Enrique Nivon Mendoza

Expediente 166/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
166/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Enrique Nivon Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, trece junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Enrique Nivon Mendoza, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, transcurrió del veintiséis de mayo al ocho de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de mayo, cuatro y cinco de junio de dos mil veintidós, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo dictado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los autos los oficios siguientes: 1. El oficio S.A./2198/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, remite copia certificada del laudo de seis de mayo del año en curso, emitido en el expediente laboral 258/2013; y de las notificaciones de doce de mayo del año en curso, mediante las cuales, se notificó a las partes actora y demandadas la resolución en forma de laudo. 2. El oficio S.A./2332/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a través del cual, informa que en el juicio 258/2013, ya se emitió la resolución en forma de laudo, el cual, remitió a través del comunicado S.A./2198/2022, además, proporciona el domicilio de los terceros interesados Miguel Gutiérrez Durán y Lugarda Can Acosta. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las copias certificadas que remitió con sus oficios de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el once de abril de dos mil veintidós, Enrique Nivon Mendoza, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de dictar laudo en el expediente laboral 258/2013. Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio S.A./2198/2022, remitió copia certificada el laudo de seis de mayo de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 258/2013, así como de las notificaciones de doce de mayo del año en curso, mediante las cuales, se notificó a las partes actora y demandadas la resolución en forma de laudo. Copias certificadas a las que se le confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse dictado el laudo en el expediente laboral 258/2013, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues al dictarse el laudo en el expediente laboral 258/2013, cesó la omisión de la falta de emisión de laudo que reclamó la parte quejosa. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós (foja 25). No se soslaya que en auto de veintiuno de abril dos mil veintidós, este juzgado de distrito reservó el emplazamiento de los terceros interesados Miguel Gutiérrez Durán y Lugarda Can Acosta, una vez que se recibiera el informe justificados, sin embargo, dado el sobreseimiento decretado en este asunto, resulta innecesario ordenar su emplazamiento a juicio, por no ocasionarles perjuicio alguno esta determinación. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a la tercera interesada "Perforadora Central, sociedad anónima de capital variable; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA PERFORADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NI NINGÚN APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE TERCERA INTERESADA, NI LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ACUDIERON A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LOS CITATORIOS ENTREGADOS EL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE. Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los autos los oficios siguientes: 1. El oficio S.A./2198/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, remite copia certificada del laudo de seis de mayo del año en curso, emitido en el expediente laboral 258/2013; y de las notificaciones de doce de mayo del año en curso, mediante las cuales, se notificó a las partes actora y demandadas la resolución en forma de laudo. 2. El oficio S.A./2332/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a través del cual, informa que en el juicio 258/2013, ya se emitió la resolución en forma de laudo, el cual, remitió a través del comunicado S.A./2198/2022, además, proporciona el domicilio de los terceros interesados Miguel Gutiérrez Durán y Lugarda Can Acosta. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las copias certificadas que remitió con sus oficios de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el once de abril de dos mil veintidós, Enrique Nivon Mendoza, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de dictar laudo en el expediente laboral 258/2013. Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio S.A./2198/2022, remitió copia certificada el laudo de seis de mayo de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 258/2013, así como de las notificaciones de doce de mayo del año en curso, mediante las cuales, se notificó a las partes actora y demandadas la resolución en forma de laudo. Copias certificadas a las que se le confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse dictado el laudo en el expediente laboral 258/2013, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues al dictarse el laudo en el expediente laboral 258/2013, cesó la omisión de la falta de emisión de laudo que reclamó la parte quejosa. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós (foja 25). No se soslaya que en auto de veintiuno de abril dos mil veintidós, este juzgado de distrito reservó el emplazamiento de los terceros interesados Miguel Gutiérrez Durán y Lugarda Can Acosta, una vez que se recibiera el informe justificados, sin embargo, dado el sobreseimiento decretado en este asunto, resulta innecesario ordenar su emplazamiento a juicio, por no ocasionarles perjuicio alguno esta determinación. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a la tercera interesada "Perforadora Central, sociedad anónima de capital variable; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentran programadas las diez horas con treinta minutos del diecisiete de mayo del año que transcurre, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que prevé el artículo 117, párrafo segundo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado remitido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen; así como el plazo de tres días para que la mencionada autoridad responsable, proporcione el domicilio donde en el juicio laboral 258/2013, se le practican notificaciones personales a los terceros interesados Miguel Gutiérrez Durán y Lugarda Can Acosta; e informe si en dicho juicio laboral, ya se emitió la resolución en forma de laudo, en caso afirmativo, proporcione copia certificada de dicha resolución y su respectiva constancia de notificación a la parte actora; en caso negativo, proporcione copia certificada de lo actuado en el juicio laboral 258/2013, a partir del auto que decretó el cierre de instrucción hasta su última actuación. En razón de lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las nueve horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese por lista.

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