Enrique Raúl Herrera Prieto

Expediente 1225/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1225/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
07/10/2016

Partes del expediente

  • Enrique Raúl Herrera Prieto
  • Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo del Juez Penal de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual, atento a lo requerido en fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, devuelve sin diligenciar el despacho 496/2016 deducido del presente asunto, toda vez que el aquí quejoso no vive en el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones personales. Atento a lo anterior, dese de baja el despacho 496/2016 del índice de este juzgado en el libro de gobierno. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo abrogada, se ordena notificar por lista de acuerdos a la parte quejosa la resolución incidental de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, así como el presente proveído y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal. LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LO CONDUCENTE DICE: "AUDIENCIA INCIDENTAL En San Andrés Cholula, Puebla, a las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1225/2016-II-D (fojas 16 y 17), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Maribel Pereda Corvera, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO (fojas 1 a 5), auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (suspensión provisional, con fojas 6 a 10) y proveído de fecha veintinueve de agosto del año en curso (fojas 16 y 17). A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, con apoyo en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se admite y se tiene por desahogada con base en su naturaleza la prueba documental ofrecida por la autoridad 2. Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, la Jueza acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1225/2016-II-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual después de diferirse, sus dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. SEGUNDO. Mediante auto de fecha veintinueve de agosto del actual, se reservó la celebración de la audiencia incidental, por cuanto hace a las autoridades responsables. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: La orden de reaprehensión girada en contra del quejoso dentro del proceso penal 127/2014 del índice del Juzgado Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, misma que se instruye por el delito de lesiones y daño en propiedad ajena dolosos, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 305, 306, fracción I, 311, 323, 326, fracción II, 414 fracción III en relación con los artículos 13 y 21 fracción I todos del Código Penal para el Estado de Puebla, el primero en agravio de Noé Oswaldo Palma Mendoza, y el segundo en agravio de Alán de Jesús Palma Mendoza, así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo Foja 1 Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla. Negó 34 La autoridad responsable señalada, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a la mencionada autoridad responsable lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a la referida autoridad responsable, no puede existir daño o perjuicio de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo y fracción antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a la citada autoridad responsable. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. CUARTO. Por su parte, la autoridad responsable 2. Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, al rendir su respectivo informe previo aceptó la existencia del acto reclamado (foja 23), esto es, que el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis libró orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 127/2014 de su índice, misma que se instruye por el delito de lesiones y daño en propiedad ajena dolosos, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 305, 306, fracción I, 311, 323, 326, fracción II, 414 fracción III en relación con los artículos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, el primero en agravio de Noé Oswaldo Palma Mendoza, y el segundo en agravio de Alán de Jesús Palma Mendoza. En el mismo sentido debe considerarse respecto de las autoridades ejecutoras 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 4. Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Huejotzingo, no obstante que hayan negado el acto reclamado que se les atribuye (fojas 15, 39 y 40), pues su existencia ha sido aceptada por la autoridad ordenadora indicada en el párrafo precedente, toda vez que dichas autoridades en su calidad de ejecutoras se encuentran en posibilidad de ejecutar la orden reclamada, se les debe tener por cierto el acto a ellas imputado, sólo para el efecto de la suspensión. Ahora bien, toda vez que dicho delito no se encuentra catalogado como grave en términos de lo dispuesto por el numeral 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla vigente en el año dos mil catorce, se provee sobre la suspensión definitiva en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 124, fracciones I, II y III; 136, párrafos primero, cuarto y quinto y 138 de la Ley de la materia abrogada, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad a la parte quejosa, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, esto hasta que se encuentre firme la sentencia que se pronuncie en los autos del juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. La suspensión que se otorga dejará de surtir sus efectos si en el término de cinco días contados a partir de la notificación de esta resolución, el quejoso no exhibe una garantía por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos, cero centavos moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera), debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta. En efecto, la parte quejosa podrá exhibir la garantía solicitada en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera) pero de exhibirla en billete de depósito o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: En caso de exhibir billete de depósito: a) En el apartado autoridad asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión definitiva concedida a ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO en el incidente de suspensión 1225/2016-II-D. En caso de exhibir póliza de fianza: a) Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO en el incidente de suspensión 1225/2016-II-D; y, c) Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo. Se previene a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 138, párrafo segundo del ordenamiento legal en cita abrogado, comparezca ante el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, dentro del plazo de tres días a rendir su declaración preparatoria o para la continuación del proceso, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su presentación. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del erario Federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar la orden de captura reclamada e internar a la parte quejosa en el reclusorio correspondiente. Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 136 del citado cuerpo de leyes, se dicta como medida de aseguramiento de la parte quejosa a efecto de que pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de no concederse el amparo, que comparezca a firmar en el libro de procesados que gozan del beneficio de la libertad provisional bajo caución en el Juzgado Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, los días viernes de cada semana, desde que se notifique esta resolución y hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal. Signifíquese al juez penal responsable que deberá informar el incumplimiento de la parte quejosa de la medida antes referida. De igual modo, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo establecido anteriormente, la suspensión dejará de surtir efectos dejando a las autoridades en aptitud de cumplir la orden de captura reclamada y se hará efectiva la garantía que, en su caso, exhiba. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de captura reclamada es dictada por autoridad judicial del orden común o Federal distinta a la aquí señalada o si se sorprende a la parte quejosa en la comisión flagrante de delito. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en Huejotzingo, Puebla; en términos de los artículos 30, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Notifique esta resolución al quejoso en el domicilio ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número trescientos cincuenta, Tercer Barrio de Huejotzingo, Puebla. De conformidad con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de Amparo abrogada, en obvio de dilaciones procesales, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se enteran de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se les faculta para constituirse en el lugar que se les informe y lo efectúen sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. En la inteligencia, que la notificación que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 30 fracción I, de la Ley de Amparo abrogada. En el entendido, que la parte quejosa deberá identificarse con documental idónea, de la cual, se recabará copia simple para agregarse a esta última o, en su caso, justificar la imposibilidad para hacerlo. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO, respecto de la autoridad y por los motivos que quedaron precisados en el considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO, respecto de las autoridades y por los motivos que quedaron precisados en el considerando cuarto de esta interlocutoria".

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos los oficios y anexos provenientes del Juzgado Penal de Huejotzingo, Puebla, por medio de los cuales, atento a lo requerido en fecha veinticuatro de agosto y dos de septiembre de dos mil dieciséis, devuelve sin diligenciar los despachos 468/2016 y 479/2016 deducidos del presente asunto, toda vez que el aquí quejoso no vive en el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones personales. Atento a lo anterior, dense de baja los despachos 468/2016 y 479/2016 del índice de este juzgado en el libro de gobierno. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en proveído de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo vigente, se ordena notificar a la parte quejosa lo actuado el veinticuatro de agosto, dos y ocho de septiembre de dos mil dieciséis, así como el presente proveído y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por lista de acuerdos. Ahora bien, toda vez que en el despacho 468/2016 se ordenó notificar al quejoso lo actuado el veinticuatro de agosto pasado en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo; con lo anterior, dese cuenta en dicha incidencia. EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1225/2016-II-D. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías presentada por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO, contra actos de las siguientes autoridades responsables: No. Orden Autoridad responsable 1 Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. 2 Juez Municipal en Materia Penal y Civil del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. 3 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su denominación correcta). 4 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Huejotzingo (en su denominación correcta). Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá por separado una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (01222) 3037276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a las autoridades que, en su caso, convengan en la existencia el acto reclamado, precisen si las constancias que remitan como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". No ha lugar a remitirle copia de la demanda de amparo, pues la misma se remitirá al momento de requerir el informe previo, de conformidad con el artículo 116 del multicitado ordenamiento legal. En otro sentido, se solicita a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. En la inteligencia, que deberán de rendir su respectivo informe justificado en forma separada del previo, haciendo referencia al número de oficio que contestan, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y, 251 de la Ley de Amparo. Se señala al Juez responsable que en caso que se reclame una orden de aprehensión, una vez que dicte resolución de término constitucional deberá notificarlo a este Juzgado de Distrito, y si se reclama dicha determinación, una vez que cierre la instrucción deberá suspender el correspondiente procedimiento penal hasta que sea notificado de la resolución que recaiga en este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII segundo párrafo de la Ley de Amparo. Se señalan las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en Huejotzingo, Puebla; en términos de los artículos 27, fracción III, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Notifique este auto al quejoso en el domicilio ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número trescientos cincuenta, Tercer Barrio de Huejotzingo, Puebla. Asimismo, le notifique el auto dictado en esta propia fecha dentro del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Lo requiera en el acto de la diligencia o le haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal con sede en San Andrés Cholula, Puebla, con domicilio indicado en párrafos precedentes, y señale domicilio donde reciba sus notificaciones en la ciudad de Puebla o en San Andrés Cholula, Puebla. Apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se enteran de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se les faculta para constituirse en el lugar que se les informe y lo efectúen sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. En la inteligencia, que la notificación que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido, que la parte quejosa deberá identificarse con documental idónea, de la cual, se recabará copia simple para agregarse a esta última o, en su caso, justificar la imposibilidad para hacerlo. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Zacatelco Tapia, Amando Maurilio Rodríguez Espinoza y Edgar Flores Rojas, por no haber acreditado tener sus cédulas profesionales registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se aprecia de la certificación de cuenta. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial." EL AUTO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LO CONDUCENTE DICE:"San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito del quejoso Enrique Raúl Herrera Prieto, mediante el cual, se desiste del presente juicio de garantías; por lo tanto, dada la naturaleza del desistimiento en cuestión, de las consecuencias que el mismo acarrea, y en razón de que éste contraviene los intereses que pueda tener la parte quejosa, se provee lo siguiente: Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en Huejotzingo, Puebla; en términos de los artículos 27, fracción III, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Notifique este auto al quejoso en el domicilio ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número trescientos cincuenta, Tercer Barrio de Huejotzingo, Puebla. b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, requiera al quejoso para que ratifique el escrito con número de registro 26180 (debiendo mostrarle el mismo en el acto de la diligencia); con el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará con el procedimiento. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se detallan: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se enteran de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se les faculta para constituirse en el lugar que se les informe y lo efectúen sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. En la inteligencia, que la notificación que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido, que la parte quejosa deberá identificarse con documental idónea, de la cual, se recabará copia simple para agregarse a esta última o, en su caso, justificar la imposibilidad para hacerlo. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación". EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos del presente juicio de garantías y el acta de comparecencia llevada a cabo con el quejoso Enrique Raúl Herrera Prieto, mediante la cual ratifica el contenido y firma del escrito con folio 26180, en el que se desiste expresamente de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Por tanto, se deja sin efectos el día y hora que se tiene señalados para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las catorce horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil dieciséis. Tienen aplicación a lo anterior, las siguientes tesis: DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando el quejoso se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo. SOBRESEIMIENTO, POR DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO. Si el quejoso en un juicio de amparo se desiste expresamente de él, ratificando legalmente el escrito correspondiente, procede sobreseer en el juicio uniinstancial de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en Huejotzingo, Puebla; en términos de los artículos 27, fracción III, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Notifique este auto al quejoso en el domicilio ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número trescientos cincuenta, Tercer Barrio de Huejotzingo, Puebla. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se enteran de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se les faculta para constituirse en el lugar que se les informe y lo efectúen sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. En la inteligencia, que la notificación que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido, que la parte quejosa deberá identificarse con documental idónea, de la cual, se recabará copia simple para agregarse a esta última o, en su caso, justificar la imposibilidad para hacerlo. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, requiérase al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, remita a este órgano jurisdiccional el despacho 468/2016 librado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se hará efectiva la multa con la cual se le conminó el veinticuatro de agosto pasado".

