Enrique Paul Hidalgo
Expediente 214/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Enrique Paul Hidalgo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por la síndica municipal y representante legal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictada en autos del presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; por tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el escrito original, así como una copia más del mismo, destinado a la o al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el mismo, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye a la persona actuaria judicial que corresponda, para que al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por la síndica municipal y representante legal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictada en autos del presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; por tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el escrito original, así como una copia más del mismo, destinado a la o al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el mismo, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye a la persona actuaria judicial que corresponda, para que al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
- Principal
Juicio de amparo: 214/2023 Quejoso: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 214/2023. R E S U L T A N D O Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el mismo día, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la [1] Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, [2] Tercera Ponencia de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el [3] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por los actos reclamados siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO Se hace consistir en la falta de cumplimiento de la sentencia, por parte de las autoridades responsables, siendo ésta de fecha 8 de noviembre de 2021, dictada por la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitida por los magistrados MARIA DEL PILAR AZUELA BOHIGAS, Titular de la Primera Ponencia, ELIZABETH ORTÍZ GUZMÁN, Presidente de la sala e Instructora en el juicio, y LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS, titular de la Tercera Ponencia, esto en el expediente ********************, la cual ha quedado firme desde el día 22 de marzo de 2022, en donde se ordena al H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, una vez determinada la nulidad de la resolución impugnada, a realizar el pago de la cantidad de $1,092,356.41 (UN MILLÓN, NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.), resolución que hasta la fecha no se ha cumplimentado por las autoridades responsables, lo cual constituye actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento. La resolución de la queja interpuesta contra el incumplimiento de la sentencia definitiva, me fue notificada el día 3 de febrero del 2023, por medio de correo electrónico y boletín, publicado por la autoridad responsable, pero hasta el momento los actos omisivos se continúan prorrogando." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Desechamiento, recurso de queja y admisión de la demanda, trámite del juicio. Mediante auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado desechó de plano la demanda de amparo, por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo, porque el quejoso no acreditó haber cumplido con el principio de definitividad. Inconforme con esa determinación, el impetrante de amparo interpuso el recurso de queja 88/2023, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, que en sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, declaró fundado dicho recurso, pues consideró que no resultaba correcto desechar la demanda de amparo por el motivo de improcedencia invocado, toda vez que el quejoso agotó el recurso de queja, previo a la promoción del juicio de amparo y con ello, observó el principio de definitividad; en consecuencia, revocó el auto que desechó la demanda y ordenó que de no existir irregularidad alguna en el citado escrito de demanda y de no actualizarse en forma manifiesta e indudable una diversa causa de improcedencia, ésta se admitiera a trámite. En cumplimiento a lo anterior, en auto de seis de junio de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no ordenó emplazar tercero interesado al no advertir que le surgiera dicho carácter a persona alguna, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que realizaran manifestación alguna al respecto. Asimismo, en ese auto fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido en contra de actos omisivos de autoridades que tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. [2] Tercera Ponencia de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. a) La omisión de hacer cumplir la sentencia definitiva de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Regional responsable, en el juicio contencioso administrativo ********************, promovido por ******************** -aquí quejoso-, contra el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en la que, entre otras cuestiones, se condenó a dicha autoridad municipal a determinar la obligación de pago pactada en el contrato de obra pública CUAU-DGOP-IR-HABITAT-04/16 y su convenio modificatorio, así como a realizar el cálculo de los gastos financieros y el pago correspondiente. [3] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. b) La omisión de dar cumplimiento a la citada sentencia definitiva de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Regional responsable, en el juicio contencioso administrativo ********************. Con la precisión de que si bien el quejoso señaló como acto destacado la omisión de cumplir la resolución de nueve de enero de dos mil veintitrés, relativa a la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio de nulidad ********************, lo cierto es que, pretende que el [3] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos -parte demandada en el juicio de origen-, cumpla con la sentencia definitiva dictada en ese asunto el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, tal como fue resuelto en la citada resolución de queja; de ahí que se tenga como actos reclamados destacados los que han quedado precisados en el recuadro que antecede. III. Existencia de los actos reclamados. Se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] Sala Regional de Morelos, y [2] Tercera Ponencia de la Sala Regional de Morelos, ambas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque si bien negaron su existencia, al referir que han ejercido las facultades de verificación oficiosa del cumplimiento de la sentencia definitiva, de las constancias remitidas no se advierte que a la fecha de la presente determinación, se hubiere dado cumplimiento a dicha sentencia. Ello, porque la Sala regional responsable remitió copias certificadas del juicio contencioso administrativo ******************** de su índice, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido expedidas por una autoridad jurisdiccional en ejercicio de sus atribuciones; documentales de las que, como se dijo, se desprende que la sentencia definitiva no se encuentra cumplida, por lo que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. Por su parte, la autoridad responsable [3] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las copias certificadas del juicio contencioso administrativo antes señalado. Lo anterior, porque de tal juicio se advierte la existencia de la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que, entre otras cuestiones, se condenó al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a determinar la obligación de pago pactada en el contrato de obra pública CUAU-DGOP-IR-HABITAT-04/16 y su convenio modificatorio, así como a realizar el cálculo de los gastos financieros y el pago correspondiente, sin que demostrara que a la fecha hubiere cumplido con la obligación a la que fue condenada. En consecuencia, el material probatorio con el que se cuenta, resulta suficiente para acreditar la certeza de la omisión que se les atribuye a las autoridades responsables, por lo que se continúa con el estudio del asunto. Por tanto, no se acredita la causa de sobreseimiento que hicieron valer las autoridades responsables [1] Sala Regional de Morelos, y [2] Tercera Ponencia de la Sala Regional de Morelos, ambas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia de los actos reclamados, porque como se especificó sí se acredita su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues al no establecer un plazo específico la Ley de Amparo para reclamar actos omisivos y éstos producir, por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan. V. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, la autoridad responsable [3] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, sostiene que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio, toda vez que es parte demandada en el juicio contencioso administrativo de origen, de ahí que su actuación es en un plano de igualdad frente al particular, pues refiere que no actúa con imperio e investidura pública. No se actualiza dicha causa de improcedencia, ya que si bien en el juicio contencioso de nulidad del que emana el acto reclamado, se advierte que la autoridad demandada lo es el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, al cual incluso se le ordenó cumplir con lo determinado en la sentencia definitiva y la resolución del recurso de queja por omisión en el cumplimiento de tal sentencia, lo cierto es que la relación existente en dicho juicio respecto de la parte demandada sí es de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, como aquel que tiene origen en una relación de supra a subordinación, de conformidad con la tesis 2a. XXXVI/99, con registro digital 194367, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Así, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y particulares, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacando el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que prevé el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. La nota distintiva de estas relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Así, es de concluirse que en el procedimiento contencioso administrativo, en el que se ventilan los conflictos suscitados entre gobernantes y particulares, se está en presencia de relaciones de supra a subordinación, puesto que a través de tal procedimiento, los particulares controvierten precisamente la actuación de los órganos del Estado. De igual forma, si bien es cierto que dentro del procedimiento contencioso administrativo los órganos del Estado adquieren el carácter de parte demandada, esa circunstancia no transforma la relación de supra a subordinación en una relación de coordinación, puesto que la relación jurídica existente entre las partes sigue siendo la de una autoridad y un particular, y el hecho de que sean demandada y actor, no genera que la relación de supra a subordinación se transforme en una de coordinación, puesto que no es así como surgió el conflicto sometido al conocimiento del tribunal contencioso administrativo, y el hecho de que se ventile el conflicto en el procedimiento no produce un cambio en dicha relación. Luego, si con motivo de la sentencia firme derivada del juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para la parte actora -particular- y una obligación correlativa para la parte demandada -gobernante-, el incumplimiento de ésta conlleva, en primer término, a que el particular acuda, desde luego, al procedimiento para el cumplimiento de la sentencia firme dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido o la disposición general impugnada, es decir, las que hayan sido favorables a la parte actora. Así, la ejecución forzosa de una sentencia como acto definitivo no es otra cosa sino el propio efecto que produce