Enrique Vega García

Expediente 151/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
151/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Enrique Vega García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, de los que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que fue negada la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 21, inciso c) de la normativa invocada, así como a lo establecido en el artículo 7.1.1, inciso 2, de Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, procede su destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: I. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, a través del sistema de juicio en línea del Poder Judicial de la Federación y turnado el veintidós siguiente a este Juzgado Quinto, Enrique Vega García, por conducto de su apoderado jurídico Enrique Vega Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: "III- La autoridad responsable: El Titular de la Tercera Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. "IV. La norma general, acto u omisión que se reclama: Lo constituye la resolución de data 28 veintiocho de febrero de 2022 dos mil veintidós, que resuelve el recurso de reposición planteado por el abajo firmante, dentro del toca de apelación número I-32/2022, del índice de la Tercera Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán." Acto que, a su parecer, es violatorio de los artículos 14 y 17, de la Constitución Federal; señaló como tercero interesado a Luis Manuel Ramírez Gálvez; y, relató los antecedentes del acto reclamado. II. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe de ley a la autoridad responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado Luis Manuel Ramírez Gálvez, el cual quedó legalmente emplazado como se advierte del auto de treinta de agosto de dos mil veintidós; se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de haberse diferido, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, ello, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 44, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; porque el acto reclamado se materializó en la ciudad de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De acuerdo con lo anterior, en el presente caso debe tenerse como acto reclamado: Del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. La resolución dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el quejoso, contra el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, que calificó de inadmisible el recurso de apelación dentro del toca I-32/2022, interpuesto por Enrique Vega García, dentro del incidente de liquidación de gastos y costas deducido del juicio ejecutivo mercantil 3/2020, que sobre pago de pesos, promovió el citado Vega García, frente a Luis Manuel Ramírez Gálvez. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con el original del toca de apelación I-32/2022, enviado por el referido Magistrado; constancias que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Estudio de fondo. No existiendo causas de improcedencia hechas valer o que se adviertan de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto en reclamo; sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevarla a cabo; además de que dicha omisión no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En principio, y previo al estudio de los conceptos de violación, es menester precisar que, del contexto de la demanda y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales previamente se otorgó pleno valor convictivo, se advierten esencialmente los antecedentes siguientes: 1. El nueve de enero de dos mil veinte, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Sahuayo, Michoacán, admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil 03/2020, sobre pago de pesos, con motivo de la demanda promovida por el aquí quejoso Enrique Vega García, frente al aquí tercero interesado Luis Manuel Ramírez Gálvez, a quien le reclamó el pago de la cantidad de $175,000.00 (siento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N), entre otras prestaciones. 2. Seguido el juicio por sus trámites legales, y emplazada que fue la parte demandada, inclusive contestó la demanda, el siete de octubre de dos mil veintiuno, se dictó la correspondiente sentencia, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y fallar en definitiva la presente controversia. SEGUNDO. El actor Enrique Vega García, no demostró los hechos constitutivos de la acción cambiaria directa ejercitada frente a Luis Manuel Ramírez Gálvez, a quien le prosperó las defensas y excepciones que opuso; en consecuencia. TERCERO. Se declara improcedente la acción cambiaria directa sobre pago de pesos que, en la vía ejecutiva mercantil, ejercitó Enrique Vega García, en contra de Luis Manuel Ramírez Gálvez, a quien se le absuelve de las prestaciones reclamadas; se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la forma y términos que considere convenientes. CUARTO. Se condena a la parte actora al pago de los gastos y costas de la primera instancia del juicio. (.)" 