Enrique Vega Sanchez

Expediente 723/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
723/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Enrique Vega Sanchez
  • Juez de Primera Instancia En Materia Civil, del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veintidós de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria el trece de septiembre de dos mil veintidós. Seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por la autoridad responsable, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE a)Dejar sin efectos la resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por Enrique Vega Sánchez -quejoso- en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que acordó que no había lugar a proveer de conformidad, toda vez que con apoyo en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, la resolución que intentaba combatir no admite recurso de apelación por la suerte principal de ese negocio, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 220/2016, en que resolvió improcedente dicho recurso de revocación. b) Emita otra resolución en la que siguiendo los lineamientos de este fallo, declare procedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el referido juicio ejecutivo mercantil, con el fin de que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional que consagra el derecho de acceso a la justicia. a) Mediante oficio 1354/2022 suscrito por el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Civil de Primera Instancia, con residencia en Sahuayo, Michoacán, comunicó que dentro del juicio ejecutivo mercantil 220/2016, en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en la resolvió respecto del recurso de revocación. Asimismo, que determinó mediante resolución de la misma fecha, procedente el recurso de revocación interpuesto por Enrique Vega Sánchez, en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que al dejar insubsistente la resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se resolvió improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa y al dictar otra en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, declaró procedente el recurso de revocación materia del presente juicio, la autoridad responsable restituyó a la parte agraviada del derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la misma realizó el pronunciamiento de acuerdo a lo estipulado en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de septiembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que de la consulta realizada a la página de internet https://www.estafeta.com/herramientas/rastreo.aspx?msclkid=65c475cba68011eca7e2d0f988ea83cd, se desprende que la guía con código de rastreo 2121365286, la cual contenía el oficio 16275, del índice de este Juzgado Federal, dirigido a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, al que se adjuntó copia de la sentencia dictada en el presente expediente, fue entregada a su destinatario a las catorce horas del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, como se advierte del comprobante de entrega expedido por el Servicio de Mensajería Estafeta. Por lo tanto, de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 26 de la Ley de Amparo, se le tiene por debidamente notificada de la determinación que nos ocupa a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. CAUSA EJECUTORIA. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, para que en el improrrogable plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia terminada de engrosar el veintidós de agosto de dos mil veintidós. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se le conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, un tomo de pruebas consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 220/2016, de su índice. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veintidós de agosto de dos mil veintidós. SENTENCIA CONSTITUCIONAL V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 723/2021-II. R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica (juicio en línea) el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno y remitido ese mismo día, por razón de turno a éste Juzgado de Distrito, el quejoso Enrique Vega Sánchez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que más adelante se precisa. II. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales que al parecer le fueron violados los contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 723/2021-II y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Posteriormente, mediante acuerdo dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a Santiago Munguía Hernández, por ser parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil número 220/2016, del índice de la responsable, de donde derivan los actos reclamados; quien fue debidamente emplazado a este juicio y no compareció a hacer valer sus derechos. Luego, después de haberse diferido, se verificó la audiencia constitucional a las diez horas con treinta y tres minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, ejerce jurisdicción y es legalmente competente, para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 51, fracción I, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 3/2013, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse un resolución dictada dentro de un juicio ejecutivo mercantil, cuya ejecución tiene verificativo dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito (Sahuayo, Michoacán de Ocampo). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, deben tenerse como actos reclamados: De la Jueza de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sahuayo, Michoacán de Ocampo. La resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por Enrique Vega Sánchez -quejoso- en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que se le acordó que no había lugar a proveer de conformidad, toda vez que con apoyo en los artículos 1339 y 1340 del ordenamiento de comercio, la resolución que intentaba combatir no admitía recurso de apelación por la suerte principal de ese negocio, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 220/2016, mismo que se declaró improcedente dicho recurso de revocación. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Lo cual se corrobora con la copia certificada del expediente 220/2016, del índice del juzgado responsable, la cual goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Conceptos de Violación. En virtud de que las partes no hicieron valer causas de improcedencia y al no advertirse alguna que deba hacerse valer de oficio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede examinar los conceptos de violación, mismos que no se trascriben, al no existir ninguna disposición legal que obligue a ello; tal como lo dispone la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Previo el análisis de los conceptos de violación, es preciso traer a colación los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden del expediente 220/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil, a saber: 1. Mediante escrito de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, los endosatarios en propiedad de Enrique Vega García, interpusieron ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, demanda, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de Santiago Munguía Hernández, la cual fue admitida mediante proveído de tres de marzo de dos mil dieciséis, reclamándole las prestaciones ahí asentadas, dándole como número de expediente 220/2016. 2. Seguido el trámite del juicio ejecutivo mercantil 220/2016, el juzgado responsable emitió la resolución final el siete de diciembre de mil dieciséis, resolviendo lo siguiente: "P U N T O S R E S O L U T I V O S : "PRIMERO.- Ha quedado surtida la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer y resolver en definitiva el presente asunto jurídico.- SEGUNDO.- La parte actora Marco Antonio Ayala Alipio y Edgar Gómez de la Paz, demostró los hechos constitutivos de la acción cambiaria directa, que en la vía ejecutiva mercantil y sobre pago de pesos, instauró en contra del señor Santiago Munguía Hernández, quien a su vez no justificó las excepciones y defensas que hizo valer; en consecuencia,- TERCERO.- Se declara procedente dicha acción, y se condena a la parte demandada Santiago Munguía Hernández, a pagar a favor de la parte accionante Marco Antonio Ayala Alipio y Edgar Gómez de la Paz, la cantidad de $221,909.24 doscientos veintiún mil novecientos nueve pesos 24/100 moneda nacional, por concepto de suerte principal, derivada del título de crédito accionado, así como al pago de los intereses moratorios al tipo del 2% dos por ciento mensual, a partir de la constitución en mora, y hasta la total solución del adeudo, los que serán cuantificados en ejecución de sentencia.- CUARTO.- Se condena a la parte reo al pago de gastos y costas erogados por su colitigante en la tramitación de este juicio.- QUINTO.- Hágase trance y remate de los bienes que se embargaron a la parte reo, y con su producto pago a la parte acreedora de las prestaciones a que resultó condenada a cubrirle la parte demandada.- SEXTO.- (.) 3. Inconforme con lo anterior, el cuatro de enero de dos mil diecisiete, los endosatarios en propiedad de la parte actora en el juicio de origen, promovieron demanda de amparo directo, la cual resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, dentro del juicio 103/2017, mediante sesión de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, otorgándoles el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, por lo que, en acatamiento de dicha ejecutoria, el juzgado responsable el dos de junio de ese año dos mil diecisiete, dictó nueva sentencia definitiva, resolviendo lo siguiente: "P U N T O S R E S O L U T I V O S: PRIMERO.- (.).- SEGUNDO.- La parte actora Marco Antonio Ayala Alipio y Edgar Gómez de la Paz, demostró los hechos constitutivos de la acción cambiaria directa, que en la vía ejecutiva mercantil y sobre pago de pesos, instauró en contra del señor Santiago Munguía Hernández, quien a su vez no justificó las excepciones y defensas que hizo valer; en consecuencia,- TERCERO.