Enrique Resendiz Carranza

Expediente 632/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
632/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Enrique Resendiz Carranza
  • Consejo Ditectivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: Que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo. El amparo se otorgó para los efectos siguientes: AUTORIDAD EFECTOS 1.- Consejo Directivo de Pensiones 2.- El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. *Reintegre al aquí quejoso la cantidad que le fue indebidamente descontada en el mes de junio de dos mil veintiuno, así como los descuentos subsecuentes hasta que se cumplimente este fallo. *No realice los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicitó el amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual, deberán remitir copia certificada que acredite dicho cumplimiento. Se apercibe a las responsables que si no actúan como se les indica en esta determinación, este juzgado de distrito, les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurran en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno propongan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser procedente, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígase a las autoridades responsables, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no las exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además de insistir en su conducta contumaz, se evidenciaría que tratan de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 632/2021, promovido por Enrique Reséndiz Carranza, en contra del acto y autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en evaluar la posibilidad de otorgar la protección federal por lo que respecta al segundo y ulteriores actos de aplicación de los artículos declarados inconstitucionales que menciona el quejoso de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, Enrique Reséndiz Carranza, presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 1, 123 párrafos primero y segundo, apartado B, fracción XI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 punto 3 y 67 inciso b) del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó el cuatro de junio a este juzgado, donde quedó registrada con el número 632/2021 y fue admitida en esa misma data; en ese propio auto, se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos los trámites del juicio, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución en la ciudad de Oaxaca, esto es, dentro de la demarcación donde este órgano jurisdiccional tiene jurisdicción SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que señala como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: Del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado. El segundo u ulterior acto de aplicación de los artículos 6, fracción III, 18 párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, declarados inconstitucionales por jurisprudencia de este circuito, que refiere se actualizó en el pago de la pensión por jubilación del mes de marzo de dos mil veinte. Del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado. La orden acordada en sesión de quince de diciembre de dos mil veintiuno, misma que se trascribe en el dictamen de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, a efecto de que se le descuente de su pensión por jubilación un 9% para el fondo de pensiones De ambas autoridades: Los subsecuentes e inminentes descuentos que se me pretendan aplicar cada mes por el mismo concepto a partir de julio de dos mil veintiuno en adelante, mientras conserve el derecho a recibir la pensión de jubilación, pues están apoyados en los citados preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales por jurisprudencia. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir sus respectivos informes justificados, las autoridades responsables procedieron como sigue: AUTORIDAD SENTIDO Director General de la Oficina de Pensiones. Convino en la existencia del acto Apoderado legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones. Convino en la existencia del acto Aunado a lo anterior, debe establecerse que el acto ulterior de aplicación que reclama el quejoso, queda demostrado con la copia certificada del recibo de pago de pensión por jubilación a nombre de la parte quejosa correspondiente al mes de junio de dos mil veintiuno, expedido por la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, al cual se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, donde se advierte que en el mes de junio del año en curso, se descontó, de la pensión por jubilación del quejoso, el nueve por ciento de sus percepciones, bajo el concepto "202 FDO. D PENSIONES", esto es, se aplicaron en forma ulterior, los artículos 6° fracción III, 18 párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en perjuicio del justiciable. El precitado documento adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que respecta a los ulteriores descuentos que se realicen al peticionario de la protección constitucional en aplicación de las porciones normativas impugnadas, debe señalarse que si bien, se tratan de actos que aún no se han verificado, lo cierto es que tienen que ser catalogados como