ésta a fin de obtener la satisfacción de la pretensión de la parte vencedora cuando no se obtiene el cumplimiento voluntario con el simple conocimiento de la sentencia. Por ello, cuando el sentido de la afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular consiste en que con tal omisión, con motivo del desacato a la decisión del tribunal administrativo, se le impide satisfacer el derecho que la sentencia reconoce u otorga a su favor, puede ser subsanado mediante el juicio de amparo ante el carácter propio de las autoridades que fueron demandadas en el juicio contencioso administrativo y la vulneración al derecho a la administración de justicia que el artículo 17 constitucional consagra en favor de todos los particulares. Lo anterior, se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), con registro digital 2000211, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD", en la que consideró que las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte el incumplimiento de una sentencia de nulidad, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. De ahí que, el [3] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, sí es autoridad responsable para efectos del presente juicio, al controvertirse la omisión en el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de nulidad donde figuró como parte demandada. Asimismo, dicha autoridad refirió de forma genérica que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es relativa a la falta de interés jurídico del quejoso, aunque omitió exponer los argumentos en los que evidenciara los motivos y razones por los cuales la considera actualizada. No obstante, dicha causa de improcedencia no se actualiza, toda vez que los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén que tendrá el carácter de quejoso quien aduzca un interés jurídico, por lo cual éste deberá ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa, lo que implica que sea titular del derecho fundamental que estime violado y que esté dirigido en su contra. En ese sentido, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, concede a su titular la facultad de acudir ante la autoridad correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Lo anterior considerando que el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En el caso, sí existe una afectación al interés jurídico del quejoso, pues precisamente es parte actora en el juicio contencioso administrativo de origen; por tanto, con la omisión en el cumplimento de la sentencia definitiva sí resiente una afectación personal y directa en sus derechos fundamentales, pues se le impide obtener el pago de las prestaciones a que fue condenado el ayuntamiento demandado, de ahí que no se actualice dicha causa de improcedencia, pues el quejoso al ser parte en el juicio natural, se encuentra legitimado para acudir al presente juicio en defensa de los intereses que considera se le lesionan con los actos de autoridad reclamados. En esos términos, al no acreditarse las causas de improcedencia en estudio, ni haber hecho valer las partes alguna diversa ni advertirse de oficio, procede realizar el estudio del fondo del asunto. VI. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones que integran el juicio contencioso administrativo ********************, promovido por ******************** -aquí quejoso-, que en copias certificadas remitió la Sala responsable, de las cuales se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1. El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, la Sala regional responsable emitió sentencia definitiva en la que en su único punto resolutivo declaró la nulidad de la resolución impugnada, consistente en la negativa ficta configurada en razón del escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve por ******************** -aquí quejoso-, ante el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos -parte demandada-, en el que solicitó el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de obra pública número CUAU-DGOP-IR-HABITAT-04/16 y su convenio modificatorio, para los efectos siguientes: ".para el efecto de que la autoridad demandada cumpla con la obligación de pago correspondiente en atención a lo pactado en el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número CUAU-DGOP-IR-HABITAT-04/16, DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA AÑO DE JUÁREZ", que fue celebrado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, y su convenio modificatorio de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, tomando en consideración en su caso, si ya existieron pagos acreditables realizados anteriormente al contratista (tal y como lo refiere el propio actor), lo cual implicaría la disminución de la cantidad a pagar, así como lo estipulado en todas y cada una de las cláusulas del citado contrato y el convenio modificatorio señalado." En consecuencia, se condenó a la autoridad demandada para que una vez que la sentencia se encontrara firme, emitiera una resolución debidamente fundada y motivada en la cual: a) determinara la obligación de pago pactada en el contrato de obra pública número CUAU-DGOP-IR-HABITAT-04/16, celebrado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, b) realizara el cálculo de los gastos financieros conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el entendido que debía realizarlo hasta el día en que se materialice el pago y, c) procediera al pago de los conceptos pactados. Mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, la Sala responsable declaró firme la sentencia definitiva de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, a partir del trece de enero de dos mil veintidós, y señaló que la autoridad demandada contaba con un plazo de cuatro meses a partir de que dicha sentencia quedara firme, para que cumpliera con los efectos de la misma. Por escrito recibido el cuatro de julio de dos mil veintidós, el actor ******************** solicitó se requiriera a