3. Con motivo de lo anterior, y una vez que la sentencia causó ejecutoria, el tercero interesado Luis Manuel Ramírez Gálvez, promovió incidente de liquidación de gastos y costas a efecto de determinar el monto de las mismas y hacerlas efectivas; incidencia que fue admitida en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 4. En resolución de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se resolvió el incidente de liquidación de gastos y costas de que se habla, declarando en sus puntos resolutivos lo siguiente: "Primero. Resultó competente este juzgado para conocer y resolver interlocutoriamente el incidente de liquidación de sentencia. Segundo. En los términos del considerando respectivo, se aprueba en su debida regulación la planilla de liquidación de gastos y costas que promovió el autorizado de la parte demandada en los términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, condenándose a la parte actora Enrique Vega García, a pagar a su contraria, la cantidad de $120,941.32 (ciento veinte mil novecientos cuarenta y un pesos 32/100 M.N.), por concepto de honorarios del abogado que le asesoró en la tramitación del juicio. Tercero. No se hace condena en costas." 5. En contra de la resolución precedente, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, del que conoció el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, quien en auto de tres de febrero del año en curso, declaró inadmisible tal medio de impugnación. 6. Inconforme con la anterior determinación, el agraviado promovió recurso de reposición, el que fue resuelto por el Magistrado responsable el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el sentido de confirmar en sus términos el auto dictado el tres de ese mes y año. Determinación esta última que constituye la materia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora, del capítulo correspondiente al único concepto de violación, así como del contenido integral de la demanda, se aprecian los argumentos siguientes: Que es ilegal la decisión de la autoridad responsable, pues el acto reclamado vulnera los preceptos legales 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el Magistrado responsable violó el derecho humano al debido proceso, a través del principio de fundamentación y motivación, que exige reunir los requisitos de congruencia y exhaustividad. Lo que así considera el quejoso en razón de que, de conformidad con el artículo 1339 en su quinto párrafo, del Código de Comercio, las interlocutorias son apelables cuando lo disponga ese ordenamiento legal; de ahí que, atento a lo que prevé el numeral 1348 de la misma legislación, la resolución que resuelva la liquidación de sentencia será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata cuando la sentencia no contenga cantidad líquida, como en el caso acontece, refiere el promovente. Por lo anterior, se debió admitir el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, y no declarar su inadmisión de manera dogmática como lo hizo la responsable, al no considerar que los fallos dictados en el incidente de costas y gastos tienen una tramitación especial, siendo reglamentados por los artículos 1085, 1098 y 1089, en correlación con el ordinal 1341, del citado código mercantil, por lo que, aduce, sí procede ese medio de defensa en contra de la resolución que decida el referido incidente, de lo contrario, se deja en incertidumbre jurídica al quejoso respecto de los medios legales impugnativos y su correcta aplicación, causándole una afectación a su seguridad jurídica. Establecido lo anterior, y analizados en su conjunto, son infundados los argumentos expuestos por la parte quejosa como conceptos de violación. Ello es así, porque por lo que hace a que la determinación del Magistrado es violatoria del derecho humano al debido proceso, a través del principio de fundamentación y motivación, que exige reunir los requisitos de congruencia y exhaustividad, debe decirse que, contrario a lo expuesto por el agraviado, la responsable fundó y motivó debidamente tal determinación, considerando que existe una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad si se invoca el precepto legal, empero, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste, que impiden que su adecuación encuadre en la hipótesis normativa y, existe una incorrecta motivación, en el supuesto de que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquellas están en discordancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso; aspectos que en este asunto no se actualizan en contravención a los requisitos de congruencia y exhaustividad. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En efecto, la resolución que se reclama no se advierte que carezca de la debida fundamentación y motivación, porque el Magistrado responsable la emitió con base en los artículos 1088 y 1339 del Código de Comercio, explicando porque se actualiza en el caso el contenido de esos numerales, al indicar textualmente: ".contrario a lo manifestado por el recurrente, la inadmisión del recurso de apelación consistió en que para la procedencia del recurso de apelación en contra de la resolución de un incidente depende directamente de la cuantía de la suerte principal del juicio cuya sentencia definitiva se pretende liquidar; es decir, aun cuando se trate de sentencia que ponga fin a un incidente de liquidación, debe atenderse al monto del negocio como se preceptúa en el artículo 1088 del Código de Comercio, que establece que las resoluciones pronunciadas en los incidentes sobre liquidación de costas admiten los recursos que procedieren según la cantidad que importarse (sic) la total regulación de dicha prestación, ordenamiento que guarda relación con el precepto 1339, que señala que las resoluciones son recurribles en atención a la cuantía de las prestaciones reclamadas en la demanda natural, la cual delimita el interés del negocio, de ahí que la sentencia interlocutoria apelada debe regirse atendiendo lo dispuesto por el numeral 1339 del Código de Comercio." Como se advierte, la responsable realizó una interpretación sistemática de los artículos 1088 y 1339 del Código de Comercio vigente en dos mil veinte, en que inició el