Enrique Martín Pérez Morales
Expediente 25/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/07/2017
Partes del expediente
- Enrique Martín Pérez Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBMIENTO DEL AVISO DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "...Ensenada, Baja California, seis de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito procede a resolver si está o no cumplida la sentencia que, en lo que aquí interesa, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "1. La autoridad responsable deje insubsistente la resolución de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, única y exclusivamente en relación con la imposición de medidas cautelares. 2. En audiencia pública, con citación de las partes, nuevamente resuelva la petición formulada por el agente Ministerio Público respecto a la imposición de las medidas cautelares previstas en las fracciones I, II y III del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos. 2a. En caso de imponer alguna medida cautelar de las solicitadas, deberá ceñirse a lo previsto los artículos 156, 159 y 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, deberá justificar el por qué las medidas impuestas son las menos lesivas para el imputado, establecer los lineamientos para su imposición y la vigencia de las mismas. 2b. De imponer como medida cautelar una garantía económica, deberá tomar en consideración el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o para la comunidad, así como sus características personales, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; pero sin tomar en consideración para fijar el monto, los gastos erogados por la víctima." Lo anterior es así, ya que resultó fundado uno de los conceptos de violación hecho valer por la parte quejosa, relativo a la imposición de medidas cautelares suplidos en su deficiencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por tanto, el Juez de Control de Baja California, con residencia en Ensenada, en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, estaba constreñido a realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, única y exclusivamente en relación con la imposición de medidas cautelares. 2. Resolver en audiencia pública la petición formulada por el agente Ministerio Público respecto a la imposición de las medidas cautelares previstas en las fracciones I, II y III del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos; y en caso de imponer alguna medida cautelar de las solicitadas, deberá ceñirse a lo previsto los artículos 156, 159 y 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir justificar el por qué las medidas impuestas son las menos lesivas para el imputado, estableciendo los lineamientos para su imposición y la vigencia de las mismas. 3. Finalmente, para el caso de imponer como medida cautelar una garantía económica, deberá tomar en consideración el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o para la comunidad, así como sus características personales, su capacidad económica y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; pero sin tomar en consideración para fijar el monto, los gastos erogados por la víctima. Una vez precisados los efectos de la sentencia de amparo, se observa que el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, el Juez de Control de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento al fallo protector, remitió el oficio NSJP/ENS/01859/2017, en el cual informó que en audiencia pública desahogada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal de origen 305/2017, que se instruye en contra del quejoso, se aprobó acuerdo reparatorio consistente en la entrega del vehículo Dodge stratus año 2004, equivalente a la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos moneda nacional) y el pago por la cantidad de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos moneda nacional) dividido en pagos de $1,350.00 (mil trecientos cincuenta pesos moneda nacional) realizados los días doce de cada mes por el plazo de tres años. En virtud de dicho acuerdo reparatorio de tracto sucesivo, se dejaron sin efecto las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante la autoridad de vigilancia, la garantía económica y el embargo del vehículo. Para corroborar lo anterior, se transcribe lo conducente al oficio de veintiséis de junio del año en curso: "[.] Por lo que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo infórmese al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California que mediante AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO celebrada el día cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 305/2016 que se instruye contra Enrique Martín Pérez Morales, por el delito de Daño en propiedad ajena culposo, Lesiones por culpa, Omisión de auxilio a personas atropelladas, misma que fue presidida por el suscrito, se aprobó acuerdo reparatorio consistente en: 1) entrega del vehículo Dodge stratus año 2004 equivalente a la cantidad de $35,000.00. 2) el pago por la cantidad de $145,000.00 dividido en pagos de $1,350.00 realizados los días 12 de cada mes por el tiempo de 3 años, siendo realizado el primero el día de la citada audiencia, así mismo se ordenó levantamiento de embargo precautorio, del vehículo Dodge stratus modelo 2004. Y SE DEJA SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR QUE CONSISTÍA EN; 1. LA PRESENTACIÓN PERIODICA 2. LA GARANTÍA ECONÓMICA (QUE NO SE EXHIBIÓ) 3. EL EMBARGO DEL CARRO [.]" Con lo anterior se da cumplimiento al punto 1 descrito en párrafos precedentes, toda vez que del oficio remitido por la responsable se advierte que en audiencia pública desahogada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la parte ofendida y el imputado hoy quejoso llevaron a cabo un acuerdo reparatorio en el cual se dejaron sin efecto las medidas cautelares impuestas en la audiencia de vinculación a proceso de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Por tanto, -como se anticipó- queda cumplido el punto uno descrito con antelación. Respecto de los puntos 2 y 3, redactados con anticipación; estos también se tienen por cumplidos, ya que se encuentran constreñidos a que continuase la secuela procesal de forma ordinaria y la autoridad responsable atendiera la petición formulada por la Fiscalía de imponer medidas cautelares fundando y motivando dicha solicitud, debiendo atender diversos lineamientos para el caso de imponer como medida cautelar una garantía económica; sin embargo, como ha quedado demostrado, las partes de la causa penal de origen 305/2016 llevaron a cabo una salida alterna al procedimiento penal, consistente en un acuerdo reparatorio de tracto sucesivo, dejando sin efecto las medidas cautelares impuestas. En consecuencia, al no dictarse medida cautelar alguna dentro del procedimiento penal de origen, toda vez que las partes llevaron a cabo la celebración de un acuerdo reparatorio como salida alterna al proceso, resultó innecesario que la autoridad responsable materializara los lineamientos precisados en los números 2 y 3, de ahí que se tengan por cumplidos. Atento a lo anterior, debe concluirse que en el caso, es declarar, sin perjuicio de que las partes interesadas intenten el medio de impugnación correspondiente, que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia cuyo rubro y datos de identificación se citan a continuación: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." (Novena Época; Registro: 165807; Instancia: Segunda Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 201/2009; Página: 301). Notifíquese personalmente..."
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "...Ensenada, Baja California, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual realiza manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, en la inteligencia de que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado resolverá sobre si está o no cumplida la sentencia de amparo, con base en lo informado por la autoridad responsable y las constancias que obren en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada..."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AMPARO SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES; REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, DE CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA QUE SE TERMINÓ DE ENGROSAR EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO QUE EN SUS PUNTOS RESOLUTIVOS DICE LO SIGUIENTE: "...RESUELVE. PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA. SEGUNDO. LÑA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA..."
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