Enrique PèRez Mendez
Expediente 428/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Enrique PèRez Mendez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 349/2022 (orden 457/20252) del índice de este Juzgado, mismo que fue enviado a fin de: Notificar al aquí quejoso ***, en el lugar de su reclusión, el proveído de tres de mayo del actual. Mismo que fue diligenciado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, lo anterior para los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Dese de baja en la estadística de este juzgado y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO DEL ASUNTO En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado porque se desechó la demanda de amparo; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. ANOTACIONES EN CARÁTULA Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Ahora bien, atendiendo a que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por lo que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo, se ordena girar despacho vía electrónica al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de que: 1.- Notifique personalmente el presente proveído al quejoso en su lugar de reclusión. Se solicita al aludido Juez que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar la notificación que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituirse en el citado centro en distintos días y horas inhábiles. Se requiere al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de que ordene el desahogo de la diligencia solicitada en el presente acuerdo, dentro de los TRES DÍAS siguientes a la notificación del presente proveído, para lo cual deberá instruir al personal encargado de practicar dicha notificación personal para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; apercibido que de no cumplir con lo ordenado en el plazo fijado se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Despacho que deberán remitir, por vía electrónica al correo electrónico oficial 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, a fin de dar continuidad e integrar en esa forma el presente expediente, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 306/2022 (orden 402/2022) del índice de este Juzgado, mismo que fue enviado a fin de: Notificar al aquí quejoso ***, en el lugar de su reclusión, el proveído de veintiuno de abril del actual. Mismo que fue diligenciado el veintidós de abril de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar, por lo que una vez que transcurra la dilación a la que hace referencia el artículo 98 de la Ley de Amparo, acuérdese lo conducente. Acúsese el recibo correspondiente. Dese de baja en la estadística de este juzgado y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos del JUEZ DE EJECUCIÒN DE SANCIONES PENALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 428/2022. CONSIDERACIONES PREVIAS El promovente en los apartados correspondientes señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades ordenadoras y ejecutoras: 1.- Juez de Ejecución del Estado de Puebla. 2.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 3.- Subsecretaría de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla. 4.- Titular del Centro Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. (como autoridad responsable de dicho traslado ejecutora y responsable de ejecutarlo) 5.- Área Jurídica del Centro Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. 6.- Seguridad y Custodia del Centro Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. 7.- Comité Técnico del Centro Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. 8.- Titular del Centro Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez del Estado de Puebla, donde me encuentro actualmente. ACTO RECLAMADO: La orden de traslado del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, al Centro Penitenciario con sede en Tepexi de Rodríguez, Puebla, que se llevó acabo el diecisiete de abril del año dos mil veintidós. La incomunicación, la cual la hace consistir en: ".Quiero manifestar que estos hechos -orden de traslado- se llevaron a cabo sin una debida fundamentación ni motivación, y mucho menos notificación previa al quejoso, a mi abogado o a alguno de mis familiares por lo que esta vía reclamo la INCOMUNICACIÓN de la cual fui objeto por parte de las autoridades del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. En esta misma tesitura, señalo también como acto reclamados indebidos, arbitrarios e ilegales traslados e incomunicación de la que fui objeto por parte de los elementos de seguridad y custodia en turno del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. Ya que sin orden alguna o mandamiento por escrito autoridad competente se llevaron a cabo los hechos que manifiesto. Asimismo, representa una vulneración a mis derechos humanos, el haber OMITIDO la fundamentación y/o MOTIVACIÓN establecida claramente como requisito en el artículo 16 Consitucional, con respecto a las razones y/o motivos del traslado e incomunicación del que fui objeto por parte de los elementos de seguridad y custodia del turno del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla el día domingo diecisiete del mes de abril del año dos mil veintidós a las diecinueve horas con diez minutos." Sin embargo, contra tales actos el juicio de amparo es improcedente, por lo cual procede desechar la demanda. En efecto, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Como se indicó, el promovente reclama a las autoridades señaladas como responsables: a) La orden de traslado del centro penitenciario donde actualmente se encuentra a uno diverso y su ejecución; y, b) La incomunicación, al no existir orden por escrito de autoridad competente en el que se le haga saber el traslado del que fue objeto, a su abogado o familiar. De lo cual se observa que la orden de traslado se atribuyó a una autoridad judicial y administrativa; empero, en ambos supuestos el juicio de amparo es improcedente contra las órdenes de traslado, pues antes de acudir en demanda de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley penal aplicable, pues el incumplimiento tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. ORDEN DE TRASLADO La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, fallados en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, señaló que el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, la sala indicó que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. La sala precisó que cuando se presenten casos en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado, donde no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, -la sala señaló- porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Lo anterior, la sala precisó, porque conforme al último párrafo del artículo 117 