Enrique Morales García
Expediente 830/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Enrique Morales García
- Magistrados integrantes de la Primera Sala Familiar Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta para los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito del testimonio de la ejecutoria de once de los corrientes dictada en el toca del recurso de revisión 194/2021, así como de los autos originales del juicio de amparo 830/2020 de la estadística de este Juzgado Federal y de tres tomos de pruebas. En consecuencia, glósense al expediente del juicio de amparo devuelto las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío de aquél. Ahora bien, del contenido de la ejecutoria de amparo se advierte que la Superioridad confirmó la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, en donde se sobreseyó en este juicio constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los normativos 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el fallo de once de noviembre del año en curso, que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito dictó en el toca del recurso de revisión 194/2021 causó ejecutoria por ministerio de ley. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo y el Tribunal de alzada confirmó esa resolución, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención de los dos tomos de pruebas formados con el original del toca familiar 68/2020, así como con las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 343/2010 de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, en esta entidad federativa, que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca remitió en apoyo de su informe justificado y del diverso tomo conformado con las constancias que la parte quejosa anexó a su demanda, devuélvanse esos instrumentos mediante el oficio que al efecto se elabore y personalmente al justiciable al momento de realizar la notificación de esta determinación; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar el presente proveído se cerciore que las personas con quien entienda las diligencias respectivas asienten con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo y en el acta que se levante al respecto. Notifíquese; personalmente al quejoso al que deberá devolverse el tomo de pruebas señalado en esta determinación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese la comunicación señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el auto del tres de junio pasado, que el Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional dictó en el toca 194/2021, en el que proveyó lo siguiente: a) Acusa recibo de los originales del juicio de amparo de donde deriva este cuaderno, y del escrito donde se interpone el recurso de revisión y se expresan los agravios, así como un ejemplar de ese ocurso y tres tomos de pruebas. b) Admitió a trámite ese medio de impugnación que José Alfredo Echeverría Aquino, en su carácter de autorizado del justiciable en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia interpuso en contra del fallo de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio constitucional de donde emana este expediente. c) Solicita que se realice la vinculación del expediente electrónico relativo al medio extraordinario de defensa de donde deriva este cuaderno al diverso correspondiente al toca del recurso de revisión 194/2021. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones anteriores. Por otro lado, en atención a lo solicitado, se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente adscrita a este órgano jurisdiccional que de forma inmediata realice la vinculación del expediente electrónico del juicio constitucional de donde deriva este cuaderno con el diverso relativo al toca del recurso de revisión 194/2021 de la estadística del referido Tribunal Colegiado de Circuito de manera indefinida hasta en tanto resuelva el citado mecanismo de impugnación. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese un ejemplar del ocurso señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que José Alfredo Echeverría Aquino, en su carácter de autorizado del justiciable en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo distribúyase entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en el que se integre debidamente el expediente, remítanse el original de ese ocurso y un ejemplar de dicho libelo, así como los autos originales de este juicio constitucional y tres tomos de pruebas al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con sede en esta localidad, para la substanciación de ese mecanismo de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del presente asunto. Notifíquese personalmente.
- Principal
".S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 830/2020 promovido por Enrique Morales García, en contra de la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca dictó en el recurso de queja tramitado bajo el toca familiar 68/2020, en donde declaró improcedente ese medio de impugnación. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio del inconforme los derechos fundamentales de debido proceso, de legalidad, de seguridad jurídica y de tutela jurisdiccional efectiva reconocidos por los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. Mediante el escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Enrique Morales García interpuso el recurso de queja por denegación de justicia en el juicio sucesorio intestamentario 343/2010 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. 2. El referido ocurso se turnó a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, cuyo Magistrado Presidente en el auto de siete de febrero de dos mil veinte, admitió ese medio de impugnación registrándolo bajo el toca 68/2020 y dispuso que se corriera traslado con el libelo de queja a la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, para que rindiera su informe justificado. 3. El cinco de agosto del año próximo pasado, la Juez primigenia rindió su informe con justificación, el cual se recibió en el proveído de diecinueve de agosto siguiente y se citó a las partes para oír resolución. 4. El once de noviembre de dos mil veinte, la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca dictó la resolución respectiva, en donde declaró improcedente el recurso de queja que Enrique Morales García interpuso en contra de los actos del órgano jurisdiccional de primer grado emitidos en el juicio sucesorio intestamentario señalado. 5. En consideración del titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 6. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veinte, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Enrique Morales García promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. 7. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. 8. Por acuerdo de once de diciembre del año próximo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró con el progresivo 830/2020 y previno al justiciable para que manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado. 9. A través del ocurso presentado el diecisiete de diciembre siguiente, el quejoso atendió la citada prevención; en razón de lo anterior, en el proveído de doce de enero de dos mil veintiuno , este Juzgado Federal tuvo por atendido el requerimiento formulado; admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 10. En el auto de once de febrero de dos mil veintiuno, se reconoció la calidad de tercero interesada a la sucesión intestamentaria a bienes del finado Severiano García Pérez, por lo que dispuso su emplazamiento a este medio extraordinario de defensa. 