Enrique Vazquez Alfaro

Expediente 168/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
168/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Enrique Vazquez Alfaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SINTESIS DICE: "V I S T O S para resolver el juicio de amparo 168/2023, promovido por ********************, por propio derecho contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El quejoso demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la acción de amparo, dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, requirió informe justificado, ordenó emplazar a la parte tercera interesada, fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Trámite. Se rindió el informe de ley, la representación social adscrita no intervino; se emplazó a la parte tercera interesada, y la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La resolución emitida el veintiséis de enero de dos mil veintitrés en los tocas ********************y ********************por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno relativa al incidente de remoción de albacea, derivado del juicio sucesorio testamentario a bienes de ********************, del índice del juzgado Décimo Segundo de la propia especialidad y residencia, y en su lugar, determinó que transcurrió el tiempo para remover a ********************como albacea. Tercero. Certeza. El acto reclamado es cierto, como se afirmó en el informe justificado y se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron los actos reclamados: I. El veinte de enero de dos mil veinte, ******************** promovió incidente de remoción del cargo de albacea de ********************, bajo el argumento de que ella aceptó el cargo de albacea el siete de diciembre de dos mil diecisiete el cual concluyó el siete de diciembre de dos mil dieciocho; por lo que los cinco días posteriores para rendir cuentas transcurrieron del diez al catorce de diciembre de dos mil dieciocho, cuando las cuentas las rindió hasta el primero de abril de dos mil diecinueve. Narra que su segundo año de encargo comenzó el siete de diciembre de dos mil dieciocho y concluyó el siete de diciembre de dos mil diecinueve, que el término de cinco días para rendir cuentas transcurrió del nueve al trece de diciembre de ese año, sin que la albacea lo hubiera hecho. II. El veintiuno de enero de dos mil veinte se admitió la demanda y se ordenó emplazar a la albacea ********************, quien formuló su contestación mediante escrito de doce de febrero del mismo año. III. Concluido el trámite de dicho incidente el diecinueve de octubre de dos mil veintidós se dictó sentencia interlocutoria que culminó con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Ha sido procedente la substanciación del presente incidente de Remoción de Albacea, donde el actor incidentista acreditó su acción y la demandada incidentista, no justificó sus defensas; en consecuencia. SEGUNDO. Se determina que ha acabado el cargo de albacea en la presente sucesión de la C. ********************por los motivos expuestos en el Considerando V de la presente resolución. TERCERO. En su momento con fundamento en los dispuesto por el artículo 805 del Ordenamiento Legal antes invocado, deberá señalarse día y hora, (sic) efecto de que los herederos procedan a nombrar nuevo albacea en la presente sucesión, cuya designación se hará con los votos de los que comparezcan. CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 519 del Código de Procedimientos Civiles, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, requiérase a la C. ********************para que dentro del término de QUINCE DÍAS, en que quede legalmente notificada del presente requerimiento, rinda la cuenta general de administración de bienes en la presente sucesión, por todo el tiempo en que duró en el cargo de albacea, en términos de los(sic) establecido por el artículo 520 del mismo ordenamiento antes en consulta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá como primera medida de apremio una MULTA por el equivalente a CINCO MIL PESOS, de conformidad con lo dispuesto por la Fracción I del artículo 73 del Código de(sic) Adjetivo Civil. QUINTO. No se hace especial condena en costas." El resaltado es propio. IV. Inconformes, tanto el quejoso como la tercera interesada ********************interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; mediante sentencia de siete de junio de dos mil veintidós en los tocas ********************y ********************, por virtud de la cual se modificó la interlocutoria impugnada para quedar como sigue: "PRIMERO. Ha sido procedente la substanciación del presente Incidente de Remoción de Albacea, donde el actor incidentista acreditó su acción y la demandada incidentista, no justificó sus defensas; en consecuencia. SEGUNDO. Se remueve del cargo de albacea en la presente sucesión a la C. ********************por los motivos expuestos. TERCERO. En su momento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 