- Se declara procedente dicha acción, y se condena a la parte demandada Santiago Munguía Hernández, a pagar a favor de la parte accionante Marco Antonio Ayala Alipio y Edgar Gómez de la Paz, la cantidad de $221,909.24 doscientos veintiún mil novecientos nueve pesos 24/100 moneda nacional, por concepto de suerte principal, derivada del título de crédito accionado, así como al pago de los intereses moratorios al tipo pactado en el documento base de la acción, a partir de la constitución en mora, y hasta la total solución del adeudo, los que serán cuantificados en ejecución de sentencia.- CUARTO.- Se condena a la parte reo al pago de gastos y costas erogados por su colitigante en la tramitación de este juicio.- QUINTO.- Hágase trance y remate de los bienes que se embargaron a la parte reo, y con su producto pago a la parte acreedora de las prestaciones a que resultó condenada a cubrirle la parte demandada.- SEXTO.- (.) 4. Causando ejecutoria la anterior determinación, mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. 5.- Así las cosas, Mediante escrito recibido por el juzgado de origen el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el cesionario de derechos litigiosos -ahora quejoso-, promovió el incidente de actualización y ampliación de planilla de liquidación de sentencia, el cual fue admitido mediante acuerdo de veintidós de ese mes y año. 6. Incidencia que fue resuelta por el juzgado responsable el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno en los siguientes términos: "P U N T O S R E S O L U T I V O S : Primero. (.). Segundo. Con la regulación correspondiente, se declara parcialmente procedente el incidente en cuestión, promovido por el cesionario Enrique Vega Sánchez, en consecuencia, Tercero. Se condena a la parte demandada Santiago Munguía Hernández, a pagar la cantidad de $76,691.83 (setenta y seis mil seiscientos noventa y un pesos 83/100 m.n.); por los conceptos indicados en el considerando relativo de esta interlocutoria. Cuarto. (.). 7. Inconforme con tal resolución, el cesionario ahora quejoso interpuso recurso de apelación, mismo que mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el juzgado responsable acordó que no había lugar a proveerlo de conformidad, toda vez que al umbral de los artículos 1339 y 1340 del ordenamiento de comercio, la resolución que intenta combatir no admite recurso de apelación por la suerte principal de ese negocio. 8. Por lo que atento a lo anterior el referido cesionario promovió recurso de revocación, el cual fue admitido el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, y resuelto el uno de diciembre de ese año, resolviendo declararlo improcedente en esencia por lo siguiente: "era evidente que no es admisible el recurso de apelación que pretende el recurrente en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 18 dieciocho de octubre pasado, pues se reitera que la cuantía que se reclama como suerte principal y que se condenó al reo fue por la cantidad de $221,909.24 doscientos veintiún mil novecientos nueve pesos 24/190 moneda nacional, es inferior a la establecida por el artículo 1340 concatenado con el 1339 del Código de Comercio, pues el artículo 1341 claramente refiere que dichas sentencias interlocutores serán apelables si lo fueren las definitivas conforme al precitado numeral 1340 ambos de dicha codificación, de ahí que devenga la improcedencia de su solicitud apetecida". . Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Sentado lo anterior, la parte quejosa en su "ÚNICO" concepto de violación aduce que acto reclamado es violatorio del derecho humano al debido proceso, través del principio de fundamentación y motivación a fin de conferir congruencia a la sentencia reclamada; ello, toda vez que los citados numerales 14 y 17 constitucionales, prevén que, en materia civil, las resoluciones se deben dictar de conformidad a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, así, todo acto de autoridad, materialmente jurisdiccional, debe reunir los requisitos de congruencia y exhaustividad. Agrega, que si bien es cierto que los artículos 1339, primer párrafo, y 1340 del Código de Comercio, señalan que todas aquellas resoluciones que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (quinientos setenta y cuatro mil, seiscientos noventa pesos 47/100 monea nacional), por concepto de suerte principal, así como que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior al numerario señalado con antelación en razón de suerte principal; empero que también resulta cierto que, atento al propio numeral 1339, en su quinto párrafo, las interlocutorias son apelables cuando lo disponga ese ordenamiento legal, por lo que, atento a lo que prevé el diverso precepto 1348 del citado compendio normativo, la resolución que resuelva la liquidación será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata cuando la sentencia no contenga cantidad líquida, por lo que la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, como en el caso en concreto realice, por lo que, a todas luces es evidente que, de una lectura integral de los preceptos jurídicos aquí citados -artículo 1341 del ordenamiento mercantil -, se debe admitir el recurso de apelación que planteó, y no la negativa