Enrique Ortiz Hernández
Expediente 440/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Enrique Ortiz Hernández
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de quince de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que la justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE el presente juicio de amparo a Enrique Ortiz Hernández, ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, toda vez que el presente expediente, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), contenido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual a la letra establece: Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es depurable por haberse negado el amparo, por lo tanto, se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, inciso I, fracción b), del Acuerdo General Conjunto citado. ??????????????? Notifíquese
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón, suscrita por el Auxiliar de Actuarios de la Unidad de Notificadores Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito y a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez atreves del cual devuelve el oficio 21145/2020, dirigido a la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia del Estado de México, debido a que no pudo ser recibido por dicha autoridad, toda vez que sus actividades presenciales se encuentran suspendidas y sus oficinas se encuentran cerradas hasta el veintiséis de febrero del año en curso, de conformidad con el acuerdo denominado "ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CONTINÚA LA ACTUACIÓN DE TODAS LAS SALAS REGIONALES DE JURISDICCIÓN ORDINARIA, SALAS DE JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA, SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR, MAGISTRATURA JURISDICCIONAL CONSULTIVA Y MAGISTRATURA SUPERNUMERARIA, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA" A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA "TRIBUNAL ELECTRÓNICO PARA LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA", CONTINUANDO SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO DE MANERA PRESENCIAL HASTA EL VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO", publicado en la Gaceta de Gobierno el doce de febrero de dos mil veintiuno." De lo anterior se toma conocimiento, por lo que se ordena reexpídase el oficio en cita a efecto de que sea entregado a la autoridad en comento hasta en tanto reanude sus labores. Notifíquese...mesa 0
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 440/2020, promovido por Enrique Ortiz Hernández, por propio derecho, contra actos de la SEGUNDA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, por considerarlo violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que por razón de turno se remitió esa misma data, a la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional Enrique Ortiz Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la SEGUNDA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO. La inconstitucional determinación y cuantificación, por el que se fija en cantidad líquida la condena por concepto de Pago de finiquito por renuncia voluntaria, realizado por el Magistrado de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en su considerando al emitir su sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de febrero del año dos mil veinte, esto al substanciar el incidente innominado en el juicio administrativo 418/2018." SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de siete de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite y se requirió el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó emplazamiento del tercero interesado Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (aconteciendo el trece de agosto de dos mil veinte); y se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno. TERCERO. Mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, como se advierte del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, constitucionales, 33, 35 de la Ley de Amparo vigente, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la ley de la materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, Novena Época, con registro electrónico 192097, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 32, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Es de hacer notar, que para la fijación de los actos reclamados no se tomarán en consideración los calificativos que el peticionario del amparo expuso, con apoyo en la jurisprudencia de la Séptima Época, con registro electrónico 239099, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 18, tercera parte, página 159, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama: La resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, que substanció el incidente innominado en el juicio administrativo 418/2018. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo, cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, por así haberlo manifestado al momento de rendir su informe justificado la SEGUNDA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, manifestaciones que resultan suficientes para acreditar la certeza de los actos reclamados. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias del juicio administrativo 418/2018 que remitió como complemento a su informe justificado, la autoridad responsable en versión electrónica; medio de convicción que constituye documento público y se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Constituyen los antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1. Por escrito presentado ante la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, el seis de julio de dos mil dieciocho, Enrique Ortiz Hernández, formuló demanda administrativa en contra del Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, señalando como acto impugnado la resolución negativa ficta recaída al escrito de petición de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, a través del cual se solicitó el pago del finiquito por renuncia voluntaria. 