805 del Ordenamiento Legal antes invocado, deberá señalarse día y hora, a efecto de que los herederos procedan a nombrar nuevo albacea en la presente sucesión, cuya designación se hará con los votos de los que comparezcan. CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 519 del Código de Procedimientos Civiles, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, requiérase a la C. ********************para que dentro del término de QUINCE DÍAS, en que quede legalmente notificada del presente requerimiento, rinda la cuenta general de administración de bienes en la presente sucesión, por todo el tiempo que duró en el cargo de albacea, en términos de los(sic) establecido por el artículo 520 del mismo ordenamiento antes en consulta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá como primera medida de apremio una MULTA por el equivalente a CINCO MIL PESOS, de conformidad con lo dispuesto por la Fracción I del artículo 73 del Código de(sic) Adjetivo Civil. QUINTO. No se hace especial condena en costas." Énfasis añadido. La sentencia señalada fue objeto del juicio de amparo indirecto ********************de este índice, donde se concedió el amparo para los siguientes efectos: "(.) En congruencia con las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar la inconstitucionalidad de la resolución reclamada y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, a fin de que la Sala responsable: 1) Deje insubsistente la sentencia de siete de junio de dos mil veintidós, dictada en los tocas ********************y ********************, y en su lugar, 2) Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, en la que al estudiar la litis de apelación, conteste de manera exhaustiva la totalidad de los agravios del impetrante. (.)" V. En cumplimiento, la sala responsable dictó la sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha sido procedente la substanciación del presente Incidente de Remoción de Albacea, donde el actor incidentista acreditó su acción y la demandada incidentista, omitió justificar sus defensas; en consecuencia. SEGUNDO. Se remueve absuelve (sic) a la albacea en la presente sucesión a la C. ********************..., de las prestaciones reclamadas por los motivos y fundamentos expuestos en la presente resolución. TERCERO. En su momento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 805 del Ordenamiento Legal antes invocado, deberá señalarse día y hora, a efecto de que los herederos procedan a nombrar nuevo albacea en la presente sucesión, cuya designación se hará con los votos de los que comparezcan. CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 519 del Código de Procedimientos Civiles, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, requiérase a la C. ********************para que dentro del término de QUINCE DÍAS, en que quede legalmente notificada del presente requerimiento, rinda la cuenta general de administración de bienes en la presente sucesión, por todo el tiempo que duró en el cargo de albacea, en términos de lo establecido por el artículo 520 del mismo ordenamiento antes en consulta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá como primera medida de apremio una MULTA por el equivalente a CINCO MIL PESOS, de conformidad con lo dispuesto por la Fracción I del artículo 73 del Código de(sic) Adjetivo Civil. (.)" Esta última resolución es el acto reclamado en el juicio de amparo. Quinto. Conceptos de violación. A) El acto reclamado contraviene las garantías tuteladas en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, pues no está fundado ni motivado. B) La rendición de cuentas por dos mil diecisiete, debe computarse a partir del siete de diciembre de ese año porque en esa fecha inició su encargo, y rendirlas dentro de los primeros cinco días de enero de dos mil dieciocho, y por dos mil dieciocho del uno de enero al treinta y uno de diciembre de ese año, debiendo rendirlas dentro de los primeros cinco días de dos mil diecinueve; empero, para ambos casos fue extemporánea. Aunque el cargo de albacea estuviere sub judice, al aceptarlo en la audiencia de siete de diciembre de dos mil diecisiete, le resultan exigibles las obligaciones de forma ordinaria, pues tampoco hay determinación que suspendiera expresamente o fijado un caso de excepción, para ejercerlas. C) El criterio seguido en el toca ********************es aplicable a la temporalidad del cargo, y no a la rendición de cuentas, por ello debió acudir a lo sustentado en el diverso toca ********************. Los conceptos de violación son infundados e inoperantes, los cuales se analizarán de manera conjunta dada su identidad, como lo permite el numeral 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa. La Constitución Federal reconoce el principio de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, el artículo 16 de la Constitución Federal, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el por qué y para qué de la conducta de la autoridad. Ahora