Enrique Paul Hidalgo

Expediente 739/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
739/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Enrique Paul Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintitrés. ...Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia engrosada el ocho de agosto de dos mil veintitrés, en la cual se determinó SOBRESEER en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. Con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. ...No obstante, debido a que el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa se formó por duplicado, y el original ya obra agregado en autos, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, se ordena la destrucción del duplicado de dicha pieza incidental. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Finalmente, en razón de lo anterior resulta innecesaria la conservación de las constancias que hizo llegar con su informe justificado la autoridad responsable Presidente de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por tanto, se ordena la devolución de las mismas, sin que sea necesario el acuse de recibo de estilo correspondiente, en virtud de que el sello de recepción del oficio y la anotación de lo que se recibe hará las veces del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 739/2023. R E S U L T A N D O Remisión de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante oficio 14222/2023 de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, remitió los autos del juicio de amparo 1122/2022 de su índice, al declinar competencia en favor de este órgano jurisdiccional, por conocimiento previo; tales documentos fueron recibidos por este Juzgado de Distrito, el treinta de mayo siguiente, entre los cuales, se aprecia el escrito de demanda de Enrique Paul Hidalgo, por propio derecho, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la [1] Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, [2] Segunda Ponencia de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa -denominación correcta-, y el [3] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por los actos reclamados siguientes: "VI.- ACTO RECLAMADO Se hace consistir en la falta de cumplimiento de la sentencia, por parte de las autoridades responsables, siendo ésta de fecha 23 de octubre de 2020, dictada por la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitida por los magistrados MARIA DEL PILAR AZUELA BOHIGAS, Titular de la Primera Ponencia, ELIZABETH ORTÍZ GUZMÁN, Instructora en el juicio, y LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS, titular de la Tercera Ponencia y presidente de la sala, esto en el expediente 1490/19-24-01-2, la cual ha quedado firme desde el día 9 de diciembre de 2020, en donde se ordena al H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, una vez determinada la nulidad de la resolución impugnada, a realizar el pago de la cantidad de $3,698,588.01 (TRES MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 01/100 M.N.), resolución que hasta la fecha no se ha cumplimentado por las autoridades responsables, lo cual constituye actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento. La resolución de la queja interpuesta contra el incumplimiento de la sentencia definitiva, me fue notificada el día 12 de julio de 2022, por medio de boletín, publicado por la autoridad responsable, pero hasta el momento los actos omisivos se continúan prorrogando." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Acepta competencia, avoca al conocimiento del asunto, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado aceptó la competencia declinada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, por conocimiento previo y, se avocó al conocimiento del asunto, para lo cual lo registró con el número de expediente 739/2023. En consecuencia, admitió a trámite la demanda de amparo, homologó las actuaciones practicadas por el juzgado declinante de la competencia legal, no requirió informes justificados a las autoridades responsables toda vez que ya habían sido rendidos, por lo que ordenó hacerles del conocimiento que este juzgado se avocó al conocimiento del asunto. Asimismo, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no ordenó emplazar tercero interesado al no advertir que le surgiera dicho carácter a persona alguna, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El tres de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido en contra de actos omisivos de autoridades que tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. [2] Segunda Ponencia de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. a) La omisión de hacer cumplir la sentencia definitiva de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictada por el Pleno de la Sala Regional responsable, en el juicio contencioso administrativo 1490/19-24-01-2, promovido por Enrique Paul Hidalgo -aquí quejoso-, contra el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en la que se condenó a dicha autoridad municipal al pago de las obligaciones pactadas en el contrato de obra pública CUAU-DGOP-IR-HABITAT-12/16. [3] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. b) La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictada por el Pleno de la Sala Regional responsable, en el juicio contencioso administrativo 1490/19-24-01-2. Con la precisión de que si bien el quejoso señaló como acto destacado