Enrique Robles Morales

Expediente 418/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
418/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Enrique Robles Morales
  • Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, Mexicali

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, glósese a los presentes autos el cuaderno original del incidente de suspensión y, en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación, el que no obren agregados los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades foráneas responsables, a fin de notificarles la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, toda vez que se estima que con ello no se causa ningún agravio a las mismas, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó y negó la protección constitucional en el juicio en que se actúa. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número XX.J/74 , del rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO." A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima al promovente, para accionar, y al haberse decretado por una para el sobreseimiento, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de esa resolución ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por las razones que la informan, cabe mencionar la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expresa: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EL TRIBUNAL EMISOR DE LA SENTENCIA RECLAMADA." Así entonces, en cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Primero del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda; lo que se estima acontecerá a partir del veinte de junio de dos mil veintidós. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, en cumplimiento al punto Vigésimo del mismo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente, hasta entonces el mencionado duplicado deberá archivarse en el lugar que corresponda, debiendo la Secretaría realizar el cómputo respectivo para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido de que el término de seis meses de que se habla, se computará a partir del día siguiente al en que se pronuncie el presente proveído, razón por la cual la fecha probable para su destrucción, lo será a partir del día dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante la Secretaria Gianna Paola Dalle Mese Partida, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    se resuelve: único, se sobresee en el presente juicio de amparo.

  3. Incidental

    se resuelve: primero, se niega la suspensión definitiva solicitada.

  4. Principal

    en cumplimiento a lo que se ordenó en autos del juicio de amparo mencionado, se notifica personalmente a la parte quejosa, el proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo al rubro indicado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar - - - Visto el estado de autos se advierte que mediante auto de veintinueve de abril del año en curso, se difirió la audiencia constitucional señalada para esa fecha, al considerar que no obraba el informe Justificado de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Aprehensiones y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, todas en Mexicali, Baja California, ni el acuse de recibo de los oficios 15788, 15796 y 15797, de veinticinco de marzo de la anualidad que transcurre, mediante los cuales se les solicitó el mismo. Por tanto, se señalaron las diez horas con dieciocho minutos del tres de junio de dos mil diecinueve, sin embargo, en el día indicado se encuentra señalada la misma hora para la celebración de la audiencia constitucional del diverso juicio de amparo 58/2019. Por consiguiente, a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deja sin efecto la hora y día señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, y en su lugar se fijan las diez horas con treinta y ocho minutos del veintinueve de mayo del año en curso, para que tenga verificativo la misma. - - -

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