Enrique Ojeda de la Toba y Otros.

Expediente 369/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 42 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
369/2018
Año
2018
Actuaciones
42
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Enrique Ojeda de la Toba
  • Enrique Ojeda de la Toba y Otros.
  • Sandra Luz Ceseña Galván y Otros.
  • Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia con residencia en Ensenada, Baja California
  • Sandra Luz Ceseña Galván

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Incidental

    Ensenada, Baja California, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en esta misma fecha se dictó un proveído en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales, en el cual se ordenó el archivo definitivo de aquel expediente; en consecuencia, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente por auto de auto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional, y por resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del mencionado artículo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO JUAN ALEJANDRO MOYA RIZO. Ensenada, Baja California, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran formulado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia...A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a los quejosos Sandra Luz Ceseña Galván y Enrique Ojeda de la Toba, contra los actos reclamados de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Civil en esta ciudad, para los efectos siguientes: ? Deje sin efecto todo lo actuado en el juicio ordinario civil 571/2015, a partir del emplazamiento practicado a los aquí quejosos Sandra Luz Ceseña Galván y Enrique Ojeda de la Toba. Protección constitucional que se hizo extensiva a la autoridad responsable actuario del Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, dada su calidad de ejecutora. Inconformes con dicha determinación, los terceros interesados Juan Alejandro Moya Rizo y Banco Monex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero Anteriormente, Santander Vivienda, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Santander México, Anteriormente, Santander Hipotecario, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, por conducto de su apoderado legal, interpusieron recurso de revisión en su contra, del que por cuestión de turno correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, quien por resolución dictada en el amparo en revisión civil 248/2019, confirmó la sentencia recurrida, por lo que en proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibida la ejecutoria en mención, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la citada autoridad responsable. En acatamiento a ello, el Juez Tercero de lo Civil en esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitió copia certificada del auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 571/2015, en el que dejó sin efecto las actuaciones realizadas con posterioridad a la diligencia de emplazamiento practicada a los aquí quejosos Sandra Luz Ceseña Galván y Enrique Ojeda de la Toba el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; asimismo, turnó los autos al actuario para que pusiera a los quejosos en posesión material y jurídica del bien inmueble rematado en dicho juicio ubicado en calle Baena número 145 unidad número 6-1H perteneciente al condominio Baena-8 del fraccionamiento Villa Residencial del Rey en esta ciudad. Posteriormente, mediante oficio recibido en este juzgado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la diligencia celebrada el once de marzo de este año, en la que se llevó a cabo el lanzamiento y se otorgó la posesión material y jurídica a los quejosos Sandra Luz Ceseña Galván y Enrique Ojeda de la Toba del bien inmueble de referencia. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad.Por ende, en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con dichas documentales por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto. En las relatadas condiciones, este juzgador determina que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Civil en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que demostró que dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio ordinario civil 571/2015, a partir del emplazamiento practicado a los aquí quejosos Sandra Luz Ceseña Galván y Enrique Ojeda de la Toba, como se advierte de las constancias que remitió y que fueron valoradas con antelación. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al encontrarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino. Por otra parte, ya que de la certificación de cuenta, se advierte que obra en autos un tomo de prueba por cuerda separada, remitido por la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación; por tanto, se ordena la devolución de dichas constancias. Se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Por último, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio dejado el ocho de abril de dos mil veintiuno, en el domicilio de La parte tercero interesada Banco Monex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex, Grupo Financiero anteriormente Santander Vivienda, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Santander México, anteriormente, Santander Hipotecario, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, y se le notifica el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, que dice: "Ensenada, Baja California, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran formulado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia...A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a los quejosos Sandra Luz Ceseña Galván y Enrique Ojeda de la Toba, contra los actos reclamados de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Civil en esta ciudad, para los efectos siguientes: ? Deje sin efecto todo lo actuado en el juicio ordinario civil 571/2015, a partir del emplazamiento practicado a los aquí quejosos Sandra Luz Ceseña Galván y Enrique Ojeda de la Toba. Protección constitucional que se hizo extensiva a la autoridad responsable actuario del Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, dada su calidad de ejecutora. Inconformes con dicha determinación, los terceros interesados Juan Alejandro Moya Rizo y Banco Monex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero Anteriormente, Santander Vivienda, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Santander México, Anteriormente, Santander Hipotecario, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, por conducto de su apoderado legal, interpusieron recurso de revisión en su contra, del que por cuestión de turno correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, quien por resolución dictada en el amparo en revisión civil 248/2019, confirmó la sentencia recurrida, por lo que en proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibida la ejecutoria en mención, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la citada autoridad responsable. En acatamiento a ello, el Juez Tercero de lo Civil en esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitió copia certificada del auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 571/2015, en el que dejó sin efecto las actuaciones realizadas con posterioridad a la diligencia de emplazamiento practicada a los aquí quejosos Sandra Luz Ceseña Galván y Enrique Ojeda de la Toba el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; asimismo, turnó los autos al actuario para que pusiera a los quejosos en posesión material y jurídica del bien inmueble rematado en dicho juicio ubicado en calle Baena número 145 unidad número 6-1H perteneciente al condominio Baena-8 del fraccionamiento Villa Residencial del Rey en esta ciudad. Posteriormente, mediante oficio recibido en este juzgado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la diligencia celebrada el once de marzo de este año, en la que se llevó a cabo el lanzamiento y se otorgó la posesión material y jurídica a los quejosos Sandra Luz Ceseña Galván y Enrique Ojeda de la Toba del bien inmueble de referencia. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad.Por ende, en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con dichas documentales por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto. En las relatadas condiciones, este juzgador determina que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Civil en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que demostró que dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio ordinario civil 571/2015, a partir del emplazamiento practicado a los aquí quejosos Sandra Luz Ceseña Galván y Enrique Ojeda de la Toba, como se advierte de las constancias que remitió y que fueron valoradas con antelación. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al encontrarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino. Por otra parte, ya que de la certificación de cuenta, se advierte que obra en autos un tomo de prueba por cuerda separada, remitido por la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación; por tanto, se ordena la devolución de dichas constancias. Se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Por último, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.

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