Enrique Morales Morales

Expediente 532/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
532/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Juez Segundo de lo Penal de la Ciudad de Puebla
  • Martha Leticia Puig Valle
  • Enrique Morales Morales
  • MARTHA LETICIA PUIG VALLE y Otros.
  • ENRIQUE MORALES MORALES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el seis de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de septiembre al siete de octubre de dos mil veintidós, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver a la Jueza Segundo de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla (Olga Margot Cortés León) copia certificada del proceso penal 002/2022, de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Finalmente, en virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se dejan a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, los billetes de depósito billetes de depósito N 882593 y N 882591, expedidos por el Banco del Bienestar, cada uno por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para que surtiera efectos la medida cautelar concedida en autos, los cuales se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido de que, por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de doce treinta a trece treinta horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y copia simple de la misma para los efectos legales correspondientes. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se pongan a disposición billetes de depósito -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la parte tercera interesada; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio III-3551/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-168/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por los quejosos Martha Leticia Puig Valle y Enrique Morales Morales, en contra de la suspensión definitiva dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós; asimismo, la superioridad devuelve los autos originales del incidente de suspensión indirecto 532/2022. En consecuencia, acúsese recibo, y agréguense a estos autos las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto. Hágase del conocimiento de las partes la llegada a este juzgado de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió en los siguientes términos: Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; POR LISTA AL TERCERO; POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A LA DIVERSA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Nahieli Avendaño Palacios, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; advirtiendo que la única parte en desahogar dicha vista, fue el tercero interesado Arturo Juárez Martínez, mediante escrito presentado el treinta y uno de los referidos mes y año. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo solicitado por Martha Leticia Puig Valle y Enrique Morales Morales, para que la 1. Jueza del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla (Olga Margot Cortés León), una vez que adquiriera firmeza dicha resolución y le fuera requerido su cumplimiento, realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional, para el efecto que la 1. Jueza Segundo de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla (Olga Margot Cortés León), una vez que esta sentencia cause ejecutoria y le sea requerido su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de siete de mayo de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 02/2022, contra Martha Leticia Puig Valle y Enrique Morales Morales, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Arturo Juárez Martínez. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, en la que resuelva la situación jurídica de los peticionarios de amparo, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso, deberá purgar los vicios que le afectan y que fueron destacados en esta sentencia; esto es: a. Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir dicha determinación, y las razones por las que considera actualizado este aspecto. b. Realizará el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito, atendiendo a la conducta que estime actualizada y a la mecánica de los hechos; y, expresará con qué pruebas tuvo por demostrado cada uno de los elementos del cuerpo del injusto, y por qué dichas pruebas resultan idóneas y suficientes para acreditar cada extremo. c. En el estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad, deberá expresar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito; en la inteligencia que deberá explicar cómo, en el caso específico, una conducta de naturaleza normalmente civil, puede constituir el delito de fraude; y, cómo lo tuvo por acreditado. d. Deberá motivar el grado y forma de participación de Enrique Morales Morales y Martha Leticia Puig Valle, en la comisión del delito que se les imputa, para lo cual deberá establecer cuál es la conducta específica desplegada por cada uno de ellos con la que se actualizó el ilícito que nos ocupa, así como expresar las pruebas con las que lo tuvo por acreditado. e. Deberá motivar la penalidad del ilícito atribuido a los quejosos, esto es: deberá establecer si ambos inculpados recibieron el monto de lo defraudado, precisar a cuánto ascendía el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados a los inculpados, aquí quejosos, y a partir de ello, en su caso, encuadrar su conducta en alguna de las fracciones del artículo 403 del Código Penal para el Estado de Puebla; y ese encuadramiento deberá explicarlo mediante la realización de las operaciones aritméticas que resulten necesarias. 