2. Mediante auto de treinta de julio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 456/2018, del índice de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, admitió a trámite la demanda antes referida y requirió al promovente para que exhibiera los datos de prueba correspondientes. 3. Por determinación de catorce de agosto de dos mil dieciocho, la Cuarta Sala Regional declinó competencia, remitiendo las actuaciones correspondientes a la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo que el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dentro del juicio administrativo 418/2018 se dictó sentencia en los siguientes términos: "PRIMERO. Se decreta el sobreseimiento en el juicio administrativo 418/2018 por lo que hace a la Secretaria de Seguridad del Estado de México... SEGUNDO. Se reconoce la validez de la resolución negativa ficta recaída a la petición presentada el veinticuatro de febrero del dos mil diecisiete... " 4. En escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el siete de junio de dos mil diecinueve, Enrique Ortiz Hernández, promovió recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. 5. Mediante sentencia emitida el cinco de septiembre de dos mil diecinueve dentro del recurso de revisión 360/2019, del índice de la Segunda Sección del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México se resolvió: "PRIMERO. Se modifica la sentencia dictada en fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por el Secretario de Acuerdos autorizado para llevar a cabo las funciones de Magistrado de la Segunda Sala Regional de este Tribunal, en el expediente administrativo 418/2018; por las razones previamente expuestas en el Considerando III de este fallo jurisdiccional. SEGUNDO. Se deja subsistente el resolutivo PRIMERO de la sentencia que se recurre, consistente en el sobreseimiento del juicio administrativo 418/2018, únicamente por cuanto hace a la Secretariado Seguridad del Estado de México. TERCERO. Se deja Insubsistente el resolutivo "SEGUNDO" de la sentencia que se recurre, consistente en el reconocimiento de validez del acto impugnado. CUARTO. Se declara la invalidez de la resolución negativa nota recaída al escrito de petición de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, atribuida al Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, en atención al razonamiento expuesto en el considerando 111 de esta sentencia. QUINTO. Se condena al Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, a que dé estricto cumplimiento a lo ordenado en el IV Considerando de esta determinación Jurisdiccional." 6. Por escrito presentado en la oficialía de partes de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en veinticinco de septiembre dos mil diecinueve, el ahora impetrante solicitó que la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve se declare que ha causado ejecutoria; y para el efecto de dar cabal cumplimiento la misma solicitó se remitan los autos a la Sala Regional de origen para dar cabal cumplimiento. 7. Siendo que el dieciséis de enero de dos mil veinte, la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México proveyó lo siguiente: "RAZÓN. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de enero de dos mi veinte, la Secretaria de Acuerdos da cuenta al Secretario del Tribunal autorizado con funciones de Magistrado, con el escrito presentado ante la Sala folio 09114, suscrito por ARIADNA ARCOS RAMÍREZ, en su carácter de autorizada de la autoridad demandada mediante el cual exhibe la cuantificación a pagar y solicita se le haga del conocimiento a la parte actora. Conste. VISTA la razón de cuenta, atento al estado que guardan el presente asunto, con fundamento en los artículos 35 y 36 fracciones I, III y V de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México el autorizado en funciones de Magistrado de esta Sala Regional, ACUERDA: PRIMERO. Se tiene por recibido el escrito con que se da cuenta, agréguese a las presentes constancias, para todos los efectos legales a que haya lugar. EJECUTORIA I. Se declara que la sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sección de este Órgano Jurisdiccional HA CAUSADO EJECUTORIA por ministerio de ley en términos del artículo 278 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. II. Toda vez que la autoridad demandada ha exhibido ante esta Sala la cantidad a pagar, dese vista a la parte actora para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES siguientes al en que le surta efectos de notificación el presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al informe que exhibe la autoridad demandada, lo anterior en términos de los artículos 29 y 30 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México." 7.- Una vez desahogado el requerimiento antes precisado, mediante resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte, procedió a analizar el cumplimiento de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil veinte, en donde se hizo la cuantificación de diversas prestaciones que se le adeuda al hoy quejoso, determinación que constituye el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualizan causas de improcedencia en el asunto de mérito, y al no haberlas invocado las partes, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 58/2010, Novena Época, con registro electrónico 164618, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, se precisa que la parte quejosa refiere en el primer concepto de violación que la sentencia interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, viola en su perjuicio lo establecido en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la sala regional responsable estaba obligada a emitir sus actos fundados y motivados. Refiere la impetrante que la determinación emitida por la sala responsable carece de fundamentación, ya que no señala el precepto jurídico, fracción o inciso que permita considerar que la documental consistente en el recibo de nómina de veintiocho de febrero de dos mil catorce, ya que no estableció con precisión el fundamento jurídico que le permita realizar la cuantificación de una manera adecuada con un recibo de pago de hace seis años; con lo que se le deja en un estado