la autoridad municipal demandada el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que en auto de uno de agosto de dos mil veintidós, la Sala responsable determinó que el plazo otorgado a la demandada para informar el cumplimiento dado a la sentencia definitiva había transcurrido en exceso; en consecuencia, requirió por primera ocasión al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para que informara sobre su cumplimiento, apercibido que en caso de ser omiso, se procedería en términos del artículo 58, fracción I, incisos a) y b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, concediéndole un plazo de tres días para tal efecto, bajo apercibimiento de imponerle una medida de apremio consistente en multa que se fijaría entre trescientas y mil días de valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, y se informaría y requeriría al superior jerárquico de la citada autoridad. Mediante oficio presentado el quince de agosto de dos mil veintidós, en lo que interesa, el Presidente municipal del Ayuntamiento demandado, solicitó la reposición del procedimiento de ejecución, debido al cambio de administración, pues refirió que los integrantes del municipio habían tomado protesta de los cargos el uno de enero de dos mil veintidós. Por otro lado, a través del escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el actor solicitó se impusiera a la autoridad demandada la medida de apremio decretada y se requiriera por segunda ocasión el cumplimiento de la sentencia definitiva. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, la Sala responsable determinó que no había lugar a acordar de confomidad la solicitud de reposición del procedimiento, al no encontrase previsto en la ley que regía el asunto, por lo que requirió al Ayuntamiento municipal demandado para que en el plazo de tres días informara el cumplimiento de la sentencia definitiva, bajo los mismos apercibimientos decretados en el auto anterior. Respecto de la solicitud presentada por el actor -aquí quejoso-, en proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se estableció por la Sala responsable que debía estarse a lo determinado en el acuerdo de dieciséis de agosto anterior. A través del oficio presentado el veintiunueve de agosto de dos mil veintidós, el Presidente municipal del ayuntamiento demandado, informó que no disponía de recursos económicos propios para solventar lo requerido; no obstante, en vías de cumplimiento a lo ordenado, estaba realizando las gestiones administrativas correspondientes, como lo demostraba con el oficio que adjuntó a dicho escrito en el que solicitó al Tesorero municipal, verificara si la administración pasada había dejado como pasivo el adeudo derivado del expediente del juicio de origen, y de ser el caso, si se contaba con el recurso y la liquidez para solventar dicho adeudo, por tanto, solicitó una prórroga de tiempo suficiente para estar en condiciones de cumplir con la sentencia definitiva. Por su parte el actor -aquí quejoso-, mediante escrito presentado el seis de septiembre siguiente, solicitó se impusiera la medida de apremio con la que se apercibió a la autoridad demandada y se requiriera por tecera ocasión el cumplimiento de la sentencia. Mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, la Sala responsable, tuvo a la autoridad demandada informando las gestiones realizadas a fin de cumplir con la sentencia definitiva, por lo que le concedió una prórroga de tres días contados a partir de que surtiera efectos la notificación del acuerdo, para que acreditara el cumplimiento de la sentencia definitiva, con apercibimiento que de no hacerlo, le impondría una multa y requeriría a su superior jerárquico. En el diverso acuerdo de ocho de septiembre siguiente, respecto de lo solicitado por la parte actora, la Sala responsable determinó que debía estarse a lo acordado el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Por oficio recibido el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Presidente municipal del ayuntamiento demandado, informó que había recibido oficio suscrito por el Tesorero municipal en el que informó que no encontró registro contable respecto del adeudo derivado del expediente administrativo de dicho juicio ni presupuesto destinado para el pago; asimismo, informó que el municipio carecía de la solvencia financiera suficiente para hacer frente a lo ordenado, pero para demostar la buena fe de esa autoridad y el ánimo de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, en ese acto exhibió el cheque número 0916 (novecientos dieciséis) de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a favor de ********************, por concepto de pago parcial de la sentencia definitiva, pues le resultaba imposible cumplir con la exhibición del monto condenado en un solo pago, solicitando se le tuviera en vías de cumplimiento. A través del escrito presentado el cinco de octubre del año citado, el actor solicitó se impusiera a la autoridad demandada la medida de apremio con la cual se le apercibió y se requiriera de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia definitiva. Mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la Sala responsable informó a la autoridad demandada que atento a lo deteminado en la sentencia definitiva, primeramente debía emitir una resolución fundada y motivada en la que determinara la obligación de pago pactada en el contrato y su convenio modificatorio, así como el cálculo de los gastos financieros conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hasta el día en que se materializara el pago a la parte actora, y una vez hecho lo anterior, debía realizar el pago de los conceptos pactados. En consecuencia, no acordó de conformidad la solicitud relativa a la entrega del cheque exhibido, puesto que estimó que la demandada primero debía emitir la resolución correspondiente y después realizar el pago, por lo que se ordenó la devolución del título de crédito