Enrique Parente Guía
Expediente 1375/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1375/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Enrique Parente Guía
- Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b y c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y terceros interesados, el acuerdo y/o resolución de fecha veintidós de noviembre dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, glósense los incidentes de suspensión relativos al presente juicio, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y por lo que respecta a las copias certificadas del expediente número 199/2019, así como del cuadernillo formado con motivo del juicio de amparo V-993/2019, que remitió el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad devuélvanse a su lugar de origen por ser innecesario que obre en autos. Ahora bien, en virtud de que por resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Así, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de Depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Hágase saber a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, sí así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos de lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 20/2021, respecto de su vigencia, la parte quejosa o sus autorizados deberán generar cita en Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio "Agenda OJ". Finalmente, glósese el escrito signado por..., atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar en cuanto al fondo su petición, toda vez que no fue autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, sino únicamente para oír y recibir notificaciones así como para recibir documentos toda vez que en esos términos fue autorizado en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno. Tiene aplicación al anterior criterio, por identidad jurídica, la jurisprudencia número V.2º. J/92, visible en la página 65, Tomo 78, Junio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son: "AUTORIZADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. LEGITIMACION DEL. EN LAS MATERIAS CIVIL. MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. DEBE ACREDITARSE SU CARACTER DE PROFESIONISTA Y PROPORCIONARSE LOS DATOS CORRESPONDIENTES EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGUE TAL AUTORIZACION. En el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, se establecen dos hipótesis que prevén las facultades de quienes fungen en el juicio de garantías como autorizados. En el primer supuesto, como regla general el quejoso y el tercero perjudicado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal, la que quedará facultada para oír notificaciones en nombre del autorizante, para interponer los recursos que procedan conforme a derecho, ofrecer y rendir medios probatorios, formular alegatos, solicitar la suspensión diferimiento de las audiencias, impulsar el procedimiento a efecto de impedir la consumación del término de la caducidad de la instancia o el sobreseimiento por inactividad procesal y realizar todo acto tendiente a la defensa de los intereses de quien le otorga autorización; encontrándose impedidos únicamente a sustituir o delegar sus facultades a un tercero; en el segundo supuesto, como regla de excepción que rige en las materias civil, mercantil o administrativa, el propuesto con tal fin deberá acreditar que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue la autorización, ello como condición legal para que pueda gozar de las facultades enumeradas en la primera parte del precepto en comento, a menos de que el quejoso o el tercero perjudicado sólo hagan la designación de una persona con capacidad legal y para el único efecto de que escuche notificaciones y se imponga de los autos, sin gozar por ende de las facultades amplias que se mencionan al inicio del párrafo de mérito. En suma, a efecto de que la autorización que se otorgue por parte del quejoso o del tercero perjudicado en un juicio del orden civil, mercantil o administrativo, adquiera validez legal, es indispensable que el autorizado se encuentre legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado y que esa circunstancia se acredite. Por lo tanto, si quien interpone un recurso como autorizado del quejoso o del tercero perjudicado no acreditó durante el juicio de garantías estar facultado para ejercer la profesión de abogado, ni se proporcionan los datos correspondientes, debe estimarse que no se cumplen con los requisitos que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo y, por ende, carece de legitimación para interponer dicho recurso." Así como la tesis número V.2º.64 C, visible en la página 833, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995). Una nueva reflexión sobre el tema relativo a la legitimación del autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el no señalamiento del número de registro de cédula profesional en el escrito correspondiente o el reconocimiento tácito por el Juez de Distrito llegue a transgredir el citado dispositivo en su segundo párrafo, el cual es claro en cuanto a que en las materias civil, mercantil y administrativa, es condición que el autorizado acredite ante el Juez que conozca del amparo, encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, tales omisiones no pueden dar lugar a legitimar en las referidas materias al profesionista que no cubra esos requisitos, toda vez que es una obligación del Juez de Distrito constatar tal circunstancia, pues una vez que el a quo reconozca la legitimación necesaria para ofrecer pruebas, éste ya está autorizado para interponer recursos, así como cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, dado que el autorizado en términos amplios del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tiene una diversidad importante de facultades de representación. Por ello, la importancia de que el Juez de Distrito constate la autorización que expida en términos del multicitado artículo, a fin de no estar en contra de la ley, al legitimar a algún profesionista que no cuente con la autorización correspondiente, pues estaría legitimando a quien la ley expresamente prohíbe.". Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, glósense los incidentes de suspensión relativos al presente juicio, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y por lo que respecta a las copias certificadas del expediente número 199/2019, así como del cuadernillo formado con motivo del juicio de amparo V-993/2019, que remitió el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad devuélvanse a su lugar de origen por ser innecesario que obre en autos. Ahora bien, en virtud de que por resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Así, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de Depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Hágase saber a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, sí así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos de lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 20/2021, respecto de su vigencia, la parte quejosa o sus autorizados deberán generar cita en Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio "Agenda OJ". Finalmente, glósese el escrito signado por..., atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar en cuanto al fondo su petición, toda vez que no fue autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, sino únicamente para oír y recibir notificaciones así como para recibir documentos toda vez que en esos términos fue autorizado en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno. Tiene aplicación al anterior criterio, por identidad jurídica, la jurisprudencia número V.2º. J/92, visible en la página 65, Tomo 78, Junio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son: "AUTORIZADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. LEGITIMACION DEL. EN LAS MATERIAS CIVIL. MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. DEBE ACREDITARSE SU CARACTER DE PROFESIONISTA Y PROPORCIONARSE LOS DATOS CORRESPONDIENTES EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGUE TAL AUTORIZACION. En el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, se establecen dos hipótesis que prevén las facultades de quienes fungen en el juicio de garantías como autorizados. En el primer supuesto, como regla general el quejoso y el tercero perjudicado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal, la que quedará facultada para oír notificaciones en nombre del autorizante, para interponer los recursos que procedan conforme a derecho, ofrecer y rendir medios probatorios, formular alegatos, solicitar la suspensión diferimiento de las audiencias, impulsar el procedimiento a efecto de impedir la consumación del término de la caducidad de la instancia o el sobreseimiento por inactividad procesal y realizar todo acto tendiente a la defensa de los intereses de quien le otorga autorización; encontrándose impedidos únicamente a sustituir o delegar sus facultades a un tercero; en el segundo supuesto, como regla de excepción que rige en las materias civil, mercantil o administrativa, el propuesto con tal fin deberá acreditar que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue la autorización, ello como condición legal para que pueda gozar de las facultades enumeradas en la primera parte del precepto en comento, a menos de que el quejoso o el tercero perjudicado sólo hagan la designación de una persona con capacidad legal y para el único efecto de que escuche notificaciones y se imponga de los autos, sin gozar por ende de las facultades amplias que se mencionan al inicio del párrafo de mérito. En suma, a efecto de que la autorización que se otorgue por parte del quejoso o del tercero perjudicado en un juicio del orden civil, mercantil o administrativo, adquiera validez legal, es indispensable que el autorizado se encuentre legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado y que esa circunstancia se acredite. Por lo tanto, si quien interpone un recurso como autorizado del quejoso o del tercero perjudicado no acreditó durante el juicio de garantías estar facultado para ejercer la profesión de abogado, ni se proporcionan los datos correspondientes, debe estimarse que no se cumplen con los requisitos que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo y, por ende, carece de legitimación para interponer dicho recurso." Así como la tesis número V.2º.64 C, visible en la página 833, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995). Una nueva reflexión sobre el tema relativo a la legitimación del autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el no señalamiento del número de registro de cédula profesional en el escrito correspondiente o el reconocimiento tácito por el Juez de Distrito llegue a transgredir el citado dispositivo en su segundo párrafo, el cual es claro en cuanto a que en las materias civil, mercantil y administrativa, es condición que el autorizado acredite ante el Juez que conozca del amparo, encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, tales omisiones no pueden dar lugar a legitimar en las referidas materias al profesionista que no cubra esos requisitos, toda vez que es una obligación del Juez de Distrito constatar tal circunstancia, pues una vez que el a quo reconozca la legitimación necesaria para ofrecer pruebas, éste ya está autorizado para interponer recursos, así como cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, dado que el autorizado en términos amplios del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tiene una diversidad importante de facultades de representación. Por ello, la importancia de que el Juez de Distrito constate la autorización que expida en términos del multicitado artículo, a fin de no estar en contra de la ley, al legitimar a algún profesionista que no cuente con la autorización correspondiente, pues estaría legitimando a quien la ley expresamente prohíbe.". Notifíquese personalmente.
- Principal
R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por..., en contra de la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que el ocho de octubre compareció a juicio el tercero interesado ---------------------; por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que haga valer los derechos que a su parte corresponde dentro del presente juicio de garantías. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las TRECE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 84/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo XXII, correspondiente al mes de Diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del siguiente texto: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA QUE COMPAREZCA A HACER VALER SUS DERECHOS DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SURTE EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO EFECTUADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. -." En relación con la diversa tesis V.4o.1 K, visible en la página 1119, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. -." Notifíquese.
Quedan 26 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Enrique Lugo Santana638/2020
- Enrique Luviano Nuñez586/2018
- Enrique Méndez Maldonado1160/2022
- Enrique Ochoa Carrillo274/2017
- Enrique Orozco Sosa600/2021
- Enrique Parente Guía838/2020
- Enrique Pérez Herrejón456/2020
- Enrique Pérez Torres582/2017
- Enrique Ponce Merlos632/2012
- Enrique Raya Cisneros1341/2023
- Enrique Romero Trevizo532/2022
- Enrique Ruiz Moreno376/2023