futuros inminentes, cuya existencia es indudable. En efecto, la certeza de realización de esos actos inminentes estriba en que son una consecuencia necesaria de un acto concreto ya existente que afecta el universo jurídico del disidente. Para clarificar lo anterior es necesario precisar que los pagos de las pensiones en materia de seguridad social se caracterizan, por ser actos de tracto sucesivo, es decir, que se configuran momento a momento, dado que su liquidación deriva de la cuantificación efectuada por la autoridad administrativa, donde se determina el monto que le corresponderá al beneficiario de manera periódica. Cabe destacar que los actos de tracto sucesivo son aquellos que se prolongan a lo largo del tiempo, es decir, existe la realización de acciones periódicas dirigidas a un solo fin; se caracterizan por tener unidad y no se agotan con el cese de uno de ellos, dado que se reiteran de manera que siguen produciendo sus efectos a futuro. De lo anterior se sigue que la afectación recaída a los descuentos mensuales efectuados a una pensión fundados en una o varias normas jurídicas, integran actos de tracto sucesivo, porque la conducta de la autoridad implica la materialización de no entregar el monto debido de la pensión de forma periódica y su descuento obedece directamente a un mandato legal, que hasta en tanto no se determine su inaplicación de la esfera jurídica del quejoso, sigue siendo de obligatorio acatamiento para la autoridad administrativa. En ese contexto, la certeza jurídica y, por lo tanto, la inminencia de los ulteriores descuentos reclamados, estriba en que su realización se verificará con base en la legislación aplicable, que mientras no sea declarada inválida debe continuar siendo el fundamento para realizar las liquidaciones periódicas correspondientes. Aún más, al subsistir la resolución del Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca donde ordenó a la Oficina de Pensiones de esa entidad federativa que descontara al solicitante de amparo el 9% de lo que recibe como pensión jubilatoria, hay certeza de que la autoridad administrativa está obligada a realizar los descuentos subsecuentes; de ahí que es factible concluir que los ulteriores descuentos que se realicen al disidente en aplicación de las porciones normativas impugnadas sean ciertos. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Las partes procesales no hicieron valer alguna causa de improcedencia del juicio, ni este juzgado advierte de oficio la actualización de alguna; por ende, procede abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa formuló conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉXTO.- ESTUDIO DE FONDO. En primer término, se estima que es necesario suplir la deficiencia de la queja pues de los antecedentes narrados en la presente sentencia, se aprecia que la controversia gira en torno a si se encuentra o no justificado el cobro realizado al aquí quejoso en el mes de junio de dos mil veintiuno, por concepto de cuota de aportación al Fondo de Pensiones El disidente asegura que no, porque los artículos que sirvieron de fundamento para efectuar ese cobro fueron declarados inconstitucionales. En ese orden de ideas, como en el fondo del asunto subyace una afectación a la esfera jurídica de un trabajador pensionado, en el caso cobra aplicación lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual ordena suplir la deficiencia de la queja en favor de los trabajadores. Suplencia que en el caso se estima necesaria, porque el análisis del acto reclamado, permite advertir que asiste razón al promovente cuando denuncia la indebida aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. En consecuencia, el presente asunto deberá ser estudiado y resuelto atendiendo en lo conducente, al criterio que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables". Además, el conjunto de razones que fundamentan la conclusión de este juzgador sobre la necesidad de suplir la queja deficiente se basan en las consideraciones emitidas por el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, los amparos en revisión 92/2014, 101/2014, 110/2014, 116/2014 y 146/2014. En esos cinco precedentes el mencionado Tribunal Colegiado de Circuito afirmó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que le fueron aplicados al quejoso en el acto reclamado. La existencia de la tesis de jurisprudencia XIII.T.A. J/2 (10a.), demuestra lo antes dicho: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo.". Las consideraciones más relevantes de las cinco ejecutorias, son del tenor literal siguiente: "[.] resulta evidente la inconvencionalidad de la reforma relativa, en cuanto a los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y TRANSITORIO OCTAVO, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, aplicados al quejoso, conforme a los cuales se prevé el descuento del nueve por ciento sobre el monto de su pensión; lo anterior, a la luz del Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo 102, "Convenio Sobre la Seguridad Social" (norma mínima), del que México forma parte, dado que el mismo solamente autoriza la reducción del monto de la pensión, cuando las ganancias del beneficiario excedan del