Enrique Vazquez Alfaro
Expediente 1094/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Enrique Vazquez Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1094/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1094/2023, promovido por ******, contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda; dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y, requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención; se tuvo por rendido el informe justificado; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Sentencia de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca *** por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que revocó el auto de ocho de febrero pasado, dictado por el Juez Décimo Segundo de lo Familiar de esta entidad, en el incidente de remoción de albacea, derivado del juicio sucesorio intestamentario ********, donde inicialmente determinó que era improcedente tener rendidas las cuentas presentadas respecto de dos mil veintidós a *******, por ya no tener el carácter de albacea, para en su lugar, tenerlas por exhibidas y dar vista a los interesados. TERCERO. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. En cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ****** de este índice, la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dictó una nueva resolución el veintiséis de enero de dos mil veintitrés en el toca *****, modificando la recurrida en vía de apelación, para quedar como sigue: ******* ****** ****** ***** II. Con la emisión de esta resolución, se dictó el auto de cumplimiento en el mencionado juicio de amparo mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés; mismo que se declaró firme por diversa determinación de doce de abril del mismo año, con lo que se tuvo totalmente concluido aquél proceso. III. Previamente, el diez de octubre de dos mil veintidós, ante el juez de origen tuvo verificativo la junta de herederos, en la que se concluyó lo siguiente: ********* IV. Contra esa determinación, ******, por propio derecho y como tutriz de *******; y ******, promovieron sendos recursos de apelación. V. Por sentencia de catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitida en los tocas ****** y ****** del índice de la Cuarta Sala Familiar de esta Ciudad, se modificó el proveído emitido en la audiencia, para el efecto de señalar nueva fecha y hora para llevar a cabo de nueva cuenta la junta de herederos con el objeto de que voten para la designación de albacea, proponiendo a personas distintas a las señaladas en la diligencia de diez de octubre de dos mil veintidós. VI. Contra dicha determinación *******, ******* y *****, promovieron amparo indirecto el cual se registró con el número ******, donde se le negó el amparo y protección de la justicia federal; sentencia contra la cual se interpuso recurso de revisión, mismo que a la emisión de esta sentencia se encuentra pendiente de resolver. VII. El treinta y uno de enero de esta anualidad, ****** presentó un escrito donde indicó que al estar pendiente la designación de albacea en el proceso y al no poder quedar así, procedía a rendir el informe respecto del año dos mil veintidós; lo cual se acordó desfavorable el ocho febrero posterior, por ya no ser albacea en la sucesión de origen. VIII. Inconforme, ******* interpuso recurso de apelación contra dicha determinación, del cual tocó conocer a la Sala responsable y el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, revocó el auto recurrido, para en su lugar, tener por rendidas las cuentas de dos mil veintidós y dar vista a los interesados. Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, en razón de que: a. Se omitió valorar que ****** ya fue removida de su encargo como albacea por sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en los tocas ******* y ********, del índice de la autoridad responsable, de modo que no puede concluirse que ****** puede seguir ejerciendo su cargo como albacea, cuando existen actuaciones firmes que demuestran lo contrario. a.1. Ninguno de los recursos que expone en la sentencia suspenden el procedimiento, por lo que si ******* fue removida de su encargo, los efectos de la remoción no cesan. Lo anterior, sin perjuicio de que en la junta de herederos de diez de octubre de dos mil veintidós, se designara albacea judicial, que se inconformaran con ello y que se modificara para que se señalara nuevamente una junta, ya que ello no es un elemento suficiente para determinar que ******* debe seguir siendo albacea. a.2. Considerar que ******* debe continuar siendo albacea hasta en tanto se designe uno nuevo depara perjuicio, ya que la autoridad pudo advertir que han transcurrido más de cinco años y nueve meses sin que ******** se le haya aprobado la rendición de cuentas que en diversos ejercicios ha presentado. a.3. Máxime que el juez de origen designó como albacea judicial a ********, quien aceptó y protestó su encargo el trece de octubre de dos mil veintidós, por tanto es él quien debe rendir las cuentas de su encargo hasta que se designe un nuevo albacea, pues el ultimo que ostentó el cargo. Los conceptos de violación en comento son fundados y para demostrarlo, las causas de inconformidad se analizarán de forma conjunta, por integrar temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. Como se indicó, el principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. De igual forma, debe precisarse que el derecho humano de legalidad implica una observancia ineludible al principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda determinación emitida por una autoridad jurisdiccional; el cual se refleja cuando la autoridad resuelve y contesta todo lo solicitado sin dejar de dar respuesta a lo expresamente planteado, ni añadir cuestiones no hechas valer. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/9 de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." El mencionado principio, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico-jurídicos de su decisión; y claro, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. Este deber se aterriza en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, cuyo contenido busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. En el caso, la Sala responsable en el acto reclamado para concluir con la revocación del auto impugnado realizó los argumentos siguientes: - Si bien ****** fue removida del encargo de albacea en primera instancia el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, así como en la sentencia con motivo de la apelación emitida el siete de junio de dos mil veintidós y nuevamente en resolución del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, atento a la ejecutoria de amparo *********; también lo es que la junta de herederos llevada a cabo el diez de octubre de dos mil veintidós, en la que se nombró como albacea judicial a **********, fue modificada por la Sala en los tocas de apelación ******** y **********, en la que sustancialmente se modificó para que se señalara nuevamente la junta de herederos prevista en el artículo 805 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, tal como se transcribió en el considerando anterior, resolución que fue impugnada en los amparos **********, donde se determinó que no era procedente conceder la protección constitucional. - Resulta inconcuso que ****** en aras de proteger y representar los intereses de la sucesión, debe continuar hasta en tanto no se designe albacea dentro del juicio de origen, con las obligaciones de albaceazgo, al ser ella la última que ostentó el cargo y en virtud de que la sucesión que por el momento representa no puede quedar acéfala, ya que la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. - De modo que, al morir el autor de la sucesión los herederos adquieren los derechos a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se haga la división, en tanto que los albaceas son los órganos representativos de la copropiedad hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de los herederos o legatarios en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes hereditarios, teniendo como función ejecutar las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión en juicio y fuera de él, así de la herencia como de los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra de ella; con las obligaciones de asegurar los bienes de la herencia, la formación de los inventarios, la administración de los bienes y la rendición de las cuentas de albaceazgo; el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, la participación y la adjudicaciones entre los herederos y legatarios, concluyendo su encargo, entre otras causas, por el termino natural del mismo o como en el asunto particular, hasta su remoción como acontece en la sentencia *************. - Independientemente que se resolviera que ***** deberá continuar desempeñando el cargo hasta en tanto se nombre albacea en la sucesión de mérito, son infundados sus argumentos debido a que en el supuesto sin conceder que el nombramiento efectuado en la junta de herederos, que tuvo lugar el diez de octubre de dos mil veintidós, se hubiese confirmado por la Sala en los tocas ***** y ********, en tal supuesto se tendría que ********, ostentaría el cargo de albacea a partir que le fue conferido el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por lo que le implicarían todos los derechos y obligaciones propios de los albaceas, siendo responsable de representar y administrar la sucesión desde su designación y en el caso de incurrir en alguna de las faltas previstas en la ley, sería el responsable de los daños y perjuicios que se irrogue a la masa hereditarias independientemente de la remoción que en su caso demanden los interesados; sin embargo, y como se insiste con el ánimo de proporcionar claridad y congruencia a la sentencia, tal supuesto no acontece al haberse modificado el nombramiento del albacea judicial para el efecto de señalar nueva fecha y hora para llevar a cabo la junta de herederos y nombrar uno nuevo, lo que deja por el momento a la sucesión sin albacea, circunstancia que no debe permitirse, de