bien, contrario a lo alegado el acto reclamado está fundado y motivado, dado que la autoridad judicial responsable señaló los siguientes argumentos: - Si bien la albacea aceptó el cargo el siete de diciembre de dos mil diecisiete, impugnado en recursos y amparos indirectos, de ello el toca ********************que es cosa juzgada, resolvió que el primer plazo para rendir cuentas tiene dos periodos: uno hasta el quince de mayo de dos mil dieciocho de cinco meses y ocho días, y dos, a partir del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. - Las cuentas por dos mil diecisiete pueden rendirse hasta el once de octubre de dos mil diecinueve, lo cual se hizo el veintinueve de abril previo, por eso no es extemporánea. - Sobre las cuentas de dos mil dieciocho no correspondía la obligación, porque estaba sub judice la temporalidad del primer cargo. - Aunque mediara un plazo donde estuvo sub judice el nombramiento de albacea, no se suspendió el proceso, por ello aunque es improcedente la remoción por rendir cuentas extemporáneas, si debe responder por las demás obligaciones. - Es fundado que la sentencia apelada concluye el cargo de la albacea, pero no la remueve que es la materia de la acción. Como se advierte, el acto reclamado sí está fundado y motivado porque la autoridad responsable citó los preceptos que consideró aplicables, además, indicó las argumentaciones, precedentes y principios que conducen sus conclusiones. Con lo cual se permite a las partes expresar sus inconformidades, así como sustentar la defensa de sus derechos porque la Ad Qum indicó los razonamientos lógicos y jurídicos que determinaron el sentido del acto reclamado, además, valoró las pruebas con las cuales corroboró los hechos que a su vez, dan contenido a las normas aplicadas, en tal sentido es infundado el concepto de violación. Por otra parte, es infundado el concepto de violación marcado con la letra B), porque la tramitación de una apelación sí determina la firmeza de las decisiones y por ende su exigibilidad. En efecto, el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal, establece que hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria, y, enseguida, la fracción II, de ese mismo artículo dispone que las sentencias de segunda instancia causan ejecutoria, por ministerio de ley. Así que según el contenido de la norma general invocada, basta el pronunciamiento de la sentencia de segundo grado para que exista cosa juzgada respecto de la cuestión decidida en ésta. Por ende, una sentencia causa ejecutoria cuando ya no puede ser impugnada por recurso ordinario alguno y, en consecuencia, constituye la cosa juzgada, lo cual debe entenderse en el sentido que esas resoluciones no admiten ningún recurso o medio de defensa establecido en la legislación ordinaria. Al amparo de esos postulados, se obtiene que la firmeza que implica las sentencias de segunda instancia y/o de apelación limita los aspectos que pueden exigirse de forma irrestricta, dado que su ejecución depende de los términos de la decisión final porque el objeto de la apelación es modificar, confirmar o revocar la decisión inicial o recurrida, de ahí la necesidad de esperar su resolución. En tal sentido, cuando una sentencia causa ejecutoria genera un efecto de cosa juzgada que conlleva un límite consistente en volver indiscutible un tema, lo cual visto frente al caso, si las obligaciones del albacea estuvieron supeditadas a la resolución de las apelaciones tramitadas contra la determinación judicial que marcó el inicio de su gestión, es claro que los marcos temporales que permiten identificar las pautas dentro de las cuales debió rendir cuentas, no estaban definidas y no eran exigibles en ese momento de forma inmediata. Por ello, no asiste razón al inconforme al exigir la rendición de cuentas desde que formalmente se asumió el cargo, si materialmente no estaba firme incluso el punto de referencia a partir del cual habría de iniciar la obligación, de lo contrario implicaría volver a discutir los temas que fueron definidos en el toca de apelación invocado por la autoridad responsable. Para lo cual tampoco es necesario que la autoridad emitiera una determinación que reconociera las circunstancias apuntadas o emitiera un acuerdo suspensorio, pues una acción no puede ser ********************veces lo desee el promovente, para purgar las deficiencias de su ejercicio, sino que su accionar es limitado, pues es un efecto y consecuencia tanto de la tramitación de la apelación como de su resolución; de ahí lo infundado de lo alegado. Lo cual además, se considera que no redunda en un perjuicio para la masa común de la sucesión porque la propia sala responsable precisó que aun ante la indeterminación del periodo de rendición de cuentas, la albacea no quedó relevada de las obligaciones propias, lo cual implica que con independencia de los márgenes del periodo (inicio y fin) debió seguir actuado y llevando a cabo las diligencias propias del cargo y por ende, responder de su gestión. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 51/2006, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, en la Novena Época, de registro 174116, que dice: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación." Finalmente, es inoperante el concepto de violación marcado con la letra C) donde se pide acudir al criterio seguido en el toca ******************** y no al ********************Es así porque el inconforme no aportó razones para oponerse a la aplicación del segundo toca y justificar acudir al primero, ni explicó por qué no puede fundarse la decisión en la definición de los temas que son cosa juzgada, esto es, el inconforme no impugnó la porción de lo resuelto. Tales aspectos son exigibles al inconforme porque la cosa juzgada es una restricción al derecho de acceso a la jurisdicción, que impide a su vez acudir de manera subsidiaria con una acción novedosa a demandar irrestrictamente la aplicación de criterios, por el contrario, al existir cosa juzgada dentro del proceso, implica que tampoco podrá operar el criterio invocado irrestrictamente. Con esto tampoco se vulnera en perjuicio de la quejosa el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues desde la emisión de la sentencia señalada en el acto reclamado, contaba con los elementos suficientes para identificar que las consideraciones rectoras de tal fallo constituían cosa juzgada; en ese sentido, es inoperante el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 2a. XXXVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2013881, que dice: "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos." En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los motivos de inconformidad, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. En cuanto a los criterios invocados, no favorecen al quejoso porque interpretan legislación del Estado de Michoacán que es diversa a la aplicable, y la ulterior no se refiere al cómputo de la obligación para rendir cuentas, sino que previene el deber de continuar con la obligación de mantener las funciones aun ante la incertidumbre de la titularidad del cargo, que no es el tema del presente asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a ********************, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que se precisó en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de este fallo. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo hasta hoy veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO"

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 168/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; b) oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo 168/2023, promovido por ********************, por propio derecho contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El quejoso demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la acción de amparo, dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, requirió informe justificado, ordenó emplazar a la parte tercera interesada, fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Trámite. Se rindió el informe de ley, la representación social adscrita no intervino; se emplazó a la parte tercera interesada, y la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La resolución emitida el veintiséis de enero de dos mil veintitrés en los tocas ********************y ********************por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno relativa al incidente de remoción de albacea, derivado del juicio sucesorio testamentario a bienes de ********************, del índice del juzgado Décimo Segundo de la propia especialidad y residencia, y en su lugar, determinó que transcurrió el tiempo para remover a ********************como albacea. Tercero. Certeza. El acto reclamado es cierto, como se afirmó en el informe justificado y se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron los actos reclamados: I. El veinte de enero de dos mil veinte, ******************** promovió incidente de remoción del cargo de albacea de ********************, bajo el argumento de que ella aceptó el cargo de albacea el siete de diciembre de dos mil diecisiete el cual concluyó el siete de diciembre de dos mil dieciocho; por lo que los cinco días posteriores para rendir cuentas transcurrieron del diez al catorce de diciembre de dos mil dieciocho, cuando las cuentas las rindió hasta el primero de abril de dos mil diecinueve. Narra que su segundo año de encargo comenzó el siete de diciembre de dos mil dieciocho y concluyó el siete de diciembre de dos mil diecinueve, que el término de cinco días para rendir cuentas transcurrió del nueve al trece de diciembre de ese año, sin que la albacea lo hubiera hecho. II. El veintiuno de enero de dos mil veinte se admitió la demanda y se ordenó emplazar a la albacea ********************, quien formuló su contestación mediante escrito de doce de febrero del mismo año. III. Concluido el trámite de dicho incidente el