Enrique Ramírez Herrera

Expediente 598/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
598/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2020

Partes del expediente

  • Enrique Ramírez Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que por auto del dos de octubre del año en curso, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, informó que recibió el exhorto 358/2020 orden 374/2020 derivado del juicio de amparo que nos ocupa, el cual registró con el número 518/2020-8 de su índice, siendo que por auto de treinta y uno de agosto del año en curso, había ordenado su diligenciación, por lo que una vez que fuese diligenciado el mismo, sería devuelto. Ahora, toda vez que a la fecha no se tiene conocimiento de la diligenciación de dicha comunicación, se solicita al homologo federal que de no tener inconveniente legal alguno, remita información al respecto, a efecto de continuar con el trámite del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se desprende que en proveído de quince de mayo de dos mil dieciocho, se puso a disposición del quejoso Pedro Moreno Pérez, el billete de depósito N 068677, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, por la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sin que hasta el día de la fecha, haya exigido su devolución, mismo que exhibió para garantizar la suspensión del acto reclamado. Consecuentemente, toda vez que desde la fecha en que se puso a disposición, el quejoso legalmente pudo exigir la devolución del referido billete de depósito, sin haberlo hecho, y atento a que desde esa fecha al día de hoy han transcurrido más de dos años, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declara de oficio la prescripción del mismo por el solo transcurso del tiempo a favor del Fisco Federal, y por ende, se ordena su extracción de la caja de valores, así como su endoso y remisión a la Tesorería de la Federación, para la aplicación de su importe. Solicítese el acuse y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de valores de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    AVISO. Se notifica por medio de lista a Enrique Ramírez Herrera, el auto que dice.. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Enrique Ramírez Herrera, mediante el cual desahoga las prevenciones formuladas por este órgano jurisdiccional en auto de dieciocho de septiembre del año en curso. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia. Primeramente cabe señalar que en la demanda de amparo y escrito aclaratorio, el quejoso señala como actos reclamados. Causal de improcedencia. Primeramente cabe señalar que en la demanda de amparo y escrito aclaratorio, el quejoso señala como actos reclamados a) El oficio expedido por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en el expediente 562/2020, mediante el cual se ordena a la empresa en que labora el aquí quejoso, realice un descuento de un 40% de su salario, con motivo de una pensión alimenticia fijada de manera provisional; y b) La falta de emplazamiento al juicio de origen. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que en el caso en estudio, respecto al acto identificado con el inciso a), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción fracción XVIII del numeral 61 de la ley de la materia, virtud a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Ahora, el Código de Procedimiento Civiles del Estado de México, en su artículo 5.76, refiere que la apelación procede en contra de las siguientes determinaciones: "Artículo 5.76.- La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas. incompetencia; y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." Asimismo, el artículo 1.362 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de México, refiere lo siguiente: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó". Atendiendo a lo anterior, el acto reclamado no se encuentra dentro de las determinaciones establecidas en el artículo 5.76 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de México, pues no es una resolución que ponga fin a la controversia, auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, resolución interlocutoria definitiva o incompetencia, por lo que en términos del artículo 1.362 del Código en cita, al no ser un auto apelable, debe combatirse a través del recurso de revocación. Por tal motivo, el acto que aquí se combate carece de la definitividad requerida para la procedencia del juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa con que cuentan los solicitantes de amparo y que sean susceptibles de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional, por ser éste un requisito de procedibilidad que indefectiblemente debe atenderse. Por tanto, si el promovente se ostentó sabedor del juicio de origen en el momento en la empresa en la que labora le hizo de su conocimiento el oficio del que se deriva el descuento que reclama, debió de agotar dicho medio antes de acudir ante este órgano jurisdiccional, y por ende no agotó el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, lo que comprueba y hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de Ley de Amparo; al omitir el promovente, agotar el recurso idóneo. Sin que en el caso exista excepción al principio de definitividad, pues, el oficio reclamado no implica un peligro de privación de la libertad, deportación o destierro ni se trata de los actos referidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y por otro lado, el promovente del amparo es parte dentro de los autos del juicio natural del que deriva el acto reclamado, lo que determina que al tener intervención en el juicio natural, está en aptitud de inconformarse en contra del mismo, interponiendo en su contra el medio de defensa correspondiente. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad, en consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable. Por otra parte, en relación al diverso acto identificado con el inciso b), consistente en la falta de emplazamiento al juicio de origen, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un asunto, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación. Por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En el caso, la falta de emplazamiento reclamada por el quejoso, en este momento es un acto que no le causa perjuicio, dado que como lo manifestó el Juez responsable al remitir las constancias relativas al expediente 562/2020, de su índice, debido a la pandemia por la que atraviesa el país con motivo del virus SARS-COV-2, aún no se le ha emplazado a juicio, siendo que está en proceso dicho emplazamiento, así como el señalamiento de fecha para la audiencia de avenencia. Por lo que aún y cuando no esté emplazado, de las constancias referidas se advierte que ya existe una orden por parte del Juez responsable en el expediente de origen en la que se ordena al Actuario de su adscripción proceder a su emplazamiento, por lo tanto dicho acto, no afecta derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se tratan de actos que afectan derechos procesales de las partes del juicio. De ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En tales condiciones, al ser manifiestas e indudables las improcedencias invocadas, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Enrique Ramírez Herrera. Notifíquese."

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