ahí que ****** deba continuar hasta en tanto se tenga por designado el albacea correspondiente. Lo anterior se considera contrario a la Constitución, ya que lo ahí determinado es incongruente con las actuaciones del proceso natural, pues como lo refiere la parte quejosa quien tuvo el carácter de albacea en el proceso en último término fue ****** y no *******, de modo que es a ******** a quien le corresponde administrar los bienes de la herencia hasta en tanto se designe un nuevo albacea. Lo anterior se afirma, en razón de que en la junta de herederos realizada el diez de octubre de dos mil veintidós, se designó como albacea a *******, cargo que aceptó y protestó mediante escrito presentado el trece de ese mes y año, lo cual fue acordado de conformidad el diecinueve de octubre posterior. Y si bien contra la junta de herederos se interpuso recurso de apelación, el cual derivó en su modificación, para el efecto de señalar fecha y hora para llevar a cabo de nueva cuenta la junta de herederos con el objeto de que voten para la designación de albacea, proponiendo a personas distintas a las señaladas en la diligencia de diez de octubre de dos mil veintidós; lo jurídicamente relevante en el asunto es que el último albacea designado en el proceso fue ******. Es decir, esa circunstancia no afecta de modo directo el señalamiento que realizó la autoridad porque aún en ese caso, mientras no se designe nuevo albacea que deba encargarse de los trámites de la sucesión, el albacea revocado de su cargo debe continuar para evitar perjuicios a los bienes que integran la masa hereditaria, durante el tiempo en que se designa al nuevo albacea y éste acepta el cargo conferido. De modo que a quien le corresponden los derechos y obligaciones del cargo de albacea es a ******, por haber sido el ultimo señalado en el proceso, y es que el albaceazgo se equipara al mandato, en términos del artículo 2600 del Código Civil para esta Ciudad, por lo que debe continuar con su encargo hasta en tanto -por mayoría de votos- los herederos eligieran a uno nuevo que debía representar a la sucesión intestamentaria a bienes de origen. Maxime que en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto ****** de este índice, la Sala responsable dictó una nueva resolución el veintiséis de enero de dos mil veintitrés en el toca *********, modificando la recurrida en vía de apelación, donde se determinó procedente remover del cargo de albacea a ******, lo que derivó en el señalamiento de ******* para sustituirla. Y es que si bien no existe disposición expresa (tratándose del albacea), que determine quién debe continuar con la administración de los bienes de la masa hereditaria (durante ese lapso) cuando el nombrado, fue destituido y el nuevo albacea es nombrado y acepta el cargo con posterioridad, tomando en cuenta que el albaceazgo es equiparable a un mandato; y aun cuando éste termina por muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración, entre tanto los herederos del mandante proveen por sí mismos a la atención de los negocios, porque de lo contrario podría resultar algún perjuicio al mandante y por identidad de razón, sucede lo mismo en el albaceazgo. Es decir, mientras no se designe al nuevo albacea, el anterior debe continuar en sus funciones, evitando, en esa forma, que las sucesiones pudieran sufrir perjuicios por falta de representante, que en el caso lo es ********* quien fue señalado para sustituir a *********. Orienta lo anterior, la tesis I.3o.C.448 C de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SUCESIÓN. EL ALBACEA DEBE CONTINUAR EN LA ADMINISTRACIÓN CUANDO EXISTE INCERTIDUMBRE DE QUIÉN LA REPRESENTA. No existe disposición expresa, tratándose de albacea, que determine quién debe continuar con la administración de los bienes cuando el nombrado, fue removido y el nuevo albacea es nombrado y acepta el cargo con posterioridad, respecto de los bienes de la masa hereditaria en ese lapso; debiendo establecerse, por identidad de razón, que el albaceazgo es equiparable a un mandato y aun cuando éste termina por muerte del mandante, debe continuar el mandatario en la administración, entre tanto los herederos del mandante proveen por sí mismos a la atención de los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio al mandante; pero tal facultad de administración no implica que pueda realizar actos jurídicos distintos a evitar un perjuicio a la herencia, como en el caso lo es la celebración de un contrato de arrendamiento. Por su parte, el artículo 1706 del Código Civil para el Distrito Federal impone al albacea general obligaciones, en las que se concluye que éste es un representante de los herederos que defiende los intereses de la sucesión; y el artículo 2546 del mismo ordenamiento legal dispone que el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Por tanto, si ambas figuras tienen como objetivo principal la defensa de los bienes de quien les otorga esa calidad, y conforme a los artículos que regulan ambas figuras jurídicas, son sus obligaciones, entre otras, la