diecinueve de octubre de dos mil veintidós se dictó sentencia interlocutoria que culminó con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Ha sido procedente la substanciación del presente incidente de Remoción de Albacea, donde el actor incidentista acreditó su acción y la demandada incidentista, no justificó sus defensas; en consecuencia. SEGUNDO. Se determina que ha acabado el cargo de albacea en la presente sucesión de la C. ********************por los motivos expuestos en el Considerando V de la presente resolución. TERCERO. En su momento con fundamento en los dispuesto por el artículo 805 del Ordenamiento Legal antes invocado, deberá señalarse día y hora, (sic) efecto de que los herederos procedan a nombrar nuevo albacea en la presente sucesión, cuya designación se hará con los votos de los que comparezcan. CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 519 del Código de Procedimientos Civiles, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, requiérase a la C. ********************para que dentro del término de QUINCE DÍAS, en que quede legalmente notificada del presente requerimiento, rinda la cuenta general de administración de bienes en la presente sucesión, por todo el tiempo en que duró en el cargo de albacea, en términos de los(sic) establecido por el artículo 520 del mismo ordenamiento antes en consulta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá como primera medida de apremio una MULTA por el equivalente a CINCO MIL PESOS, de conformidad con lo dispuesto por la Fracción I del artículo 73 del Código de(sic) Adjetivo Civil. QUINTO. No se hace especial condena en costas." El resaltado es propio. IV. Inconformes, tanto el quejoso como la tercera interesada ********************interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; mediante sentencia de siete de junio de dos mil veintidós en los tocas ********************y ********************, por virtud de la cual se modificó la interlocutoria impugnada para quedar como sigue: "PRIMERO. Ha sido procedente la substanciación del presente Incidente de Remoción de Albacea, donde el actor incidentista acreditó su acción y la demandada incidentista, no justificó sus defensas; en consecuencia. SEGUNDO. Se remueve del cargo de albacea en la presente sucesión a la C. ********************por los motivos expuestos. TERCERO. En su momento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 805 del Ordenamiento Legal antes invocado, deberá señalarse día y hora, a efecto de que los herederos procedan a nombrar nuevo albacea en la presente sucesión, cuya designación se hará con los votos de los que comparezcan. CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 519 del Código de Procedimientos Civiles, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, requiérase a la C. ********************para que dentro del término de QUINCE DÍAS, en que quede legalmente notificada del presente requerimiento, rinda la cuenta general de administración de bienes en la presente sucesión, por todo el tiempo que duró en el cargo de albacea, en términos de los(sic) establecido por el artículo 520 del mismo ordenamiento antes en consulta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá como primera medida de apremio una MULTA por el equivalente a CINCO MIL PESOS, de conformidad con lo dispuesto por la Fracción I del artículo 73 del Código de(sic) Adjetivo Civil. QUINTO. No se hace especial condena en costas." Énfasis añadido. La sentencia señalada fue objeto del juicio de amparo indirecto ********************de este índice, donde se concedió el amparo para los siguientes efectos: "(.) En congruencia con las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar la inconstitucionalidad de la resolución reclamada y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, a fin de que la Sala responsable: 1) Deje insubsistente la sentencia de siete de junio de dos mil veintidós, dictada en los tocas ********************y ********************, y en su lugar, 2) Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, en la que al estudiar la litis de apelación, conteste de manera exhaustiva la totalidad de los agravios del impetrante. (.)" V. En cumplimiento, la sala responsable dictó la sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha sido procedente la substanciación del presente Incidente de Remoción de Albacea, donde el actor incidentista acreditó su acción y la demandada incidentista, omitió justificar sus defensas; en consecuencia. SEGUNDO. Se remueve absuelve (sic) a la albacea en la presente sucesión a la C. ********************..., de las prestaciones reclamadas por los motivos y fundamentos expuestos en la presente resolución. TERCERO. En su momento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 805 del Ordenamiento Legal antes invocado, deberá señalarse día y hora, a efecto de que los herederos procedan a nombrar nuevo albacea en la presente sucesión, cuya designación se hará con los votos de los