Enrique Morales Pane
Expediente 961/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ENRIQUE MORALES PANE y Otros.
- Enrique Morales Pane
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
JUZGADO DE DISTRITO SE AVOCA DEL CONOCIMIENTO DE INCOMPETENCIA Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual informa que se avocó del conocimiento de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional respecto del acto reclamado consistente en la suspensión laboral reclamada por el quejoso, de lo cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el quejoso *** por medio del cual se le tiene señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto, así como autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de cuenta y con las restricciones que el mismo numeral prevé respecto de José Miguel Ángel Corona Degante, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Así también, se le tiene revocando a cualquier autorizando señalado con anterioridad. Finalmente, por lo que respecta a su petición de que se le expidan copias certificadas de la sentencia pronunciada en el sumario constitucional en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de esta última, expídasele a su costa las copias certificadas que solicita, y téngase autorizando para recibirlas a las personas señaladas en su escrito de cuenta, previa constancia que por su recibo se deje en autos.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Enrique Morales Pane, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía General de Estado y otra autoridad. Fórmese el amparo correspondiente registrándose con el número 961/2019. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, respecto al acto reclamado a la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía General de Estado, consistente en: ... En el caso, la demanda de amparo es improcedente contra el acto reclamado por el peticionario de amparo, consistente en la negativa por parte de la autoridad responsable Agente de Ministerio Público Investigador, de impedirle ofrecer pruebas de su parte dentro de la carpeta de investigación NAUT 2290/2019/UAT-4, seguida en su contra por el delito de fraude, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, este último en sentido contrario. Tales preceptos disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando ello derive de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo; así mismo, que tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo el juicio de amparo procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluidos, cuya ejecución sea de imposible reparación. Entonces, al relacionar el contenido de tales preceptos, interpretando el último de ellos en sentido contrario, se obtiene que este medio de defensa extraordinario es improcedente cuando se reclaman actos de los tribunales ahí referidos, emitidos fuera, en juicio y, después de concluido, siempre que su ejecución no sea de imposible reparación. Para determinar si un acto tiene ejecución de imposible reparación, debe tomarse en consideración lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que los define como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, libertad, propiedad, patrimonio, etcétera. Por tanto, el juicio de amparo deviene improcedente cuando se promueve contra actos -en amplio sentido, esto es, tanto acciones como omisiones de la autoridad- acaecidas fuera de juicio, en y después de concluido el mismo, si no cumplen la característica establecida concretamente para ellos por el legislador, esto es, que sus efectos trasciendan materialmente a un derecho sustantivo del promovente, como los arriba citados. Esto acontece en la especie, pues como se indicó, se atribuyó a la agente responsable una negativa, cometida en la etapa de investigación inicial a su cargo, pues el quejoso refiere que dicha autoridad le restriegue el ofrecimiento de pruebas de su parte por no estar citado aún dentro de la carpeta de investigación NAUT 2290/2019/UAT-4, refiriendo únicamente que tiene conocimiento de la existencia de la misma y no sobre su procedencia. Esta circunstancia, se advierte reclamada dentro de una carpeta de investigación que, por ende, se sigue conforme al proceso penal acusatorio y oral. Al respecto, conviene transcribir el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que lo rige: ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Ahí se establecen las etapas del procedimiento penal oral y, en lo que interesa, destaca la etapa de investigación, en su primera fase, esto es, la investigación inicial, la cual inicia con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. De tal manera, es correcto concluir que la negativa por parte de la autoridad responsable ocurre antes de que inicie el proceso penal; por tanto, se trata de un acto -en amplio sentido- fuera de juicio. Al ser esa etapa -de investigación inicial- parte del procedimiento penal acusatorio y oral, debe atenderse, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, a si el acto u omisión reclamados afectan materialmente un derecho sustantivo; lo cual en el caso no acontece. Es así, porque la negativa reclamada por el quejoso consistente en no permitirle ofrecer medios de prueba al quejoso en la carpeta de investigación NAUT 2290/2019/UAT-4 por no encontrarse aun citado o emplazado a la misma, no genera ninguna afectación le produce en alguno de los derechos sustantivos del promovente (vida, propiedad, libertad, patrimonio, etcétera), ni siquiera el atinente a obtener una respuesta a su petición ni, por tanto, eventualmente, en lo concerniente a una defensa adecuada. Al respecto, no debe soslayarse que el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el objeto de la investigación es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Tampoco, que tanto en esa etapa como durante todo el proceso penal y hasta que se emita sentencia, permea el principio de presunción de inocencia de la persona imputada. Así mismo, debe destacarse que de acuerdo al artículo 20, apartado B, fracción IV, constitucional, es un derecho del imputado que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca; sin embargo, esto último operará de forma plena en la etapa de juicio, pues antes de esa etapa los testigos, documentos, dictámenes periciales, o cualquier elemento de prueba que pretenda ofrecer el imputado, sólo constituyen medios de prueba que dan soporte a los datos de prueba que tenga en su favor, pero no constituyen pruebas en sí mismas, pues esta debe ingresar al proceso en la audiencia, desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, es decir, prueba sólo es aquella que se desahoga ante el juez de enjuiciamiento precisamente en la etapa de juicio; en términos del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es inconcuso que la negativa reclamada no genera alguna afectación material en algún derecho sustantivo del promovente, pues