administración de los bienes y la rendición de cuentas, en donde esta rendición se refiere a los actos realizados en el desempeño del cargo y la administración a lo relativo al orden, disposición y organización de los bienes de la herencia; por tanto, dada la naturaleza de ambas formas de representación, tratándose de una sucesión intestamentaria en ningún momento puede estar sin representación, siendo aplicable el artículo 2600 del propio código. Por tanto, el albacea removido tiene la facultad de continuar en la administración cuando concurran conjuntamente dos elementos: que el nuevo albacea o los herederos no se hayan hecho cargo, por sí mismos, de los negocios de la sucesión, y siempre que de lo contrario, de no actuar el albacea removido, pueda resultar algún perjuicio." Así, al ser el cargo de albacea equiparable al mandado, lo procedente es que el albacea revocado continue con sus funciones hasta que se designa a uno nuevo y éste toma posesión de su cargo, lo cual debió considerar la autoridad a fin de tener congruencia en sus determinaciones. La suma de esos razonamientos es suficiente para concluir que el acto reclamado trasgrede el derecho humano de legalidad jurisdiccional previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal; y siendo así, se impone conceder la protección constitucional a la peticionaria. Orienta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/296 de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA. Es requisito de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los primeros son elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, características que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o son incongruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues si existe incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances." En congruencia con lo expuesto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable: Deje insubsistente el acto reclamado; Y, en su lugar, dicte otro en el que considere que la última persona que ostentó el cargo de albacea en la sucesión de origen es ******, conforme lo determinado en este fallo y defina lo que en derecho proceda. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 5 DE DICIEMBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE:VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1094/2023, promovido por ******, contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda; dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y, requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención; se tuvo por rendido el informe justificado; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: Sentencia de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca *** por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que revocó el auto de ocho de febrero pasado, dictado por el Juez Décimo Segundo de lo Familiar de esta entidad, en el incidente de remoción de albacea, derivado del juicio sucesorio intestamentario ********, donde inicialmente determinó que era improcedente tener rendidas las cuentas presentadas respecto de dos mil veintidós a *******, por ya no tener el carácter de albacea, para en su lugar, tenerlas por exhibidas y dar vista a los interesados. TERCERO. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. En cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ****** de este índice, la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dictó una nueva resolución el veintiséis de enero de dos mil veintitrés en el toca *****, modificando la recurrida en vía de apelación, para quedar como sigue: ******* ****** ****** ***** II. Con la emisión de esta resolución, se dictó el auto de cumplimiento en el mencionado juicio de amparo mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés; mismo que se declaró firme por diversa determinación de doce de abril del mismo año, con lo que se tuvo totalmente concluido aquél proceso. III. Previamente, el diez de octubre de dos mil veintidós, ante el juez de origen tuvo verificativo la junta de herederos, en la que se concluyó lo siguiente: ********* IV. Contra esa determinación, ******, por propio derecho y como tutriz de *******; y ******, promovieron sendos recursos de apelación. V. Por sentencia de catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitida en los tocas ****** y ****** del índice de la Cuarta Sala Familiar de esta Ciudad, se modificó el proveído emitido en la audiencia, para el efecto de señalar nueva fecha y hora para llevar a cabo de nueva cuenta la junta de herederos con el objeto de que voten para la designación de albacea, proponiendo a personas distintas a las señaladas en la diligencia de diez de octubre de dos mil veintidós. VI. Contra dicha determinación *******, ******* y *****, promovieron amparo indirecto el cual se registró con el número ******, donde se le negó el amparo y protección de la justicia federal; sentencia contra la cual se interpuso recurso de revisión, mismo que a la emisión de esta sentencia se encuentra pendiente de resolver. VII. El treinta y uno de enero de esta anualidad, ****** presentó un escrito donde indicó que al estar pendiente la designación de albacea en el proceso y al no poder quedar así, procedía a rendir el informe respecto del año dos mil veintidós; lo cual se acordó desfavorable el ocho febrero posterior, por ya no ser albacea en la sucesión de origen. VIII. Inconforme, ******* interpuso recurso de apelación contra dicha determinación, del cual tocó conocer a la Sala responsable y el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, revocó el auto recurrido, para en su lugar, tener por rendidas las cuentas de dos mil veintidós y dar vista a los interesados. Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, en razón de que: a. Se omitió valorar que ****** ya fue removida de su encargo como albacea por sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en los tocas ******* y ********, del índice de la autoridad responsable, de modo que no puede concluirse que ****** puede seguir ejerciendo su cargo como albacea, cuando existen actuaciones firmes que demuestran lo contrario. a.1. Ninguno de los recursos que expone en la sentencia suspenden el procedimiento, por lo que si ******* fue removida de su encargo, los efectos de la remoción no cesan. Lo anterior, sin perjuicio de que en la junta de herederos de diez de octubre de dos mil veintidós, se designara albacea judicial, que se inconformaran con ello y que se modificara para que se señalara nuevamente una junta, ya que ello no es un elemento suficiente para determinar que ******* debe seguir siendo albacea. a.2. Considerar que ******* debe continuar siendo albacea hasta en tanto se designe uno nuevo depara perjuicio, ya que la autoridad pudo advertir que han transcurrido más de cinco años y nueve meses sin que ******** se le haya aprobado la rendición de cuentas que en diversos ejercicios ha presentado. a.3. Máxime que el juez de origen designó como albacea judicial a ********, quien aceptó y protestó su encargo el trece de octubre de dos mil veintidós, por tanto es él quien debe rendir las cuentas de su encargo hasta que se designe un nuevo albacea, pues el ultimo que ostentó el cargo. Los conceptos de violación en comento son fundados y para demostrarlo, las causas de inconformidad se analizarán de forma conjunta, por integrar temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. Como se indicó, el principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. De igual forma, debe precisarse que el derecho humano de legalidad implica una observancia ineludible al principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda determinación emitida por una autoridad jurisdiccional; el cual se refleja cuando la autoridad resuelve y contesta todo lo solicitado sin dejar de dar respuesta a lo expresamente planteado, ni añadir cuestiones no hechas valer. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/9 de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." El mencionado principio, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico-jurídicos de su decisión; y claro, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. Este deber se aterriza en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, cuyo contenido busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. En el caso, la Sala responsable en el acto reclamado para concluir con la revocación del auto impugnado realizó los argumentos siguientes: - Si bien ****** fue removida del encargo de albacea en primera instancia el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, así como en la sentencia con motivo de la apelación emitida el siete de junio de dos mil veintidós y nuevamente en resolución del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, atento a la ejecutoria de amparo *********; también lo es que la junta de herederos llevada a cabo el diez de octubre de dos mil veintidós, en la que se nombró como albacea judicial a **********, fue modificada por la Sala en los tocas de apelación ******** y **********, en la que sustancialmente se modificó para que se señalara nuevamente la junta de herederos prevista en el artículo 805 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, tal como se transcribió en el considerando anterior, resolución que fue impugnada en los amparos **********, donde se determinó que no era procedente conceder la protección constitucional. - Resulta inconcuso que ****** en aras de proteger y representar los intereses de la sucesión, debe continuar hasta en tanto no se designe albacea dentro del juicio de origen, con las obligaciones de albaceazgo, al ser ella la última que ostentó el cargo y en virtud de que la sucesión que por el momento representa no puede quedar acéfala, ya que la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. - De modo que, al morir el autor de la sucesión los herederos adquieren los derechos a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se haga la división, en tanto que los albaceas son los órganos representativos de la copropiedad hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de