exhibido, y requirió de nueva cuenta al ayuntamiento demandado, para que en el plazo de tres días contados a partir de la legal notificación, informara el cumplimiento de la senencia definitiva, bajo el apercibmiento de multa e informar al superior jerarquico de dicha autoridad. Respecto al escrito presentado por la parte actora, mediante proveído de esa misma fecha -veintiuno de octubre de dos mil veintidós-, se informó lo determinado en el auto antes citado, respecto de lo solicitado por la autoridad demandada. A través del oficio presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós, el Presidente municipal del ayuntamiento demandado, informó que dirigió oficio a la Tesorería municipal, para que realizara el cálculo solicitado en la sentencia definitiva, relativo a los gastos financieros, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Mediante acuerdo de once de noviembre siguiente, la Sala responsable tuvo por hechas las manifestaciones de la autoridad demandada, respecto a las gestiones relativas al cumplimiento de la sentencia definitiva, quedando en espera de que informara el cumplimiento dado, por lo que determinó que subsistía el apercibimiento decretado en acuerdo anterior. Mediante escrito de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, el aquí quejoso ********************, interpuso recurso de queja por la omisión de la autoridad demandada de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, el cual se admitió a trámite por la Sala responsable el veinticuatro de noviembre siguiente, en el que solicitó al ayuntamiento demandado rindiera informe, apercibido que de no hacerlo dentro del plazo otorgado para tal efecto, se presumiría la existencia de la omsión planteada. Previo informe rendido por la autoridad demandada, el nueve de enero de dos mil veintitrés, la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvió el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que declaró fundado dicho medio de impugnación, por considerar que había transcurrido en exceso el plazo de cuatro meses que le fue otorgado a la autoridad demandada para tal efecto, sin que ésta hubiese exhibido acto o resolución alguna con la que demostrara que había acatado el fallo definitivo. Por tanto, concedió a la autoridad demandada el término de tres días para que diera cumplimiento a la sentencia definitiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, procedería en términos del artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de obtener el cumplimiento. Ahora bien, de las constancias que remitió la Sala responsable relativas al juicio contencioso administrativo de origen, se advierte que con posterioridad a la resolución de queja antes citada, la autoridad demandada ha presentado los oficios que se enlistan, respecto de los cuales se han emitido los acuerdos correspondientes, en los términos que se precisan a continuación: Oficio de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que el Presidente municipal del ayuntamiento demandado, informó a la Sala responsable que en la próxima sesión de cabildo a celebrar en el municipio, sería agregado como punto a tratar el análisis y en su caso, aprobación del referido cabildo municipal para que solicitara al Congreso del Estado de Morelos, una ampliación del presupuesto, a efecto de estar en condiciones de cumplir con el pago del adeudo a la parte actora en el juicio administrativo, lo cual haría del conocimiento de la Sala responsable una vez celebrada dicha sesión de cabildo. A ese oficio recayó el acuerdo de seis de marzo siguiente, en el que la Sala responsable tuvo por hechas las manifestaciones de la citada autoridad y le concedió una prórroga de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación de ese proveído, para que acreditara el cumplimiento de la sentencia definitiva, bajo apercibimiento de multa y de requerir al superior jerárquico. Oficio de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que el Presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, informó que la sesión de cabildo se había programado para el mes de abril del año en curso. Mediante acuerdo de cuatro de abril del año citado, se tuvo por cumplido el requerimiento de seis de marzo anterior, por lo que se dejó sin efectos el apercibimiento decretado a la autoridad demandada y se le requirió para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación, informara el cumplimiento de la sentencia definitiva, bajo apercibimiento de multa y de requerir al superior jerárquico. Oficio de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, a través del cual el Presidente municipal del ayuntamiento demandado exhibió el acta de cabildo, relativa a la sesión celebrada el veinte de abril del año citado, en la que se aprobó la solicitud al Congreso del Estado de Morelos, para una ampliación del presupuesto otorgado a dicho ayuntamiento, para el cumplimiento de la sentencia definitiva en el juicio de origen. En proveído de veinticinco de abril del año citado, se tuvieron por hechas las manifestaciones de la autoridad sin mayor trámite y se le requirió para que en el término de tres días, informara el seguimiento dado al acta de cabildo relativa, con el apercibimiento de multa y de requerir al superior jerárquico. Oficio presentado el quince de mayo de dos mil veintitrés, por el Presidente municipal del Ayuntamiento demandado, a través del cual exhibió el oficio CJ-1012/2023 de ocho de mayo de dos mil vientitrés, signado por el citado Presidente municipal, mediante el cual solicitó al Congreso del Estado de Morelos, la ampliación del presupuesto, conforme a lo autorizado en el acta de cabildo correspondiente, a efecto de cumplir con la sentencia definitiva del juicio de origen. Mediante auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad demandada por realizadas las manifestaciones correspondientes, sin mayor trámite y se le requirió para que en tres días hábiles, siguientes al en que