dogmática que dictó la responsable. Finalmente sostiene que el acto reclamado, además, causa un acto de imposible reparación al quejoso, toda vez que, según constancias, la juzgadora ha sido recurrente en declarar impróspera la prestación sobre una porción de los honorarios profesionales en su favor pagaderos por el aquí tercero interesado. Asiste razón al quejoso y por ende su concepto de violación es fundado, atendiendo a la causa de pedir; veamos el porqué. Conceptos de violación que tienen un primer sustento en el artículo 17 constitucional que consagra el derecho de acceso a la justicia; sin embargo, este derecho fundamental aparece más claro en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra los principios del recurso judicial. De esa forma, los recursos regulados en las legislaciones procesales civil y mercantil son los instrumentos a través de los cuales el gobernado podrá impugnar la legalidad de las resoluciones judiciales de toda índole; tienen por objeto confirmar, revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. A través de los recursos ordinarios, el gobernado podrá impugnar tanto aspectos de forma de la resolución que se recurra -como la carencia de fundamentación y motivación, falta de exhaustividad por no analizar los argumentos propuestos o la integridad de las pruebas ofrecidas, incongruencia entre lo pedido y lo resuelto, o la ausencia de los requisitos legalmente previstos para la validez de la resolución respectiva-, como el fondo de lo decidido u ordenado por estimarse que el juzgador recurrido incurrió, entre otras hipótesis, en indebida o incorrecta: I. Fundamentación, motivación o ambas. II. Valoración de las pruebas. III. Interpretación de la ley o la jurisprudencia. IV. Apreciación de la litis. V. Análisis de las constancias de autos. Dado que los recursos son medios de impugnación ordinaria, las únicas resoluciones que se podrán recurrir a través de ellos son aquellas que no hubieren adquirido firmeza o alcanzado la calidad de cosa juzgada, pues estas últimas sólo podrán combatirse con el empleo de medios extraordinarios de defensa y, específicamente, a través del juicio de amparo. Ahora, el citado artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica 1969), relativo a la protección judicial, señala que: "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. ... que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención."; asimismo, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso; a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. De lo anterior se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental; sin embargo, para que éste realmente se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, es necesario precisar que se manifiesta en dos aspectos complementarios: uno formal y otro material. El aspecto formal del acceso a la justicia se refiere a la obligación de las autoridades de dar respuesta de manera pronta, completa, imparcial y gratuita a las solicitudes de los particulares (partes en un procedimiento) respetando las formalidades del procedimiento; desde luego que ello no significa que necesariamente se resolverá en forma favorable a los intereses del justiciable, sino sólo en los casos que en derecho proceda. Por su parte, el aspecto material del derecho de acceso a la justicia, complementa al primero, pues se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. Cobra aplicación, la tesis XXXI.4K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito,16 que dice: Visible en la página 1105, tomo XXXIII, mayo de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 162163: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SE RESPETA EN LA MEDIDA EN QUE SE ATIENDEN LOS ASPECTOS FORMAL Y MATERIAL EN QUE SE MANIFIESTA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", definió la garantía a la tutela como "... el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión ...". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica 1969), relativo a la protección judicial, señala que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. ... que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención.", asimismo, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso; a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. De lo anterior se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental; sin embargo, para que éste realmente se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, es necesario precisar que se manifiesta en dos aspectos complementarios: uno formal y otro material. El aspecto formal del acceso a la justicia se refiere a la obligación de las autoridades de dar respuesta de manera pronta, completa, imparcial y gratuita a las solicitudes de los particulares (partes en un procedimiento) respetando las formalidades del procedimiento; desde luego que ello no significa que necesariamente se resolverá en forma favorable a los intereses del justiciable, sino sólo en los casos que en derecho proceda. Por su parte, el aspecto material del derecho de acceso a la justicia, complementa al primero, pues se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. Por tanto, no es posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, ya que, de otra manera, la prerrogativa constitucional y convencional primeramente indicada, tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Por su parte, el numeral 1334 del Código de Comercio establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Del precepto citado se destaca que el recurso de revocación procede únicamente contra autos y decretos. Ahora bien, las resoluciones judiciales, doctrinalmente se clasifican en: 1. Decretos: Son determinaciones que dicta el juzgador para el trámite del procedimiento judicial. 