Enrique Rafael Jiménez González
Expediente 209/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/07/2021
Partes del expediente
- Enrique Rafael Jiménez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de siete de julio de dos mil veintiuno, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y glósese el cuaderno original del incidente de suspensión relativo. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentre glosado el acuse por el que se ordenó notificar a la autoridad responsable foránea, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a la misma, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó en el juicio. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse sobreseído el presente juicio, la autoridad responsable carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 21, incisos a) y c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al mismo, atendiendo a sus particularidades, son destruibles y carecen de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veintinueve de julio de dos mil veinticuatro. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente, hasta entonces el citado duplicado deberá archivarse en el lugar que corresponda, debiendo la Secretaria realizar el cómputo respectivo para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido de que el término de seis meses de que se habla, se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, razón por la cual la fecha probable para su destrucción, lo será a partir del día veintisiete de enero de dos mil veintidós.
- Principal
se autoriza al usuario "CLPR8", correspondiente a la licenciada Claudia Leticia Plascencia Romero, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para que realice la consulta en el línea del juicio de amparo número 209/2021-B-2, del índice de este órgano jurisdiccional, quien también podrá presentar las promociones, documentos y medios de prueba que considere necesarios. Sin ser el caso de ordenar sus notificaciones por la vía electrónica, dado que no lo solicitó expresamente como lo prevé el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, una vez que se encuentre autorizado el presente auto, la Secretaria realizará el trámite correspondiente, para el registro de acceso al sistema del servicio en línea a la licenciada Claudia Leticia Plascencia Romero, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, quien cuenta con el usuario "CLPR8", para la consulta en forma electrónica única y exclusivamente para el presente asunto, quien deberá realizar la certificación e impresión respectiva. De igual manera, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en el escrito de que atiende
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Enrique Rafael Jiménez González, en los términos del considerando tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia constitucional.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido en representación de las autoridades responsables Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Comisionado de Autorización Sanitaria y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (COFEPRIS), ambos con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual manifiesta que el informe justificado solicitado en los presentes autos ya fue remitido con la formalidades señaladas; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a su contenido, en virtud de que mediante proveído de dieciocho de los actuales, se tuvo a las citadas autoridades rindiendo su respectivo informe justificado. Finalmente, respecto a la designación de delegados y domicilio procesal, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en atención a ello, en virtud de que fue materia del proveído en cita.
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