Enrique Ruiz Galindo

Expediente 1358/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1358/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Enrique Ruiz Galindo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Del dispositivo antes transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. En el caso concreto, del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado, en esencia, la resolución emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el seis de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, de su índice, en la que desechó de plano la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. No obstante, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído dictado el siete de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, rindiendo su respectivo informe justificado e informando que hizo disponibles las constancias relativas a la causa penal de origen ********************, de su índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de las que se advierte que en la audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, determinó dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al aquí quejoso y en su lugar se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Por tanto, si con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, la autoridad responsable determinó levantar la prisión preventiva de carácter oficioso y en su lugar impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados en el escrito de demanda, sin afectar la nueva situación derivada de que a la fecha el quejoso cuenta con diversas medidas cautelares, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causa de improcedencia aludida. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 95/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 171841 de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR." Así como la tesis I.11o.C.61 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 2025083 de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA." Y la tesis X.2o.1 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro digital 2022025 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO." En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Robustece lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, con registro digital 2019142, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    R E S O L U C I Ó N Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1358/2023-B, promovido por Enrique Ruiz Galindo, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de demanda. Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Enrique Ruiz Galindo, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos y la autoridad que, previa aclaración de su denominación, a continuación se señala: Autoridad responsable: 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "La resolución dictada en la causa penal al rubro indicado y dictada en fecha 6 de OCTUBRE DEL 2023 , dictada por el juez de control señalado como autoridad responsable en este amparo quien a la petición de cambio de medida cautelar solicitada por la defensa por medio de una promoción presentada en oficialía de partes en fecha 5 de octubre del 2023, en el cuerpo de dicha promoción la defensa justifico porque han variado objetivamente las condiciones en la que le fue impuesta la medida de prisión preventiva oficiosa, conforme a las sentencias emitas por parte de la corte interamericana de derechos humanos como lo son tzompaxtle tecpile y otros vs México Y García Rodríguez y otros bs México que tenían relación con las jurisprudencia 200625 de título jurisprudencias emitidas por la corte interamericana de derechos humanos. ." Por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite. Se abrió el cuaderno incidental por separado, se solicitó el informe previo y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado consiste en la resolución dictada por la autoridad responsable el seis de octubre de dos mil veintitrés, en la que desechó de plano la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión oficiosa, dentro de la causa penal 314/2023. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo, manifestó ser cierto el acto que reclama la parte quejosa. CUARTO. Suspensión definitiva sin materia. Ahora bien, atendiendo a que en auto dictado el siete de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable informando que en cumplimiento a la suspensión provisional concedida por este Juzgado, en la audiencia celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal de origen 314/2023, determinó dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a Enrique Ruiz Galindo -acto que en esta vía constitucional se reclama-, y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada prevista en el artículo 157, párrafo segundo con relación con el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es evidente que al no haber materia sobre la cual decretar la suspensión de los actos a ésta atribuidos, debe negarse la medida cautelar solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 141, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa Enrique Ruiz Galindo, respecto a los actos reclamados a la autoridad señalada en el considerando tercero de esta resolución y por los motivos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese.

  3. Principal

    Siendo las nueve horas del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, con fundamento en la fracción I, inciso C), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hago constar que con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa, la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa, del índice del de este órgano jurisdiccional, las cuales quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Doy fe.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito y anexos presentados por la tercero interesada, en atención a su contenido, se tienen por hechas en vía de alegatos las manifestaciones que realiza, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la tercero interesada ofreciendo como pruebas de su intención las documentales que anexa a su ocurso, probanzas que se tienen por anunciadas sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Ahora en relación a su solicitud para que se requiera al Juzgado Quinto de lo Civil de esta ciudad, a fin de que remita las constancias que integran el expediente ********************, con motivo de la presentación del juicio de amparo ******************** y del recurso de apelación a que hace referencia, no ha lugar a proveer de conformidad ya que como se advierte del auto dictado el once de octubre del año en curso, éstas fueron tomadas como hecho notorio por ser del índice de este órgano jurisdiccional. Ahora, en relación a su solicitud de requerir al Juzgado Quinto de lo Civil, para que remita las actuaciones relativas al recurso de apelación interpuesto por la aquí tercero interesada dentro del juicio intestamentario ********************, no ha lugar a proveer de conformidad, ya que no se encuentra en los supuestos del artículo 121 de la Ley de Amparo y en virtud de que no refiere la imposibilidad que tiene para allegar las mismas a este órgano jurisdiccional, como le fue indicado en el auto de cuatro de octubre del año en curso que recurrió y el cual queda sub judice ante el Tribunal de Alzada. Notifíquese.

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