11. La audiencia constitucional se llevó a cabo el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 12. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 13. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 14. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 15. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: De la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca combate: ? La resolución de once de noviembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja tramitado bajo el toca familiar 68/2020. V. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO 16. Es cierto el acto reprochado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja tramitado bajo el toca familiar 68/2020, porque así lo reconoció en su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la actuación que fue atribuida a ese ente público. 17. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 18. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias originales del toca familiar 68/2020, que la responsable aportó en el presente sumario, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que en dichas actuaciones se encuentra glosada la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en el referido medio de impugnación, por lo que esa situación conduce a establecer la existencia de la actuación combatida. 19. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA 20. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 21. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 22. En el caso, de oficio se advierte que en relación con el acto reclamado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja tramitado bajo el toca familiar 68/2020, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esa actuación no puede catalogarse como de imposible reparación. 23. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los preceptos citados, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" 24. El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. 25. Al respecto, es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. 26. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 27. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de ese precepto estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. 28. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. 29. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." 30. Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. 31. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 31.1. La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 31.2. La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. 32. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País , que expone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." 33. También fortalece lo expuesto en cuanto a la catalogación de los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." 34. En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. 35. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. 36. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva o de la resolución que ponga fin al proceso para poder combatir en la vía directa las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final. 37. En otro punto, se tiene presente que el origen de la impugnación de donde emana el acto reclamado es un juicio sucesorio intestamentario; en ese sentido, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 758, 759, 760, 761 y 762 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 758. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho." "Artículo 759. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derechos a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albaceas e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores; V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos." "Artículo 760. La sección segunda se llamará de inventarios y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que forme el albacea; III. Los incidentes que se promuevan, y IV. La resolución sobre el inventario y avalúo." "Artículo 761. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; II. Las cuentas, su glosa y calificación; III. La comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal." "Artículo 762. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la aplicación de los bienes." 38. De los segmentos normativos insertos se obtiene que en todo juicio sucesorio se formaran cuatro secciones denominadas: a) sucesión, b) inventarios, c) administración y d) partición. 39. Ahora, de acuerdo con las constancias remitidas por el Tribunal responsable en apoyo de su informe justificado se advierte que en el auto de cuatro de marzo de dos mil trece, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 343/2010, la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, aperturó la segunda sección de ese juicio, es decir, la de inventarios. 40. Por otro lado, se tiene en cuenta que el Alto Tribunal del País ha establecido que cada una de las secciones del juicio sucesorio tiene un objeto especial y se resuelve por separado, por lo que no hay una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento; también ha señalado que la sentencia de adjudicación tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo. 41. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SUCESIONES. SOLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." 42. En otro aspecto, dado que el recurso de queja de donde derivó la resolución atacada se hizo valer en contra de diversas determinaciones dictadas en el incidente de remoción de albacea planteado en el juicio sucesorio intestamentario 343/2010 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, es necesario exponer algunas consideraciones respecto de la naturaleza jurídica de un incidente a fin de clarificar el estudio de la causal de improcedencia invocada. 43. En ese sentido, de acuerdo con la teoría procesal el procedimiento de un incidente resulta ser similar al de un proceso. 44. El proceso que con frecuencia es confundido con los vocablos juicio, litigio o procedimiento es el conjunto de actos jurídicos realizados por las partes, los terceros, los auxiliares de justicia y el Juzgador con motivo del ejercicio de la acción, cuyo fin es la sentencia. 45. Por su parte, con la expresión incidente se designan a los procedimientos que se siguen dentro de un proceso para resolver una cuestión accesoria al litigio principal, a través de una resolución que generalmente se le denomina interlocutoria. 46. De ahí que las instituciones juicio e incidente coinciden en que previo a un procedimiento deben decidir una cuestión planteada; por tanto, generalmente sus respectivos procedimientos igualmente coinciden con los aspectos siguientes: 46.1. Se inician con un escrito (demanda y demanda incidental respectivamente). 46.2. Se otorga el derecho de formular contestación a la contraparte. 