juicio de origen, en relación a la improcedencia del recurso de apelación respecto del incidente de gastos y costas (fundamentación), expresando las razones por las que en el caso no procede ese medio de impugnación (motivación), sin que se advierta que haya analizado preceptos legales que no son acordes al asunto, o bien, que se hubieren estudiado cuestiones ajenas a la litis planteada, de ahí que tampoco se faltó a los requisitos de congruencia y exhaustividad que toda determinación jurisdiccional debe contener. En efecto, los referidos numerales literalmente establecen: "Artículo 1088. En vista de lo que las partes hubiesen expuesto conforme al artículo anterior, el juez o tribunal fallarán lo que estimen justo dentro del tercer día. De esta decisión se admitirán los recursos que procedan, según la instancia en que se encontrare el juicio y según la cantidad que importase la total regulación." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en cuenta intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." Como se ve, para admitir el recurso de apelación en un asunto de índole mercantil donde en la respectiva demanda se reclame una determinada cantidad, es necesario tener en cuenta ese monto para estar en condiciones de decidir si procede o no dicho medio de defensa, lo que correctamente valoró el Magistrado responsable, y que además es acorde a lo establecido en el diverso numeral 1341 de la invocada legislación, que dispone: "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables si lo fueren las definitivas, conforme al artículo anterior. Con la misma condición son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone." Asimismo, el artículo 1340, que se menciona en el numeral recién transcrito, estatuye: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $682,646.89 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." En ese tenor, de los artículos 1088, 1339, 1340 y 1341, analizados de manera sistemática se concluye que es acertada la resolución dictada por la responsable, aun cuando únicamente la fundamentó en los primeros dos numerales, sin embargo, ello no es suficiente para estimar que la misma carece de fundamentación y motivación, puesto que lo razonado por dicha autoridad conduce al contenido de los diversos numerales 1340 y 1341 en mención, relacionados precisamente con los artículos 1088 y 1339, que le sirvieron de sustento para estimar que en el caso concreto no procede el recurso de apelación. Apoya lo anterior, la tesis P. CXVI/2000 del Pleno de Alto Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, página 143, registro 191358, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa". Se sostiene lo anterior, porque como se advierte de los antecedentes relatados en párrafos precedentes, en la demanda que originó el juicio ejecutivo mercantil 03/2020, promovida por el propio quejoso, se reclamó el pago de la cantidad de $175,000.00 (siento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), como suerte principal, entre otras prestaciones, lo que pone de manifiesto que la respectiva sentencia que lo resuelva no es susceptible de ser combatida a través del recurso de apelación, porque obviamente esa cantidad es menor a la que establece el numeral 1339 del Código de Comercio, donde se precisa que ".Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en cuenta intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.". Asimismo, el precepto legal 1341 asentado en líneas anteriores, en lo que interesa, puntualiza que ".Las sentencias interlocutorias son apelables si lo fueren las definitivas, conforme al artículo anterior.", entonces, si la sentencia definitiva no es recurrible mediante el recurso de apelación, por vía de consecuencia tampoco lo serán las sentencias interlocutorias relacionadas con el fallo definitivo. Sin que asista razón al quejoso al argumentar que atento a lo que prevé el numeral 1348 de la legislación en consulta, la resolución que resuelva la liquidación de sentencia será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata cuando la sentencia no contenga cantidad líquida, como en el caso acontece; tal numeral dispone: "Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata." Por lo que considera el agraviado que en el caso se debió aplicar tal numeral y admitir el recurso de apelación, toda vez que se está en presencia de un asunto de cantidad indeterminada; sin embargo, no asiste razón a dicha parte procesal, dado que si bien, el procedimiento de ejecución de sentencia desde el punto de vista adjetivo es autónomo e independiente al procedimiento que resolvió el juicio de origen, empero, su objeto versa sobre un aspecto esencial de la litis principal, que es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva. Por consiguiente, debe considerarse que el incidente de liquidación de sentencia es, materialmente, una extensión del juicio principal, aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues al resolverse en el asunto un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 Constitucional, ordena que la Justicia sea administrada de manera completa. De lo anterior se deriva que la sentencia interlocutoria dictada en un incidente de liquidación, participa de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva; por ello, válidamente se puede concluir que el hecho de que no se refleje una cantidad liquida en la sentencia, es insuficiente para considerar un asunto como de cuantía indeterminada para resolver, como en el caso, sobre el tema de las costas, dado que, si las prestaciones reclamadas en el escrito de demanda son de carácter