2. Autos: Son resoluciones que deciden cualquier punto dentro del proceso y pueden clasificarse del siguiente modo: a) Provisionales: Son determinaciones que se ejecutan momentáneamente, sujetos a una modificación o transformación en la sentencia. b) Preparatorios: Son resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio. c) Definitivos: Son decisiones que impiden o paralizan la prosecución de un juicio. 3. Sentencias: Son resoluciones que ponen fin a la controversia y pueden clasificarse en: a) Interlocutorias: Deciden en definitiva un incidente planteado antes o después de dictada la sentencia definitiva, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. b) Definitivas: Son las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso, solucionando el litigio planteado de fondo. Lo anterior se corrobora del contenido del artículo 220 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, y de los diversos 1321 y 1323 de la última de las codificaciones citadas, los cuales disponen que los decretos y autos se dictan durante la tramitación del juicio, los primeros, solo para procurar la marcha del procedimiento y, los segundos, para resolver algún tema jurídico durante el procedimiento. Así mismo, que las sentencias son definitivas e interlocutorias, y que estas últimas son las que deciden un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. En el caso concreto, el acuerdo combatido de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, deriva de la resolución interlocutoria de dieciocho de ese mes de octubre dos mil veintiuno, dictada en la ampliación del incidente de planilla de liquidación, derivado del juicio ejecutivo mercantil 220/2016 del índice de la responsable, en la que se reclamó el pago de la cantidad de $71,010.96 (setenta y un mil diez pesos 96/100 moneda nacional) y otra prestación accesoria, derivado de un título de crédito. En ese contexto, contrario a lo señalado por la autoridad responsable, al no tratarse de un auto o decreto, sino de una resolución interlocutoria que puso fin a un incidente, es evidente que el recurso de revocación es improcedente. En efecto, la autoridad responsable parte de una premisa errónea, al considerar que la procedencia del recurso de revocación es por exclusión; es decir, que contra todos los actos que no sean apelables por razón de la cuantía, esto es, que no superen la cantidad $574,690.47 (quinientos setenta y cuatro mil setecientos noventa pesos 47/100 M.N.), establecida en el artículo 1339 del Código de Comercio , vigente al momento en que se dictó el acto reclamado, deben ser revocables. Sin embargo, perdió de vista que el recurso de revocación establece sus propios supuestos de procedencia; siendo estos, contra autos y decretos, entendiéndose por los primeros los que deciden cualquier punto dentro del negocio y, por los segundos, simples determinaciones de trámite. En ese mismo sentido, la resolución interlocutoria aquí reclamada no es apelable por razón de la cuantía, porque la suerte principal, en el contradictorio de origen, sin contar intereses y accesorios asciende a $221,909.24 (doscientos veintiún mil novecientos nueve pesos 24/100. M.N.). En tanto la improcedencia de la apelación, no trae como consecuencia inmediata que contra dicha determinación proceda el recurso de revocación; dado que, tal como ha quedado evidenciado, dicho medio de impugnación solo procede contra autos y decretos tal como lo dispone el numeral 1334 de la codificación en estudio. Similar criterio adoptó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 205/2011, sustentada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Noveno, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, al determinar que el recurso de revocación es improcedente contra las resoluciones interlocutorias dictadas con motivo de un incidente de falta de personalidad en los juicios mercantiles. En dicha ejecutoria, la referida Sala determinó que el tema a dilucidar en la contradicción de tesis consistía en conocer si en contra de las resoluciones interlocutorias procede o no el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido; concluyendo de la forma siguiente: ". Así, los decretos y autos son resoluciones judiciales totalmente distintas a las sentencias interlocutorias dictadas dentro de un incidente de falta de personalidad, pues mientras las primeras se dictan para la tramitación del juicio, la interlocutoria se emite para resolver la cuestión de fondo planteada en un incidente. Luego, en