citado, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos (apelación o controversia judicial). Por tanto, la sala señaló que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, la sala destacó que el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, -la sala indicó- prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Asimismo, la sala indicó que en el artículo 132, fracción VII, la Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, por lo que de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. La sala señaló que no se surte alguno de los casos de excepción al principio de definitividad, ya que el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral; mientras que la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. De igual forma, la sala indicó que si bien la orden de traslado afecta de manera indirecta la libertad, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, porque se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Por ende, el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, será quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso; resolución contra la cual procede el recurso de apelación. Además, la sala refirió que al estar previsto el medio ordinario de impugnación en la propia ley, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De la ejecutorias de las quejas referidas derivó la tesis aislada 1a. XXI/2021 (10a.), de rubro: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. ORDEN DE TRASLADO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL Entonces, de acuerdo con lo expuesto, contra la orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas, sin intervención de la autoridad judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en el cual se establece que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello, porque contra la orden de traslado sin intervención judicial procede la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin que sea óbice que a la fecha no se haya notificado formalmente la orden de traslado, pues tal circunstancia no lo exime de la obligación de agotar el medio ordinario de impugnación. De ahí, que contra la orden de traslado sin intervención judicial el juicio de amparo es improcedente, por lo que procede desechar la demanda de amparo. ORDEN DE TRASLADO JUDICIAL Por su parte, respecto la orden de traslado atribuida a la autoridad judicial se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la constitución y 61, fracción XVIII,de la Ley de Amparo. Ello, porque contra la resolución de la autoridad judicial que en su caso califiquen de legal la orden de traslado procede el recurso de apelación, el cual tiene por objeto a través del cual puede ser revocada. En efecto, como se indicó, en el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece la procedencia del recurso de apelación contra la resolución del juez de ejecución o de control en las que resuelva sobre la procedencia de los traslados involuntarios. Por lo cual, antes de promover el juicio de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley, a través del cual puede lograr su revocación, siendo obligatorio para satisfacer el principio de definitividad, al no constituirse algún supuesto de excepción, tal como quedó indicado en párrafo precedentes. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, subsanar o nulificar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual estaba obligado a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere este último ordenamiento legal. En consecuencia, como contra la orden de traslado de del centro penitenciario donde actualmente se encuentra a uno diverso, el juicio de amparo es improcedente de forma manifiesta e indudable, procede desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido, que también señala como acto reclamado la incomunicación, pues el mismo lo reclama como una consecuencia o vicio del acto primigenio consistente en la orden de traslado a un diverso centro penitenciario realizado el diecisiete de abril de dos mil veintidós, pues aduce en su demanda de amparo que dicho acto lo reclama al llevarse a cabo el traslado sin una debida fundamentación y motivación y sin ser notificados previamente al quejoso, abogado o alguno de sus familiares. Aunado, a que como se aprecia la presente demanda de amparo es promovida por sí mismo, por lo que ante tal circunstancia es evidente que ha estado en aptitud o en posibilidad de ejercer sus derechos, como lo hace de manera personal al presentar la demanda que no ocupa, por lo que ante tal situación es dable concluir que no se actualiza la circunstancia que refiere de estar incomunicado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas publicadas por este juzgado, y por autorizado al profesionista, que menciona en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Toda vez que el quejoso ***, se encuentra privado de su libertad personal en el interior del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese despacho vía correo electrónico al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de que ordene al servidor público adscrito al juzgado de su adscripción que corresponda, bajo su más estricta responsabilidad, se constituya con las medidas de seguridad e higiene correspondientes a fin de evitar la propagación del virus Covid-19, en el interior de dicho recinto carcelario y una vez teniendo a la vista al citado quejoso, le notifique de manera personal el contenido del presente acuerdo, debiendo entregar copia autorizada con firma electrónica del mismo. Se solicita al aludido Juez de lo Penal que de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al Actuario encargado de practicar la notificación ordenada en el párrafo que antecede, para que de ser necesario se constituya en el centro de reclusión aludido en días y horas inhábiles. Asimismo, se requiere al Juez de lo Penal a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el despacho mencionado en el párrafo que antecede, devuelva vía electrónica la correspondiente constancia de notificación a la cuenta de correo electrónico: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx En el supuesto excepcional de que tal comunicación oficial, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas, o en el buzón judicial instalado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, ubicado en avenida Osa Menor número Ochenta y Dos, planta baja, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla, C. P. 72810. Con independencia de lo anterior, notifíquese mediante lista al autorizado de la parte quejosa. Por lo que, se instruye al actuario encargado de practicar la referida notificación personal que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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