3. Notifique dicha determinación a las partes; y, 4. Remita a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora (.)" La resolución protectora emitida el veintitrés de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria el doce de julio siguiente, por lo que en esa fecha, se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficios 1991 y 2018, acordados el veinte y veinticinco de julio del año en curso, la 1. Jueza del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla (Olga Margot Cortés León), remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de julio de dos mil veintidós y de las constancias de notificación realizadas a las partes de la tal resolución emitida en el proceso penal 02/2022, de su índice, instruido en contra de los aquí quejosos Martha Leticia Puig Valle y Enrique Morales Morales, con las cuales, dicha autoridad judicial responsable pretendió cumplir con la sentencia de amparo. Sin embargo, como se advierte del auto de dos de agosto de dos mil veintidós, con tales documentales no se tuvo por cumplido el fallo protector, en virtud que no atendió cabalmente los vicios formales que fueron destacados en la ejecutoria constitucional; por tanto, acorde a lo establecido en el precepto 193, de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la jueza responsable para que diera total cumplimiento a la ejecutoria constitucional. En ese orden, mediante oficio 2156 de doce de agosto de dos mil veintidós, la jueza de la causa remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma data dentro de la causa penal 02/2022, de su índice, con la que dijo acatar puntualmente la ejecutoria de amparo; sin que se advirtieran las constancias de notificación realizadas a las partes, de la referida resolución; por lo que, en auto de dieciséis de agosto siguiente, se le requirió para que enviara dichas constancias de notificación. Por tanto, el veinticuatro de agosto siguiente, se acordó el oficio 2222, del índice de la autoridad responsable, y se tuvieron por recibidas las copias certificadas de las constancias de notificación realizadas a las partes de la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 02/2022, de su estadística. Documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia, que en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la 1. Jueza del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla (Olga Margot Cortés León), realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente los autos de formal prisión de siete de mayo de dos mil veintidós y de dieciocho de julio del año en curso (este último con el que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria inicialmente), dictados en la causa penal 02/2022, en contra de Martha Leticia Puig Valle y Enrique Morales Morales, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Arturo Juárez Martínez. 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, dictó una nueva resolución relativa a la situación jurídica de los peticionarios de amparo, en la que determinó que, al no encontrarse acreditados los elementos que constituyen el cuerpo del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403 fracciones IV en relación con las diversas 13 y 21 fracciones I, del Código Penal del Estado de Puebla, que se dijo cometido en agravio de Arturo Juárez Martínez, lo procedente era dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de MARTHA LETICIA PUIG VALLE y ENRIQUE MORALES MORALES. 3. Notificó a las partes la mencionada resolución; y, 4. Remitió las constancias con las que acreditó el cumplimiento. En ese sentido, cabe destacar que, al haberse dictado auto de libertad a favor de los quejosos, no resulta dable analizar si se purgaron cada uno de los vicios formales que afectaron la resolución reclamada, pues dicho efecto únicamente fue precisado para el caso que la autoridad responsable librara nueva resolución en el mismo sentido que la combatida (auto de formal prisión); lo que en la especie, no aconteció. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Finalmente, no se inadvierten las manifestaciones vertidas por el tercero interesado Arturo Juárez Martínez, mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto del año en curso, en el que medularmente solicitó que no se tuviera por cumplida la ejecutoria constitucional, pues aduce que la Jueza responsable optó por resolver en la vía más fácil, es decir, absolver a los aquí quejosos Martha Leticia Puig Valle y Enrique Morales Morales, del delito que -dice-cometieron en su contra, apoyándose en una supuesta acción civil y no penal; sin embargo, refiere que la autoridad responsable volvió a incurrir en los mismos vicios formales previamente cometidos. Al respecto, dígase al tercero interesado en comento que, como ya se indicó en líneas previas, esta autoridad se encuentra impedida para analizar las razones y fundamentos que en la nueva resolución expuso la autoridad responsable, pues ello únicamente podía ocurrir en el caso que dictara nuevamente auto de formal prisión en contra de los peticionarios de amparo; sin embargo, en uso de la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, emitió un auto de libertad por falta de elementos para procesar, por lo que las consideraciones que a su arbitrio tomó en cuenta la jueza responsable para dictar dicha resolución, no forman parte de la concesión del amparo. No obstante lo anterior, hágase saber a dicha parte procesal que, en caso de no encontrarse conforme con la resolución emitida por la autoridad responsable, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía que conforme a derecho corresponda. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "QUEJA. IMPROCEDENCIA DE LA, CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO ÉSTA DEVUELVE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PLENA JURISDICCIÓN. Si la ejecutoria de la Justicia Federal devuelve a la autoridad responsable su plena jurisdicción, contra la nueva resolución que ésta dicte en cumplimiento del amparo concedido no procede el recurso de queja sino el juicio constitucional." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la parte tercera interesada; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    (publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ARTURO JUAREZ MARTINEZ EL ACUERDO DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; advirtiendo que la única parte en desahogar dicha vista, fue el tercero interesado Arturo Juárez Martínez, mediante escrito presentado el treinta y uno de los referidos mes y año. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo solicitado por Martha Leticia Puig Valle y Enrique Morales Morales, para que la 1. Jueza del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla (Olga Margot Cortés León), una vez que adquiriera firmeza dicha resolución y le fuera requerido su cumplimiento, realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional, para el efecto que la 1. Jueza Segundo de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla (Olga Margot Cortés León), una vez que esta sentencia cause ejecutoria y le sea requerido su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de siete de mayo de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 02/2022, contra Martha Leticia Puig Valle y Enrique Morales Morales, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Arturo Juárez Martínez. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, en la que resuelva la situación jurídica de los peticionarios de amparo, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso, deberá purgar los vicios que le afectan y que fueron destacados en esta sentencia; esto es: a. Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir dicha determinación, y las razones por las que considera actualizado este aspecto. b. Realizará el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito, atendiendo a la conducta que estime actualizada y a la mecánica de los hechos; y, expresará con qué pruebas tuvo por demostrado cada uno de los elementos del cuerpo del injusto, y por qué dichas pruebas resultan idóneas y suficientes para acreditar cada extremo. c. En el estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad, deberá expresar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito; en la inteligencia que deberá explicar cómo, en el caso específico, una conducta de naturaleza normalmente civil, puede constituir el delito de fraude; y, cómo lo tuvo por acreditado. d. Deberá motivar el grado y forma de participación de Enrique Morales Morales y Martha Leticia Puig Valle, en la comisión del delito que se les imputa, para lo cual deberá establecer cuál es la conducta específica desplegada por cada uno de ellos con la que se actualizó el ilícito que nos ocupa, así como expresar las pruebas con las que lo tuvo por acreditado. e. Deberá motivar la penalidad del ilícito atribuido a los quejosos, esto es: deberá establecer si ambos inculpados recibieron el monto de lo defraudado, precisar a cuánto ascendía el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados a los inculpados, aquí quejosos, y a partir de ello, en su caso, encuadrar su conducta en alguna de las fracciones del artículo 403 del Código Penal para el Estado de Puebla; y ese encuadramiento deberá explicarlo mediante la realización de las operaciones aritméticas que resulten necesarias. 3. Notifique dicha determinación a las partes; y, 4. Remita a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora (.)" La resolución protectora emitida el veintitrés de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria el doce de julio siguiente, por lo que en esa fecha, se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficios 1991 y 2018, acordados el veinte y veinticinco de julio del año en curso, la 1. Jueza del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla (Olga Margot Cortés León), remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de julio de dos mil veintidós y de las constancias de notificación realizadas a las partes de la tal resolución emitida en el proceso penal 02/2022, de su índice, instruido en contra de los aquí quejosos Martha Leticia Puig Valle y Enrique Morales Morales, con las cuales, dicha autoridad judicial responsable pretendió cumplir con la sentencia de amparo. Sin embargo, como se advierte del