Enrique Lugo Santana
Expediente 638/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 638/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Enrique Lugo Santana
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de ocho de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del veintiuno al veintisiete de octubre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Finalmente, toda vez que la parte promovente exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia practicada por el Actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso ..., así como a sus autorizados, el proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de amparo en que se actúa, por los motivos que en la misma se indican; consecuentemente, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificarles dicho auto, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes que sean de carácter personal hasta en tanto señalen nuevo domicilio para ese efecto. Notifíquese. (en cumplimiento a lo anterior se notifica el acuerdo de fecha Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese el escrito signado por ..., por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dos de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. Antes, se precisa establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que, aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Así como se anticipó, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Ahora, del escrito aclaratorio la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: En efecto, se advierte del escrito aclaratorio que el quejoso reclama: Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán: a) El acuerdo de catorce de febrero de dos mil veinte emitido en el expediente 192/2020, por el que se le impone diversas medidas de protección en su perjuico. Auto en el que aduce le fueron aplicados los artículos 982, segundo párrafo, y 736 del Código Familiar, los numerales 60 y 64 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, así como los artículos 16, 17, 20, 2, 23, 24, 26, 27, 29 y 31 del reglamento de esta última ley, y por ende reclama su inconstitucionalidad. Del Agente del Ministerio Público de Atención Temprana, de Maravatío, Michoacán: b) El acuerdo de catorce de febrero de dos mil veinte que ordenó el inicio de la carpeta de investigación número 01410/UATPIZIT/2020, sin detenido, por el delito de violencia familiar, así como su tramitación. c) El acuerdos de tres de marzo y veintisiete de abril, ambos de dos mil veinte, dictados en la carpeta de investigación número 01410/UATPIZIT/2020, por medio de los cuales decretó medidas de protección en su perjuicio. Del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Maravatío, Michoacán: d) La ejecución de las medidas de protección dictadas en su perjuicio. Ahora bien, de dicho escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa por lo que respecta a los actos reclamados en los incisos a), b) y d), tuvo conocimiento el catorce de febrero de dos mil veinte, dado que así lo manifestó en su escrito aclaratorio. Asimismo, del referido escrito de cuenta, se advierte, que por lo que respecta al acto reclamado descrito en el inciso c), el quejoso tuvo conocimiento del mismo el siete de mayo de dos mil veinte. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, hasta el uno de octubre de dos mil veinte, es incuestionable que transcurrió en exceso el término de quince días a que alude el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, para acudir a esta instancia federal, toda vez que éste respecto a los actos reclamados descritos en los a), b) y d), inició el diecisiete de febrero y feneció el seis de marzo de dos mil veinte; y, por lo que ve al acto reclamado en el inciso c) inició el cuatro de agosto y feneció el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, toda vez que, en términos del artículo 2, fracción I, del Acuerdo General número 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del COVID-19, el citado plazo se reanudó en el punto en que quedó pausado ya que en cumplimiento a lo establecido en los acuerdos generales 04/2020, 06/2020 y 08/2020, 10/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, este último reformado en su vigencia por el diverso 18/2020, se suspendieron las labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación del periodo comprendido del dieciocho de marzo al dos de agosto, de dos mil veinte. En consecuencia, si las normas tildadas de inconstitucional, provienen de un acto extemporáneo, por ende, ello torna improcedente el juicio de amparo, tanto por lo que respecta al respectivo acto de aplicación, como por lo que hace a la norma impugnada, pues el análisis de la ley respectiva no puede desvincularse del que concierne a su acto de aplicación, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Lo anterior es así, porque como ya se dijo el referido quejoso tuvo conocimiento directo, exacto y completo de los actos reclamados, el catorce de febrero y el siete de mayo, ambos de dos mil veinte, como se advierte de las manifestaciones realizadas en su escrito aclaratorio. Manifestación que constituye una confesión, que hace prueba, plena de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dado que el promovente expresamente reconoce que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de febrero de dos mil veinte. En consecuencia, deben estimarse consentidos de manera tácita el acto reclamado, por no haberse interpuesto la correspondiente demanda de amparo, dentro del término legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ahí que, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia. Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados" Así como por identidad de razón la tesis visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, de los meses de Julio a Diciembre de 1998, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Y la diversa tesis, visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Sin que sea óbice, que los actos reclamados pudieran considerarse como actos de tracto sucesivo, puesto que ello se traduciría en que la demanda de amparo puede presentarse en cualquier momento, dado que como se precisó los actos que por esta vía reclama le empezaron a ocasionar perjuicio, desde el primer momento en que se realizó, independientemente de que dichos actos, según su dicho, siga teniendo efectos día tras día, puesto que es el primer acto del que tuvo conocimiento, el que lo legitima a promover la demanda de amparo, y si no los impugnó dentro del plazo legal, es evidente que obró el consentimiento tácito y de ahí la improcedencia del juicio de que se trata. En relación con lo anterior, se invoca la tesis número I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1394, Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 178756, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." Del mismo modo, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 163172, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Lo que trae como consecuencia, que se actualice la causal de improcedencia a que se contrae el precepto 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 del citado ordenamiento legal. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el oficio 1B-396/2020-MVM, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, lo que acredita con el acuerdo dictado el cinco de octubre del año en curso, que anexa a su oficio de cuenta; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibido que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictara la resolución que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y tras autoridades; atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 638/2020-III. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, en vigor, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se hará acreedor el quejoso que al formular su demanda de amparo afirme hechos falsos u omita las que le consten, con apoyo en los numerales 108, fracciones IV, y 114, fracción IV de la Ley de la materia, requiérase al citado promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: - Indique de manera clara y precisa qué acto o actos en particular reclama a cada una de las autoridades responsables, que conforme a sus facultades corresponda su emisión, toda vez que al respecto lo hace de manera imprecisa. Esto es así, pues se advierte que la parte quejosa en su demanda de amparo en el apartado que señalo como acto reclamado de las autoridades APLICADORAS Y ORDENADORAS DE LOS ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN: preciso que: Del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Maravatío, Michoacán, reclama: "Mantener vigentes todas y cada una de las medidas de protección decretadas en mi contra dentro del expediente 192/2020, relativo a los actos prejudiciales impulsados por comparecencia de Cleotilde Lugo Morales, a las 14:25 horas del 14 de febrero de 2020, mismas que me fueron notificadas a las 16:20 horas de esa misma fecha y me impiden hasta ahora, entre otras, la reincorporación a mi domicilio. Omitir tanto el pronunciamiento como la diligencia mediante la cual se me reincorpore a mi domicilio, solicitada por escrito y ante la cual, si bien decretó diligencias complementarias; no obstante debido a la Pandemia por la enfermedad COVID-19 -y consiguiente suspensión de sus labores-, hasta este momento persisten tales omisiones que agravian mis derechos sustantivos." Con relación, a la autoridad Agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación 01410/UATPIZIT/2020, y clave NUC 1006202006163, reclamo por vicios propios: La aplicación del artículo 178 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, no obstante contrariar el principio de taxatividad penal. La insubsistencia de todo lo actuado en la carpeta de investigación 01410/UATP/ZIT/2020, iniciada mediante querella del ahora quejoso, en comparecencia recibida a las 19:34 horas del viernes 14 de febrero de 2020, a pesar de acreditarle que en la misma fecha previno en el conocimiento de los hechos el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Maravatío, vulnerando los principios de ultima ratio, intervención mínima del Estado y de proporcionalidad. Así también, de la autoridad ejecutora reclama: Del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reclamo por vicios propios: Mantener en mi perjuicio la vigilancia policiaca hasta la fecha, por conducto de los agentes y patrullas bajo su mando, en mi domicilio habitual ubicado en cerrada de Sor Juana Inés de la Cruz 151, colonia Centro de Maravatío, Michoacán, impidiendo acercarme al mismo. La intervención, hostigamiento, e inminente detención del suscrito quejoso, ante mí sola presencia, con o sin llamado de las sedicentes víctimas que también habitan dicho domicilio. Además de que en también, precisa que de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables reclama: Todo acto o abstención que impida o limite la propiedad y posesión del citado inmueble; y en general toda afectación en mis papeles o posesiones relacionados con mis derechos de familia, y las consecuencias de hecho y de Derecho que de ello deriven. Por tanto, deberán precisar de manera clara y precisa que actos en particular reclaman, en esta instancia constitucional, a que autoridades se los atribuyen, así como la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de ellos, manifestación que deberán hacerla bajo protesta de decir verdad, toda vez que la misma corresponde a los hechos y abstenciones que les consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omitan los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad resulta falso, serán sancionados. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis número P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se proveerá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia de que deberán anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las autoridades señaladas como responsables, una para la Agente del Ministerio Público de la adscripción y dos más para formar los cuadernos incidentales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ******************** número ********************, colonia ******************** ******************** en esta ciudad, autorizando para tal efecto a ******************** y ********************, quienes gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números ******************** y ********************, que los acredita como licenciados en derecho por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. Sin que haya lugar a realizar la notificación del presente proveído al correo electrónico ********************, toda vez que la Ley de Amparo no contempla esa forma de notificación, sin embargo, tiene expedito su derecho para solicitar que las notificaciones personales relativas al presente asunto, se le realicen de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por lo que el correo electrónico antes mencionado, únicamente se tiene como medio para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las demás partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes : "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Enrique Diazbarriga Ruíz557/2021
- Enrique Estrada Sanchez1072/2021
- Enrique García Gutiérrez755/2018
- Enrique García Soria830/2020
- Enrique Herrera García45/2020
- Enrique Juárez Valdovinos455/2012
- Enrique Luviano Nuñez586/2018
- Enrique Méndez Maldonado1160/2022
- Enrique Ochoa Carrillo274/2017
- Enrique Orozco Sosa600/2021
- Enrique Parente Guía838/2020
- Enrique Parente Guía1375/2019