46.3. Se admite la etapa probatoria y de alegatos. 46.4. Culmina con una resolución (sentencia e interlocutoria, según sea el caso). 46.5. Admite la procedencia de recursos ordinarios (En cierto tipo de asuntos). 46.6. Existen plazos para hacer valer los derechos procesales. 47. Luego, si el procedimiento de un proceso como el de un incidente, en su generalidad son similares, entonces la oportunidad para reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y otro debe ser la misma, es decir, en el momento en el que se combate la resolución respectiva que pone fin el proceso o al incidente (sentencia definitiva o laudo o resolución interlocutoria) a través del juicio de amparo, salvo que se esté frente a un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo dispuesto por el normativo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. 48. En el caso, el solicitante del amparo reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja tramitado bajo el toca familiar 68/2020. 49. Es necesario señalar que en esa resolución el Tribunal responsable declaró improcedente dicho medio de impugnación, por dos razones: a) sostuvo que respecto de las determinaciones de quince de enero -en donde se declaró fundado un recurso de revocación que el albacea del juicio sucesorio intestamentario de origen interpuso y se revocó el acuerdo en donde se había señalado una hora y fecha para que se verificara una junta de herederos en la que se nombraría un diverso albacea-, de veintiséis de julio -en el que se requirió al disidente (como heredero y albacea de una diversa sucesión heredera del juicio sucesorio intestamentario de origen) para que proporcionara el domicilio del albacea en donde se notificaría el incidente de remoción de su cargo- y de doce de septiembre -en donde se reiteró al quejoso que debía suministrar el domicilio del albacea en donde se notificaría la citada incidencia-, todos de dos mil diecinueve, el inconforme estuvo en la posibilidad de combatirlos a través del recurso idóneo, sin que lo haya hecho, por lo que quedaron firmes; y, b) señaló que en cuanto al auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en donde se tuvo al disidente por cumplida la prevención al proporcionar el domicilio requerido, se admitió a trámite el incidente de remoción de albacea y se ordenó correr a este último el traslado correspondiente no existía denegación de justicia, porque a su promoción respectiva recayó el citado acuerdo. 50. Lo anterior evidencia que la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, que la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca dictó en el recurso de queja tramitado bajo el toca familiar 68/2020, en donde declaró improcedente ese medio de impugnación no constituye un acto de imposible reparación en la medida en la que no produce una afectación material a derechos sustantivos, aun cuando la parte quejosa alega una transgresión en su perjuicio de los derechos fundamentales de debido proceso, de legalidad, de seguridad jurídica y de tutela jurisdiccional efectiva reconocidos por los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. 51. En efecto, la resolución atacada es un acto intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que la determinación de la autoridad judicial responsable eventualmente entrañaría una vulneración a derechos adjetivos que tendría efectos formales, los cuales se podrían actualizar hasta el dictado de la interlocutoria respectiva y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la decisión final correspondiente y afectó las defensas del peticionario del amparo. 52. Es así, porque por regla general cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los normativos 14, 16 y 17 de la Carta Magna -como en la especie sucede-, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable dentro del procedimiento incidental, sino como una violación de carácter adjetiva, ya que no se trata de una afectación autónoma o independiente, sino que se da dentro del procedimiento en el que el inconforme es parte en sentido formal, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción previsto por el arábigo 107, fracción V, de la ley de la materia para acudir de manera inmediata al juicio de amparo en la vía indirecta. 53. Lo anterior adquiere mayor relieve si se tiene presente que el incidente de remoción de albacea que el justiciable planteó en el juicio sucesorio intestamentario 343/2010 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, no se desechó, sino que se admitió; por tanto, es necesario que se substancie el procedimiento y se dicte la interlocutoria respectiva para advertir si la decisión del órgano jurisdiccional responsable afectará la defensa del quejoso y trascenderá al resultado de esa resolución incidental. 54. En ese contexto, la decisión de la autoridad judicial responsable no produce una afectación material a algún derecho sustantivo del quejoso, dado que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan a éste su acceso a la jurisdicción ni veda al solicitante del amparo la posibilidad de que en el procedimiento incidental ejerza su derecho de defensa y tampoco que pueda probar sus pretensiones y formular sus alegatos, ya que no debe perderse de vista que el procedimiento incidental seguirá substanciándose hasta que se dicte la interlocutoria correspondiente y si esta resolución es adversa a los intereses del quejoso, entonces podrá controvertir la decisión de la responsable como una violación procesal, siempre que la actuación combatida afecte su defensa y los aspectos alegatos trasciendan al resultado de esa interlocutoria. 55. En esa línea, lo decidido por el Tribunal responsable eventualmente entrañaría una transgresión a diversos derechos adjetivos que tiene efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la resolución final en el incidente de remoción de albacea que el agraviado planteó en el juicio sucesorio intestamentario 343/2010 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la decisión correspondiente y afectó las defensas de la solicitante de la tutela constitucional. 56. Por tanto, si el acto combatido no afecta materialmente algún derecho sustantivo del peticionario del amparo tutelado por la Constitución Federal o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es inconcuso que no se actualiza el supuesto previsto por el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo para que pueda ser considerado como un actuación que produce efectos de imposible reparación; de ahí que este medio extraordinario de defensa sea improcedente en cuanto a ese acto. VII. DECISIÓN 57. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último numeral interpretado en sentido contrario, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto que el justiciable reclamó a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja tramitado bajo el toca familiar 68/2020. 58. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 59. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 60. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 61. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Enrique Morales García en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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