Enrique Ochoa Ávila

Expediente 163/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
163/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Emma Angélica López Ramírez
  • Enrique Ochoa Ávila
  • EMMA ANGÉLICA LÓPEZ RAMÍREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que el ocho de mayo del año en curso, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, el cual quedó registrado bajo el expediente *********, del índice del citado Tribunal; de lo se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el recurso de revisión obrante en autos se encuentra debidamente integrado, en razón de que obran las constancias de notificación de las partes relativas al proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo a la parte quejosa interponiendo el citado recurso, así como de la sentencia; en consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se ordena remitir el presente expediente y escrito original de agravios, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en turno, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer en los términos precisados en dicho auto. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente el escrito de cuenta presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, y expresa los agravios de su intención. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84 y 86 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, en turno, el original de los presentes autos dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se recaben las constancias de notificación del presente auto, y una vez que transcurra el plazo para recurrir la sentencia a la totalidad de las partes; anexando por separado el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 163/2022-F, promovido por Emma Angélica López Ramírez y Enrique Ochoa Ávila, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en siete de marzo de dos mil veintidós, en este órgano jurisdiccional, Emma Angélica López Ramírez y Enrique Ochoa Ávila, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridad que previa aclaración de su denominación, son los siguientes: Autoridad responsable Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Actos reclamados "IV. ACTO RECLAMADO.- Reclamamos de la Autoridad Responsable, CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, la OMISIÓN LEGISLATIVA, consistente en armonizar a la Legislación Suprema, la Constitución Estatal de Baja California, ordenada en la Reforma Constitucional, publicada en el Decreto del día 20 de Diciembre del 2019, emitida por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el Diario Oficial de la Federación, por el cual incorporó como obligación a la Legislaturas Estatales lo previsto en el artículo SEXTO Transitorio, por el cual el Legislador Constitucional ordenaba a las Entidades Federativas, para que dentro de los 18 meses siguientes al entrar en vigor del Decreto, garantizar a los ciudadanos la Revocación de Mandato de la persona Titular del Poder Ejecutivo Local, cumpliendo con diversas condicionantes, para ello también ordenó armonizar la Constitución de los Estados en los siguientes términos: Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre directa y secreta; será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional." Segundo. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 1º, 14º, 16, 17, 35 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional, previa prevención, en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, admitió la demanda de amparo; solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, quien lo rindió oportunamente; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; en el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se precisa que el acto reclamados es: La omisión del Congreso del Estado de Baja California de dar cumplimiento a lo ordenado en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente en su artículo Sexto transitorio. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye, no obstante, debe precisarse que el derecho positivo no es objeto de prueba, o en este caso, su omisión, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Consecuentemente, el tener o no como cierta la conducta atribuida a la autoridad señalada como responsables no depende únicamente de lo manifestado en el informe justificado, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 65, Primera Parte, página 15, de rubro y texto siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por tanto debe tenerse por cierto dicho acto a la autoridad referida. Cuarto. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable, invoca como causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa carece de interés jurídico o legítimo para demandar la protección de la justicia federal en el presente asunto. Los artículos 61, fracción XII y 5º, fracción I de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." (.)." En ese sentido, según lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I, de la Constitución Federal; así como los numerales 5º, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo y, además, cumpla las condiciones formales que contiene el propio precepto y que se traducen en que el interesado alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es claro que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso ya que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5o, fracción I, de la ley de la materia al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso; es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico, como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto, sin que este último concepto jurídico se traduzca en una apertura absoluta para que cualquier persona acuda al juicio de amparo, por cualquier motivo, sustentándose en un interés simple. Para la promoción del juicio de amparo, no basta una inclinación de ánimo porque, por sí sola, no es susceptible de producir consecuencias jurídicas. De ahí que el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona, por alguna acción u omisión del Estado, pero que no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado, en caso de satisfacerse. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Robustece lo anterior, la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 822, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE". Por su parte, el interés legítimo es definido por la doctrina como una institución que faculta a todas aquellas personas, que sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad; es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo protegido por una norma objetiva, tienen interés en que la violación al derecho o libertad sea reparado. Esto es, el interés legítimo implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado, que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. El presupuesto del interés legítimo es la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria de la administración pública, la cual no es acorde al derecho subjetivo de los particulares que se ven afectados por los actos de autoridad; esto es, dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que genere un derecho subjetivo, además, se origina debido a una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Tal es el caso de la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre del dos mil catorce, Décima Época, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En consecuencia, existe interés legítimo siempre que exista una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada, o que pudiera crear el acto impugnado, derive en un perjuicio como resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Corrobora lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 241, Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico." De lo hasta aquí expuesto conviene destacar que un requisito indispensable para acreditar la titularidad del interés legítimo es la existencia de una afectación real y actual en la esfera jurídica del individuo, directa o indirecta. Apoya lo expuesto, en lo conducente, la tesis IX.2o.2 K del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 1792, Libro XI, agosto del 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN MANIFIESTA QUE UN ACTO VIOLA EN SU PERJUICIO EL DERECHO HUMANO DE LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA DESEMPEÑARSE COMO JUZGADORES, LOS CUALES ASEGUREN UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA IMPARCIAL, SIN PRETENDER UN BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO EN SU ESFERA JURÍDICA INDIVIDUAL. De la exposición de motivos de la reforma en materia de amparo realizada al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir del 4 de octubre siguiente, se advierte un énfasis especial en resaltar como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Así, cuando el particular busca únicamente lograr un control de legalidad abstracto sobre un acto que, según manifiesta, viola en su perjuicio el derecho humano de la sociedad de contar con servidores idóneos para desempeñarse como juzgadores, los cuales aseguren una impartición de justicia imparcial, de acuerdo con el artículo 17 constitucional, sin pretender un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, pues no refiere el modo en que esa impugnación le beneficiará ni demuestra cómo la concesión de amparo lo restituirá en el goce de un derecho violado, carece de interés legítimo, dado que tal afirmación no puede considerarse como una afectación real y actual en su esfera jurídica, sino que se traduce en una aseveración hipotética en cuanto al posible desempeño del funcionario judicial, pues a pesar de que a todos los individuos les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente, por sí mismo, para acudir al juicio de garantías. Es decir, el derecho en el que se sustenta dicha demanda se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado. Aunado a lo anterior, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos." En suma, la causal de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, porque no tiene un derecho subjetivo especifico o un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, o bien, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Como se ve, el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, quien, además de satisfacer los requisitos formales que el propio precepto prevé, debe ser titular de un derecho, o bien, tener interés legítimo, ya sea individual o colectivo. En el caso, la parte quejosa considera que la omisión por parte de la responsable de modificar la Constitución local, a efecto de adicionarla para garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato del Titular del Ejecutivo Local, en acatamiento al artículo Sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en materia de consulta popular y revocación de mandato; vulnera su derecho ciudadano de poder solicitar la revocación del mandato, el cual les asiste al ser habitantes del Estado de Baja California. Sobre esta base, es claro que del análisis a la propia demanda de amparo se aprecia que los quejosos solamente acreditan contar con un interés simple similar al que tiene cualquier habitante del Estado de Baja California, en el sentido de que se armonice el marco legal de la Entidad con la reforma a la Constitución, en materia de consulta popular y revocación de mandato; por lo que esta Juzgadora considera que dicho acto reclamado no genera un perjuicio real y actual en los derechos de dichos quejosos, diferente al que resiente cualquier habitante del Estado de Baja California. Sin que se advierta que los accionantes del amparo acudan a la acción constitucional con base en la obtención de un beneficio diferenciado del resto de los gobernados, por su situación particular frente al orden jurídico que deriva de los actos reclamados que le afecten y que pudieran obtener inmediatamente con el dictado de una sentencia favorable; lo que se afirma, pues incluso se advierte que con una concesión del amparo no se produciría ningún efecto directo o indirecto en su esfera jurídica, esto es, dichos quejosos no obtendrían algún beneficio diferente al de cualquier habitante del Estado de Baja California. Por tanto, no puede reconocerse un interés legítimo a la parte quejosa, dado que la impugnación del acto reclamado la hace en abstracto y no a partir de normas o actos individualizados que le afecten su esfera de derechos humanos. De ahí, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que como se evidenció, la parte quejosa no acreditó que contara con un interés legítimo para impugnar dicho acto en esta instancia constitucional. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Emma Angélica López Ramírez y Enrique Ochoa Ávila, contra los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de ésta sentencia. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en su último considerando. Notifíquese personalmente.

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