la omisión de cumplir la resolución de veintiuno de junio de dos mil veintidós, relativa a la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio de nulidad 1490/19-24-01-2, lo cierto es que, pretende que el [3] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos -parte demandada en el juicio de origen-, cumpla con la sentencia definitiva dictada en ese asunto el veintitrés de octubre de dos mil veinte, tal como fue resuelto en la citada resolución de queja; de ahí que se tenga como actos reclamados destacados los que han quedado precisados en el recuadro que antecede. III. Existencia de los actos reclamados. Se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] Sala Regional de Morelos, y [2] Segunda Ponencia de la Sala Regional de Morelos, ambas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque si bien negaron su existencia, al referir que han ejercido las facultades de verificación oficiosa del cumplimiento de la sentencia definitiva e incluso ordenado imponer multas a la demandada Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de las constancias remitidas no se advierte que se hubiere dado cumplimiento a la sentencia definitiva. Ello, porque la Sala regional responsable remitió copias certificadas del juicio contencioso administrativo 1490/19-24-01-2 de su índice, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido expedidas por una autoridad jurisdiccional en ejercicio de sus atribuciones; documentales de las que, como se dijo, se desprende que la sentencia definitiva no se encuentra cumplida, por lo que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. Por su parte, la autoridad responsable [3] Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las copias certificadas del juicio contencioso administrativo antes señalado. Lo anterior, porque de tal juicio se advierte la existencia de la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la que se condenó al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, al pago de las obligaciones pactadas en el contrato de obra pública CUAU-DGOP-IR-HABITAT-12/16, sin que de los autos del juicio contencioso administrativo se advierta que dicha autoridad municipal haya cumplido con la obligación a la que fue condenada. En consecuencia, el material probatorio con el que se cuenta, resulta suficiente para acreditar la certeza de la omisión que se les atribuye a las autoridades señaladas como responsables, por lo que se continúa con el estudio del asunto. IV. Improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVlll, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó haber cumplido con el principio de definitividad. En efecto, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la omisión, en su ámbito competencial -como autoridad jurisdiccional y condenada-, de hacer cumplir y dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el juicio contencioso administrativo 1490/19-24-01-2, por el Pleno de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respectivamente. De ese modo, previo a acudir al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el recurso de queja, previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se afirma lo anterior, pues el referido recurso de queja constituye un medio de defensa que forma parte del procedimiento que el órgano legislador previó para lograr el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional; tal como lo explicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXIX/2013 (10a.), de rubro: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS." Precisamente, así lo determinó la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional al resolver la contradicción de tesis 306/2021, en la que señaló que mediante el procedimiento establecido en dicho medio de defensa, una vez valorados los elementos que la autoridad condenada aportara, el órgano jurisdiccional correspondiente podía determinar: " Si efectivamente se configura una actitud contumaz o, por el contrario, la sentencia de nulidad se encuentra al menos en vías de cumplimiento.  Si existe una razón que justifique un retraso o, incluso, precisar y aclarar a la autoridad los efectivos alcances que tiene el fallo.  Si se configura una imposibilidad material para cumplir la sentencia y, por ende, proceda el cumplimiento sustituto.  Si determina que existe una actitud contumaz, podrá multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, e informar al superior jerárquico." Asimismo, en la ejecutoria de la contradicción de tesis señalada, se precisó lo siguiente: "38. Al contrario, estos mecanismos están desarrollados, por una parte, para aclarar y agilizar los alcances del fallo jurisdiccional y, por otra, conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria para lograr la satisfacción de derechos; siendo que el hecho de que el juicio de amparo permita aplicar medidas más duras (como lo es la configuración de tipos penales y la destitución del cargo del servidor público involucrado), no implica la inutilidad de los mecanismos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, incluyendo el recurso de queja por omisión en el cumplimiento. (.) 