que comparezcan. CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 519 del Código de Procedimientos Civiles, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, requiérase a la C. ********************para que dentro del término de QUINCE DÍAS, en que quede legalmente notificada del presente requerimiento, rinda la cuenta general de administración de bienes en la presente sucesión, por todo el tiempo que duró en el cargo de albacea, en términos de lo establecido por el artículo 520 del mismo ordenamiento antes en consulta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá como primera medida de apremio una MULTA por el equivalente a CINCO MIL PESOS, de conformidad con lo dispuesto por la Fracción I del artículo 73 del Código de(sic) Adjetivo Civil. (.)" Esta última resolución es el acto reclamado en el juicio de amparo. Quinto. Conceptos de violación. A) El acto reclamado contraviene las garantías tuteladas en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, pues no está fundado ni motivado. B) La rendición de cuentas por dos mil diecisiete, debe computarse a partir del siete de diciembre de ese año porque en esa fecha inició su encargo, y rendirlas dentro de los primeros cinco días de enero de dos mil dieciocho, y por dos mil dieciocho del uno de enero al treinta y uno de diciembre de ese año, debiendo rendirlas dentro de los primeros cinco días de dos mil diecinueve; empero, para ambos casos fue extemporánea. Aunque el cargo de albacea estuviere sub judice, al aceptarlo en la audiencia de siete de diciembre de dos mil diecisiete, le resultan exigibles las obligaciones de forma ordinaria, pues tampoco hay determinación que suspendiera expresamente o fijado un caso de excepción, para ejercerlas. C) El criterio seguido en el toca ********************es aplicable a la temporalidad del cargo, y no a la rendición de cuentas, por ello debió acudir a lo sustentado en el diverso toca ********************. Los conceptos de violación son infundados e inoperantes, los cuales se analizarán de manera conjunta dada su identidad, como lo permite el numeral 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa. La Constitución Federal reconoce el principio de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, el artículo 16 de la Constitución Federal, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el por qué y para qué de la conducta de la autoridad. Ahora bien, contrario a lo alegado el acto reclamado está fundado y motivado, dado que la autoridad judicial responsable señaló los siguientes argumentos: - Si bien la albacea aceptó el cargo el siete de diciembre de dos mil diecisiete, impugnado en recursos y amparos indirectos, de ello el toca ********************que es cosa juzgada, resolvió que el primer plazo para rendir cuentas tiene dos periodos: uno hasta el quince de mayo de dos mil dieciocho de cinco meses y ocho días, y dos, a partir del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. - Las cuentas por dos mil diecisiete pueden rendirse hasta el once de octubre de dos mil diecinueve, lo cual se hizo el veintinueve de abril previo, por eso no es extemporánea. - Sobre las cuentas de dos mil dieciocho no correspondía la obligación, porque estaba sub judice la temporalidad del primer cargo. - Aunque mediara un plazo donde estuvo sub judice el nombramiento de albacea, no se suspendió el proceso, por ello aunque es improcedente la remoción por rendir cuentas extemporáneas, si debe responder por las demás obligaciones. - Es fundado que la sentencia apelada concluye el cargo de la albacea, pero no la remueve que es la materia de la acción. Como se advierte, el acto reclamado sí está fundado y motivado porque la autoridad responsable citó los preceptos que consideró aplicables, además, indicó las argumentaciones, precedentes y principios que conducen sus conclusiones. Con lo cual se permite a las partes expresar sus inconformidades, así como sustentar la defensa de sus derechos porque la Ad Qum indicó los razonamientos lógicos y jurídicos que determinaron el sentido del acto reclamado, además, valoró las pruebas con las cuales corroboró los hechos que a su vez, dan contenido a las normas aplicadas, en tal sentido es infundado el concepto de violación. Por otra parte, es infundado el concepto de violación marcado con la letra B), porque la tramitación de una apelación sí determina la firmeza de las decisiones y por ende su exigibilidad. En efecto, el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal, establece que hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria, y, enseguida, la fracción II, de ese mismo artículo dispone que las sentencias de segunda instancia causan ejecutoria, por ministerio de ley. Así que según el contenido de la norma general invocada, basta el pronunciamiento de la sentencia de segundo grado para que exista cosa juzgada respecto de la cuestión decidida en ésta. Por ende, una sentencia causa ejecutoria cuando ya no puede ser