de indefensión al desconocer la norma que lo faculta para considerar un recibo de hace seis años, sin que dicha cantidad estuviera actualizada y se traiga al valor presente, con lo que menoscaba su patrimonio. Reitera la quejosa que tampoco se estableció el precepto jurídico que permitió a la responsable considerar el cálculo de la prima de antigüedad atendiendo al salario mínimo vigente para el área geográfica "A" en dos mil catorce, cuando el pago se está materializando en el dos mil veinte. Manifiesta la amparista que la responsable fue parcial al hacer uso del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal, procedimiento 295 Prima de antigüedad, para efectos de pago de la prima de antigüedad, siendo que dicha normatividad no fue empleada para efectos de cálculo de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y gratificación especial. En el segundo concepto de violación, la parte impetrante establece que la resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que inconstitucional la determinación y cuantificación ya que la responsable estaba obligada a respetar el principio de legalidad, así como señalar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión de dicha resolución, siendo que además exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Inisiste la quejosa que la normatividad empleada por la sala no establece el procedimiento aritmético para realizar los cálculos de los conceptos y prestaciones, aunado a que dicha responsable debió buscar un mayor beneficio y realizar los procedimientos aritméticos conforme a las normas aplicables al caso en concreto, esto es, las Normas de Procedimientos Administrativos que publica la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Respecto del tercer concepto de violación, la amparista manifesta que le causa perjuicio la resolución incidental que constituye el acto reclamado, ya que viola lo dispuesto en los numerales 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que es injusta y desproporcional la cuantificación ahí precisada, ya que ordena el pago del finiquito por renuncia voluntaria, calculando ésta con percepciones del último recibo de pago de veintiocho de febrero de dos mil catorce, es decir, con haberes percibidos hace seis años, sin actualizar o traer a valor presente las cantidades actuales. Ello a pesar que el artículo 48 del Manual de Seguridad Social otorga para el caso de pensión, ésta será incrementada conforme a los incrementos que reciba el personal en activo. Por ello, al realizar el pago de finiquito por renuncia voluntaria, considerando los haberes del año dos mil catorce, se actúa en contravención al derecho de igualdad, teniendo un trato desigual, con respecto al pago de subsidio de pensión, que establece que dicho pago se incrementara conforme a los incrementos que reciba el personal en activo. Insiste la quejosa que es injusto y desproporcional que se pretenda realizar el pago del beneficio del finiquito por renuncia voluntaria con haberes percibidos hace seis años sin actualizar o traer al valor presente las cantidades correspondientes; por tanto se debe aplicar el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Finalmente, por lo que hace al cuarto concepto de violación, la resolución interlocutoria que constituye el acto reclamado, resulta violatoria de sus derechos fundamentales, el pago con haberes con respecto al último haber percibido el veintiocho de febrero de dos mil catorce, menoscaba y transgrede el derecho a la igualdad en materia de seguridad social, además del perjuicio de poder adquisitivo, esto derivado en del incremento en bienes y servicios y el salario mínimo que ha ocurrido, por lo que debe ser actualizada la cuantificación porque es lo justo y proporcional. SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Los anteriores argumentos, cuyo estudio se realiza bajo la óptica del principio de estricto derecho, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo para suplir la deficiencia de la queja, son infundados e inoperantes y por ende procede negar el amparo y la justicia federal solicitados. En principio, es preciso señalar cuáles son las garantías que otorga el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, para poder entender el sentido de la presente resolución. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El precepto constitucional citado consagra la garantía de legalidad, consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Para cumplir con el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los requisitos siguientes: a) Expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso (fundamentación); b) Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto (motivación); y, c) La adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Así, la garantía de legalidad consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los elementos esenciales, el que todo acto de molestia dirigido a los gobernados debe estar fundado y motivado debidamente. Lo primero se cumple al expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso y lo segundo al señalar, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas para la emisión del acto; pero, además, para que se cumpla con los requisitos constitucionales de la fundamentación y motivación debida, debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas en los cuales se apoya el acto de autoridad. Tiene aplicación la jurisprudencia 204 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Apéndice 2000, correspondiente a la Séptima Época, con número de registro 917738, Tomo VI, materia Común, publicada en página 166, de rubro y texto, siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En atención a lo antes expuesto, es que este órgano jurisdiccional considera que los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son infundados en atención a que la autoridad responsable al efectuar el cálculo por los conceptos relativos a vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad, lo realizó pormenorizadamente y en atención a lo resuelto en la sentencia emitida en el recurso de revisión 360/2019 por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que se condenó a la autoridad demandada a efectuar el pago del finiquito por renuncia voluntaria en términos de lo que disponen los artículos 66, 78, 80 y 81 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que al efecto estableen: "Artículo 66. Se establecen dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno, cuyas fechas deberán ser dadas a conocer oportunamente por cada institución pública. Los servidores públicos podrán hacer uso de su primer período vacacional siempre y cuando hayan cumplido seis meses en el servicio. Los servidores públicos que durante los períodos normales de vacaciones se encuentren con licencia por maternidad o enfermedad, podrán gozar, al reintegrarse al servicio, de hasta dos períodos vacacionales no disfrutados anteriormente por esa causa. [.] Artículo 78. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, equivalente a 40 días de sueldo base, cuando menos, sin deducción alguna, y estará comprendido en el presupuesto de egresos correspondiente. Dicho aguinaldo deberá pagarse en dos entregas, la primera de ellas previo al primer período vacacional y la segunda a más tardar el día 15 de diciembre. Los servidores públicos que hayan prestado sus servicios por un lapso menor a un año, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo de acuerdo a los días efectivamente trabajados. [.] Artículo 80. Los servidores públicos que optaren por separarse del servicio habiendo cumplido 15 años en el mismo, tendrán derecho al pago de una prima de antigüedad consistente en el importe de 12 días de su sueldo base, por cada año de servicios prestados. Cuando el sueldo base del servidor público exceda del doble del salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar en donde presta sus servicios, se considerará para efectos del pago de la prima de antigüedad, hasta un máximo de dos salarios mínimos generales. Esta prima se pagará, igualmente, en caso de muerte o rescisión de la relación laboral por causas no imputables al servidor público, cualquiera que sea su antigüedad. En caso de muerte del servidor público, la prima se pagará a sus beneficiarios, conforme a la prelación que establece el artículo 136 de la presente Ley. Cuando las instituciones públicas tengan establecidos en sus condiciones generales de trabajo programas o fondos de retiro en los que no existieran aportaciones de los servidores públicos, y el monto que, en su caso, correspondiera por este concepto a los servidores públicos sea superior al señalado en el segundo párrafo de este artículo, las instituciones públicas estarán obligadas a otorgar al servidor público sólo la prestación que más lo favorezca. [.] Artículo 81. En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones a que se refieren los artículos 66 y 68 de esta ley, los servidores públicos recibirán sueldo íntegro. Cuando el sueldo se pague por unidad de obra, se promediará el sueldo base presupuestal del último mes. Los servidores públicos que presten sus servicios durante el día domingo tendrán derecho al pago adicional de un 25% sobre el monto de su sueldo base presupuestal de los días ordinarios de trabajo. Los servidores públicos que, conforme al artículo 66 de esta ley, tengan derecho a disfrutar de los períodos vacacionales, percibirán una prima de un 25% como mínimo, sobre el sueldo base presupuestal que les corresponda durante los mismos." Ahora bien, el impetrante refiere que la responsable no precisó el fundamento jurídico ni los motivos por los que consideró como base el último pago correspondiente al veintiocho de febrero de dos mil catorce, para realizar el cálculo respectivo, que no estableció con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para establecer la documental pública por medio de la que determinó la fecha de ingreso y de baja del actor, así como los años de antigüedad, dejándolo en estado de indefensión. Contrario a lo que asevera de la revisión a la determinación reclamada de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se desprende en principio que, la Sala responsable precisó que se tomaba como base el último comprobante de percepciones y deducciones a nombre de Enrique Ortiz Hernández, el cual exhibió éste en su escrito inicial de demanda el veintiocho de febrero de dos mil catorce; aunado a ello, en la cuantificación exhibida por el propio quejoso en el sumario administrativo, se advierte que dicho comprobante igualmente fue tomado como base para emitir su propuesta, de ahí que no se advierte que el actor hubiese manifestado a la responsable inconformidad con dicho rubro, por lo que, al no existir controversia sobre ese tópico, procedió a establecer los montos respectivos tomando como referencia dicha documental, sin que se advierta que se hubiese dejado en estado de indefensión al ahora impetrante, pues se reitera, ese recibo de pago fue exhibido por el hoy quejoso, como sustento para la propuesta exhibida de su parte. De igual manera, el cálculo de la prima de antigüedad, se realizó atendiendo al salario mínimo vigente para el área geográfica "A" en dos mil catorce, porque fue el último año que prestó sus labores el hoy quejoso a la corporación policíaca ya antes precisada. Asimismo, no se advierte omisión o incongruencia en las operaciones aritméticas efectuadas por la autoridad responsable en relación al cálculo por concepto de vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, pues como ha quedado señalado, dichos rubros fueron delimitados en atención a lo establecido en los numerales 66, 78, 80 y 81 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, además de que el quejoso no indica con claridad en qué estriba la incongruencia de la responsable, aunado a que atendiendo la mecánica llevada a cabo para obtener el monto proporcional de esas prestaciones en relación a los días laborados en dos mil catorce. En otro aspecto, los argumentos vertidos por el ahora quejoso en relación a que la Sala responsable debió buscar un mayor beneficio y establecer la cuantificación atendiendo