pese a su existencia, las pruebas que pretende refiere ofrecer ante el agente del Ministerio Público responsable, podrá exhibirlas ante el juez de Control cuando, una vez formulada imputación en su contra, se solicite su vinculación a proceso, si ello llegara a ocurrir, pues la sola existencia de una denuncia en su contra y la práctica de actos de investigación en la etapa a cargo de la agente responsable no necesariamente significa que se deba determinar en un sentido que le sea desfavorable, esto es, solicitando su cita para formular imputación, pues de concluir el representante social que no existen datos suficientes para ello, debe forzosamente actuar en sentido diverso. Tales consideraciones se sustentan, por las razones que la informan y analogía, en la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2016863 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III Materia(s): Penal Tesis: I.4o.P.16 P (10a.) Página: 2588 INVESTIGACIÓN INICIAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN ESTA ETAPA, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, AL NO SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE AFECTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Durante la etapa de investigación inicial instruida ante el Ministerio Público -bajo el sistema penal acusatorio-, la víctima u ofendido del delito tiene el derecho de solicitar al representante social la realización de los actos de investigación que considere pertinentes, ante lo cual, éste tiene la facultad discrecional de ordenar la realización de los que estime conducentes, ello en términos de los artículos 109, fracción XVII, 129 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, la negativa a realizarlos constituye un acto emitido dentro de un procedimiento que no afecta derechos sustantivos de la víctima u ofendido por referirse, en esencia, al tema probatorio, y que, en caso de constituir una violación procesal, tiene el carácter de reparable, pues si a la postre el Ministerio Público ejerce acción penal, aquélla no trascendió al resultado de la decisión, y si decreta el archivo temporal o el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido podrá recurrir al control judicial previsto en el artículo 258 del propio código, instancia en la que podrá hacer valer la violación referida. Por tanto, conforme al artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y aunque este precepto no prevé que se trate de actos de imposible reparación, tal requisito debe exigirse si el acto fue emitido dentro de un procedimiento, como lo es la etapa inicial de investigación. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, este último en sentido contrario, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO PRECISADO ANTERIORMENTE. INCOMPETENCIA Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado por el promovente al C. Eugenio M. Caballero Jiménez de Primaria de la Secretaria de Educación Pública Delegación Puebla (sic), consistente en: [.] ya que debido a que la señora Rosalba Reyes Martínez, presento una queja y la misma es en relación a la NUAT 2290/UAT-4, ya que se me declara como responsable de FRAUDE ., estoy suspendido definitivamente por causa de la denuncia vertida en mi contra cuando nunca se me dio oportunidad de poderme defenderme [.] Ahora bien, dado el carácter de juzgado especializado en materia de amparo penal de este órgano jurisdiccional, el suscrito estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de la materia, respecto del referido acto reclamado del que se duele el quejoso, toda vez que el mismo es de carácter administrativo, lo anterior es así, dado que dicho acto se lo atribuye a una autoridad de carácter meramente administrativa, la cual pertenece a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Por tanto, el acto consistente en la suspensión definitiva del cargo laboral que refiere el quejoso, se lo atribuye al C. Eugenio M. Caballero Jiménez de Primaria de la Secretaria de Educación Pública Delegación Puebla (sic), el cual es de carácter administrativo. Lo anterior es así, pues de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es competencia de un Juez de Distrito en materia administrativa el conocimiento de dicho acto, para lo cual, en lo que interesa, se transcribe la parte conducente que dice: "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán(.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente;(.)" Es decir, el acto que por esta vía se pretende combatir tiene como origen un conflicto de esta naturaleza, lo cual trae como consecuencia que la materia en relación a este acto reclamado es eminentemente administrativo. De ahí que este órgano jurisdiccional, en razón de su especialidad, carece de competencia legal para conocer y resolver este asunto respecto a dicho acto, en virtud de que éste no es de carácter penal, sino administrativo. Máxime que, en términos de los artículos 10 y 12 del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del numeral transcrito se puede observar que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los asuntos siguientes: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el caso debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. b) Contra actos que afecten la libertad personal, con independencia de la naturaleza de la autoridad que emita el acto reclamado si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la parte quejosa, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. c) Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. e) Contra leyes o incumplimiento de declaratorias de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado antes precisado se advierte que el mismo no se ajusta a alguno de los supuestos establecidos en el numeral citado, ya que el mismo no constituye una resolución judicial del orden penal, ni afecta la libertad personal del quejoso ni es de los precisados en el inciso c), d) y e). En ese contexto, se estima que el acto combatido por esta vía no corresponde conocer a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, sino a un Juez Especializado en Materia Administrativa de este Circuito, razón por la cual este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de la presente demanda de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en Turno, en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes manifieste si acepta o no la competencia en términos del numeral en cita. Así mismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizada en términos amplios del artículo de la Ley de Amparo a Blanca Guadalupe Alvarado Romero. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información, elaborará la versión pública protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Finalmente, notifíquese de manera personal a la parte quejosa por conducto de Actuario adscrito a éste juzgado.
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