valor prescrito o fijado por la autoridad competente, de conformidad con la reglas relativas, dado que en la legislación del País, ningún límite se establece para ello; motivo por el cual al privilegiar el principio de la dignidad humana, se impone la declaratoria respectiva. [.] A más de lo anterior, en suplencia de la deficiencia de la queja anotada, los dispositivos señalados como reclamados igualmente resultan inconstitucionales al violar el principio de igualdad, en tanto ubican a trabajadores, jubilados y pensionados, en hipótesis diferentes, por consignarlos el precepto 6 transcrito, en fracciones diversas de ese dispositivo, pero a todos ellos por igual les impone el pago de la cuotas del nueve por ciento de su sueldo base para los trabajadores, y de su pensión para los restantes; no obstantes las diferencias esenciales existentes entre trabajadores activos, jubilados y pensionados. En efecto, las normas en cuestión, resultan violatorias de los derechos humanos de igualdad jurídica y social, contenidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al equiparar en las mismas condiciones a trabajadores activos, de jubilados y pensionados, sin atender a que los del primero rubro, por encontrarse en plena actividad laboral, pueden ascender en su trabajo o allegarse de mayores o diferentes ingresos, dado que al encontrarse en funciones cuentan con juventud; mientras que los del segundo rubro, al tratarse de trabajadores que ya han agotado una vida laboral, tienen como ingreso único, el de su pensión relativa, quienes por cierto, efectuaron ya aportaciones a lo largo de su vida de trabajo, lo cual como ya se dijo, servirá precisamente para financiar esa pensión; supuesto en el cual al tratarse de situaciones diversas, no era el caso de que el legislador local los ubicara en la misma posición y les diera el mismo tratamiento y cargas, por cuanto resulta excesivo que una vez que se obtiene el beneficio de la jubilación, derivado de haber cumplido los años y tiempo de servicio, se siga imponiendo al jubilado y pensionado, la carga de contribuir al fondo de pensiones, cuando se supone que agotó ya esa aportación, durante su vida de trabajo. Ciertamente, no existe razón jurídica ni práctica, para que las personas jubiladas y pensionadas continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión para el fondo de pensiones, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación; es decir, ya tienen la calidad de jubilados o pensionados y están legalmente facultados para la obtención de la prestación consignada en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tanto, la referida constitución, prevé la jubilación como derecho mínimo de la seguridad social. Luego, dado que los jubilados y pensionados se ubican en una situación legal diferente frente a los trabajadores en activo, porque las cuotas que durante su vida laboralmente activa aporta el trabajador, tienen como objetivo que, una vez satisfechos los requisitos legales, pueda disfrutar de una pensión o renta para su subsistencia, una vez terminada en forma definitiva la relación laboral, por lo que al ubicarse en alguna de las hipótesis legales para obtener una pensión, no puede equiparar esa situación jurídica, frente a quienes aún se encuentran en el período en el que legalmente están aportando las cuotas que les corresponden para en un futuro, acceder a ese derecho, y no hay razón para que los jubilados y pensionados continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión al fondo relativo, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación; es decir, ya tienen la calidad de jubilados o pensionados y están legalmente facultados para la obtención de esa prestación. Así, el derecho a la igualdad general y a la no discriminación, previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que las autoridades no traten diferente a individuos en una misma situación jurídica, y proscriben cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión u otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. [.]" Por ende, basta que exista jurisprudencia que declara la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, para justificar el sentido de esta sentencia, pues el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito, dijo que dichos preceptos desatienden los postulados que derivan de los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social y que violan el derecho humano a la igualdad jurídica y social, contenidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (al equiparar en las mismas condiciones a trabajadores activos, de jubilados y pensionados); y esa conclusión debe prevalecer en este fallo, por su carácter obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia referida, se impone conceder a Enrique Reséndiz Carranza el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra, únicamente contra el descuento realizado a su pensión por jubilación en junio de dos mil veintiuno y subsecuentes, con motivo de la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales, pues en la demanda de amparo el inconforme también señaló como actos reclamados los descuentos subsecuentes al realizado con anterioridad a su presentación; por lo que, en ese sentido, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes SÉPTIMO.