surtiera efectos la notificación respectiva, informara las gestiones que continuaba realizando a fin de cumplir con la sentencia definitiva, bajo apercibimeinto de multa y de requerir al superior jerárquico. Oficio presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés, en el cual el Presidente municipal informó a la Sala responsable que no había obtenido respuesta alguna a la solicitud de ampliación del presupuesto por parte del Congreso del Estado de Morelos, por lo que solicitó una prórroga a efecto de que una vez que recibiera la respuesta correspondiente, estuviera en condiciones de informar el sentido de ésta. En acuerdo de trece de junio siguiente, la Sala responsable determinó que no había lugar a conceder la prórroga solicitada, pues del acuse de recibo del oficio dirigido al Congreso del Estado de Morelos, se advertía que había transcurrido más de un mes; por tanto, requirió a la autoridad demandada para que en el plazo de tres días, informara las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva y en caso de no haber obtenido respuesta del Congreso citado, acreditara que insistió en dicha petición, lo anterior bajo apercibimiento que de no exhibir documentos o de realizar manifestaciones intrascendentes, se le impondría una medida de apremio consistente en multa y se informaría y requeriría al superior jerárquico de dicha autoridad. VII. Análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. Son fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, por lo que se debe conceder el amparo solicitado. De la demanda de amparo se tiene que en esencia el quejoso señala que las omisiones reclamadas transgreden su derecho humano a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 constitucional, porque la sala y ponencia responsables, no han cumplido con su obligación de ejecutar la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo ********************; asimismo, la autoridad demandada Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, no ha cumplido con el deber de ejercer sus funciones para que sea pagada la prestación materia de condena. Son fundados los conceptos de violación, toda vez que las autoridades responsables no han cumplido con sus obligaciones respectivas; esto es, acatar la sentencia definitiva, en razón de que hasta la emisión de la presente sentencia, no se advierte que ésta hubiere sido cumplida. En ese contexto, cabe precisar que el incumplimiento de las autoridades responsables, crea una situación permanente que afecta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, pues impide la ejecución de una determinación firme que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal manera que ello impide que el fallo judicial se cumpla y que la parte demandante sea repuesta en su derecho, y compensada -si hubiere lugar a ello-, por el daño sufrido. En efecto, tal derecho del quejoso a obtener el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo está protegido por el derecho fundamental a la ejecución de sentencias firmes que deriva del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el citado precepto constitucional no comprende tan sólo la resolución de controversias, sino la exigencia de que la impartición de justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, lo que incluye la plena ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. Es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva exige que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho, lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas garantizan en favor de alguna de las partes, en meras declaraciones de intenciones; por tal motivo, es condición indispensable, para que sea completa y efectiva, que el órgano jurisdiccional vele porque sus resoluciones se ejecuten, en la medida de lo posible, en sus propios términos, en tanto la ejecución eficaz e inmediata de las sentencias es de interés público. Lo anterior tiene sustento en la tesis 1a.LXXIV/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2003018, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." De ahí que, el derecho humano de acceso a la impartición de justicia que consagra el artículo 17 constitucional a favor de las personas, descansa entre otros, en el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Bajo ese matiz, el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que las autoridades demandadas y cualquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal; asimismo, que en los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva. Por su parte, el diverso artículo 58 de la legislación citada, señala la obligación del Tribunal de asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo actuar de oficio o a petición de parte; y, en lo que interesa, prevé que la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, requerir a la autoridad demanda que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia y, concluido dicho término, con informe o sin él, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en la ciudad de México, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir la sentencia en el término de tres días; y, previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. Si concluido el plazo persiste la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, se podrá requerir al superior jerárquico para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora; de persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio. Cuando la naturaleza del acto lo permita, podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente, los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. En el caso, del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio administrativo de origen, en el cual se determinó que la sentencia definitiva había adquirido firmeza legal, se advierte que se concedió a la autoridad demandada para cumplir la sentencia, un plazo que no podía exceder de cuatro meses que señala