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de esta misma fecha en el juicio de amparo 1225/2016-II-D del que deriva este incidente, se ordenó que las notificaciones que recaigan a la parte tercero quejosa, aún las de carácter personal, se le realizarán por lista de acuerdos. En consecuencia, se ordena notificar por lista al quejoso lo actuado el veinticuatro de agosto y nueve de septiembre de dos mil dieciséis, así como el presente proveído. EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1225/2016-II-D, promovido por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO, contra actos de las siguientes autoridades responsables: No. OrdenAutoridad responsable1 Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla.2 Juez Municipal en Materia Penal y Civil del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. 3 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (en su denominación correcta). 4 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Huejotzingo (en su denominación correcta). En principio, resulta necesario establecer que para la tramitación del presente incidente de suspensión, en lo que se refiere a sus efectos formales y procesales se aplicará la Ley de Amparo abrogada, habida cuenta que las autoridades responsables ordenadoras señaladas aplican el sistema penal tradicional. Cobra aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA. De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada (no así en la vigente), en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar, pues ésta debe entenderse como una institución unitaria; sin que sea válido establecer que la "parte general" será regulada por la nueva Ley de Amparo, y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la abrogada, ya que la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes. Lo anterior, en aras de garantizarles un principio de seguridad jurídica, derivado de la existencia de sendas diferencias entre los sistemas de enjuiciamiento mixto y acusatorio que actualmente coexisten. Contradicción de tesis 75/2014. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 130, 131, 132 y 136 de la Ley de Amparo abrogada, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, para lo cual se les envía copia simple de la demanda de amparo. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo, se les impondrá una corrección disciplinaria de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 132, párrafo tercero de la Ley de Amparo abrogada y 55, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (01222) 3037276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS para que se lleve a cabo el desahogo de la AUDIENCIA INCIDENTAL. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión girada en su contra, y su ejecución. Por lo que, se provee sobre la suspensión provisional en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 124, fracciones I, II y III; 136, párrafos primero, cuarto y quinto y 138 de la Ley de la materia abrogada, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad a la parte quejosa, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, esto hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que si el delito atribuido a la parte peticionaria del amparo por el que se le dictó la resolución combatida, se refiere a algún ilícito de los que conforme a la ley no se permita el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el único y exclusivo efecto de que la parte quejosa al ser aprehendida quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere precisamente en el lugar en que deba ser recluida, y a disposición de la autoridad responsable que corresponda para la inmediata continuación del procedimiento penal respectivo, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada. La suspensión que se otorga dejará de surtir sus efectos si en el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, el quejoso no exhibe una garantía por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos, cero centavos moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera), debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta. No pasa inadvertido que el artículo 124 bis de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías abrogada prevé como requisito de efectividad de la suspensión, que se exija a la parte quejosa la exhibición de una garantía, la que deberá fijarse tomando en consideración: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa; y, II. La situación económica de la parte quejosa y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además de que al concederse la suspensión contra actos que afectan la libertad personal, deben tomarse las medidas necesarias en términos de los artículos 124 bis y 138 de la Ley de Amparo abrogada, a fin de que la parte quejosa, con motivo de la suspensión otorgada no evada la acción de la justicia, por lo que la garantía fijada para que continúe surtiendo sus efectos la medida cautelar concedida es asequible, esto es, está al alcance de cualquier persona, pero a la vez es elevada para asegurar que la parte inconforme no se sustraiga a la acción de la justicia; aunado a que la parte promovente en su demanda de garantías no proporciona datos exactos respecto al delito o delitos que se le atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos la parte inculpada no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se le aprehende. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada hasta en tanto las autoridades responsables de la causa en su caso, informen respecto al delito que se atribuye a quien solicita el amparo, ya que existe peligro de que se ejecute la orden de aprehensión con notorios perjuicios para la parte quejosa, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, constitucional y 124, fracción III de la Ley de Amparo abrogada, el objeto de la suspensión es, precisamente, evitar que se causen tales perjuicios. Así, para el otorgamiento de la suspensión provisional que aquí se decreta, se toman en cuenta únicamente la naturaleza de la violación, el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el particular con la ejecución del acto, por lo que lo dispuesto en el artículo 124 bis de la Ley de Amparo abrogada, antes reseñado, se considerará al resolver lo procedente sobre la suspensión definitiva, para tal efecto, con fundamento en dicho precepto: a) Se requiere a los jueces penales responsables para que, en el término de veinticuatro horas que se les otorgó para rendir su informe previo, manifiesten de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que haya ordenado la aprehensión de la parte quejosa y, de ser necesario, remitan copia certificada de las constancias conducentes, asimismo, para que manifiesten el origen del acto reclamado, y si éste se dictó para el cumplimiento de una sentencia firme en el ámbito penal. b) Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 138, párrafo segundo del ordenamiento legal en cita abrogado, comparezca ante el juez de la causa dentro del plazo de tres días a rendir su declaración preparatoria o para la continuación del proceso, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su presentación. