Enriqueta Rodríguez Vázquez

Expediente 33/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
33/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Enriqueta Rodríguez Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio 4900/2023, firmado autógrafamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa copia certificada de la resolución dictada en sesión ordinaria de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en la queja 38/2023, de la que se desprende: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa Enriqueta Rodríguez Vázquez, por conducto de su autorizado José Ángel Cortés Sandoval, en contra del auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, pronunciado en el juicio de amparo indirecto 33/2023, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, acúsese recibo al tribunal colegiado oficiante y, en su oportunidad, archívese este asunto como definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, determinación que fue confirmada por el tribunal de alzada antes referido. Finalmente, de las constancias que integran el presente sumario, no se advierte la existencia de documentos originales ni tomo de pruebas que devolver a las partes.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio número 2140/2023, firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Enriqueta Rodríguez Vázquez, el cual se encuentra registrado con el número 38/2023 de su índice administrativo; memorial que se ordena agregar en autos para que obre como corresponda.

  3. Principal

    Téngase recibido el escrito signado autógrafamente por el licenciado ********************, autorizado de la quejosa ********************, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de dieciséis de enero del año en curso, a través del cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto. En atención a lo antes expuesto y en términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo en el sentido de SER CIERTO que en auto de dieciséis de enero de la anualidad que transcurre, este juzgado desechó de plano por considerarse improcedente la demanda de amparo promovida por ******************** y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta localidad, el original y copia del libelo de queja del que se dio noticia, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este sumario.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Enriqueta Rodríguez Vázquez, por su propio derecho; contra actos de la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO. Del análisis de la demanda de amparo, se colige que el acto reclamado lo hace consistir en la resolución de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca de apelación 166/2022 de su índice, formado con motivo del recurso de apelación de promovió la actora Jaqueline Osuna Moreno, por medio del cual se revocó el auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede esta localidad, en el que se ordenó la suspensión del procedimiento en el juicio ejecutivo mercantil 716/2020 de su índice interno. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 33/2023. IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 de la ley de la materia, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2004, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. En atención a lo antes expuesto, este juzgador considera que, en el presente asunto, se actualiza, de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Del análisis de los numerales preinsertos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Sentadas las premisas anteriores, se detalla que la sentencia aquí controvertida -descrita en párrafos precedentes- consiste en la sentencia de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con sede en esta ciudad, en el recurso de apelación 166/2022 que revocó la determinación de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 716/2020, de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, en este puerto, a través de la cual resolvió revocar el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el que ordenó suspender el procedimiento con motivo del incidente criminal promovido por la actora Jaqueline Osuna Moreno, para el efecto de que se le diera continuación al juicio ejecutivo mercantil 716/2020. Asimismo, de los antecedentes que expresó bajo protesta de decir verdad la parte quejosa, se colige lo siguiente: El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la quejosa Enriqueta Rodríguez Vázquez fue emplazada a juicio ejecutivo mercantil promovido por Jaqueline Osuna Moreno, registrada y admitida con el expediente 716/2020, de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, en este puerto. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se desahogó la prueba pericial en materia de grafoscopía y grafométrica, a cargo del perito Mario Muños Morfin, siendo objeto el documento base de la acción ejecutiva mercantil, en la que se determinó que la firma plasmada en el documento era falsa y no correspondía a la suscriptora del título de crédito. Luego, el diez de junio de dos mil veintiuno, la quejosa promovió incidente criminal, por la posible comisión de delitos en los que incurriera la parte actora, el cual fue admitido once de octubre de dos mil veintiuno, y se dio vista al Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Civiles y Familiares de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Por escrito presentado ante el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, la quejosa solicitó la suspensión del procedimiento ejecutivo mercantil 716/2020, haciendo alusión que existía una carpeta de investigación, con motivo del incidente criminal. En auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, con