40. Además, sostener que, para lograr la ejecución de una sentencia de nulidad la vía idónea es acudir al juicio de amparo, implica de facto desconocer y anular las reglas concienzudamente establecidas por el legislador para la plena ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, generar que el juicio constitucional se convierta en el medio inmediato de cumplimiento de las decisiones adoptadas en el juicio administrativo, lo que es inadmisible, pues ello implicaría soslayar que el juicio de amparo es de naturaleza extraordinaria. Por tanto, frente a la omisión de incumplimiento de una sentencia de nulidad, el gobernado debe interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque constituye un medio de defensa por virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia el peticionario de amparo. Sin que sea óbice el hecho de que el legislador establezca que el afectado "podrá ocurrir en queja", dado que dicho vocablo no alude a una potestad o libertad del gobernado para decidir libremente si promueve ese medio de defensa o acude a la instancia constitucional, sino que se refiere al establecimiento o creación de un mecanismo para conseguir el cumplimiento de lo decidido en el juicio administrativo y a la posibilidad de recurrir o no el acto de incumplimiento respectivo. (.) A mayor abundamiento, es de destacarse que, aun cuando el incumplimiento a una sentencia de nulidad es un acto atribuible de manera directa a la autoridad -desde luego, a la que fungió como demandada en el juicio administrativo o a aquélla con facultades para ejecutarla-, lo cierto es que se trata de un acto que ocurre en una instancia jurisdiccional, específicamente, en la etapa de cumplimiento. Por lo que resulta razonable que el actor queda obligado a recorrer todas y cada una de sus instancias, tanto para obtener la suspensión de lo impugnado como para conseguir la ejecución de la sentencia que evidenció su ilegalidad; sobre todo porque no es viable abandonar la vía ordinaria en la etapa de cumplimiento y saltar de manera inmediata, para lograr éste, a la vía extraordinaria. (.) Finalmente, es de destacarse que el incumplimiento a una sentencia de nulidad no puede ser considerado como una violación directa a la Constitución Federal, porque se trata de un acto comprendido en una instancia jurisdiccional, específicamente en la etapa de ejecución, por lo que no puede apreciarse como un acto aislado o independiente del juicio sino que, al contrario, su validez depende de las reglas establecidas en la legislación ordinaria a efecto de lograr la materialización de los fallos respectivos. Así, aun cuando el quejoso alegue violaciones a preceptos constitucionales, lo cierto es que sus planteamientos no pueden tener la calidad de violaciones directas a la Carta Magna, pues, al tratarse de una omisión dentro del juicio administrativo, la falta de atención a lo ahí resuelto y las irregularidades planteadas se vinculan en principio con la inobservancia de las disposiciones que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla para hacer cumplir las sentencias dictadas en el juicio de nulidad -especialmente a su artículo 57 conforme al cual las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada están obligadas a acatarlas-, y sólo de manera indirecta se traducirían en una transgresión a la Ley Fundamental. En atención a todo lo hasta aquí expuesto, debe concluirse que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el gobernado debe necesariamente interponer el recurso de queja que prevé el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se trata de un medio de defensa previsto expresamente para combatir ese incumplimiento y es adecuado para lograr su reparación o modificación, además de que respecto de él no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. (.)" Luego, es que en dicho medio de defensa pueden plantearse las inconformidades que sostiene la parte quejosa en este juicio de amparo, respecto a que la sentencia en cuestión no ha sido cumplida, por lo que el mismo debe ser agotado previo a reclamarse el incumplimiento de una sentencia por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues así lo determinó la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que dio origen a la referida contradicción de tesis, consistente en el criterio 2a./J. 14/2022 (11a.), con registro digital 2024468, del contenido siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." La cual resulta obligatoria para este juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Debe precisarse además que dicho criterio fue emitido de forma genérica, sin que el tribunal constitucional acotara su procedencia a los casos en que se reclama tal omisión del tribunal responsable o las autoridades condenadas en el juicio contencioso administrativo, por lo que donde la norma aplicable no distingue, no puede hacerlo la persona juzgadora. Además, aun cuando se trate de un recurso que conoce la misma sala responsable, ello no configura una excepción al principio de definitividad, e incluso, se tiene que existen diversos medios de defensa previstos en otras legislaciones de los cuales conoce el mismo órgano jurisdiccional que emite una determinación -tales como los recursos de revocación, reconsideración o reclamación-, los cuales igualmente tienen que ser agotados previamente a la promoción del juicio de amparo, de donde se obtiene que la persona peticionaria del amparo estaba obligada a la promoción del medio de defensa aquí analizado. Sin que con lo anterior se prejuzgue en cuanto a si en el juicio de origen se encuentra o no cumplida en su totalidad la sentencia dictada en el mismo, ya que lo que se indica es que el aquí quejoso se encuentra en aptitud de plantear mediante dicho medio de defensa ante la sala responsable su consideración en cuanto a que la sentencia no se encuentra aún cumplida, a fin de que emita un pronunciamiento en ese tópico, respecto del cual no puede sustituirse este juzgado, al existir un medio idóneo para tal efecto, el cual tiene que ser agotado previamente, dada la excepcionalidad del juicio de amparo. Al efecto, cabe destacar que ese medio de impugnación no tiene la limitante que prevé el artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo respecto de diversas hipótesis, como se transcribe a continuación: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: (.) 