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del erario federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar la orden de captura reclamada e internar a la parte quejosa en el reclusorio correspondiente. Signifíquese a la parte quejosa que la obligación descrita en el párrafo precedente será exigible hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. c) Se requiere a los jueces penales responsables para que a más tardar en la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, informen del cumplimiento dado a lo señalado en el inciso anterior. Así mismo, se sirvan informar si a la parte quejosa ya se le resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo contra el mismo acto reclamado. d) Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 136 del citado cuerpo de leyes, se dicta como medida de aseguramiento de la parte quejosa a efecto de que pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de no concederse el amparo, que comparezca a firmar en el libro de procesados que gozan del beneficio de la libertad provisional bajo caución en el juzgado de la autoridad responsable, los días viernes de cada semana, desde que se notifique esta resolución y hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal. Signifíquese al juez penal responsable que deberá informar el incumplimiento de la parte quejosa de la medida antes referida. De igual modo, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo establecido anteriormente, la suspensión dejará de surtir efectos dejando a las autoridades en aptitud de cumplir la orden de captura reclamada y se hará efectiva la garantía que, en su caso, exhiba. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de captura reclamada es dictada por autoridad judicial del orden común distinta a las aquí señaladas o si se sorprende a la parte quejosa en la comisión flagrante de delito. En caso de que el acto reclamado consista en una orden de reaprehensión dictada para el cumplimiento de una sentencia penal ejecutoriada, procede conceder la suspensión contra dicho acto para el efecto de que el sentenciado quejoso quede a disposición de este Juzgado por cuanto a su libertad personal y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar sólo se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes. Lo anterior no obstante que la parte quejosa reclame una orden de aprehensión pues en caso de que se hubiere designado erróneamente el acto reclamado por desconocimiento de la parte impetrante del amparo, ello no da motivo a considerar que el acto no existe en la forma expresada por la parte quejosa. Por su contenido sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad a la Ley de Amparo abrogada, expídasele copia certificada del presente proveído, previa toma de razón que de su recibo obre en autos, autorizando para recibirla a las personas que refiere, quienes deberán comparecer con identificación oficial y vigente, en el entendido de que dicho trámite sólo podrán realizarlo en el horario comprendido de las nueve a las doce horas, ya que así lo permiten las labores del juzgado. De conformidad con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de Amparo abrogada, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente". EL PROVEÍDO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LO CONDUCENTE DICE:" AUDIENCIA INCIDENTAL En San Andrés Cholula, Puebla, a las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1225/2016-II-D (fojas 16 y 17), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Maribel Pereda Corvera, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO (fojas 1 a 5), auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (suspensión provisional, con fojas 6 a 10) y proveído de fecha veintinueve de agosto del año en curso (fojas 16 y 17). A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, con apoyo en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se admite y se tiene por desahogada con base en su naturaleza la prueba documental ofrecida por la autoridad 2. Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, la Jueza acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1225/2016-II-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual después de diferirse, sus dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. SEGUNDO. Mediante auto de fecha veintinueve de agosto del actual, se reservó la celebración de la audiencia incidental, por cuanto hace a las autoridades responsables. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: La orden de reaprehensión girada en contra del quejoso dentro del proceso penal 127/2014 del índice del Juzgado Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, misma que se instruye por el delito de lesiones y daño en propiedad ajena dolosos, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 305, 306, fracción I, 311, 323, 326, fracción II, 414 fracción III en relación con los artículos 13 y 21 fracción I todos del Código Penal para el Estado de Puebla, el primero en agravio de Noé Oswaldo Palma Mendoza, y el segundo en agravio de Alán de Jesús Palma Mendoza, así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo Foja 1 Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla. Negó 34 La autoridad responsable señalada, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a la mencionada autoridad responsable lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a la referida autoridad responsable, no puede existir daño o perjuicio de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo y fracción antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a la citada autoridad responsable. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. CUARTO. Por su parte, la autoridad responsable 2. Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, al rendir su respectivo informe previo aceptó la existencia del acto reclamado (foja 23), esto es, que el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis libró orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 127/2014 de su índice, misma que se instruye por el delito de lesiones y daño en propiedad ajena dolosos, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 305, 306, fracción I, 311, 323, 326, fracción II, 414 fracción III en relación con los artículos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, el primero en agravio de Noé Oswaldo Palma Mendoza, y el segundo en agravio de Alán de Jesús Palma Mendoza. En el mismo sentido debe considerarse respecto de las autoridades ejecutoras 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 4. Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con sede en Huejotzingo, no obstante que hayan negado el acto reclamado que se les atribuye (fojas 15, 39 y 40), pues su existencia ha sido aceptada por la autoridad ordenadora indicada en el párrafo precedente, toda vez que dichas autoridades en su calidad de ejecutoras se encuentran en posibilidad de ejecutar la orden reclamada, se les debe tener por cierto el acto a ellas imputado, sólo para el efecto de la suspensión. Ahora bien, toda vez que dicho delito no se encuentra catalogado como grave en términos de lo dispuesto por el numeral 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla vigente en el año dos mil catorce, se provee sobre la suspensión definitiva en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 124, fracciones I, II y III; 136, párrafos primero, cuarto y quinto y 138 de la Ley de la materia abrogada, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad a la parte quejosa, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, esto hasta que se encuentre firme la sentencia que se pronuncie en los autos del juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. La suspensión que se otorga dejará de surtir sus efectos si en el término de cinco días contados a partir de la notificación de esta resolución, el quejoso no exhibe una garantía por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos, cero centavos moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera), debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta. En efecto, la parte quejosa podrá exhibir la garantía solicitada en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera) pero de exhibirla en billete de depósito o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: En caso de exhibir billete de depósito: a) En el apartado autoridad asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión definitiva concedida a ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO en el incidente de suspensión 1225/2016-II-D. En caso de exhibir póliza de fianza: a) Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO en el incidente de suspensión 1225/2016-II-D; y, c) Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo. Se previene a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 138, párrafo segundo del ordenamiento legal en cita abrogado, comparezca ante el Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, dentro del plazo de tres días a rendir su declaración preparatoria o para la continuación del proceso, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su presentación. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del erario Federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar la orden de captura reclamada e internar a la parte quejosa en el reclusorio correspondiente. Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 136 del citado cuerpo de leyes, se dicta como medida de aseguramiento de la parte quejosa a efecto de que pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de no concederse el amparo, que comparezca a firmar en el libro de procesados que gozan del beneficio de la libertad provisional bajo caución en el Juzgado Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, los días viernes de cada semana, desde que se notifique esta resolución y hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal. Signifíquese al juez penal responsable que deberá informar el incumplimiento de la parte quejosa de la medida antes referida. De igual modo, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo establecido anteriormente, la suspensión dejará de surtir efectos dejando a las autoridades en aptitud de cumplir la orden de captura reclamada y se hará efectiva la garantía que, en su caso, exhiba. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de captura reclamada es dictada por autoridad judicial del orden común o Federal distinta a la aquí señalada o si se sorprende a la parte quejosa en la comisión flagrante de delito. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en Huejotzingo, Puebla; en términos de los artículos 30, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Notifique esta resolución al quejoso en el domicilio ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número trescientos cincuenta, Tercer Barrio de Huejotzingo, Puebla. De conformidad con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de Amparo abrogada, en obvio de dilaciones procesales, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se enteran de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se les faculta para constituirse en el lugar que se les informe y lo efectúen sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. En la inteligencia, que la notificación que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 30 fracción I, de la Ley de Amparo abrogada. En el entendido, que la parte quejosa deberá identificarse con documental idónea, de la cual, se recabará copia simple para agregarse a esta última o, en su caso, justificar la imposibilidad para hacerlo. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO, respecto de la autoridad y por los motivos que quedaron precisados en el considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ENRIQUE RAÚL HERRERA PRIETO, respecto de las autoridades y por los motivos que quedaron precisados en el considerando cuarto de esta interlocutoria."

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