auto de dos de agosto de dos mil veintidós, con tales documentales no se tuvo por cumplido el fallo protector, en virtud que no atendió cabalmente los vicios formales que fueron destacados en la ejecutoria constitucional; por tanto, acorde a lo establecido en el precepto 193, de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la jueza responsable para que diera total cumplimiento a la ejecutoria constitucional. En ese orden, mediante oficio 2156 de doce de agosto de dos mil veintidós, la jueza de la causa remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma data dentro de la causa penal 02/2022, de su índice, con la que dijo acatar puntualmente la ejecutoria de amparo; sin que se advirtieran las constancias de notificación realizadas a las partes, de la referida resolución; por lo que, en auto de dieciséis de agosto siguiente, se le requirió para que enviara dichas constancias de notificación. Por tanto, el veinticuatro de agosto siguiente, se acordó el oficio 2222, del índice de la autoridad responsable, y se tuvieron por recibidas las copias certificadas de las constancias de notificación realizadas a las partes de la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 02/2022, de su estadística. Documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia, que en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la 1. Jueza del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla (Olga Margot Cortés León), realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente los autos de formal prisión de siete de mayo de dos mil veintidós y de dieciocho de julio del año en curso (este último con el que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria inicialmente), dictados en la causa penal 02/2022, en contra de Martha Leticia Puig Valle y Enrique Morales Morales, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Arturo Juárez Martínez. 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, dictó una nueva resolución relativa a la situación jurídica de los peticionarios de amparo, en la que determinó que, al no encontrarse acreditados los elementos que constituyen el cuerpo del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403 fracciones IV en relación con las diversas 13 y 21 fracciones I, del Código Penal del Estado de Puebla, que se dijo cometido en agravio de Arturo Juárez Martínez, lo procedente era dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de MARTHA LETICIA PUIG VALLE y ENRIQUE MORALES MORALES. 3. Notificó a las partes la mencionada resolución; y, 4. Remitió las constancias con las que acreditó el cumplimiento. En ese sentido, cabe destacar que, al haberse dictado auto de libertad a favor de los quejosos, no resulta dable analizar si se purgaron cada uno de los vicios formales que afectaron la resolución reclamada, pues dicho efecto únicamente fue precisado para el caso que la autoridad responsable librara nueva resolución en el mismo sentido que la combatida (auto de formal prisión); lo que en la especie, no aconteció. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Finalmente, no se inadvierten las manifestaciones vertidas por el tercero interesado Arturo Juárez Martínez, mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto del año en curso, en el que medularmente solicitó que no se tuviera por cumplida la ejecutoria constitucional, pues aduce que la Jueza responsable optó por resolver en la vía más fácil, es decir, absolver a los aquí quejosos Martha Leticia Puig Valle y Enrique Morales Morales, del delito que -dice-cometieron en su contra, apoyándose en una supuesta acción civil y no penal; sin embargo, refiere que la autoridad responsable volvió a incurrir en los mismos vicios formales previamente cometidos. Al respecto, dígase al tercero interesado en comento que, como ya se indicó en líneas previas, esta autoridad se encuentra impedida para analizar las razones y fundamentos que en la nueva resolución expuso la autoridad responsable, pues ello únicamente podía ocurrir en el caso que dictara nuevamente auto de formal prisión en contra de los peticionarios de amparo; sin embargo, en uso de la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, emitió un auto de libertad por falta de elementos para procesar, por lo que las consideraciones que a su arbitrio tomó en cuenta la jueza responsable para dictar dicha resolución, no forman parte de la concesión del amparo. No obstante lo anterior, hágase saber a dicha parte procesal que, en caso de no encontrarse conforme con la resolución emitida por la autoridad responsable, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía que conforme a derecho corresponda. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "QUEJA. IMPROCEDENCIA DE LA, CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO ÉSTA DEVUELVE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PLENA JURISDICCIÓN. Si la ejecutoria de la Justicia Federal devuelve a la autoridad responsable su plena jurisdicción, contra la nueva resolución que ésta dicte en cumplimiento del amparo concedido no procede el recurso de queja sino el juicio constitucional." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la parte tercera interesada; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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