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. (.) La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. (.)" De ahí que, el quejoso debió agotar el recurso de queja de análisis -lo cual puede realizar en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho-, al poder analizar en el mismo las cuestiones que pretende en el presente juicio de amparo, y como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostener que, para lograr la ejecución de una sentencia de nulidad la vía idónea es acudir al juicio de amparo, implicaría de facto desconocer y anular las reglas concienzudamente establecidas por el legislador para la plena ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, generar que el juicio constitucional se convierta en el medio inmediato de cumplimiento de las decisiones adoptadas en el juicio administrativo, lo que es inadmisible; de ahí que la sola promoción de una queja en contra de la omisión de cumplir la sentencia, sea insuficiente para generar la procedencia del asunto, pues la normativa establece que puede ser interpuesta cuantas veces sea necesaria y en cualquier tiempo, al constituir el medio idóneo para combatir el incumplimiento reclamado, lo cual no puede ser sustituido por el medio extraordinario de defensa. Lo anterior además porque ha sido criterio del máximo tribunal constitucional que cuando existe un medio ordinario de defensa procedente en contra de omisiones de una autoridad, el mismo debe ser agotado, como se advierte de las jurisprudencias 1a./J. 28/2018 (10a.) y 1a./J. 79/2018 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, con registros 2017640 y 2018548, de rubros: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO" y "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Lo cual también es concordante, con lo sostenido de forma reciente, respecto a recursos similares por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos y por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, en las jurisprudencias PR.A.CS. J/2 A (11a.) y PC.VI.P. J/4 P (11a.), con registros 2026510 y 2025770, de rubros: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE CUMPLIR UNA SENTENCIA DE NULIDAD, PORQUE NO SE SURTE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" y "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO", respectivamente. En consecuencia, al no haber agotado previo a la promoción de este juicio el medio de defensa ordinario, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que obste para sobreseer en el juicio, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues ello de ninguna manera prejuzga sobre el fundamento mismo del juicio constitucional que va a dilucidarse en la sentencia respectiva, para lo cual sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 327138, de rubro: "SOBRESEIMIENTO, NO OBSTA PARA DICTARLO, EL QUE SE HAYA ADMITIDO LA DEMANDA." Cabe precisar que, si bien los órganos jurisdiccionales están obligados a examinar los conceptos de violación planteados en la demanda correspondiente, así como realizar pronunciamiento respecto de los criterios que ahí se exponen, dicha obligación desaparece cuando se decreta el sobreseimiento, como ocurrió en la especie, lo cual impide el estudio del fondo del asunto y, por consiguiente el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en este juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Enrique Paul Hidalgo, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el ocho de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de agosto de dos mil veintitrés. ...Ahora, se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa con el usuario que proporciona, asimismo, proporciona correo electrónico para efectos de comunicación no procesal. En atención a su contenido y atendiendo a la especial naturaleza del mismo, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la citada parte, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con el usuario que menciona en el escrito que se provee y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haberlo solicitado expresamente. Y con fundamento en el artículo 257 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se autoriza el correo electrónico que refiere, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, con el escrito de cuenta fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y una vez que se dicte la sentencia respectiva; agréguese el cuadernillo en que se actúa sin necesidad de mayor acuerdo. Notifíquese.

  4. Principal

    ACTA DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

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