los herederos o legatarios en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes hereditarios, teniendo como función ejecutar las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión en juicio y fuera de él, así de la herencia como de los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra de ella; con las obligaciones de asegurar los bienes de la herencia, la formación de los inventarios, la administración de los bienes y la rendición de las cuentas de albaceazgo; el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, la participación y la adjudicaciones entre los herederos y legatarios, concluyendo su encargo, entre otras causas, por el termino natural del mismo o como en el asunto particular, hasta su remoción como acontece en la sentencia *************. - Independientemente que se resolviera que ***** deberá continuar desempeñando el cargo hasta en tanto se nombre albacea en la sucesión de mérito, son infundados sus argumentos debido a que en el supuesto sin conceder que el nombramiento efectuado en la junta de herederos, que tuvo lugar el diez de octubre de dos mil veintidós, se hubiese confirmado por la Sala en los tocas ***** y ********, en tal supuesto se tendría que ********, ostentaría el cargo de albacea a partir que le fue conferido el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por lo que le implicarían todos los derechos y obligaciones propios de los albaceas, siendo responsable de representar y administrar la sucesión desde su designación y en el caso de incurrir en alguna de las faltas previstas en la ley, sería el responsable de los daños y perjuicios que se irrogue a la masa hereditarias independientemente de la remoción que en su caso demanden los interesados; sin embargo, y como se insiste con el ánimo de proporcionar claridad y congruencia a la sentencia, tal supuesto no acontece al haberse modificado el nombramiento del albacea judicial para el efecto de señalar nueva fecha y hora para llevar a cabo la junta de herederos y nombrar uno nuevo, lo que deja por el momento a la sucesión sin albacea, circunstancia que no debe permitirse, de ahí que ****** deba continuar hasta en tanto se tenga por designado el albacea correspondiente. Lo anterior se considera contrario a la Constitución, ya que lo ahí determinado es incongruente con las actuaciones del proceso natural, pues como lo refiere la parte quejosa quien tuvo el carácter de albacea en el proceso en último término fue ****** y no *******, de modo que es a ******** a quien le corresponde administrar los bienes de la herencia hasta en tanto se designe un nuevo albacea. Lo anterior se afirma, en razón de que en la junta de herederos realizada el diez de octubre de dos mil veintidós, se designó como albacea a *******, cargo que aceptó y protestó mediante escrito presentado el trece de ese mes y año, lo cual fue acordado de conformidad el diecinueve de octubre posterior. Y si bien contra la junta de herederos se interpuso recurso de apelación, el cual derivó en su modificación, para el efecto de señalar fecha y hora para llevar a cabo de nueva cuenta la junta de herederos con el objeto de que voten para la designación de albacea, proponiendo a personas distintas a las señaladas en la diligencia de diez de octubre de dos mil veintidós; lo jurídicamente relevante en el asunto es que el último albacea designado en el proceso fue ******. Es decir, esa circunstancia no afecta de modo directo el señalamiento que realizó la autoridad porque aún en ese caso, mientras no se designe nuevo albacea que deba encargarse de los trámites de la sucesión, el albacea revocado de su cargo debe continuar para evitar perjuicios a los bienes que integran la masa hereditaria, durante el tiempo en que se designa al nuevo albacea y éste acepta el cargo conferido. De modo que a quien le corresponden los derechos y obligaciones del cargo de albacea es a ******, por haber sido el ultimo señalado en el proceso, y es que el albaceazgo se equipara al mandato, en términos del artículo 2600 del Código Civil para esta Ciudad, por lo que debe continuar con su encargo hasta en tanto -por mayoría de votos- los herederos eligieran a uno nuevo que debía representar a la sucesión intestamentaria a bienes de origen. Maxime que en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto ****** de este índice, la Sala responsable dictó una nueva resolución el veintiséis de enero de dos mil veintitrés en el toca *********, modificando la recurrida en vía de apelación, donde se determinó procedente remover del cargo de albacea a ******, lo que derivó en el señalamiento de ******* para sustituirla. Y es que si bien no existe disposición expresa (tratándose del albacea), que determine quién debe continuar con la administración de los bienes de la masa hereditaria (durante ese lapso) cuando el nombrado, fue destituido y el nuevo albacea es nombrado y acepta el cargo con posterioridad, tomando en cuenta que el albaceazgo es equiparable a un mandato; y aun cuando éste termina por muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración, entre tanto los herederos del mandante proveen por sí mismos a la atención de los negocios, porque de lo contrario podría resultar algún perjuicio al mandante y por identidad de razón, sucede lo mismo en el albaceazgo. Es decir, mientras no se designe al nuevo albacea, el anterior debe continuar en sus funciones, evitando, en esa forma, que las sucesiones pudieran sufrir perjuicios por falta de representante, que en el caso lo es ********* quien fue señalado para sustituir a *********. Orienta lo anterior, la tesis I.3o.C.448 C de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SUCESIÓN. EL ALBACEA DEBE CONTINUAR EN LA ADMINISTRACIÓN CUANDO EXISTE INCERTIDUMBRE DE QUIÉN LA REPRESENTA. No existe disposición expresa, tratándose de albacea, que determine quién debe continuar con la administración de los bienes cuando el nombrado, fue removido y el nuevo albacea es nombrado y acepta el cargo con posterioridad, respecto de los bienes de la masa hereditaria en ese lapso; debiendo establecerse, por identidad de razón, que el albaceazgo es equiparable a un mandato y aun cuando éste termina por muerte del mandante, debe continuar el mandatario en la administración, entre tanto los herederos del mandante proveen por sí mismos a la atención de los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio al mandante; pero tal facultad de administración no implica que pueda realizar actos jurídicos distintos a evitar un perjuicio a la herencia, como en el caso lo es la celebración de un contrato de arrendamiento. Por su parte, el artículo 1706 del Código Civil para el Distrito Federal impone al albacea general obligaciones, en las que se concluye que éste es un representante de los herederos que defiende los intereses de la sucesión; y el artículo 2546 del mismo ordenamiento legal dispone que el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Por tanto, si ambas figuras tienen como objetivo principal la defensa de los bienes de quien les otorga esa calidad, y conforme a los artículos que regulan ambas figuras jurídicas, son sus obligaciones, entre otras, la administración de los bienes y la rendición de cuentas, en donde esta rendición se refiere a los actos realizados en el desempeño del cargo y la administración a lo relativo al orden, disposición y organización de los bienes de la herencia; por tanto, dada la naturaleza de ambas formas de representación, tratándose de una sucesión intestamentaria en ningún momento puede estar sin representación, siendo aplicable el artículo 2600 del propio código. Por tanto, el albacea removido tiene la facultad de continuar en la administración cuando concurran conjuntamente dos elementos: que el nuevo albacea o los herederos no se hayan hecho cargo, por sí mismos, de los negocios de la sucesión, y siempre que de lo contrario, de no actuar el albacea removido, pueda resultar algún perjuicio." Así, al ser el cargo de albacea equiparable al mandado, lo procedente es que el albacea revocado continue con sus funciones hasta que se designa a uno nuevo y éste toma posesión de su cargo, lo cual debió considerar la autoridad a fin de tener congruencia en sus determinaciones. La suma de esos razonamientos es suficiente para concluir que el acto reclamado trasgrede el derecho humano de legalidad jurisdiccional previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal; y siendo así, se impone conceder la protección constitucional a la peticionaria. Orienta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/296 de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA. Es requisito de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los primeros son elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, características que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o son incongruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues si existe incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances." En congruencia con lo expuesto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable: Deje insubsistente el acto reclamado; Y, en su lugar, dicte otro en el que considere que la última persona que ostentó el cargo de albacea en la sucesión de origen es ******, conforme lo determinado en este fallo y defina lo que en derecho proceda. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que se fijaron las ******, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, existió imposibilidad para acceder a las instalaciones el día de la fecha a órganos jurisdiccionales del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. En tales condiciones, a fin de respetar el acceso a la justicia de los gobernados previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, así como garantizar la certeza jurídica respecto de la tramitación de este asunto y ejercitar sus derechos para la tramitación del proceso en que se actúa, se reprograma su desahogo para las nueve horas con diez minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
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