Enriqueta Rodriguez Vázquez
Expediente 421/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Enriqueta Rodriguez Vázquez
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el oficio 11201/2022, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión plenaria de veinticinco de agosto del año en curso, en el recurso de queja 191/2022 del índice de dicho órgano colegiado; cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa Enriqueta Rodríguez Vázquez, por conducto de su autorizado José Ángel Cortes Sandoval, en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio de amparo indirecto 421/2022, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, acúsese recibo al tribunal colegiado oficiante y, en su oportunidad, archívese este asunto como definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó de plano la demanda de garantías, determinación que fue confirmada por el tribunal de alzada antes referido.
- Principal
Téngase recibido el oficio número 7828/2022, signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, en el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por José Ángel Cortes Sandoval, autorizado de la parte quejosa Enriqueta Rodríguez Vázquez, contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictado por este órgano jurisdiccional; en atención a ello, se ordena agregar en autos el memorial de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Téngase recibido el escrito enviado vía juicio en línea por José Ángel Cortes Sandoval, autorizado de la parte quejosa Enriqueta Rodríguez Vázquez, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de veinticinco de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda que dio origen a este asunto. En atención a lo antes expuesto y en términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo en el sentido de SER CIERTO el dictado del proveído de veinticinco de mayo del año en curso, en el que este juzgado desechó por improcedente la demanda de amparo y remítase el mismo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, así como el original del escrito de queja del que se dio noticia y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este sumario.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Enriqueta Rodríguez Vázquez, por su propio derecho; contra actos de la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y otra autoridad. ACTO RECLAMADO. Del análisis de la demanda de amparo, se colige que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintisiete de abril del año en curso, dictada por la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca número 084/2022-C, formado con motivo del recurso de apelación que promovió a su vez la parte actora Jacqueline Osuna Moreno, en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, en este Puerto, en el juicio ejecutivo mercantil 716/2020, impugnado en el considerando (IV), así como el primero de los resolutivos de la resolución impugnada, esto es, la parte donde la sala revoca el auto apelado, bajo el argumento de que, si bien es cierto, el artículo 604 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Sinaloa, de aplicación supletoria al Código de Comercio, autoriza al juez o al tribunal, a solicitud del Ministerio Público suspender el procedimiento una vez que los autos lleguen a estado de citación para sentencia: sin embargo, dicha suspensión debe ser con motivo de una indagatoria, sin que en el caso se advierta esa circunstancia. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 421/2022. IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 de la ley de la materia, establece: ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2004, de rubro: DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. En atención a lo antes expuesto, este juzgador considera que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, en su fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte De los artículos en cita se advierte que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el juicio de amparo directo, excepto cuando tales violaciones afecten derechos sustantivos de la parte quejosa, esto es cuando se trata de actos de imposible reparación ocurridos dentro del procedimiento será procedente el amparo indirecto y no el directo. En efecto, del contenido del artículo 107, fracción V, en concordancia con el diverso 170 ambos de la Ley de Amparo, evidencian que la constitucionalidad de los actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional debe ser analizada, en principio, a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin a dicho procedimiento, siempre que respecto de los mismos se haya agotado el principio de definitividad en las materias en donde sea exigible esta disposición o, inmediatamente a través del juicio de amparo indirecto cuando afecten derechos sustantivos del quejoso, pues en esos casos, existen criterios que consideran a tales actos como de imposible reparación. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para calificar un acto de imposible reparación, éste necesitaba producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Al respecto se cita la tesis aislada LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, tomo XX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de AmparoEllo aun cuando pudiera considerarse que los actos reclamados causen una afectación en grado predominante o superior pues no dejan de ser violaciones procesales que pueden ser reparadas obteniendo una sentencia favorable, además de que son impugnables a través del amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, en caso de que sea desfavorable a los intereses del quejoso. Sentadas las premisas anteriores, se detalla que la resolución aquí controvertida -descrita en párrafos precedentes- consiste en la resolución de veintisiete de abril del año en curso, dictada por la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca número 084/2022-C, formado con motivo del recurso de apelación que promovió a su vez la parte actora Jacqueline Osuna Moreno, en contra del auto de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, en este puerto, en el juicio ejecutivo mercantil 716/2020, impugnado en el considerando (IV), así como el primero de los resolutivos de la resolución impugnada, esto es, la parte donde la sala revoca el auto apelado, bajo el argumento de que, si bien es cierto, el artículo 604 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Sinaloa, de aplicación supletoria al Código de Comercio, autoriza al juez o al tribunal, a solicitud del Ministerio Público suspender el procedimiento una vez que los autos lleguen a estado de citación para sentencia, sin embargo, dicha suspensión debe ser con motivo de una indagatoria, sin que en el caso se advierta esa circunstancia. Por lo anterior, es inconcuso que ello no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta los derechos sustantivos del inconforme consagrados en la Constitución ni en los tratados internacionales, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, de ahí que las consecuencias del acto reclamado son sólo intraprocesales, toda vez que tienen como consecuencia la continuación con el trámite del juicio natural, ante la revocación de la determinación que lo suspendió. Por cierto, tales aspectos pudieran quedar extinguidos con la emisión de una resolución favorable a los intereses del quejoso, por lo que, en todo caso, las violaciones procesales que -aduce- fueron cometidas en la actuación reclamada la agraviada está en condiciones de hacerlas valer en el amparo directo que -de estimarlo pertinente- se intente contra la sentencia de segunda instancia que ponga fin al juicio. Se aplica en apoyo de lo anterior la jurisprudencia J/101 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 551, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: INCIDENTE PENAL, EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Entendido el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, como aquel acto que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, debe concluirse que tal supuesto no se da cuando se reclama el desechamiento, admisión o resolución de un incidente penal, pues cualquiera de esas hipótesis únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del amparista, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías. DESECHAMIENTO. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, en su fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Enriqueta Rodríguez Vázquez, por su propio derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la referida ley, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el Bufete Jurídico Cortés & Cortés Asesoría Legal Integral, ubicado en Andador Orquídea número 138, del Fraccionamiento Jacarandas, Código Postal 82157 en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Ángel Cortés Sandoval, Nayely Jacqueline Cortés Osuna y Cesar Jesús Osuna Torres, quienes tienen sus cédulas profesionales 871465, 7940144 y 4065421, debidamente reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, a excepción de Iván de Jesús Lara Cortés, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Martha Alicia Cortés Sandoval, por así haberlo solicitado. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como Juicio en Línea. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). Asimismo, se le tiene señalando el correo electrónico Asimismo, se les tiene señalando como correo electrónico liccortes1@hotmail.com, para entablar comunicaciones no procesales. INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado Servicios Jurisdiccionales, en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.
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