- EFECTOS. La concesión otorgada es para los efectos siguientes: AUTORIDAD EFECTOS 1.- El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. 2.- El consejo directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. *Reintegre al aquí quejoso la cantidad que le fue indebidamente descontada en el mes de junio de dos mil veintiuno, así como los descuentos subsecuentes hasta que se cumplimente este fallo. *No realice los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicitó el amparo. La anterior no significa que la circunstancia de otorgar la protección constitucional contra descuentos subsecuentes implique la inaplicación futura de normas generales en la esfera jurídica del inconforme, pues la concesión del amparo comprende exclusivamente a los actos subsecuentes respecto del mismo monto pensionario que motivó la concesión del amparo; ello se traduce en que las normas que fundaron los actos reclamados pueden ser válidamente aplicadas en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo en otras actuaciones que no hayan formado parte de la litis constitucional. La decisión adoptada tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 139/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Enrique Reséndiz Carranza, en contra del acto reclamado al Director General y Consejo directivo ambos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, consistente en el ulterior acto de aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que se traduce en el descuento realizado en el mes de junio de dos mil veintiuno y los descuentos posteriores que se realicen al inconforme en aplicación de tales preceptos. El amparo se concede para los efectos precisados en el último apartado de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados de cuenta; con su contenido, dése vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la responsable, la documental que exhibe junto con su informe. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de las autoridades responsables el que indican y como sus delegados a las personas que mencionan. Notifíquese.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelve el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 632/2021 promovido por **** en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES El veintiocho de enero de dos mil doce, se publicó en el periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el Decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca y en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio se estableció textualmente lo siguiente: "Artículo 6.- El Fondo de Pensiones se constituirá con: [.] III. Las cuotas de los jubilados, equivalentes al 9% de su pensión. [.]". "Artículo 18.- [.] Por lo que respecta a los jubilados y pensionados, la Oficina de Pensiones descontará del monto de sus respectivas pensiones, las cuotas a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6 de esta Ley. Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca hará su entrega quincenal a la Oficina de Pensiones del total de aportaciones a que se refiere el artículo 6 correspondiente a trabajadores, jubilados y pensionados". "OCTAVO. A partir de que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de esta Ley adquieran el carácter de Jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de esta Ley, debiéndose encargar de hacer los descuentos respectivos al momento de cubrirles sus numerales. Por lo que respecta a las aportaciones del 18.5% que el Gobierno del Estado se obliga a realizar al Fondo de Pensiones, estas las enterará con apego a lo señalado en el artículo 18 de esta Ley." Posteriormente, mediante oficio OP/DG/1622/2020 de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se autorizó en su beneficio del quejoso, una pensión por jubilación desde la data indicada y que el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca derivado de su nuevo status de pensionado dispuso que el inconforme deberá aportar al Fondo de Pensiones el nueve por ciento de lo que perciba por esa prestación económica. Lo anterior, se corrobora con el recibo de pago de treinta y uno de junio del año en curso, se aplicó al aquí quejoso, un descuento por la cantidad de $1,436.04 (mil cuatrocientos treinta y seis pesos, cuatro centavos, moneada nacional relativo al 9% por concepto de cuota al Fondo de Pensiones que prevén, precisamente, los artículos recién transcritos. II. TRÁMITE El tres de junio de dos mil veintiuno, *** presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. El quejoso señaló como autoridades ordenadoras: al Director General y Consejo Directivo ambos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y como acto reclamado: El segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, acto contenido en el comprobante de pago de mi pensión de jubilación del mes de junio de 2021, Los subsecuentes e inminentes descuentos que se me pretendan aplicar cada mes por el mismo concepto a partir de julio de 2021 en adelante, mientras conserve el derecho a recibir mi pensión de jubilación. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el progresivo 632/2021 y fue admitida el cuatro siguiente. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir sus informes previos, las autoridades responsables procedieron como sigue: AUTORIDAD SENTIDO DEL INFORME PREVIO DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE OAXACA CONVINO EN LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS APODERADO GENERAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OFICINA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE OAXACA CONVINO EN LA EXISTENCIA LOS ACTOS RECLAMADOS En ese sentido, procede analizar la procedencia de la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que al quejoso no se le aplique el descuento de nueve por ciento sobre el pago de su pensión por jubilación, por concepto de cuota al Fondo de Pensiones, ni se le suspenda el pago de dicha pensión. V. ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Sentado lo anterior, el suscrito advierte la necesidad de reiterar la decisión tomada en el acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, donde se concedió la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para determinar lo mismo, pero ahora de forma definitiva. En principio, cabe destacar que ha sido criterio reiterado que el objeto de la suspensión es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión, a saber, que lo solicite ésta, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al agraviado, debiendo el juez de distrito dictar las providencias necesarias para que no se defrauden derechos de terceros y para evitar perjuicios a los interesados. También, debe considerarse que se ha sostenido que el juzgador de amparo, al pronunciarse respecto de la suspensión debe realizar un examen cuidadoso y detallado de las circunstancias específicas del caso concreto y de la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios, la posible afectación que pueda sufrir el interés social y las disposiciones de orden público con su otorgamiento. Lo anterior, para evitar que la ejecución del acto reclamado torne a éste irreparablemente consumado, destruyendo así la materia del amparo, o bien, produzca consecuencias de tan difícil reparación, que se torne nugatoria la acción consagrada constitucional para el respeto de los derechos humanos afectados por actos de autoridad al volverse imposible restituir al afectado en el goce de los mismos, pero ello únicamente cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En efecto, conforme a la actual redacción del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión sólo podrá otorgarse en los casos y condiciones que determine la ley de la materia, pero realizando un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, entendiéndose por lo primero un análisis superficial que consiste en asomarse al fondo del asunto, para advertir si se pone de manifiesto que la pretensión constitucional es notoriamente fundada o infundada, a fin de determinar de manera superficial que de no concederse la suspensión puede causarse un perjuicio irreparable o bien dejar sin materia el juicio de amparo y por lo segundo el interés de la sociedad en que se respeten sus derechos colectivos y se obedezcan las normas de orden público. Por tanto, ya que se encuentran reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión definitiva, es decir que la solicite la parte agraviada; no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños que se pudieren causar a la quejosa con la ejecución del acto reclamado. De las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo que tienen valor probatorio pleno, conforme a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, se deduce que mediante el dictamen que se alude en el oficio OP/DG/1622/2020 de dieciséis de diciembre de dos mil veinte se autorizó en su beneficio, una pensión por jubilación desde la data indicada y que el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca derivado de su nuevo status de pensionado dispuso que el inconforme deberá aportar al Fondo de Pensiones el nueve por ciento de lo que perciba por esa prestación económica, lo que se materializó en el pago de junio del año en curso; por tanto, se concede la suspensión definitiva que el quejoso solicita para el efecto de que la autoridad responsable dependiente de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca se abstenga de llevar a cabo descuento alguno en la pensión que el inconforme percibe periódicamente por concepto de cuota al Fondo de Pensiones; asimismo, para que no se suspenda al pago de la pensión por jubilación bajo ninguna circunstancia. Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII Constitucional reformado, en relación con los numerales 206 de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia a este mandato será sancionado penalmente. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a la responsable la ejecutoria de amparo que se llegue a dictar en el juicio principal de donde emana este incidente de suspensión. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a *********, por las razones expresadas en el apartado V de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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