presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el inciso b) precisó que cuando se le emplazó al juicio mercantil de origen se le entregó copia del acuerdo reclamado de la providencia. Lo anterior se corrobora si se pondera que la justiciable al referido escrito aclaratorio anexó las copias con las que se le corrió traslado al momento de emplazarla al juicio natural, y de ellas efectivamente se aprecia que se encuentra el auto del siete de octubre de dos mil diecinueve. Por tanto, es evidente que la quejosa tuvo conocimiento íntegro del contenido del acuerdo por el que se decretó la providencia precautoria de embargo en su contra, por lo que estuvo en aptitud de combatirla a través del recurso de apelación. De igual forma cabe destacar que la causa de improcedencia estudiada alcanza al acto consistente en la inscripción en el Registro Público de la providencia precautoria, en virtud de que no se le reclamaron vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del decretamiento de la medida cautelar. En cuanto al auto del quince de octubre de dos mil veinte que ordenó diligenciar el exhorto. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado en el inciso c), consistente en el proveído del quince de octubre de dos mil veinte, dictado en el exhorto 34/2020 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, el cual se tuvo por recibida la comunicación oficial remitida por el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que se realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la quejosa, y ordenó su diligenciación, se estima que es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, de conformidad con los previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, que establece: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." De conformidad con el numeral antes invocado, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Asimismo, cabe recordar que en términos del artículo 1339 y 1341 del Código de Comercio solo son apelables los autos si causan un gravamen que no puede repararse en definitiva o si así lo dispone expresamente la ley. Bajo ese panorama, se considera que el acuerdo reclamado del quince octubre de dos mil veinte no es apelable, ya que no se observa disposición alguna en la legislación mercantil que disponga que en contra del auto que ordena diligenciar un exhorto proceda ese medio de impugnación, aunado a que tampoco se vislumbra que provoque un gravamen que no pueda repararse en definitiva. Sin que pase inadvertido que como se precisó en párrafos precedentes la apelación sí procede en contra del auto de exeqüendo; sin embargo, se reitera que en el proveído del quince octubre de dos mil veinte no se emitió una determinación de esa naturaleza, sino que únicamente se ordenó diligenciar el exhorto para desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la quejosa, es decir, es una simple determinación de trámite, pero propiamente no se dictó el auto de exeqüendo, pues eso sucedió en el acuerdo del veintiocho de enero del citado año. Por todo lo anterior, es evidente que en contra del auto detallado en el inciso c) es procedente el recurso de revocación. Respecto a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Finalmente, en cuanto la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del veinte de noviembre de dos mil veinte que se le practicó a al quejosa en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019, se estima que la justiciable estuvo en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 1055, fracción IV, 1349 y 1404 del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: (.) IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto;" "Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. "Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente." El artículo 1055 transcrito, establece que los juicios mercantiles así como los demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase se rigen bajo diversas reglas, de las que destaca la relativa a que las actuaciones judiciales resultan anulables si no colman los requisitos legales establecidos. En efecto, los incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, los cuales se tramitan bajo dos supuestos, el primero, relativo a los incidentes de tramitación verbal en las diligencias judiciales, el segundo, relativo a las incidencias de tramitación escrita; lo cual resulta aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles según lo prevé el numeral 1357 de la legislación mercantil. En ese orden, el Código de Comercio prevé supuestos específicos en que las actuaciones judiciales serán nulas, por lo que aun cuando instituye los incidentes de manera genérica, es en vía incidental que debe intentarse la nulidad de las actuaciones o notificaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en la ley. En ese contexto, la parte quejosa -como parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil- debió de promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del veinte de noviembre de dos mil veinte efectuada en el juicio origen, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su nulificación; empero, al no haberlo agotado de manera previa a la promoción del juicio de amparo, inobservan el principio de definitividad que lo rige. Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Lo anterior, ya que la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, dado que es la parte demanda en el juicio mercantil de origen, aunado a que no se ha dictado sentencia definitiva en el procedimiento, lo que impide que pudiera tener la calidad de tercera extraña por equiparación. Asimismo, tampoco se aprecia que los actos reclamados hayan sido verificados en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, derivan de un juicio ejecutivo mercantil, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. Para concluir, no sobra decir que tanto la providencia precautoria de embargo al igual que el auto de exeqüendo son actos considerados de imposible reparación, por lo que en su contra proceder el juicio de amparo indirecto; sin embargo, aun en los actos que tienen ese carácter es indispensable agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio constitucional, tal como se precisó en la jurisprudencia transcrita línea arriba que es de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia estudiada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Enriqueta Oloarte Aguilar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. ? Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En adelante CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. Por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circulares SECNO. Finalmente, en la Circular SECNO/1/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Asimismo, las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos comunicaron que durante el plazo comprendido del uno al quince de febrero del presente año se suspendían plazos y términos para regresar al esquema de trabajo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, II y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, únicamente para los Estados ahí comprendidos, entre los que se encontraba esta entidad federativa. Finalmente, mediante la circular SECNO/10/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos se informó las medidas especiales que debían adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero del presente año, entre las que destaca que a partir del dieciocho del mismo mes y año la operación para los órganos jurisdiccionales se regirían por el régimen de transición previsto en esta última circular y el esquema de trabajo contemplado en el Acuerdo General 21/2020 a excepción de los Estados de Guanajuato y Guerrero. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/10/2021, que establece las medidas vigentes del dieciséis al veintidós de febrero del presente año. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Exhorto para mejorar comunicación Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se solicita al quejoso que a la brevedad proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se establecerá un canal de comunicación directa -no procesal-. Exhorto para seguir en juicio en línea Igualmente, de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se exhorta al justiciable para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, manifieste si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Notifíquese personalmente.
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