impugnada por recurso ordinario alguno y, en consecuencia, constituye la cosa juzgada, lo cual debe entenderse en el sentido que esas resoluciones no admiten ningún recurso o medio de defensa establecido en la legislación ordinaria. Al amparo de esos postulados, se obtiene que la firmeza que implica las sentencias de segunda instancia y/o de apelación limita los aspectos que pueden exigirse de forma irrestricta, dado que su ejecución depende de los términos de la decisión final porque el objeto de la apelación es modificar, confirmar o revocar la decisión inicial o recurrida, de ahí la necesidad de esperar su resolución. En tal sentido, cuando una sentencia causa ejecutoria genera un efecto de cosa juzgada que conlleva un límite consistente en volver indiscutible un tema, lo cual visto frente al caso, si las obligaciones del albacea estuvieron supeditadas a la resolución de las apelaciones tramitadas contra la determinación judicial que marcó el inicio de su gestión, es claro que los marcos temporales que permiten identificar las pautas dentro de las cuales debió rendir cuentas, no estaban definidas y no eran exigibles en ese momento de forma inmediata. Por ello, no asiste razón al inconforme al exigir la rendición de cuentas desde que formalmente se asumió el cargo, si materialmente no estaba firme incluso el punto de referencia a partir del cual habría de iniciar la obligación, de lo contrario implicaría volver a discutir los temas que fueron definidos en el toca de apelación invocado por la autoridad responsable. Para lo cual tampoco es necesario que la autoridad emitiera una determinación que reconociera las circunstancias apuntadas o emitiera un acuerdo suspensorio, pues una acción no puede ser ********************veces lo desee el promovente, para purgar las deficiencias de su ejercicio, sino que su accionar es limitado, pues es un efecto y consecuencia tanto de la tramitación de la apelación como de su resolución; de ahí lo infundado de lo alegado. Lo cual además, se considera que no redunda en un perjuicio para la masa común de la sucesión porque la propia sala responsable precisó que aun ante la indeterminación del periodo de rendición de cuentas, la albacea no quedó relevada de las obligaciones propias, lo cual implica que con independencia de los márgenes del periodo (inicio y fin) debió seguir actuado y llevando a cabo las diligencias propias del cargo y por ende, responder de su gestión. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 51/2006, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, en la Novena Época, de registro 174116, que dice: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación." Finalmente, es inoperante el concepto de violación marcado con la letra C) donde se pide acudir al criterio seguido en el toca ******************** y no al ********************Es así porque el inconforme no aportó razones para oponerse a la aplicación del segundo toca y justificar acudir al primero, ni explicó por qué no puede fundarse la decisión en la definición de los temas que son cosa juzgada, esto es, el inconforme no impugnó la porción de lo resuelto. Tales aspectos son exigibles al inconforme porque la cosa juzgada es una restricción al derecho de acceso a la jurisdicción, que impide a su vez acudir de manera subsidiaria con una acción novedosa a demandar irrestrictamente la aplicación de criterios, por el contrario, al existir cosa juzgada dentro del proceso, implica que tampoco podrá operar el criterio invocado irrestrictamente. Con esto tampoco se vulnera en perjuicio de la quejosa el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues desde la emisión de la sentencia señalada en el acto reclamado, contaba con los elementos suficientes para identificar que las consideraciones rectoras de tal fallo constituían cosa juzgada; en ese sentido, es inoperante el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 2a. XXXVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2013881, que dice: "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos." En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los motivos de inconformidad, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. En cuanto a los criterios invocados, no favorecen al quejoso porque interpretan legislación del Estado de Michoacán que es diversa a la aplicable, y la ulterior no se refiere al cómputo de la obligación para rendir cuentas, sino que previene el deber de continuar con la obligación de mantener las funciones aun ante la incertidumbre de la titularidad del cargo, que no es el tema del presente asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a ********************, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que se precisó en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de este fallo. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo hasta hoy veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO

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