el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contado a partir de que quedara firme, tomando en consideración que los efectos de la sentencia lo fueron para que la autoridad demandada cumpliera con la obligación de pago conforme a lo pactado en el contrato de obra pública CUAU-DGOP-IR-HABITAT-04/16 de tres de noviembre de dos mil dieciséis y su convenio modificatorio de diecisiete de noviembre del año citado, tomando en consideración en su caso, si ya existieron pagos acreditables realizados anteriormente al contratista (como lo refirió el propio actor), lo cual implicaría la disminución de la cantidad a pagar, así como lo estipulado en todas y cada una de las cláusulas del citado contrato y el convenio modificatorio de referencia. Por tanto, se condenó a la autoridad demandada para que en cumplimiento a los efectos de la sentencia definitiva, emitiera una resolución debidamente fundada y motivada en la cual: a) Determinara la obligación de pago pactada en el contrato de obra pública número CUAU-DGOP-IR-HABITAT-04/16, celebrado el tres de noviembre de dos mil dieciséis; b) Realizara el cálculo de los gastos financieros conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el entendido que debía realizarlo hasta el día en que se materialice el pago y, c) Procediera al pago de los conceptos pactados. Sin embargo, del capítulo de antecedes establecido en párrafos que anteceden, se advierte que la autoridad demandada no ha cumplido con la sentencia definitiva, en primer término, con la emisión de la resolución debidamente fundada y motivada en la cual atendiera lo determinado en los incisos a) y b) antes citados, lo cual resulta indispensable a efecto de que se establezca a cuánto asciende el pago que deberá realizar conforme al contrato de obra pública reclamado en el juicio de origen y su convenio modificatorio -pago ordenado en el inciso c)-, razón por la cual, como se desprende del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, fue devuelto el cheque que exhibió el Presidente municipal del Ayuntamiento demandado, como pago en vías de cumplimiento. Lo anterior resulta relevante, toda vez que como lo estableció la Sala responsable en el acuerdo de referencia, conforme a lo ordenado en la sentencia definitiva cuyo cumplimiento se pretende, para conocer el monto de lo pactado en el contrato de obra pública y su convenio modificatorio se requiere que se emita la resolución en la que se determine dicho monto, puesto que se indicó que el propio actor en el juicio contencioso de origen manifestó que se realizaron pagos anteriores al contratista, lo que pudiera reducir el monto de lo adeudado. Entonces, si bien se advierte de los autos del juicio de origen que la autoridad demandada ha informado a la Sala responsable sobre diversas gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, entre ellas, la solicitud al Congreso del Estado de Morelos de la ampliación del presupuesto otorgado al ayuntamiento, se inobservó por la Sala responsable que la autoridad demandada no ha cumplido con la obligación de emitir una resolución fundada y motivada, en la que atienda los puntos señalados como incisos a) y b) de la propia sentencia definitiva y, en consecuencia, proceda al pago correspondiente como se puntualizó en el inciso c), pues conforme a lo acordado por dicha Sala responsable el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, no se han admitido pagos a la demandada por no contar con dicha determinación. En ese sentido, también se tiene que la autoridad demandada ha sido omisa en justificar el motivo o razón por la que no ha emitido dicha resolución fundada y motivada a la cual se le condenó, porque si bien se advierte que ha realizado diversas gestiones en las que ha solicitado al Tesorero municipal le informe lo correspondiente para emitir dicha determinación, no ha justificado el impedimento que tenga para tal efecto, sin que la Sala responsable analizara esa circunstancia. Ahora bien, tampoco se inadvierte que con las gestiones que ha informado el Presidente municipal del ayuntamiento demandado tendientes al cumplimiento, la Sala responsable ha tenido por justificado el incumplimiento a los diversos requerimientos realizados, sin que llevara a cabo un análisis objetivo, a efecto de establecer si la autoridad demandada efectivamente está realizando actos tendientes al cumplimiento de la sentencia definitiva de mérito, o en su caso, se trata de gestiones que dilatan dicho cumplimento. Lo anterior, porque si como ya se destacó, la autoridad demandada ha informado que solicitó al Congreso del Estado de Morelos la ampliación del presupuesto que se le otorga al municipio de Cuautla, Morelos; en ese aspecto, la Sala responsable mediante auto de trece de junio de dos mil veintitrés, requirió al ayuntamiento para que de no haber obtenido respuesta, acreditara haber insistido en la petición, sin considerar que en caso de que subsista la omisión del órgano legislativo, la demandada continue insistiendo en su petición, lo cual no implica que no pueda realizar gestión o acto diverso tendiente al cumplimiento. Es decir, conforme a lo determinado por la Sala responsable en el acuerdo señalado, el cumplimiento correspondiente quedará a expensas de la contestación que emita el Congreso del Estado de Morelos a la solicitud de la parte demandada de conceder una ampliación a su presupuesto, sin que se hubiere analizado en el caso, si esa solicitud es la única gestión que está en condiciones de realizar la parte demandada para cumplir la sentencia de mérito. De igual forma, se tiene que la Sala responsable ha sido omisa en aplicar a la parte demandada los apercibimientos decretados, pues con las gestiones que ha informado que se encuentra realizando ha tenido por justificado el incumplimiento de la sentencia definitiva, sin analizar si efectivamente implica un esfuerzo eficaz para cumplir con la sentencia definitiva de origen y, determinar si el cumplimiento únicamente