motivo de la promoción presentada por el Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Civiles y Familiares de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, suspendió el juicio ejecutivo mercantil 716/2020, hasta en tanto se resolviera la carpeta de investigación. No conforme la parte apelada Jaqueline Osuna Moreno, promovió recurso de apelación de tramitación inmediata en contra del proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, del cual conoció la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con sede en esta ciudad, bajo el toca 166/2022 de su índice. El cinco de diciembre de dos mil veintidós, la Sala responsable resolvió revocar el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, para que se continuara el juicio ejecutivo mercantil 716/2020 del índice Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Esta última resolución es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Por lo anterior, es inconcuso que tal determinación no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta los derechos sustantivos de la inconforme consagrados en la Constitución ni en los Tratados Internacionales, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, de ahí que las consecuencias del acto reclamado son sólo intraprocesales, toda vez que tienen como consecuencia la continuación con el trámite del juicio natural. Por cierto, tales aspectos pudieran quedar extinguidos con la emisión de una resolución favorable a los intereses del quejoso, por lo que, en todo caso, las violaciones procesales que -aduce- fueron cometidas en la actuación reclamada la agraviada está en condiciones de hacerlas valer en el amparo directo que -de estimarlo pertinente- se intente contra la sentencia de segunda instancia que ponga fin al juicio. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 1/2016(10a), emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15. Registro digital: 2011428, del rubro y texto siguientes: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Asimismo, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, en la tesis X.C.1 C(11a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número registro digital: 2025429, de rubro y texto siguientes: "JUICIO ORDINARIO CIVIL PLENARIO DE POSESIÓN. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN QUE ORDENA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO AL DECLARAR IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN OPUESTA POR EL DEMANDADO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO AFECTAR SUS DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: El tribunal de apelación declaró improcedente la excepción de prescripción opuesta por el demandado en un juicio ordinario civil plenario de posesión, revocó la resolución del Juez de primera instancia que dictó en la audiencia previa y de conciliación y ordenó la continuación del juicio principal hasta su conclusión Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución del tribunal de apelación que ordenó la continuación del procedimiento, al declarar improcedente la excepción de prescripción opuesta por el demandado en un juicio ordinario civil plenario de posesión, no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, al no afectar sus derechos sustantivos. Justificación: Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos de ejecución irreparable son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; por ende, ya no hay posibilidad de considerar dentro de ese concepto los actos que producen efectos meramente formales, por lo que con la emisión del acto reclamado no existe una afectación a derechos sustantivos, toda vez que la improcedencia de la excepción de prescripción opuesta por el demandado tiene como consecuencia la prosecución del juicio, luego, sólo produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso y sin dejar huella en su esfera jurídica, de resultar favorable a sus intereses la sentencia definitiva que eventualmente se emita y, en caso contrario, estará en aptitud de hacerla valer en el juicio de amparo directo correspondiente, una vez agotado el medio de impugnación respectivo. Lo anterior, en similitud jurídica con la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." No se soslayan las manifestaciones de la parte agraviada, en el sentido de que la resolución reclamada le causa daños de imposible reparación; empero, se reitera, tal cuestión y sus consecuencias son meramente procesales, pues consisten en la continuación del procedimiento para su resolución, la cual podría ser favorable a los intereses de la impetrante. DESECHAMIENTO En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracciones I, V y XII, de la Ley de Amparo; se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Enriqueta Rodríguez Vázquez, por su propio derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la referida ley, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el Bufete Jurídico Cortés & Cortés Asesoría Legal Integral, ubicado en Andador Orquídea número 138, del Fraccionamiento Jacarandas, Código Postal 82157 en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Ángel Cortés Sandoval, Nayely Jacqueline Cortés Osuna y Cesar Jesús Osuna Torres, quienes tienen sus cédulas profesionales 871465, 7940144 y 4065421, debidamente reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Martha Alicia Cortés Sandoval y Manuelita Enciso Vázquez, por así haberlo solicitado. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitar copias simples del expediente en que se actúa. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 2527, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea".

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