económico, y su cuantificación se realiza en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo, el negocio será de cuantía determinada. Resulta aplicable la tesis 1ª. XXXVIII/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 580, Registro digital 167486, del rubro y texto: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO). El procedimiento que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia definitiva que puso fin al juicio principal, que en la legislación analizada se tramita por la vía incidental, constituye un procedimiento contencioso, en tanto que tiene por objeto determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Dicho procedimiento es autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva dictada en éste, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción incidental que contiene una pretensión jurídica, a la que pueden oponerse defensas procesales, y por contener una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en la apelación; sin embargo, este procedimiento es al mismo tiempo un accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción incidental depende de la previa existencia de una condena ilíquida, y su tramitación, aunque es facultativa, es jurídicamente necesaria porque obedece al interés público de cuantificar dicha condena. El aparente antagonismo se explica porque para hacer efectivo un derecho de crédito, no basta con que se decrete su existencia, sino que además debe determinarse su contenido y alcance, pues un derecho de crédito es inerte si no puede cobrarse, y para ello es necesaria su liquidación. Por lo tanto, aunque a veces no es posible o conveniente que en el juicio principal se determine tanto la existencia como la cuantía del derecho de crédito, y por ende deba tramitarse otro procedimiento que desde el punto de vista adjetivo, es autónomo e independiente, ello no resta a tal liquidación del crédito su naturaleza sustantiva, pues su objeto versa sobre un aspecto esencial de la litis principal, que es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva. Por consiguiente, debe considerarse que el incidente de liquidación es, materialmente, una extensión del juicio principal, aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues al resolverse en el mismo un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. De lo anterior se deriva que la sentencia interlocutoria dictada en un incidente de liquidación, participa de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede considerarse que el proceso contencioso ha terminado materialmente, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los bienes necesarios." Asimismo, en lo conducente, sirve de apoyo la tesis I.5º. C. (8ª), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1948, Registro digital 175682, del tenor literal siguiente: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. SUPUESTOS EN LOS QUE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN LIQUIDACIÓN DE INTERESES, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL RECURSO DE. El artículo 1341 del Código de Comercio dispone que todas las interlocutorias que se pronuncien en un juicio mercantil, sean anteriores o posteriores a la sentencia definitiva, son apelables si lo fuera esta última, en términos del artículo 1340 del ordenamiento citado. De la recta interpretación del artículo 1348 del código referido, cuando una sentencia definitiva no determina la cantidad líquida que corresponde a una prestación que se condenó a pagar a una de las partes, la interesada promoverá su liquidación y, previos los trámites que este dispositivo contempla, el Juez o tribunal que conozca del asunto resolverá lo que estime justo, resolución que sólo admitirá en su contra el recurso de responsabilidad. En tal virtud, si en la sentencia definitiva se condenó al pago de intereses, se especificó el tiempo por el que se deben cubrir, la cantidad sobre la que se deben cuantificar y el porcentaje respectivo, se infiere que dicha resolución sí contiene cantidad líquida, ya que basta una simple operación aritmética para determinar la cuantificación en dinero que corresponde a esa prestación, y es inconcuso que la determinación del Juez o tribunal, en relación con la liquidación de dichos intereses, no encuadra dentro del supuesto que contempla el artículo 1348 del Código de Comercio, sino en los que preven los diversos 1340 y 1341 del mismo ordenamiento." De igual manera, por las razones que la contienen y en lo conducente, resulta aplicable la tesis I. 11º. C. 54 C (10ª), sostenida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1631, Registro digital 2006789, que puntualiza: "COSTAS. PARA SU CUANTIFICACIÓN ES PROCEDENTE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA CANTIDAD ESTABLECIDA EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. De una interpretación sistemática de los artículos 1330 y 1348 de Código de Comercio, así como 85, 446, 514 y 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que una sentencia condenatoria debe fijar su importe en cantidad líquida o fijar las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación en el incidente respectivo; y sólo en caso de que no sea posible lo uno ni lo otro, se hará la condena a reserva de hacerla efectiva en ejecución de sentencia. En ese orden de ideas, y atendiendo al criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO)."; es dable concluir que, cuando en una sentencia no se refleja cantidad líquida, pero ésta es determinable, es válido tomar en consideración la cantidad establecida en el incidente de liquidación de sentencia para la cuantificación