a lo dispuesto en el "Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal", que contempla un pago de aguinaldo correspondiente a 60 (sesenta) días; esto es, mayor los 40 (cuarenta) días contemplado en el numeral 78 antes transcrito; así como el pago por el concepto denominado "gratificación especial"; argumentos que devienen inoperantes puesto que esa circunstancia quedó determinada desde la resolución que puso fin al juicio administrativo, esto es, como quedó precisado en líneas que anteceden, la Sala Superior estableció el sustento legal que correspondía aplicar a fin de ordenar a la demandada realizar el pago reclamado; por tanto, esa determinación resulta incontrovertible en la etapa de ejecución del referido fallo al tratarse de cosa juzgada. Sustenta lo anterior, la tesis: 1a. LXVI/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2014643, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, visible a página 576, del tenor siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." Finalmente, resultan infundados los conceptos de violación que esgrime el impetrante, en relación a que la cantidad calculada debió actualizarse pues en ese tópico argumenta que ello debió atender a su derecho a la igualdad y no discriminación, sin embargo, contrario a lo argumentado, el ordenamiento que invoca debió ser aplicado, a saber el artículo "48 del Manual de Seguridad Social" hace alusión a un pago de índole y naturaleza diversa al que fue condenada la demandada en el juicio de origen, es decir, se refiere a los pagos que se reciben por concepto de pensión, mismos que establece deberán irse actualizando a la par que aumentan las prestaciones de los elementos en activo. En consecuencia, no asiste razón al impetrante, esto es así, en atención a que la litis en el sumario de origen versó respecto de la solicitud de pago del Finiquito por Renuncia Voluntaria, y en razón de ello, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa al resolver el recurso de revisión 418/2018, y asumir jurisdicción, en principio estableció que no existe en la norma aplicable una definición de lo que debe entenderse por finiquito y por ello acudió a lo que expresa el Diccionario de la Lengua Española, que lo define como "remate de las cuentas o certificación que se da para constancia de que están ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas"; así, concluyó que el finiquito que constituyó la causa de pedir, resultaba aplicable a los casos en los que una relación laboral debe finalizar por diversas razones, y que el finiquito debe cubrirse a partir de los días laborados durante el mes por la cantidad que venía ganando; además señaló que de forma específica para calcularlo debían considerarse aquellas percepciones que contempla la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en los artículos 66, 78, 80 y 81, en los que se establecen para el rubro de vacaciones: veinte días por año y veinticinco por ciento por concepto de prima vacacional; para aguinaldo: cuarenta días; y, doce días de sueldo base por cada año de servicios prestados, para determinar la prima de antigüedad. Rubros que, con excepción del último relativo a la prima de antigüedad, deben corresponder a los días que prestó sus servicios el ahora quejoso, durante el último año laborado, esto al tratarse de prestaciones calendarias, que por tanto debían liquidarse al trabajador al momento de su renuncia voluntaria, y que la Sala estableció que la prima de antigüedad solamente se debería cubrir por los años laborados (treinta), ya que la norma 20301/295 06 contenida en el Manual de Normas y Procedimientos de y Administración de Personal procedimiento 295 Prima de antigüedad, dispone para efectos del pago, dolo los años efectivos de servicio y no fracciones menores. De lo anterior puede colegirse que, el pago a que se condenó a la demandada en el juicio administrativo, denominado "finiquito por renuncia voluntaria" corresponde a la liquidación de los referidos conceptos, respecto del tiempo que hasta ese momento había transcurrido y por ende, correspondía entregar en forma proporcional, más el pago de la prima de antigüedad que se efectúo a razón de treinta días por cada año de servicios. De lo expuesto se puede concluir que si bien existen disposiciones aplicables a las pensiones, que establecen que estas deben ir aumentando en la misma medida y proporción en que lo hacen los sueldos del personal en activo, ello obedece a una prestación de seguridad social que se relaciona con un derecho que se va gestando durante la vida del trabajador con las aportaciones que hace por determinado número de años de trabajo productivo y una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en una parte, su subsistencia o la de los beneficiarios del trabajador después de acaecida su muerte; lo que, por tanto, no guarda relación con el pago de finiquito que reclamó el impetrante en el juicio administrativo de origen y al que no le resultan aplicables los criterios que en materia de pensiones refiere en su demanda. En razón de lo anterior, como se adelantó, los conceptos de violación, vertidos por el promovente del amparo, son infundados e inoperantes por las razones antes apuntadas y sin que se advierta queja deficiente que suplir; por lo cual, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. OCTAVO. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Hágase del conocimiento de las partes que la presente resolución estará a disposición del público para su consulta, con supresión de la información confidencial que en su caso pueda contener, de conformidad con los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que sea necesario su consentimiento para autorizar el acceso a la misma de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73 a 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Enrique Ortiz Hernández, contra actos de la SEGUNDA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO; por los motivos expuestos en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese.
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