contra de las resoluciones interlocutorias dictadas en un incidente de falta de personalidad en un juicio mercantil, cuando por su monto se consideren por la ley de cuantía menor, no es procedente el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, pues éste sólo procede contra autos y decretos que no sean apelables y no en contra de ese tipo de resoluciones ." El anterior criterio se encuentra previsto en la jurisprudencia 1a./J.34/2012(10a.) de la referida Primera Sala de Nuestro más alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 806, correspondiente al mes de abril de 2012, Libro VII, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. ESE RECURSO NO PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DICTADAS CON MOTIVO DE UN INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS MERCANTILES, CUANDO POR SU MONTO SE CONSIDEREN POR LA LEY COMO DE CUANTÍA MENOR (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011). De la interpretación conjunta de los artículos 1057, 1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio, se concluye que el recurso de revocación es improcedente contra las resoluciones interlocutorias dictadas con motivo de un incidente de falta de personalidad en un juicio mercantil, cuando por su monto sean de cuantía menor en términos del último de los artículos referidos, pues el citado artículo 1334 establece su procedencia sólo contra decretos y autos, los cuales son resoluciones judiciales dictadas para la tramitación del juicio, a diferencia de la sentencia interlocutoria emitida dentro de un incidente de falta de personalidad, en la que se resuelve en definitiva una controversia de carácter adjetivo al juicio mercantil, en este caso, sobre la personalidad de alguna de las partes contendientes en el juicio." Criterio que se adopta en el presente juicio de amparo, aun cuando se refiera a un incidente de falta de personalidad; sin embargo, la resolución que le pone fin, comparte la misma naturaleza de la diversa ampliación de incidente liquidación de sentencia, dado que con fundamento en los artículos 1321 y 1323 del Código de Comercio, ambas determinaciones son sentencias interlocutorias que deciden un incidente. En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión en favor de Enrique Vega Sánchez, contra los actos reclamados a la Jueza de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sahuayo, Michoacán de Ocampo. SEXTO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable deberá: a) Dejar sin efectos la resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por Enrique Vega Sánchez -quejoso- en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que acordó que no había lugar a proveer de conformidad, toda vez que con apoyo en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, la resolución que intentaba combatir no admite recurso de apelación por la suerte principal de ese negocio, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 220/2016, en que resolvió improcedente dicho recurso de revocación. b) Emita otra resolución en la que siguiendo los lineamientos de este fallo, declare procedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el referido juicio ejecutivo mercantil, con el fin de que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional que consagra el derecho de acceso a la justicia. Por tanto, al haber resultado esencialmente fundado el concepto de violación que se analizó, atendiendo a la causa de pedir, resulta innecesario dar respuesta cabal y puntual a todas las manifestaciones que expresa la parte quejosa en contra de la determinación reclamada, porque no variarían en nada lo resuelto. En apoyo de lo considerado se invoca la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 85 del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." PRECISIÓN. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SÉPTIMO. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificados de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conform|idad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. OCTAVO. Acuerdo de Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. NOVENO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Enrique Vega Sánchez, por su propio derecho, por los motivos y para los efectos que precisados quedaron en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de junio de dos mil veintidós. AUTORIDAD REMITE DOCUMENTALES. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal de Sahuayo, Michoacán, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de quince de junio de la presente anualidad remite copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ********************relacionadas con el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte dichas documentales; las cuales se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional, con vista a las partes. FORMACIÓN DE TOMO DE PRUEBAS. Se ordena formar tomo de pruebas con las constancias que remite la autoridad responsable, para un mejor manejo del expediente, las cuales se identificarán como tomo I. NOTIFÍQUESE.

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