de las costas. En efecto, nuestro Máximo Tribunal de la Nación estableció el criterio de que el incidente de liquidación constituye un procedimiento, en el que la cuestión a resolver es el cálculo del monto de una condena ilíquida establecida en la sentencia definitiva, de manera que el incidente de liquidación debe considerarse una extensión del juicio. Por ello, podemos concluir que el hecho de que no se refleje cantidad líquida en la sentencia, es insuficiente para considerar un asunto como de cuantía indeterminada para resolver el tema de las costas, dado que si las prestaciones reclamadas en el escrito de demanda son de carácter económico, y su cuantificación se realiza en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo, el negocio será de cuantía determinada; y en consecuencia, resulta válido tomar la cantidad reflejada en dicha interlocutoria, como base para cuantificar el monto de las costas reclamadas." (lo resaltado y subrayado es de este Juzgado). Finalmente, no se desconoce que el quejoso aduce que el Segundo Tribunal Colegiado de este Décimo Primer Circuito, ha señalado que los fallos dictados en el incidente de costas y gastos tienen una tramitación especial como quedo plasmado en la tesis XI.2º.38 C, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 810, Registro digital 202046, de rubro y texto: "COSTAS Y GASTOS EN MATERIA MERCANTIL. LA RESOLUCION QUE DECIDE EL INCIDENTE DE, ES APELABLE. Aun cuando el incidente de costas y gastos prepara la ejecución de la sentencia que condena al pago de las mismas, debe tenerse en cuenta que los fallos dictados en dicha incidencia no son en realidad los que se dictan para la ejecución de esa sentencia, ya que el incidente de costas tiene una tramitación especial reglamentada por los artículos 1085 y 1089 del Código de Comercio, y conforme a lo dispuesto en el artículo 1088 en íntima relación con el diverso 1341 del mismo ordenamiento jurídico, procede el recurso de apelación en contra de la sentencia que decida el referido incidente." Criterio el anterior, que no se contrapone a lo determinado en esta sentencia, puesto que, si bien como ahí lo expone el Colegiado, la resolución que decide el incidente de gastos y costas en materia mercantil, es recurrible a través de la apelación, de conformidad con los artículos 1085 y 1089, del Código de Comercio, no menos cierto es que, también no debe dejar de observarse el diverso numeral 1088 en íntima relación con el 1341 del mismo ordenamiento jurídico, los que analizados de manera conjunta permiten establecer que tal medio de defensa se constriñe a que para su admisión debe tomarse en cuenta que ello se encuentra sujeto a que la sentencia interlocutoria será apelable pero si lo fuere también la sentencia definitiva, conforme a la cuantía de la suerte principal, lo que en el caso concreto no acontece, porque precisamente la cantidad que se reclamó como suerte principal en el juicio de origen (siento setenta y cinco mil pesos), no permite que se interponga el referido recurso. Por lo expuesto, es inconcuso que contrario a lo señalado por el quejoso, resulta jurídicamente imposible admitir el recurso de apelación que intentó contra una determinación que es irrecurrible, en términos de la legislación aplicable; considerar lo contrario, implicaría romper con el equilibrio procesal entre las partes actora y demandada, admitiendo medios de impugnación que por disposición legal no son procedentes, con lo cual, necesariamente se afectaría a su contraparte. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación expuestos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitada por la parte quejosa. QUINTO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SEXTO. Acuerdo de Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. SÉPTIMO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a Enrique Vega García, por conducto de su apoderado jurídico Enrique Vega Sánchez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el cuarto decisorio del presente fallo. SEGUNDO. En términos del sexto considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO ANTICIPADO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De la certificación secretarial de cuenta, se observa que mediante oficio 4567/2022, firmado electrónicamente por Arturo Guerrero Zazueta, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que se concedió a la Titular de este Juzgado del veintiocho de septiembre al tres de octubre del presente año, licencia de carácter personal, razón por la cual no se puede celebrar la audiencia constitucional señalada para las diez horas con once minutos del tres de octubre de dos mil veintidós. Consecuentemente, dicha audiencia de ley se difiere anticipadamente, cuya fecha indicada queda sin efecto legal alguno, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. SE AGREGA OFICIO. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Titular de Subdelegación, Encargado de la Jefatura de Servicios Jurídicos y Jefe del Departamento de Afiliación, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual proporcionan diversa información sobre el tercero interesado Luis Manuel Ramírez Gálvez, a efecto de emplazarlo a juicio. PRECISIÓN. Sin que resulte necesario proveer en relación a lo anterior, toda vez que mediante proveído de treinta de agosto pasado, se tuvo por recibido el despacho 707/2022 (número de orden 1396/2022), por medio del cual se emplazó a dicho tercero interesado, tal como se corrobora del acta de emplazamiento de diecinueve de agosto pasado. NOTIFÍQUESE.

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