se puede realizar a través de la ampliación del presupuesto que dicha demandada solicitó al Congreso del Estado de Morelos, pues si bien la demandada ha informado que carece de solvencia económica para dar cumplimiento a la sentencia definitiva, no se advierte de los autos del juicio de origen que esa cuestión se hubiere justificado. En consecuencia, como se señaló, es fundado el motivo de inconformidad expuesto por el quejoso, toda vez que la Sala responsable, a pesar de haber requerido a la demandada para que diera cumplimiento a la sentencia definitiva, como se advierte del capítulo de antecedentes de esta sentencia, lo cierto es que en el trámite correspondiente, ha incumplido con el principio de justicia pronta que establece el artículo 17 constitucional, mismo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de ejecutar la sentencia definitiva dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes, en el caso, conforme a lo previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo anterior, porque de las constancias del juicio contencioso administrativo se advierte que la Sala responsable no ha realizado las acciones efectivas para que la sentencia definitiva se cumpla dentro de los plazos establecidos, puesto que a pesar de que se ha requerido el cumplimiento a la autoridad demandada, no ha vigilado puntualmente éste, en el sentido de que, en primer término, la autoridad demandada emita la resolución fundada y motivada en la que: a) determine la obligación de pago pactada en el contrato de obra pública número CUAU-DGOP-IR-HABITAT-04/16, celebrado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, y b) realice el cálculo de los gastos financieros conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el entendido que debe realizarlo hasta el día en que se materialice el pago; la cual resulta indispensable para conocer los montos adeudados y que se esté en condiciones, en su caso, de recibir el pago correspondiente a favor del actor -ordenado en el inciso c) señalado en la parte final de la propia sentencia definitiva del juicio de origen-. De igual forma, se ha omitido analizar puntualmente si con las gestiones que ha informado la autoridad demandada, efectivamente justifica acciones efectivas tendientes a lograr el cumplimiento; es decir, que ha realizado actos o gestiones eficaces para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva, o si tales acciones han dilatado injustificadamente el cumplimiento de la sentencia, además, si en su caso, esas gestiones resultan ser las únicas conforme al ámbito de facultades y atribuciones del ayuntamiento demandado, para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva, puesto que conforme al artículo 58 de la legislación antes citada, para asegurar el cumplimiento pleno de sus resoluciones, la Sala responsable puede actuar incluso de oficio. No obstante ello, como se dijo, en el juicio contencioso administrativo de origen, no se han respetado los términos establecidos para el cumplimiento de lo condenado, retardando con ello la pronta impartición de justicia; de ahí que las omisiones en el cumplimiento de la sentencia, continúen surtiendo efectos en perjuicio del quejoso. En ese contexto, es evidente que la autoridad responsable municipal no ha cumplido a cabalidad con la sentencia condenatoria, y las autoridades de la Sala responsable no han realizado las acciones efectivas y oportunas para hacer cumplir dicha determinación. Por tanto, se concluye que las autoridades responsables han incumplido con las obligaciones precisadas con anterioridad y, tales omisiones transgreden el derecho fundamental del quejoso a la ejecución de la sentencia firme, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que dicho incumplimiento estuviera justificado. En ese sentido, ante lo fundado de los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para los efectos precisados en el considerando siguiente. VIII. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, los efectos del amparo concedido al quejoso consisten en que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables [1] Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, [2] Tercera Ponencia de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y [3] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, realicen lo siguiente: En el ámbito de su competencia respectiva, procedan a hacer cumplir y a dar cumplimiento a la sentencia definitiva de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio contencioso administrativo ********************. Así, con fundamento en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones expuestas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Juicio de amparo: 214/2023214/2023. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veinte minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Erika de la Cruz Uribe, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia del juicio de amparo 214/2023, promovido por Enrique Paul Hidalgo, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: La secretaria procede a dar cuenta con las pruebas documentales que ofrecieron las partes. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales ofrecidas por las partes, mismas que en su caso se tomarán en consideración al momento de resolver el presente asunto. Se cierra este periodo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: Se hace constar que ninguna parte los formuló ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos pendientes para el dictado de la resolución correspondiente. Nadyelly López Guevara Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos (Firma electrónica) Erika de la Cruz Uribe Secretaria (Firma electrónica) Erika de la Cruz Uribe, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia precedente, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes. Doy fe. cinco de septiembre de dos mil veintitrés
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